Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 47440-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso interpuesto por el Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento de fojas 817/823 en cuanto redujo las multas al mínimo legal, las que quedan graduadas conforme fue dispuesto en las resoluciones n° 257/16 (DVRRMP), 258/16 (DV RRMP), 237/17 DO (DV RRMP) y 238/17 DO (DV RRMP).
2Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la coactoras vencidas (art. 68, 1° párrafo del C.P.C.C.N).
3Declarar inoficioso el tratamiento del recurso del Fisco respecto de los honorarios regulados a su favor, los que se dejan sin efecto y deberán ser readecuados de conformidad con el resultado de este pronunciamiento.
4Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
DANAMAR SRL (TF 47440-I) Y OTRO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de marzo de 2026.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, mediante la sentencia de fs. 817/823, el Tribunal Fiscal de la Nación: a) confirmó las determinaciones tributarias contenidas en las resoluciones n° 257/16 (DVRRMP), 258/16 (DV RRMP), 237/17 DO (DV RRMP) y 238/17 DO (DV RRMP). Mediante aquellas se habían establecido los saldos que la firma Danamar SRL y su socio gerente, Omar Alberto Prieto, como responsable solidario, debían al Fisco en concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales 04/2010 a 01/2011, con sus respectivos intereses y; por el Impuesto a las Ganancias, relativo a los períodos fiscales 2010 y 2011, con sus respectivos intereses; b) confirmó las multas fijadas a ambos sujetos en las mencionadas resoluciones, en los términos de los artículos 46, 47 inciso b) y 49 de la Ley n° 11.683, relativas al Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período fiscal 01/2011 y al Impuesto a las Ganancias del período 2011, aunque las redujo de tres veces el monto del impuesto evadido al mínimo legal previsto en el mencionado artículo 46 de la Ley n° 11.683.
Impuso las costas a la parte actora vencida, excepto en la proporción en las que redujo las multas, las que fijó en el orden causado.
En cuanto aquí interesa puso de manifiesto que como resultado de la fiscalización realizada a la firma Danamar S.R.L., cuya actividad principal declarada era el “venta al por menor en supermercados”, el Fisco había propiciado un ajuste, sobre base presunta, al constatar ingresos no declarados (depósitos bancarios mayores a los ingresos declarados) en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias, utilizando las presunciones previstas en el artículo 18, inciso g), de la Ley n° 11.683.
Expresó que los ajustes efectuados sobre base presunta debían ser confirmados en la medida en que eran el resultado de la corroboración del extracto de las cuentas bancarias depuradas y su falta Alta en sistema: 20/03/2026 de correspondencia con lo consignado en las respectivas declaraciones juradas. Hizo notar que las determinaciones habían sido conformadas a partir de los datos aportados por diversas instituciones bancarias y por empresas de procesamiento de pagos con tarjetas de crédito con las que operaba la firma. Ello, ya que se le habían cursado reiterados requerimientos para que se presentara y ofreciera información en sede administrativa, no habiendo prestado colaboración de ningún tipo. Por tales razones, confirmó los ajustes propiciados en ambos impuestos.
Por otra parte, y en la medida en que no existían agravios concretos respecto a los intereses reclamados, consideró que aquellos debían ser confirmados ya que constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que había incurrido el contribuyente.
En diferente orden de ideas, puso de manifiesto que en el caso se encontraba materialmente acreditado el elemento objetivo de la infracción prevista en el artículo 46 de la Ley n° 11.683, pues la actora no había declarado sus impuesto en la justa medida. En punto al elemento subjetivo concluyó que no se advertían razones para dejar de lado las presunciones establecidas en el artículo 47, inciso b) de la Ley n° 11.683, de conformidad con las cuales, salvo prueba en contrario, la intención de producir declaraciones engañosas se presume cuando en aquellas se consignen datos inexactos que presenten una grave contradicción respecto de la información consignada en los libros y demás documentación contable y; además, considerando que en el caso esa inexactitud produjo una grave incidencia en la determinación de la materia imponible. Por ello, al interesado le incumbía la carga de probar que sus declaraciones eran legítimas y que las inexactitudes en cuestión no habían sido el producto de una conducta intencional, sino consecuencia de un error excusable o de alguna otra causa eximente de responsabilidad.
No obstante lo expuesto, consideró que el quantum de las multas establecidas resultaba excesivo en la medida en que los actos apelados no contenían una valoración concreta de los hechos para explicar su graduación en tres veces el monto del impuesto evadido y, con base en la inexistencia de antecedentes infraccionales acreditados en autos, la redujo al mínimo legal previsto en el artículo 46 de la Ley n° 11.683. Alta en sistema: 20/03/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Finalmente, teniendo en consideración lo establecido en los artículos 6, 7 y 8 de Ley n° 11.683 y los elementos agregados a la causa (contrato social de la empresa del que resultaba la condición de socio gerente del señor Omar Alberto Prieto y constancia de la base de datos de la AFIP que da cuenta de que es el administrador de la clave fiscal de la empresa), concluyó que el señor Omar Alberto Prieto debía responder como responsable solidario en la misma medida que la firma Danamar S.R.L.
Asimismo, a fojas 831 y vta. reguló los honorarios del Fisco. Dispuso que se hallaban a cargo de Danamar S.R.L.: 11,57 UMA, por las tareas cumplidas por la representación procesal y; en la cantidad de 28,92 UMA, por las tareas relacionadas al patrocinio letrado. Fijó a cargo del deudor solidario, Omar Alberto Prieto: 17,35 UMA, por las tareas cumplidas por la representación procesal y; en la cantidad de 43 ,38 UMA, por las tareas relacionadas al patrocinio letrado.
II. Que, contra esa sentencia el Fisco apeló y fundó su recurso a fojas 843/848, el que no fue replicado por la contraria. Asimismo, a fojas 841, el Fisco apeló por bajos los honorarios regulados a su favor.
El Fisco sostiene que resulta improcedente la reducción del quantum de las multas en la medida en que, a su entender, de los actos administrativos apelados surge la gravedad de la conducta del contribuyente, que omitió declarar ingresos gravados conforme resultó de la comparación de los depósitos bancarios depurados con las ventas y/o ingresos declarados.
Expresa que el Tribunal Fiscal únicamente consideró como atenuante la circunstancia de que la firma actora no tuviera antecedentes infraccionales sin haber reparado que, como agravante, se había valorado “…la actitud negativa frente a la fiscalización o verificación y la falta de colaboración o resistencia –activa o pasivaevidenciada durante el desarrollo de la misma y la gravedad de los hechos y la peligrosidad fiscal…”, circunstancia que torna arbitraria la decisión adoptada.
Sostiene además que el juez administrativo tiene facultades para graduar las sanciones valorando diversos factores, además de la existencia de antecedentes infraccionales, de manera tal que la Alta en sistema: 20/03/2026 inexistencia de aquellos no puede constituir justificación suficiente para que el Tribunal Fiscal reduzca la sanción sin valorar las demás razones invocadas en las resoluciones apeladas para fijarlas por encima del mínimo legal.
Por todo ello, considera que se encuentra debidamente fundada la graduación de las multas impuestas en las resoluciones apeladas en tres veces el impuesto evadido.
III. Que, en las condiciones expuestas, cabe examinar los agravios expresados por el Fisco Nacional, los cuales exigen dilucidar si la reducción de las multas al mínimo legal -decidida por el Tribunal a quo- resulta ajustada a derecho.
Al respecto, corresponde recordar que el artículo 46 de la Ley nº 11.683, vigente al tiempo de los hechos, establecía que: “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido.”. Asimismo, y en cuanto interesa, en el artículo 47 de esa norma, se dispone que “se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas (…) b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible”.
Ahora bien, de las constancias de la causa, específicamente de los actos administrativos en cuestión y de la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación, resultan fundamentos suficientes que justifican el accionar del organismo recaudador al determinar de oficio el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado por los periodos en discusión. De la misma manera, se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo de la figura prevista en el artículo 46 de la Ley nº 11.683 para la aplicación de la sanción allí establecida. Por tales motivos, encontrándose la cuestión de fondo resuelta, no se advierte el fundamento por el cual el Tribunal Fiscal de la Nación consideró que no se advertían razones para apartarse del mínimo legal establecido, ya que el único elemento merituado para adoptar esa valoración -esto es, la falta de antecedentes infraccionales- no resulta suficiente para apartarse del criterio adoptado por el juez administrativo a Alta en sistema: 20/03/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V la hora de graduar la sanción (en sentido análogo, esta Sala en la causa n° 32.376/25, caratulada “Olgamapo SRL –TF 48970-I c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 18 de septiembre de 2025, causa n° 27.485/2023, caratulada “Soler, Mirta María (TF 41876 -I Y ACUM) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, del 2 de julio de 2024 y causa n° 83.231/2015, caratulada “Mandrini Ricardo c/ DGI s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 20 de diciembre de 2018). Máxime cuando la misma, sobre una escala establecida entre dos y diez veces el impuesto evadido, fue definida en una cuantía que si bien superó el mínimo (3 veces) no evidenció que se tratara de las máximas graduaciones previstas en la referida norma.
Es decir, el Tribunal a quo, luego de desarrollar en su pronunciamiento todos los fundamentos por los cuales consideró ajustado a derecho el accionar de la administración para determinar de oficio los impuestos en cuestión y la imposición de las sanciones por el carácter doloso, tanto de la firma contribuyente como del responsable solidario, se apartó de lo dispuesto en los acto administrativos en cuanto al quantum sin tener en cuenta todos los elementos que fueron valorados y explicitados en los actos recurridos.
Al respecto, cabe recordar que el juez administrativo, para graduar la sanción, debe tomar en cuenta diversas circunstancias, algunas relacionadas con la naturaleza del acto punible, el monto evadido, la conducta fiscal del imputado, entre otras.
En este orden de ideas, conviene recordar que, en el sub lite, el fundamento principal por el cual el Tribunal Fiscal confirmó los actos fue sobre la base del material probatorio recolectado por el organismo fiscal que evidenció la falta de correspondencia entre las ventas declaradas y el estado de las cuentas bancarias depuradas y; asimismo, por la falta de prueba en contrario –a cargo de las accionantes-.
En consecuencia, por lo expuesto, y toda vez que no se advierten elementos que justifiquen que el Tribunal Fiscal se haya apartado de lo decidido por el juez administrativo -en cuanto a la graduación de las sanciones-, corresponde hacer lugar al planteo efectuado por el Fisco Nacional y revocar en este punto el pronunciamiento recurrido. Alta en sistema: 20/03/2026 IV.- Que, en razón de lo precedentemente expuesto, resulta inoficioso el tratamiento del recurso interpuesto por el Fisco respecto de los honorarios regulados a su favor, los que se dejan sin efecto y deberán ser readecuados de conformidad con el resultado de este pronunciamiento.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso interpuesto por el Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento de fojas 817/823 en cuanto redujo las multas al mínimo legal, las que quedan graduadas conforme fue dispuesto en las resoluciones n° 257/16 (DVRRMP), 258/16 (DV RRMP), 237/17 DO (DV RRMP) y 238/17 DO (DV RRMP). 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la coactoras vencidas (art. 68, 1° párrafo del C.P.C.C.N). 3) Declarar inoficioso el tratamiento del recurso del Fisco respecto de los honorarios regulados a su favor, los que se dejan sin efecto y deberán ser readecuados de conformidad con el resultado de este pronunciamiento. 4) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Se deja constancia de que la Vocalía n° 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del RJN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvanse.
Pablo GALLEGOS FEDRIANI Guillermo F. TREACY Alta en sistema: 20/03/2026
Fin de la sentencia