Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 53584100-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia del TFN de fecha 18/03/2021, con costas (arts. 1163, C.A. y 68,1º parte del C.P.C.C.N.).
21.376/2021 “Dak Americas Argentina SA (TF 53584100-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”
///nos Aires, 2 de junio de 2023.-
VISTOS Y
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 18/03/2021 el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar al planteo de nulidad de la resolución apelada, efectuado por la recurrente y ordenó a la DGA que corra nueva vista en los términos del art 1101 del CA, a los efectos establecidos en los arts. 930 y 932 del CA, con costas al Fisco Nacional.
Para así resolver -en cuanto aquí interesa- sostuvo que, en primer lugar, que correspondía resolver los planteos de nulidad de la corrida de vista, efectuada en el sumario infraccional que originara la causa y, de la resolución apelada en cuanto imputa a la recurrente la comisión de la infracción tipificada en el art 970 de CA con relación al DIT Nro 14 008 IT16 000039G y le exige el pago de una multa que asciende a $141.669,73, formulados por la recurrente, como de previo y especial pronunciamiento. Al respecto, adujo que, la actora fundaba sus planteos señalando que la Aduana había omitido la previa notificación de la correcta multa mínima que correspondería por la conducta imputada y sostenía que con el dictado de la resolución que apelaba se había afectado su derecho de defensa en juicio y debido proceso (cfr. art. 930 y 932 del CA, arts. 18 y 19 de la CN, como así también arts. 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y arts. 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en razón de que tal como surgía de las actuaciones del caso, las mismas se habían originado con motivo de un informe de inspección en el que se cuestionaron varias destinaciones de importación temporaria documentadas por la firma DAK sobre la base del cual el servicio aduanero procedió a formular denuncia, aperturar el pertinente sumario y efectuar las liquidaciones pertinentes sobre las que basó la corrida de vista, en la que se notificó los importes reclamados en concepto de multa mínima y tributos, intimando el pago de la suma de $ 7.470.308,92 en concepto de multa mínima y la suma de USD1.102.192,40 en concepto de tributos no pagados y posteriormente sin haber corrido una nueva vista, modificó la imputación inicial, reduciendo drásticamente la base de la multa mínima Precisó que la recurrente cuestionaba que sin perjuicio de que al contestar la vista en el sumario, había solicitado que luego de que se practicara una correcta liquidación de la multa por la infracción que se le imputaba se le corriera una nueva vista, en virtud de lo normado en el art 930 del CA; la Aduana en vez de notificar a la firma el nuevo monto decidió directamente dictar una condena vinculada a solo uno de los hechos inicialmente imputados, adoleciendo las actuaciones administrativas de defectos de forma que le han causado gravámenes al no permitirle demostrar que dicha corrida de vista carecía de causa y efectiva motivación.
Indicó que la actora, planteaba, asimismo, la nulidad de la resolución condenatoria recurrida señalando que en aquélla se reiteraban las mismas irregularidades que las formuladas en relación a la corrida de vista. Señaló que, la representación fiscal, al contestar el recurso que originara la causa nada decía con relación a los planteos de nulidad que la recurrente formulaba, sino que se limitaba a contestar los agravios que la actora esgrimía con relación a la imputación de la infracción al art. 970 del CA.
Luego, ponderó que de las act. adm. nro. 12650-14-2014 digitalizadas resultaba que: i) en las mismas tramitó el sumario infraccional que se le instruyera a la firma DAK AMERICAS ARGENTINA SA como consecuencia del ACTA Nro 439/2014 labrada con fecha 8/10/2014 por personal del servicio aduanero al constituirse en el domicilio de la mencionada firma a fin de constatar la comprobación del destino dado a la mercadería importada temporariamente con una serie de destinaciones de importación temporaria. ii) una vez analizada la documentación requerida a la importadora y que fuera acompañada mediante las actuaciones nros. 12560-114-2014 y 12560-122-2014, el servicio aduanero emitió la Nota 16/2015 (SE FELP) mediante la cual se elevó la denuncia por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA, señalando que en virtud de la comprobación de destino efectuada con relación a 29 importaciones temporarias se detectaron diferencias de existencias con relación a las DIT Nros. 14 008 IT16 000044E, 14 008 IT16 000078J, 14 008 IT16 000082E y 14 008 IT16 000039G que prima facie se encontrarían en infracción al art 970 del CA, disponiendo la instrucción de sumario por la presunta comisión de la infracción mencionada precedentemente. iii) mediante la Nota 561/2015 se informaron los montos de los tributos y las multas que corresponderían en relación a los DIT Nros. 14 008 IT16 000044E, 14 008 IT16 000078J, 14 008 IT16 000082E y 14 008 IT16 000039G y a fs 1408, se señaló que: “VISTO el Informe 03/2015, obrante a efectuada respecto de las destinaciones temporarias: 14008IT14000050W, 140081T14000039G, 14008IT14000034B, 140081T15000009D, 14008IT14000078J, 140081T14000109E, 14008IT14000114A, 14008IT16000045F, 14008IT14000146F, 14008IT14000187K, 140081T14000188L, 130081T14000132W, 140081T14000025B, 14008IT14000039G, 140081T14000082E, 140081T14000112V, 14008IT14000117D, 14008IT14000122W, 14008IT14000123A, 14008IT14000137F, 14008IT14000147G, 14008IT14000168J, 140081T14000185X, 14008IT14000186J ,140081T14000011T, 14008IT16000028G, 14008IT14000079K, 140081T16000044E y 14008IT16000049J, documentadas por la firma DAK AMERICAS ARGENTINA S.A.
CUIT 30-71026521-2, la Sección Fiscalización Externa de Div. lnvest., Control y Proced. Externos (DI RALP) concluye que de la documentación constatada y del control de stock practicado, se detectaron diferencias de existencias (sobrantes y faltantes) en las destinaciones 14008IT16000044E, 14008IT14000078J, 140081T14000082E y 140081T14000039G, en prima facie infracción al artículo 970 de la ley 22.415” disponiéndose: “CÓRRASE VISTA de todo lo actuado, por él termino de diez (10) días hábiles administrativos, a la firma DAK AMERICAS ARGENTINA S.A. CUIT 30-71026521-2, para que efectúe su defensa, ofrezca las pruebas conducentes, de acuerdo con lo previsto por el Art. 1101 y e.e. del Código Aduanero, imputándose la infracción prevista y penada por el Art. 970 Ap. 1 de dicho texto legal.
En la primera presentación deberá constituir domicilio dentro del perímetro de esta ciudad, Art. 1001 de dicha ley. Se le hace saber que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, deberá acreditar personería en los términos del Art. 1030 s.s. y e.e. del C.A.. Asimismo y en caso del pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se trata, se extinguirá la acción penal aduanera Art. 930 y 932 del citado texto legal dentro del plazo previsto en el Art. 1101 del aludido Código, de diez (10) días hábiles administrativos. El importe de la multa mínima asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHO CON 92/100 ($7.470.308,92.-).
El importe de los tributos adeudados asciende a la suma de DÓLARES UN MILLON CIENTO DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 40/100 (u$s1.102.192,40.-).
Notifíquese”, obrando a fs. 1409 la constancia de la NOTIFICACION importadora el 23/12/2015. iv) con posterioridad a todo ello se agregó la Actuación Nro 17114-719-2016 originada en la presentación efectuada por la importadora en la que específicamente solicitó la reliquidación de la multa y los tributos intimados, argumentando un error en la base de cálculo utilizado y asimismo solicitó que se la absuelva de la infracción imputada adjuntando documentación (ver fs. 1410/1526). v) a fs. 1531, con fecha 01/04/2016, se tuvo por contestada la vista en legal tiempo y forma, se tuvo por agregada la prueba acompañada y se dispuso se ordene el pase de lo actuado a la División Comprobación de destino a efectos de analizar de corresponder el nuevo saldo que resulte de las cuatro destinaciones involucradas en la causa y la multa que correspondería por las mismas, obrando a fs. 1532 la constancia de la NOTIFICACION de lo dispuesto el 01/04/2016. vi) a fs. 1638, el 14/12/2017, se tuvo por agregada la prueba pericial contable presentada por la importadora y nuevamente se dispuso se ordene el pase a la División Comprobación de Destino a efectos de analizar, de corresponder, el nuevo saldo que resulte de las cuatro destinaciones involucradas en la causa y la multa que correspondería por las mismas teniendo en consideración la pericia y la nueva documentación aportada. vii) a fs. 1644, mediante la NOTA INSP EX ANTE N° 882/2018, del 01/10/2018, se informaron los saldos resultantes para las destinaciones Nros. 14 008 IT16 000039G, 14 008 IT16 000034B, 14 008 IT16 000050W y 13 008 IT15 000009D. viii) a fs. 1645 se practicó una nueva liquidación de la que resultó una multa por la suma de $141.669,73 en razón de que los DIT 14 008 IT16 000034B, 14 008 IT16 000050W, 13 008 IT15 000009D tuvieron un saldo de 0 de mercadería en presunta infracción al art 970 del CA. ix) a fs. 1696/1699yvta, se emitió el Dictamen Nro 195/2020 (SESU AD CAMP) y posteriormente se dictó la resolución apelada en la causa, por la que se imputa la infracción antes aludida con relación a parte de la mercadería documentada con el DIT Nro 14 008 IT16 000039G.
Consideró que de lo expuesto surgía que le asistía razón a la recurrente al cuestionar el trámite que se había llevado a cabo en el sumario que originara la presente causa, toda vez que se observaban una serie de incongruencias con afectación directa a la importadora.
En efecto, argumentó que, del análisis de las act. adm.
resultaba que las mismas se originaron en la investigación de la presunta comisión de la infracción al art. 970 del CA, sobre una serie de DITS (exactamente 29) y que luego de que la importadora acompañara la documentación que se le requiriera se consideró que sólo 4 de dichas destinaciones no habían sido regularizadas.
Adujo que, fue como consecuencia de ello que la Aduana al correr vista intimó a la importadora el pago de $7.470.308,92 en concepto de multa mínima y de u$s 1.102.192,40 en concepto de tributos, haciéndole saber asimismo que “...en caso del pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se trata, se extinguirá la acción penal aduanera Art. 930 y 932 del citado texto legal dentro del plazo previsto en el Art. 1101 del aludido Código, de diez (10) días hábiles administrativos”.
Alegó que la importadora al contestar la vista expresamente solicitó la reliquidación de la multa mínima y de los tributos reclamados y peticionó que se dispusiera una nueva vista invocando el art 930 del CA a fin de no afectar la defensa en juicio y el debido proceso, en razón de que el servicio aduanero había, entre otras cosas, tomado erróneamente la base para calcular tanto la multa como los tributos exigidos, al incluir en la base de cálculo una alícuota de derechos de importación que no resultaba de aplicación a la mercadería en trato.
Puntualizó que, el servicio aduanero, en virtud de lo solicitado por la recurrente, tanto a fs. 1531 como a fs. 1638 ordenó el pase a la División Comprobación de Destino a efectos de que analice de corresponder el nuevo saldo que resulte de las cuatro destinaciones involucradas en la causa y la multa que correspondería por las mismas, ordenando en ambos casos la notificación de todo ello a la importadora.
Añadió que, fue en razón de lo ordenado, que se emitió la Nota INSP EX ANTE N° 882/2018, obrante a fs. 1644 de las act adm, en la que se informaron los saldos resultantes para las destinaciones Nros. 14 008 IT16 000039G, 14 008 IT16 000034B, 14 008 IT16 000050W y 13 008 IT15 000009D, siendo estos 0 para las últimas 3 destinaciones mencionadas y que trajo aparejada la liquidación de una nueva suma en concepto de multa, habiéndose determinado asimismo que no correspondía exigir suma alguna en concepto de tributos, tal como surge de la resolución que en la causa se apela, que fue dictada sin haberse corrido nueva vista a la recurrente. Señaló que el art. 930 del CA, establece: “La acción penal en las infracciones aduaneras reprimidas únicamente con pena de multa también se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se tratare” y el art. 932 del CA dispone: “Los supuestos previstos en los artículos 930 y 931 sólo surtirán efectuaren antes de vencido el plazo previsto en el artículo 1101. En estos casos, el antecedente no será registrado”.
Entendió que de la lectura de ambos artículos resultaba claro que la única posibilidad que poseen los presuntos infractores para extinguir la acción para la imposición de multas es con el pago voluntario de la multa mínima, siempre que ello se produzca en el momento oportuno, que es dentro del plazo de 10 días de la notificación de la corrida de vista. Al respecto, observó que, en el presente caso la importadora, dentro del plazo mencionado precedentemente, advirtió que la Aduana había cometido un error al liquidar la multa y los tributos que le reclamó al correrle vista de lo actuado y solicitó expresamente que se reliquidaran dichas sumas, siendo el propio servicio aduanero, en virtud de lo peticionado, el que ordenó en dos oportunidades que se analizaran los saldos y la multa que correspondería por los mismos, disponiendo en cada una de dichas oportunidades que se notifique de ello a la importadora, lo que lleva a inferir que también se notificaría a la interesada del resultado de ese nuevo análisis y liquidación.
Manifestó que, no obstante lo expuesto, y si bien del nuevo análisis de la documentación obrante en las act adm, resultó que la infracción al art. 970 del CA sólo debía imputarse por uno solo de los DIT que originariamente se habían cuestionado y que la multa que consideraban exigible, ascendía a la suma de $141.669,73 y no a la de $7.470.308,92, como originariamente se había reclamado, la Aduana omitió correr nueva vista a la importadora, privándola de este modo de la posibilidad de acogerse al pago de la multa que se había reliquidado y por ende afectando su derecho de defensa en juicio y debido proceso, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 930 y 932 del CA.
Agregó que, el pago voluntario de la multa mínima, dentro del plazo estipulado para hacerlo, conlleva además que no se registre el antecedente infraccional del imputado, cuestión de gran relevancia para la actividad de los sujetos actuantes en el comercio internacional en lo concerniente a los perfiles de riesgo y, en tanto los antecedentes son tenidos en cuenta para la cuantificación de futuras multas y asimismo interrumpen la prescripción de la acción aduanera para hacer efectivas otras penas. Concluyó que, en definitiva, lo que el servicio aduanero debió haber hecho, en atención a las particularidades del caso, es al haber advertido que la infracción que estaba imputando se había, presuntamente, cometido con relación a un solo despacho y la multa que correspondía resultaba sumamente inferior a la que originariamente había intimado error en que había incurrido al liquidarla y lo peticionado expresamente por la recurrente, hubiera sido correr nueva vista de todo lo actuado, posibilitando a la importadora el acogimiento de lo normado en el art. 930 del CA.
II. Que contra dicho pronunciamiento con fecha 4/05/2021 interpuso recurso de apelación la demandada, expresando agravios con fecha 1/06/2021, los que fueron replicados por la contraria el 28/06/2021.
Sostiene la recurrente que tal como surge de lo actuado en las actuaciones administrativas, con fecha 21/12/2015 la Aduana de Campana procedió a correr vista de todo lo actuado, por él termino de diez (10) días hábiles administrativos, a la contraria, para que efectúe su defensa, ofrezca las pruebas conducentes, de acuerdo con lo previsto por el art. 1101 y c.c. del Código Aduanero, y haciéndole saber asimismo que: en caso del pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponderle por la infracción de 970 del C.A. imputada (dentro de los referidos 10 días hábiles), se extinguirá la acción penal aduanera en los términos de los Arts. 930 y 932 del citado texto legal.
Refiere que, ante esta intimación, la actora solicitó una reliquidación en lugar de proceder al pago de la multa mínima conforme entendía que era el importe correcto, dentro del plazo que establece la ley, y discutir la diferencia en el marco del procedimiento para las infracciones. Destaca que, en el plazo de 10 días hábiles que establece la ley (arts. 932 y 1101 del C.A.), la actora tuvo la oportunidad de extinguir la acción infraccional imputada en relación al hecho respecto del cual estaba conforme, pero, optó por solicitar una reliquidación integral en lugar de efectuar el pago de la multa mínima y tributos conforme a sus propios cálculos. Tal es así, que quedó demostrado en las actuaciones administrativas que la recurrente pudo ejercer su derecho de defensa con amplitud, cuando la importadora al contestar la vista expresamente solicitó la reliquidación de la multa mínima y de los tributos reclamados y peticionó que se dispusiera una nueva vista invocando el art. 930 del C.A. a fin de no afectar la defensa en juicio y el debido proceso.
Indica que, por ello, el servicio aduanero, en virtud de lo solicitado por la recurrente, tanto a fs. 1531 como a fs. 1638 ordenó el pase a la División Comprobación de Destino a efectos de que analice de corresponder el nuevo saldo que resulte de las cuatro destinaciones ordenando en ambos casos la notificación de todo ello a la importadora. En razón de lo ordenado, se emitió la NOTA INSP EX ANTE N° 882/2018, obrante a fs. 1644 de las act. adm., en la que se informaron los saldos resultantes para las destinaciones Nros. 14 008 IT16 000039G, 14 008 IT16 000034B, 14 008 IT16 000050W y 13 008 IT15 000009D, siendo estos 0 para las últimas 3 destinaciones mencionadas y que trajo aparejada la liquidación de una nueva suma en concepto de multa por la suma de $141.669,73, tal como surge de la resolución aduanera apelada.
Manifiesta que, por lo antes dicho, su parte se agravia y sostiene que el acto administrativo de corrida de vista, es plenamente válido por cuanto reúne todos y cada uno de los elementos del acto administrativo válido (conforme art. 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos), y en modo alguno afectó el derecho de defensa en juicio y debido proceso de la contraria, como lo afirma la vocal preopinante en la sentencia.
Puntualiza que, en el voto en disidencia del Dr. Juárez, se expresa en el sentido mencionado en el párrafo precedente, atinadamente: “Que en modo alguno, a criterio del suscripto, el acto administrativo de corrida de vista se encuentra viciado de nulidad por contener una imputación amplia (y su consecuente liquidación punitiva y tributaria), pues precisamente, es en este acto administrativo, donde el Estado le hace saber al imputado cuales son las conductas que se le imputan, los hechos que “presuntamente” habrían constituido infracción aduanera, y cuáles serían sus eventuales consecuencias punitorias y tributarias, para que él ejerza su legítimo derecho de defensa y cuestione la totalidad o solo una parte de las conductas y hechos que se le imputan. Que a criterio del suscripto, el acto administrativo de corrida de vista obrante a fojas 1408 de las actuaciones administrativas (SIGEA Nro. 12650-14- 2014) es plenamente válido por cuanto reúne todos y cada uno de los elementos del acto administrativo válido (conforme art. 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos), y en modo alguno afecta el “derecho de defensa” del imputado, pues como bien surge de los hechos relatados en los considerandos precedentes, el imputado pudo ejercer dicha defensa con amplitud, lo que se vio plasmado en la Resolución Definitiva de la actuación administrativa, en donde se hizo lugar a gran parte de sus planteos (…) Por último, corresponde aclarar que la validez del acto administrativo de corrida de vista extiende sus efectos de validez (por inferencia lógica) a la Resolución Definitiva cuya nulidad también peticiona la actora por dicho motivo.”
III. Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836). Al efecto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
IV. Que en el sub examine, mientras el núcleo de la decisión de grado para declarar la nulidad de la resolución (AD CAMP) n° 220/2020 y ordenar a la DGA que corra nueva vista en los términos del art. 1101 del C.A., a los efectos establecidos en los arts. 930 y 932 del CA, se sustentó en que la Aduana al no correr una nueva vista a la importadora, la había privado de la posibilidad de acogerse al pago de la multa mínima que se había reliquidado, lo que afectó su derecho de defensa en juicio y debido proceso; la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con lo resuelto, haciendo alusión al voto en disidencia del Dr. Juarez, resultando los agravios expuestos absolutamente insuficientes para revocar la sentencia impugnada. En tales condiciones, corresponde rechazar el recurso intentado.
V. Que, en efecto, cabe destacar, la importadora, al momento de contestar la vista y solicitar la reliquidación de la multa y tributo intimado, explicó de manera concreta que el motivo por el cual se solicitaba ello era porque la intimación contenía errores que debían ser corregidos antes de continuar el trámite del sumario (se había consignado como D.I. una alícuota del 24% cuando en realidad era de 0% y se había aplicado el tipo de cambio del día de la denuncia y no el día de la constatación).
La actora no solicitó una reliquidación de la multa mínima porque consideraba que la aduana tenía razón para cuestionar una de las cuatro destinaciones objetada, sino porque lo intimado contenía errores que debían ser subsanados de manera independiente a la decisión de la empresa de ejercer o no la opción de pago voluntario.
Textualmente, en dicha presentación en sede administrativa, la importadora requirió: “(…) atento que en la corrida de vista de fs. 1048 se incluyó la intimación de una multa mínima y de tributos, corresponde como paso previo, efectuar su reliquidación y disponer una nueva vista, a fin de no afectar el derecho de defensa en juicio y el debido proceso” (énfasis añadido).
Allí, también ofreció prueba documental y pericial contable, siendo el propio servicio aduanero, en virtud de lo peticionado, el que ordenó en dos oportunidades que se analizaran los saldos y la multa que correspondería por los mismos.
En definitiva, fue a raíz de las presentaciones de la actora que la Aduana decidió modificar la imputación original formulada y lo hizo sobre la base de informes internos propios, motivo por el cual correspondía, volver a notificar a la encartada, para que pudiera ejercer o no la opción prevista en los arts. 930 y 932 del C.A.
En este marco, no puede dejar de advertirse que, la Aduana intimó inicialmente una infracción vinculada a cuatro destinaciones, y que luego de la presentación efectuada por la importadora, entendió que sólo una de esas destinaciones se encontraba en infracción al art. 970 del C.A., la destinación n° 14008IT14000039G, resultando el monto de la multa supuestamente exigible, ostensiblemente inferior: $141.669,73 y no $7.470.308,92, como originariamente se había reclamado.
En tales condiciones, resulta de toda claridad que, la Aduana debía notificar a la actora la modificación sustancial de la imputación, que determinó una importante reducción de la cuantía de la multa, a fin de resguardar el derecho de defensa de la importadora, quien no tuvo la posibilidad de ejercer la opción de pago mínimo.
A lo expuesto cabe añadir que, al momento de recibir la corrida de vista originaria, cuestionando una presunta infracción en relación a cuatro destinaciones, resultaba imposible para la encartada saber cual sería la multa mínima que la Aduana iba a pretender.
VI. Que, por último, cabe señalar que, contrariamente a lo que afirma la demandada, el a quo no anuló la corrida de vista oportunamente efectuada, sino que lo que dispuso fue la anulación de la resolución condenatoria justamente por no haberse corrido una nueva vista, luego de modificar la imputación.
Siendo ello así, cabe descartar los agravios expuestos por el servicio aduanero a fin de defender la validez de la corrida de vista, toda vez que omiten tener en cuenta que lo que se anuló no fue esa corrida de vista, sino la resolución posterior condenatoria. Es decir, lo que se cuestionó y motivó la anulación objetada no fueron los errores de la corrida de vista inicial, sino la omisión de la aduana de no realizar una nueva corrida de vista antes de dictar esa sentencia, justamente porque esa omisión fue la que cercenó los derechos de defensa en juicio y debido proceso. Lo que afectó de manera insubsanable el derecho de la actora fue justamente que, al determinar un objeto de imputación mucho más limitado, el servicio aduanero omitió correrle una nueva vista a fin de poder optar válidamente por el pago voluntario.
En consecuencia, al no haber duda alguna que mediante la resolución condenatoria recurrida, el servicio aduanero le quitó ese derecho establecido normativamente a favor del presunto infractor, la afectación del derecho de defensa en juicio y del debido proceso resulta manifiesta y por ello, corresponde confirmar la anulación dispuesta (cfr. art. 1104 del CA y 18 y 19 de la C.N.).
VII. Que las costas de esta instancia se imponen a la demandada vencida, de acuerdo con el principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1º parte del C.P.C.C.N.).
Por las razones apuntadas, este Tribunal
confirmar la sentencia del TFN de fecha 18/03/2021, con costas (arts. 1163, C.A. y 68,1º parte del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia