Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 35623
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución dictada en autos por la Sra. Jueza en lo Correccional Ana María Fernández y, consecuentemente, disponer el sobreseimiento del encausado Claudio Rafael Meza a quien en autos se le imputaban los delitos calificados como daño, violación de domicilio y amenazas calificadas (CP, 55, 183, 150 y 149 bis 1° párrafo,1°parte). Todo ello, en cuanto fue materia de recurso por la Defensora Oficial, Fabiana A. Danti (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439 y cctes.; 27 y 76 del CP).
En la ciudad de Mar del Plata, se reúne la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 35623 caratulados "MEZA CLAUDIO RAFAEL S/ DAÑO, AMENAZAS, VIOLACION DE DOMICILIO", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces Raul Alberto Paolini, Pablo Martin Poggetto y Marcelo Augusto Madina.
1. Que la Sra. Jueza en lo Correccional, Ana María Fernández, no hizo lugar a lugar al pedido de sobreseimiento por extinción de la acción penal solicitado por la Defensa en favor del encausado Caludio Rafael Meza, prorrogando por un año más el plazo de suspensión del proceso a prueba dictado en autos período en el cual, el aludido probado, deberá continuar con la observancia de las condiciones allí detalladas.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación la Sra. Defensora Oficial Fabiana Danti, quien expresó en sus agravios que la respuesta dada por la a quo en el auto impugnado es extemporánea; ello en atención que fue dictado luego del vencimiento del plazo de contralor suspensivo dispuesto.
Remarca que la persecución penal posee un límite que se erige como fecha de vencimiento del plazo otorgado para cumplir con las reglas correspondientes con el consecuente control del órgano estatal; en apoyo de su postura cita jurisprudencia de las tres Salas de esta Alzada. Hace especial hincapié en que los organismos estatales deben efectuar el control correspondiente en el lapso fijado por el Juez conforme lo regulado por el art. 27 bis del CP.
Por último, manifiesta que en el supuesto dado que se vulnera la garantía de juzgamiento en un plazo razonable, al demorar el lapso suspensivo y alongar, luego del vencimiento del plazo originariamente estipulado, el control de las reglas de conducta.
Así solicita que este Tribunal disponga el sobreseimiento respecto de su asistido Claudio Rafael Meza.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Raúl Alberto Paolini dijo: 1. El 18 de noviembre de 2020 la sentenciante de origen resolvió suspender el juicio a prueba con relación al encausado Caludio Rafael Meza por el término de un año y seis meses, ello con el cumplimiento de diversas reglas de conducta por el plazo de la suspensión. Ese pronunciamiento adquirió firmeza con fecha el 1 de diciembre del año 2020.
Conforme el pertinente informe de plazos realizados en autos, la observancia de las obligaciones a las que se sujetó el probado debían ser cumplidas hasta el día 1 de junio de 2022.
Durante ese interregno temporal se constató un cumplimiento irregular por parte de Meza y el día 13 de julio del corriente se lo citó a una audiencia, a fin de brindar explicaciones.
Luego, se solicitó al Patronato de Liberados la remisión de informes.
Recién con fecha 15 de julio de 2022, la Jueza en lo Correccional resolvió prorrogar el plazo de la suspensión por un año, en razón de determinar que en el caso emergieron incumplimientos a las reglas.
Se debe recordar que este primer pronunciamiento de la a quo se produjo luego de más un mes vencido el plazo de prueba, que como se relevó arriba venció el día 1 de junio del corriente año.
2. Se impone remarcar que, una vez firme el pronunciamiento que dispone suspender el proceso a prueba, aparece en cabeza del Juez competente el deber de controlar el fiel cumplimiento de las reglas de conducta impuestas a tenor del art. 27 bis del CP durante el plazo de prueba; ya sea, en el marco de una condena de ejecución condicional o, como en el caso, de una suspensión de juicio.
Ahora bien, de lo expuesto surge que el control por parte de la Juez fue realizado en forma extemporánea, observándose la inactividad de la jurisdicción con respecto a la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que debía observar el probado, durante el término fijado a tal efecto.
Así, como principio general, se establece que el control del cumplimiento de las condiciones impuestas en la sentencia, en este caso que suspende el juicio, debe realizarse por parte de la judicatura dentro del plazo previsto, no pudiendo prorrogarse por incumplimiento de las mismas una vez agotado ese lapso.
Proceder del modo que lo realizó la a quo, implicaría un avance del Estado atentando contra el principio de preclusión y los derechos adquiridos por el encausado, además de poner en crisis la estabilidad jurídica, toda vez que aún cuando se hubiera agotado el plazo el sujeto tendría la incertidumbre sine die respecto del vencimiento y de las consecuencias jurídicas que ese evento produce en su situación procesal.
Así, en el presente caso, no habiéndose preocupado el Estado en el control del cumplimiento de las reglas impuestas durante el período de su vigencia, una vez agotado no puede prorrogarse. Idéntico criterio fue sentado por este mismo Tribunal en el precedente que cita la recurrente c. 33707 "Sosa".
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo se revoque el resolutorio y se dicte el sobreseimiento en favor del encausado.
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Pablo Martín Poggetto dijo:
Debo expresar mi postura divergente de la de mi colega.
La suspensión de juicio a prueba -en relación a los derechos del imputado- es un criterio de oportunidad reglado dentro del principio de legalidad procesal, cuya aplicación puede ser solicitada por el encausado durante el proceso como solución alternativa al conflicto penal a fin de evitar una resolución de mérito sobre su culpabilidad en el hecho que se le imputa y que le pudiera irrogar la imposición de una pena (CP; 76 bis).
El efecto procesal de la aplicación del instituto en cuestión, es decir el dictado del sobreseimiento, operará como consecuencia de la actitud del probado en la internalización del conflicto penal y en el cumplimiento de las condiciones que se le impongan durante el plazo decidido por el a quo. Así la ley establece que si el encausado no comete nuevos delitos durante el período de suspensión del proceso, repara el perjuicio ocasionado conforme su ofrecimiento previamente aceptado y cumple con las reglas de conducta impuestas, se extingue la acción penal y por ende se dictará a su favor el sobreseimiento respectivo (CP, 76 ter; CPP, 321, 323 inc. 1).
Va de suyo que el órgano jurisdiccional procederá a evaluar tales cumplimientos una vez vencido el plazo de prueba, pues durante todo el período de su tramitación el interesado se encuentra sometido a las condiciones impuestas. Es dable resaltar que no debe aplicarse analógicamente en relación al presente instituto la consecuencia de la extinción de las penas, donde su agotamiento impone la imposibilidad de su revisión, pues ambos resultan de naturaleza jurídica distinta.
En el caso de marras, concluido el período de prueba, la sentenciante constató el incumplimiento de las reglas impuestas, no obsante lo cual decidió otorgar un nuevo plazo al probado, prorrogando el término en que deberá concluir las mismas, beneficiando al imputado al no aplicar lo normado en el art. 76 ter, cuarto párrafo, segunda parte del Código Penal.
En virtud de lo expuesto, propongo al Acuerdo la confirmación del resolutorio.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Marcelo Augusto Madina dijo:
Adhiero al voto del Dr. Raúl Alberto Paolini por ser mi sincera convicción y aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales este Tribunal, por mayoría, RESUELVE: revocar la resolución dictada en autos por la Sra. Jueza en lo Correccional Ana María Fernández y, consecuentemente, disponer el sobreseimiento del encausado Claudio Rafael Meza a quien en autos se le imputaban los delitos calificados como daño, violación de domicilio y amenazas calificadas (CP, 55, 183, 150 y 149 bis 1° párrafo,1°parte). Todo ello, en cuanto fue materia de recurso por la Defensora Oficial, Fabiana A. Danti (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439 y cctes.; 27 y 76 del CP).
Regístrese. Notifíquese. Remítase a origen en devolución y a fin de realizar las comunicación pertinentes.
Firmas
Funcionario Firmante: 29/09/2022 09:45:34 - MADINA Marcelo Augusto - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2022 10:01:48 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2022 10:02:03 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2022 10:03:16 - GERULA María Anastasia - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 29/09/2022 10:03:40 hs. bajo el número RR-486-2022 por GERULA MARIA ANASTASIA.
Fin de la sentencia