Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127808
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios tratados en los puntos III.1 y III.4, en atención a que se encuentran insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente con relación al analizado en el punto III.2, debiéndose, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta los planteos y defensas esgrimidas por las partes.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
2Hacer notar a los jueces integrantes del órgano de grado lo dispuesto en el punto III.5 de la presente.
El señor Juez doctor Torres y s señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo del Departamento Judicial de Necochea -en lo que aquí reviste interés- hizo lugar a la demanda promovida por Luis Alberto Juárez y condenó a La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle el monto que indicó en concepto de diferencias en las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 y al otorgamiento "en forma vitalicia" de los controles médicos y ortopédicos periódicos que precisó (v. sent. de fecha 3-XI-2020).
Para así decidir, juzgó acreditado el accidente de trabajo sufrido por el actor, asimismo, que realizaba actividades encuadradas en el Régimen del Trabajo Agrario, con categoría laboral registrada como "Tractorista" y cumpliendo además tareas como "Encargado de Planta de Silos".
Luego, analizando las constancias de la causa, la categoría y tareas del accionante al momento del accidente y que éste sufrió "amputación infrapatelar de miembro inferior derecho", concluyó que -a diferencia de lo manifestado en la pericia médica-, el trabajador merecía recalificación, por lo que correspondía sumar a la minusvalía fijada un diez por ciento -10%-, arribando a una incapacidad laboral, permanente y definitiva del 66% de la total obrera (conf. dec. 659/96).
Bajo esos lindes, juzgó procedente la acción referida al pago de diferencias en las prestaciones dinerarias y descontó los montos que señaló como percibidos por dichos conceptos.
Posteriormente, en la resolución de fecha 10 de diciembre de 2020, el tribunal de origen hizo lugar a la aclaratoria interpuesta en cuanto se alegó la omisión del prorrateo de los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 730 del Código Civil y Comercial, el que ordenó, conjuntamente con una nueva regulación de honorarios.
II. La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 20-XI-2020), el que fue concedido en la instancia de grado el 29 de diciembre de 2020.
Con denuncia de absurdo, objeta el grado de incapacidad fijado en el fallo, asimismo, la categoría del trabajador y el ingreso base que se juzgó probado. Afirma también que no se descontó correctamente el monto abonado por su parte en carácter de prestación por incapacidad permanente.
Por otro lado, controvierte la aplicación del decreto 669/19, en tanto expresa que en el caso se trata de un hecho ocurrido el 11 de junio de 2001. A todo evento, objeta el modo en que fueron aplicadas las reglas del citado reglamento. Adicionalmente, denuncia vulnerado el derecho de propiedad, atento a la desproporción existente entre el monto de capital obtenido conforme la fórmula de la ley 24.557 y aquel fruto del empleo de las pautas del mentado decreto.
En otro orden, dice que el tribunal del trabajo omitió aplicar la ley 24.432 y la doctrina legal que emana de la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2022).
Finalmente, asegura que el tribunal falló ultra petita al condenar a la accionada a que proporcione al demandante prestaciones en especie.
III. El recurso prospera parcialmente.
Por cuestiones de índole metodológica habrán de alterarse en su abordaje el orden en que el impugnante ha expuesto sus agravios.
III.1. No merece favorable recepción el cuestionamiento vinculado con la categoría del trabajador, en tanto, remitiendo a cuestiones fácticas (causas L. 103.429, "Iturbe", sent. de 17-XI-2010; L. 100.333, "Andreone", sent. de 24-V-2011; L. 109.860, "P., M. L.", sent. de 2-V-2013 y L. 118.275, "Carrizo", resol. de 12-XI-2014; e. o.), si bien se denuncia la existencia de absurdo, el recurso es notoriamente insuficiente para su acreditación, en tanto no se ocupa el compareciente de formular un ataque frontal y concreto a las centrales motivaciones del pronunciamiento, apartándose de la línea argumental del a quo .
Análogas conclusiones merecen las críticas vinculadas con el porcentaje de incapacidad atribuido al actor y la determinación del ingreso base y el objetado descuento al que se alude en la crítica.
III.2. Por otro lado, los agravios dirigidos a cuestionar la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.3. La declaración de inconstitucionalidad que aquí se dispone, se proyecta sobre los agravios que giran en torno al monto de condena y a la regulación de honorarios. Por lo tanto, y más allá de otras consideraciones que podrían formularse, deviene inoficioso el tratamiento de la crítica traída en los señalados aspectos.
III.4. Finalmente, la denuncia apontocada en la existencia de una decisión ultra petita debe ser desestimada, pues debió haberse sustentado en la denuncia -y su consecuente demostración- del vicio de absurdo en la exégesis del escrito de demanda por parte del tribunal de grado y también en la violación del principio de congruencia y las normas que lo receptan (causas L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022 y L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023 y L. 130.955, "Ledesma", sent. de 8-VII-2025; e. o.).
III.5. Sin perjuicio de todo lo anterior, no escapa al análisis del sub lite que las constancias del sistema informático "Augusta" dan cuenta que los votos expuestos por cada uno de los miembros del tribunal de trabajo interviniente a la hora de dictar el veredicto y la sentencia obran en seis documentos electrónicos distintos, contando -cada uno- con la firma digital del magistrado votante con la denominación del trámite "veredicto" y "fundamentos del fallo", respectivamente.
Ante esa práctica, que lejos está de ser la aconsejable, debe recordarse que el cumplimiento del dictado de pronunciamientos digitales de esta naturaleza en una pieza electrónica única rubricada por los magistrados, responde a la finalidad de resguardar el carácter de acto procesal único de que goza la sentencia de mérito. Ello, conduce a señalarle al tribunal de origen que deberá -en adelante- seguir tales lineamientos al emitir sus pronunciamientos (causa L. 127.998, "Davico", resol. de 17-IV-2023).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta, a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios tratados en los puntos III.1 y III.4, en atención a que se encuentran insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente con relación al analizado en el punto III.2, debiéndose, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta los planteos y defensas esgrimidas por las partes.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
2. Hacer notar a los jueces integrantes del órgano de grado lo dispuesto en el punto III.5 de la presente.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2026 12:54:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2026 11:12:44 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2026 13:55:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 09:46:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 12:04:53 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/06/2026 14:25:25 hs. bajo el número RR-1245-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia