Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 24936-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
43075/2011 DAIMLERCHRYSLER ARGENTINA SA (TF 24936-I) c/ DGI s/ Buenos Aires, 24 de agosto de 2021.- RDS
Que a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 - XII-97, y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.” del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional. Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
A tal fin se impone en este estado precisar, que en razón de que la regulación practicada por el Tribunal Fiscal de la Nación con fecha 19/09/2019 (materia de recurso por ante esta Alzada), ha determinado los honorarios profesionales que se encuentran a cargo del Fisco, y que las costas que le fueran impuestas corresponden al concepto indicado en el Consid. X del pronunciamiento de dicho Tribunal del 22/09/2009 que ha quedado firme (v. Parte Resolutiva, puntos 2 y 4; v. asimismo fallo CSJN del 01/04/2014, Consid. 9 y parte Resolutiva punto II), la base regulatoria por computar a los fines del tratamiento de los recursos interpuestos será aquélla que resulta del citado acápite (diferencia entre la determinación fiscal y la que resulta de la aplicación de las pautas fijadas por el TFN en su sentencia -Consid.X, cit.-, que surge de la reliquidación practicada por el organismo recaudador con fecha 30/11/09). En razón de ello, computando el mérito el mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante las tres etapas del pleito, corresponde reducir a la suma de PESOS UN MILLON CATORCE MIL ($1.014.000) los honorarios del contador público SAUL ALFREDO TORRES, por la dirección y representación de la firma actora (arts. 6, 7, 9, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
Sobre idénticas pautas a las desarrolladas en cuanto al monto del pleito, atento la entidad y amplitud de las cuestiones sometidas a conocimiento de la perito contadora propuesta por la actora, MARIA BELCASTRO, así como a la calidad, eficacia y extensión de los trabajos desarrollados, y atendiendo a la debida proporción que deben guardar los honorarios de los peritos respecto de los que corresponda a los restantes profesionales que intervinieron en el pleito (C.S. Fallos: 260:14 y 300:70, entre otros), corresponde, reducir a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($241.400)
los emolumentos fijados en su favor (arts. 3, inc e) del Decreto ley 16.638/57). Asimismo, por los trabajos relacionados con la contestación del traslado del recurso extraordinario deducido por la accionada, se fijan en la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000) los emolumentos del DR. MARIANO AGUSTIN DIAZ, por la actuación en el carácter de letrado apoderado de la actora (arts. 9,14, ccdtes. y citados de la referida Ley de Arancel). El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog.”, del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Regístrese, devuélvase y notifíquese en la instancia de origen a cargo de los interesados.-
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MARQUEZ MARIA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia