Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la demanda interpuesta por la Sra. L. G., D.N.I. N° **.***.*** contra el Sr. SR. N. A. D.N.I. N° **.***.*** por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados a aquella. (art. 35 Ley 26485; art. 10 Ley 2466)
2Condenar al accionado a abonar a la actora en concepto de daños la suma de PESOS VEINTE MILLONES CON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL pesos SEISCIENTOOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 20.788.624,91), importe que se decreta como monto indemnizatorio actual e integral que se abonará en el plazo de diez días contados desde el día en que esta sentencia adquiera firmeza.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA FAMILIA SECRETARIA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
Caleta Olivia – Provincia de Santa Cruz CALETA OLIVIA, 18 de junio de 2025.-
Los autos caratulados “L. G. C/N. A. s/DAÑO MORAL” Expte. Nro. ****/2023 venidos a mi Despacho en condiciones de dictar sentencia y:
Se presenta L. G., D.N.I. N° **.***.***, con domicilio real en calle xxxxx, Barrio xxxxx de esta localidad de Caleta Olivia, con el patrocinio letrado de HERALDO JUAN NANNIy JULIETA ROMERO, a promover formal demanda de DAÑO MORAL ocasionado en su persona en contra del SR. N. A. D.N.I. N° **.***.***, con domicilio en calle xxxxx de la localidad de Rio Gallegos, y solicita, se CONDENE a la suma de un monto que la suscripta considere justo el cual no podrá ser inferior a $3.000.000 de acuerdo a lo establecido en los arts. 1, 2, 431, 1708, 1711, 1713 y ccs. del CCCN con más las costas del presente trámite. -
Que con el Sr. N. A. se conocieron en el mes de Junio del año 2020 y comenzaron una relación muy estrecha. Es así que en el mes de diciembre del mismo año el demandado debió realizar un viaje, quedando la suscripta en su vivienda a los fines de cuidarla.- Con posterioridad y conforme lo acreditó con la copia autenticada del certificado extendido por el funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con el demandado decidieron formalizar la relación inscribiendo la unión convivencial iniciada a partir del día 25 de marzo del año dos mil 2021 en el Registro Civil y Capacidad de las Personas de esta localidad de Caleta Olivia.-
Que desde el momento que comenzaron la convivencia en fecha 13 de septiembre de 2020, el demandado siempre estuvo trabajando en negro como xxxxx, pero sin una relación laboral estable, expresando siempre que la plata no le alcanzaba debiendo aportar la Sra. L. G. lo necesario para satisfacer todas sus necesidades básicas.
Luego y de acuerdo al certificado de adjuntó, contrajo enlace matrimonial con el Sr. N. A. el día 10 de Septiembre del año 2021 en la ciudad de Caleta Olivia, no teniendo hijos en común.-
Que junto a la pareja convivían los hijos de ella, A. L., I. L., M. L. y S. L. todos de apellido L.
A raíz de los hechos acaecidos (infidelidad de su cónyuge con su propia hija A. L.), esta se retiró del domicilio.
I. L. decidió convivir con su padre biológico. M. L. actualmente y hasta el mes de Marzo se encuentra conviviendo con ella y luego se traslada a la ciudad de xxxxx porque se encuentra cursando sus estudios universitarios y S. L. se encuentra conviviendo con ella atento su edad.-
Se encuentran separados de hecho desde el día 12 de septiembre del año 2022 por consecuencia de un hecho de violencia familiar y por infidelidad. Es así que ante la denuncia realizada ante la Oficina de Violencia doméstica dio origen a la causa caratulada: “L. G. C/N. A. S/ MEDIDA DE ABORDAJE INTRAFAMILIAR”, Expte n° ****/22 donde ordené medidas de protección hacia la suscripta y su grupo familiar, retirándose el demandado del hogar conyugal. -
En dicha denuncia, expuso los hechos vividos dentro del seno familiar, y la relación sentimental que mantenía el Sr. N. A. con su hija A. L., los que pide tener por reproducidos aquí y se agregue por cuerda el expediente nombrado.-
Que desde la disposición de las medidas ordenadas y hasta el día de la demanda no mantuvo contacto con el demandado, no teniendo actualmente intenciones de rehacer la convivencia, por el hecho aberrante vivido.
Que los autos “L. G. c/ N. A. s/Divorcio Vincular”, Expte n° ****/2022, se encuentran en trámite por ante este Juzgado.
Que sabemos que el divorcio se encuentra dentro del derecho de familia y este está regulado dentro de nuestro C..:C.N por lo que se nutre de sus principios generales, y uno de esos principios básicas de nuestro derecho es el de responder por los daños injustamente sufridos por la suscripta lo que conlleva a peticionar la reparación de los perjuicios que ocasiono el demandado, produciendo en su persona un DAÑO tanto psíquico como emocional y moral, que la afecta y afectará en toda su vida de relación, solicitando que al momento de dictar sentencia se condene al mismo a pagar una suma dineraria acorde al daño producido en función de lo establecido por los artículos del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.-
Es así que el art. 2 del Código vigente establece que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Es por ello que para poder determinar si corresponde indemnizar los daños causados en el ámbito de la familia por sus integrantes, se debe recurrir a los principios generales del derecho a los que rigen las relaciones de familia y a los principios de la responsabilidad civil.
Expresa la jurisprudencia: “En esta misma línea, se expuso que los principios generales del alterum non laedere (no dañar al otro) y el iussuumcuiquetribuere (dar a cada uno lo suyo) se adaptan a las relaciones intrafamiliares, pues, en muchos casos, los alegados perjuicios se ocasionan en la convivencia, lo que implica una posibilidad amplia de origen de sucesos perjudiciales, en especial pues se trata de personas que comparten el hogar o lo han hecho, no extraños. Es por ello que el interés legítimo originado en la reparación del daño causado se atempera en vista a la unidad familiar (SCBA, in er: C.117.204, “R., C. contra T., J. Daños y perjuicios”, sent. Del 3-XII-2014 voto del Señor Juez doctor Pettigiani)”.
Que el dolor que se encuentra padeciendo ante los hechos revelados y vividos al tomar conocimiento de la relación amorosa que mantenía su cónyuge con su propia hija, determina la procedencia del daño ocasionado por el demandado, ya que el mismo no ha respetado los principios en los que se basa el matrimonio –en el caso, infidelidad debidamente acreditada en los autos de violencia intrafamiliar-. Que si bien actualmente no configuran estos principios un deber jurídico, la conducta cuestionada implica una afectación a la condición de persona de la suscripta y sus derechos personalísimos, ya que esta daño resarcitorio debe proceder por la aplicación de los principios generales de la responsabilidad civil en virtud de lo dispuesto en el art. 1716 de nuestro CCCN y no por violación de un deber matrimonial.
Sabido es que los principios generales de la responsabilidad conducen a la misma conclusión: cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada y hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico (art. 1717 y 1737 CCCN). Por otra parte, la indemnización del daño incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la suscripta de sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en SU proyectos de vida (art. 1738 CCCN).
El daño es definido como una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar en mi persona diferente de aquel en que me hallaba antes del hecho dañoso y como consecuencia del mismo. Este daño ocasionado en mi persona me ha llevado a la necesidad de iniciar un tratamiento psicológico, como lo demuestra con el certificado extendido por la psicóloga Licenciada R. M. A., el cual adjunta.
Según F. M. V., “toda actuación por parte del cónyuge que suponga un atentado a los derechos fundamentales del otro origina el nacimiento de un derecho al resarcimiento por el daño causado, solución que ahora emerge expresamente de los arts. 1 y 2 del CCCN en cuanto imponen el deber de aplicar e interpretar las leyes de conformidad con la Constitución y los tratados de derechos humanos. Se trata de supuestos en los que se produce una lesión a los valores garantizados por estos instrumentos, que no alcanzan a ser protegidos mediante el régimen especial de divorcio y que son garantizados a toda persona con independencia de su calidad de cónyuge. Hablamos de derechos preexistentes y autónomos que no nacen con el matrimonio pues son inherentes a los seres humanos, cualquiera fuera su estado civil y que por ende justifican la penetración del derecho de daños en el ámbito del derecho de familia” (Los daños y perjuicios derivados del divorcio en el sistema incausado propuesto por el Código Civil y Comercial AR/DOC/3179/2015)(17).-
Especifica su pretensión pidiendo que se establezca una suma dineraria en concepto de indemnización por Daño Moral a su favor cuyo monto se deja al arbitrio prudencial pero que se estima que nunca podrá ser inferior a la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000,00), o lo que en más o en menos corresponda según mejor criterio.
Adjunta un Certificado extendido por la Psióloga R. M. A., quien consigna que la actora concurre a sesiones una vez por semana desde septiembre de 2022 por situaciones familiares y emocionales. Ofrece prueba, funda en derecho y realiza su petición final. A su turno, N. A., D.N.I. N° **.***.*** con domicilio real en casa xxxxx de la ciudad de RIO GALLEGOS, se presenta con el patrocinio letrado del Dr. Federico Gabriel Pereyra, contesta el traslado de la demanda y niega todos y cada uno de los hechos afirmados en la demanda1.
Expone su propia realidad de los y dice: Que, es cierto que el aquí suscripto mantuvo una relación amorosa con la Sra. L. G. desde principios del año 2.021, y que el día 10 de Septiembre de 2.021 contrajo matrimonio con la misma.
La actora ingresó por primera vez a su vivienda cuando realizó un viaje solamente a los fines de evitar robos, y/o cualquier tipo de ingresos de desconocidos.
Posteriormente a la fecha de matrimonio, comenzaron a convivir en su domicilio particular el cual se convirtió en el domicilio conyugal solamente para la Sra. L. G. y el demandado.
Los hijos de ella vivían en el antiguo domicilio de su madre –casa actualmente dada en comodato- y jamás convivieron con el accionado. La Sra. L. G., al contraer nupcias fue a vivir con el accionado a su domicilio particular, dejando a sus hijos menores de edad en su anterior domicilio, lo cual fue motivo de constantes discusiones.
Que, el Sr. N. A. reclamo sin cesar el estado en que dejó los menores -a cargo de su hija A. L.-, y que dichos reclamos fueron los que socavaron su relación.
Que sus relatos son respaldados por las declaraciones de la Sra. L. G. en los autos caratulados “L. G. C/N. A. S/DIVORCIO VINCULAR” EXPTE. ****/22”, en los cuales la demandante expresa que: “…A. L. me ha demandado por una cuota alimentaria debiendo abonarle el 7,5 del total de mis remuneraciones…”.-
Niega la supuesta infidelidad.
Que, ello fue la principal razón por la cual la Sra. L. G. realizó la denuncia de carácter infundado ante la OVD.
En función de lo ordenado por V.S. en los autos caratulados “L. G. C/ N. A. s/ medida de abordaje intrafamiliar” Expte. N° ****/22, abandonó su hogar, debiéndome mudar a la ciudad de Rio Gallegos para evitar quedar en la calle.
Que, desde el día de separación de hecho -12 de septiembre de 2.022- esta parte a sufrido un calvario, porque se encuentra despojado de sus pertenecías (ropa, muebles y hogar) sin fundamento alguno. Que es él quien ha sufrido psicológicamente, que desde su separación sus allegados recibieron llamadas por parte de la Sra. L. G., manifestándose de manera inapropiada sobre su persona, como así también lo hizo con personas cercanas a su trabajo.
La actora transformó el mero trámite de divorcio en una forma de venganza personal, entiéndase que desde nuestra separación la misma constituyó un comodato de su hogar, llevó a sus hijos menores a convivir en el último domicilio conyugal (el cual es mío), y además mudó la totalidad de los muebles que adquirí a lo largo de mi vida de mi hogar. Que, pese a mis intentos a través de mis abogados, de solicitar la restitución de mi vivienda, la Sra. L. G. se negó sistemáticamente, es este actuar el que constituye un verdadero daño tanto patrimonial como extrapatrimonial.
Que, asimismo, esta parte ha recibido insultos y amenazas, por parte de la ex–pareja de la demandante Sr. R. L., quien fue citado como ¡testigo por la parte demandante!
Que el pedido de la Sra. L. G. es infundado, ello toda vez que la fidelidad es deber puramente moral, su supuesta infracción no puede generar consecuencias jurídicas directas tal como aquí lo pretende la actora.
Siendo que el derecho a la reparación de un cónyuge con motivo de que el otro lesiona sus derechos personalísimos no se funda en la calidad de cónyuge, sino exclusivamente en la situación de víctima, según sucedería con cualquier sujeto afectado por similar daño injusto, situación distante a la planteada por la parte actora.
En principio, este tipo de deberes no son imperativos, en tal sentido, sería nulo un pacto que antes de la celebración del matrimonio, o durante su vigencia, estableciera que los cónyuges se encuentran obligados al deber moral de fidelidad.
Justamente, por su condición de moral, este pacto sería irremediablemente nulo. Si se fijara un pacto de esta naturaleza, no se podría hacer valer ni entre los cónyuges, ni frente a terceros, por lo cual tampoco es asidero pretender una reparación por daño moral.
En ese sentido y con el objetivo de reafirmar su carácter moral, de manera expresa, en los fundamentos del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se establece que los daños que pueden ser indemnizados a través del sistema general de la responsabilidad civil son aquellos que no tienen su causa en el vínculo matrimonial en sí mismo ni en los deberes que de él emanan, sino en la condición humana. Se separa así lo relativo al vínculo matrimonial del derecho de daños.
Del relato de la parte actora surge claramente que el supuesto hecho generador del daño alegado por ella es un incumplimiento al deber moral de fidelidad.
Es nuestro C.C.C.N., que reserva dicho deber a la privacidad de las partes, no siendo el incumplimiento de este un daño jurídicamente apreciable.
En igual sentido, la parte actora en el escrito de inicio manifiesta que: “…Debe recalcarse que el accionado jamás demostró su voluntad para reconocer su error ya que mantenía una relación sentimental con su propia hijastra, sin ver las consecuencias de dichos actos que obligaron a la suscripta a promover la presente acción judicial…”. Ofrece prueba, funda en derecho y realiza su petición final. El 2 de noviembre de 2023 se realiza la Audiencia Preliminar delimitando los hechos que serán sometidos a prueba y proveyendo las pruebas de ambas partes.
Miriam Adriana Figueroa Lic. en Servicio Social realiza su informe socio ambiental el 8/11/2023 y dice: “En el día de ayer, siendo las 18:30 hs la suscripta se constituyó en el domicilio sito en calle xxxxx del Barrio xxxxx logrando contactar a la Sra. L. G. En encuadre de entrevista se dialogó sobre los siguientes aspectos: L. G. (43 a) es progenitora de 4 hijos concebidos en un primer vínculo conyugal. M. L. (22 a) reside en xxxxx, A. L. (20 a) con quien no mantiene vinculo a consecuencia del hecho por el que iniciara la demanda, I. L. (17 a) y S. L. (8 a) con los que convive. Los hijos menores se encuentran escolarizados y mantienen vínculo con su progenitor. La Sra. L. G. ocupa el cargo de xxxxx de un xxxxx con dedicación full time.
Logra coordinar las actividades laborales con el cuidado parental de los hijos convivientes. Los ingresos que percibe son exiguos para cubrir las necesidades básicas. Al respecto, refirió haber iniciado un proceso de aumento de prestación alimentaria. Los integrantes del grupo familiar conviviente gozan de buen estado de salud. Disponen de cobertura de salud a través de la obra social CSS. La vivienda que habita la familia es prefabricada, reúne los indicadores de habitabilidad. Dispone de dos habitaciones, ambientes bien delimitados y espaciosos. Equipada con mobiliario suficiente y en buen estado de conservación y cuidado. Respecto al hecho que funda la demanda, precisó que en el mes de junio del 2020 hubo de conocer - en un contexto laboral y de pandemia - al Sr.
N. A. (64 a) con quien mantuvo una relación de noviazgo en el mes de septiembre del mismo año. Transcurridos los meses, inician la convivencia residiendo ambos en el domicilio sito en calle xxxx. En febrero del 2021, el Sr. N. A. contrajo COVID habiendo recibido el cuidado y atención de salud de parte de la Sra. L. G. hasta su recuperación. El vínculo de pareja se habría fortalecido, al punto de contraer matrimonio en ceremonia civil el 10 de septiembre del 2021. Las discusiones con agresividad y amenazas habrían comenzado a acontecer con frecuencia, sumado a descalificaciones dirigidas hacia la Sra. L. G. que introdujeron tensión y distancia interpersonal en el vínculo conyugal. Sin embargo, los hechos no hubieron de denunciarse oportunamente.
En el mes de septiembre del 2022, por intervención del ex esposo de la Sra. L. G., Sr. R. L., se devela una presunta infidelidad entre el Sr. N A. y su hija A. L., quien en ese momento tenía 19 años de edad. En el revuelo familiar que el suceso imprimió, la infidelidad habría sido confesada por su hija M. L. En tanto, el Sr. N. A. habría desaparecido hasta la fecha. A partir de este suceso, la familia y el proyecto familiar que la sostenía se desmembró habiendo sumergido a la Sra. L. G. en un profundo estado de tristeza por lo que hubo de requerir asistencia terapéutica. La Sra. L. G. percibe el hecho como gravísimo debido a que vincula la vivencia a una situación de abuso sexual intrafamiliar por la inexperiencia la cuantiosa diferencia de edad y la inexperiencia de su hija.
Al respecto, hubo de radicar denuncias contra el Sr. N. A. Finalmente, agregó que la magnitud del daño no solo alcanzó a su persona sino a toda la familia, en especial a los hermanos menores de M. L. quienes se vieron profundamente afectados. En términos de evaluación en encuadre de entrevista la Sra. L. G. adoptó un posicionamiento reflexivo respecto a la intervención exhibiendo angustia desmedida que acompañó su relato. En el contexto del derecho reclamado entiéndase que los peritos psicólogos reúnen la solvencia técnica e incumbencia profesional para la valoración del mismo.”
En PE*******-2024 obra la pericia psicológica realizada por el Lic. Diego Joaquín Federico Gaitán y dice: “Entrevista Psicológica Semidirigida Forense con la Sra. L. G. (DNI **.***.***)
Se presenta en las dependencias del Gabinete la Sra. L. G. de 43 años de edad, su actitud es positiva y buena la predisposición colaborando en la actividad diagnostica planteada.
Oriunda de la Ciudad de xxxxx, Prov. de xxxxx, allí desarrolla su infancia y adolescencia, efectúa sus estudio primarios y secundarios es aquella localidad, pero abandona sus estudios.
Evoca algunos eventos significativos en la infancia, la separación de sus padres a sus 8 años, la carga horaria de trabajo que poseía su madre, entrarse que su origen biológico era distinto del registrado. Siendo muy joven conoce a quien sería su primera pareja, R. L. (xxxxx, xxxxx), con quien tiene a sus 4 hijos M. L. (23), A. L. (20), I. L. (17) y S. L. (9). El núcleo familiar se traslada a Caleta Olivia por motivos laborales. Durante la etapa de crianza de sus hijos, L. G., se dedica por completo a esta tarea. Ingresando nuevamente al mundo laboral externo hace 5 años como xxxxx de xxxxx, recientemente fue desafectada al cargo y actualmente se encuentra desocupada.
Luego de la separación de su primera pareja, conoce en contexto laboral al Sr. B. G. P. (64 a) con quien mantuvo una relación de noviazgo desde septiembre de 2020. Transcurridos algunos meses de relación, en Marzo de 2021 inician la convivencia residiendo en el domicilio de xxxxx. Contraen matrimonio en septiembre del 2021. Manifiesta que sus hijos se quedan residiendo en la casa de origen familiar siendo una constante los traslados.
Manifiesta que, en el mes de septiembre del 2022, su ex esposo R. L., se informa una presunta infidelidad entre el Sr. N. A. y su hija A. L., lo cual es abordado de manera inmediata y la joven hija le afirma la relación, expresando que la misma tiene su completo consentimiento y que no debe efectuar presentación o denuncia alguna. Desde ese día no mantiene contacto personal con el Sr. N. A., expresa que se ha iniciado el proceso judicial de divorcio.
Fuertemente conmocionada manifiesta el dolor emocional que le produjo la noticia, la desorientación de acciones a seguir atento a la condensación de significancias, interpretaciones, que conlleva el anoticiarse que su marido se encuentra en una relación extramatrimonial con su hija. Que, si bien no es menor de edad, la distancia generacional si es significativa, y esto la lleva a interpretar, por momentos, que es un abuso infantil, en otros una manipulación de una persona más experimentada sobre una persona en desarrollo. Pesar en todo lo anterior la perturba emocional, afectiva y psíquicamente. El evento arroja por tierra todo el proyecto de vida que la sostenía, la buena fe y absoluta confianza que se deposita en las relaciones primarias (matrimonio/maternidad), hay una dinamización psíquica. Manifiesta un doble duelo, por un lado el fin de su matrimonio y por el otro la pérdida de su hija como tal, dado que (según sabe) la relación posee continuidad al momento actual. Informa que por su estado realizó consulta y asistencia terapéutica.
Desde la faz psíquica es posible informar que la Sra. L. G. se encuentra ubicada en tiempo y espacio, lúcida durante el encuentro. No se observan indicadores de Confusión, su Capacidad Comprensiva es óptima y su Expresividad es adecuada. En todo momento mostró Actividad Psicomotora conservada y voluntaria. Su Actividad Verbal no presentó alteraciones del ritmo ni en el contenido. Su Atención se presenta constante, predominando la Atención Voluntaria a la Espontánea, marcando buen control de sus impulsos, no se hallaron indicadores de falta de concentración. Su Pensamiento no evidenció alteraciones de contenido ni de organización. No se observaron trastornos de la Memoria, tiene plena capacidad de almacenar y evocar recuerdos.
No informa uso de sustancias o ingesta excesiva de alcohol.
Es posible afirmar que al momento de la entrevista no presenta cuadro psicopatológico en curso que altere sus facultades mentales; si se observa un estado de conmoción psíquica emocional y afectiva, con desborde de angustia.”
La testigo R. M. da cuenta de la existencia de la relación de N. A. con la hija de la aquí actora, y que estos fueron los motivos de la separación, que se encuentra “bastante mal” y explica esta descripción como llorar permanentemente, estar todo el tiempo acostada, no querer levantarse y los amigos acompañarla para que salga de su cuadro depresivo. Caracteriza además la relación de N. A. con la hija de L. G., como de público conocimiento, como de que todos sabían.
La testigo C. S. M. quien tiene una relación laboral con la actora L. G., narra que la hija de Sra. L. G. estudiaba en la Universidad en xxxxx y que N. A. la llevaba y si sabe de la relación de A. L. con N. A., de los daños ocasionados, dice que afectó a toda la familia y que la actora tuvo que realizar un tratamiento psicológico. Que L. G. al enterarse de los hechos fue a través de su ex pareja el Sr. R. L..
La testigo C. N. M. también corrobora la relación de N. A. con la hija de L. G., y da cuenta de los daños ocasionados a L. G., que comenzó tratamiento psicológico más terapias alternativas para atravesar esta problemática. Que N. A. continua la relación y están viviendo en Rio Gallegos. Que el dolor más grande de L. G. es haber perdido a una hija. Hay un hermano más pequeño que sufre un montón.
Que paso a merituar las pruebas que entiendo como concluyentes para dirimir la presente causa.
Que doy por saneados todos los vicios de procedimiento que pudieren haber acaecido en el decurso del proceso, merced al principio de preclusión.
Adelanto desde ya que haré lugar a la demanda y que para arribar a esta decisión analizo las pruebas producidas en estos actuados y los antecedentes obrantes en este Juzgado, a saber:
L. G. c/ N. A. s/Divorcio Vincular”, Expte n° ****/2022;
"L. G. c/ N. A. s/ Medida de abordaje intrafamiliar”, Expte N° ****/2022;
En el abordaje del Expte. Nro. ****/2022, en el legajo de OVD está la denuncia de la actora, la que en un relato atravesado por un frágil estado emocional cuenta que esa noche su hija A. L. de (19) años de edad, intentó suicidarse.
En el mismo pasaje cuenta que en comunicación con N. A., la amenazó y le dijo que después de cagarla a trompadas la iba a prender fuego (sic).
Al describir las características de la dicente, la OVD consigna: La compareciente evidenció cierta labilidad emocional, teniendo en cuenta el reciente anoticiamiento de la infidelidad de su cónyuge con su propia hija, lo que la habría llevado a reevaluar todo su vínculo de pareja, enfrentándose a la posible realidad de que sería víctima de violencia, lo que profundizaría su angustia, desestabilizaría su autoestima, y amenazaría su estructura yoica.
Siguiendo el análisis del expediente Nro. ****/2022 concluyo que la Sra. L. G., -por sus características, por el hecho denunciado y sufrido por ella y todo su grupo familiar-, es una víctima de violencia en general y de violencia psicológica y emocional en particular.
Esta conclusión, la caracterización de la actora como víctima, resulta necesaria, para encuadrar debidamente su reclamo, merced al imperativo iura novit curia.
En razón de que, pese al encuadre elegido por la actora, debo, por el principio indicado, pero también por imperativo convencional, situar a su reclamo en el marco del art. 35 de la Ley 26485, en el entendimiento que resulta imprescindible que los dañadores deben responder por los perjuicios sufridos por las víctimas de violencia doméstica de una manera integral y eficaz.
En este sentido reciente posición doctrinaria: El juez tiene la obligación legal y el deber ontológico inexcusable de velar por los derechos de las mujeres ante ataques deliberados como consecuencia de su condición de mujer (art. 7° inc. g, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; art. 7, Ley 26485.Esa obligación excede el ámbito del Derecho Penal o de Familia, resultando de plena aplicación en todo tipo de procesos que así lo requieran por sus circunstancias de hecho, aun en los reclamos de daños y perjuicios civiles. (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci en “La Violencia en las relaciones de familia” Tomo II, pág. 127 Afirmo que el daño se encuentra acreditado en estos actuados, ahora bien, cual es la causa fuente de estos daños? Descarto que estos daños se originen en el divorcio, ni siquiera atribuyo los daños al deber ético de fidelidad inserto en el art. 431 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Decir que el daño se origina en la infidelidad significa una simplificación inaceptable.
El daño lo infringe el Sr. N. A. al elegir su pareja en el propio seno familiar de la actora, al elegir a su hija afín, violando las normas más significativas sobre las que hemos construido nuestra comunidad. Hecho demostrado con la declaración de la joven hija de la actora obrante en el Expte. ****/2022 en una declaración reservada en sobre cerrado en la Caja Fuerte del Juzgado.
Y este daño se agrava aún más, al elegir a una joven de 19 años entonces, que recién está saliendo de su adolescencia, con un antecedente de A.S.I. conocido por el Sr. N. A., agregando a ello la evidente asimetría en la que colocó a esta hija con una diferencia de edad de 43 años¡ (el subrayado me pertenece).
Cabe calificar su conducta como antijurídica, porque no solo conlleva una deslealtad y lesiona emocionalmente la integridad del grupo familiar, ostentando una promiscuidad inaceptable.
A quien daña entonces N. A., a su expareja o a la madre?. Sin duda alguna la humillación, la angustia que generó en N. R. trasciende a su condición de pareja y la envuelve en una dolorosa preocupación por el destino anunciado de su hija A. L.
La existencia de los daños son descriptos en la pericia psicológica forense como “estado de conmoción psíquica emocional y afectiva, con desborde de angustia”.
Más aún, doy por acreditada la existencia del daño con el certificado acompañado por la psicóloga tratante que da cuenta que la actora asiste a sesiones una vez por semana desde septiembre de 2022. Las investigaciones sobre distintos tipos de víctimas han demostrado claramente que la violencia física, psicológica o sexual, ejercida sobre una persona, causa en esta toda una serie de repercusiones negativas a nivel físico y psicológico; su conocimiento es necesario para poder evaluar la lesión y cuantificar el daño. Es importante destacar que además del posible daño físico, tras una experiencia traumática se produce una pérdida del sentimiento de invulnerabilidad, sentimiento bajo el cual funciona la mayoría de los individuos y que constituye un componente de vital importancia para evitar que las personas se consuman y paralicen con el miedo a su propia vulnerabilidad. (Graciela Medina en “Violencia de Género y Violencia Doméstica – Responsabilidad por daños” Edit. RubinzalCulzoni, pág. 182/183)
Calificada que fuera la conducta de N. A. y los daños que genera, corresponde ahora cuantificar los mismos en una indemnización no solo reparatoria sino ejemplificativa de las conductas de convivencia tolerables en una sociedad.
En reiteradas ocasiones se ha dicho que “la merituación del daño moral es una tarea dificultosa para el juzgador, por ello es que este reclamo, más que ningún otro, queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que debe objetivarse en mérito a las constancias del caso concreto. Así pues, en el presente caso, no puede dejar de tenerse en cuenta que L. G. deberá continuar su tratamiento psicológico para poder sobrellevar el dolor infringido, agravado ello por otras circunstancias personales como la pérdida de su trabajo.
En el presente caso deben tenerse en consideración algunas pautas orientativas específicas para arribar a una cuantificación justa y equitativa por daño moral, que compense a la actora de las aflicciones sufridas. Para ello, es necesario analizar las circunstancias del caso determinando la intensidad que el hecho ha influido en la personalidad de la víctima y en su equilibrio espiritual lo que ha sido técnicamente descripto por el perito Lic. Gaitán que detalla la afectación en la integridad psicológica y en su dignidad.
Más allá de que se ha dicho que el límite para fijar la indemnización por “daño moral” es la suma solicitada en el escrito inicial, no siendo aplicable la cláusula “o lo que en más o menos resulta de la prueba a producirse en el juicio” o, para el caso, estimaciones provisorias, por no ser necesario probar la existencia y extensión del daño moral ya que se trata de una lesión a los sentimientos de la damnificada demostrada por el sólo hecho de la acción antijurídica, entiendo que ello no obsta a considerar que los montos fijados en la sentencia deben serlo en valores actuales, lo cual lleva a fijar una suma con la que se puedan adquirir aproximadamente los bienes y servicios que podían adquirirse con la suma que correspondía fijar por este concepto en febrero de 2023, fecha en la que se pidió una indemnización de $ 3.000.000, por lo que a junio de 2025 considero justo adecuar ese importe conforme al IPC (cobertura nacional para la región patagónica) del 6,93, lo que arroja una suma de PESOS VEINTE MILLONES CON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL pesos SEISCIENTOOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 20.788.624,91), importe que se decreta como monto indemnizatorio actual e integral.
Fundo este fallo en lo dispuesto por los arts. 1, 2 1716, 1721, 1737, 1738, 1740 del C.C.C.N.; art. 7 inc. g) Convención de Belem Do Para que insta a los Estados a establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justo y eficaces”; art. 10 de la Ley 2466 que dice: “El juez, en la sentencia, podrá ordenar a pedido de parte que el agresor indemnice los daños causados incluyendo gastos de mudanza, reparaciones de la propiedad, gastos legales, médico psiquiátrico o de orientación, alojamiento, albergue y en general la reparación de todos aquellos daños que el maltrato causó.; art. 35 Ley 26.485 Por todo lo expuesto:
1)HACER LUGAR a la demanda interpuesta por la Sra. L. G., D.N.I. N° **.***.*** contra el Sr. SR. N. A. D.N.I. N° **.***.*** por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados a aquella. (art. 35 Ley 26485; art. 10 Ley 2466)
2)CONDENAR al accionado a abonar a la actora en concepto de daños la suma de PESOS VEINTE MILLONES CON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL pesos SEISCIENTOOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 20.788.624,91), importe que se decreta como monto indemnizatorio actual e integral que se abonará en el plazo de diez días contados desde el día en que esta sentencia adquiera firmeza.
OCHENTA Y OCHO MIL pesos SEISCIENTOOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 20.788.624,91), importe que se decreta como monto indemnizatorio actual e integral.
4)ORDENAR al Sr. N. A.. acreditar –en el plazo de diez (10)
días contados a partir de que la presente sentencia adquiera firmeza- a acreditar en este expediente la realización de una capacitación en sensibilización sobre la violencia de género y la Ley 26485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia sobre las mujeres, bajo apercibimiento de imponer una multa diaria, por cada día de incumplimiento cuyo importe oportunamente se determinará.
5)COSTAS al accionado conforme el principio general de la derrota. (art. 68 C.procesal de la Prov. De Santa Cruz)
6)DIFIERO la regulación de honorarios de la profesional interviniente hasta la integración y abono de la tasa correspondiente. 7)REGISTRESE. NOTIFÍQUESE a las partes,PUBLIQUESE.
TOMO: I/25 REGISTRO: 23 FOLIO: 106/114
Dra. Rosa Elena Gonzalez - Jueza
Fin de la sentencia