Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 173130
Expte. N º 173131 y 173130 - Juzgado Civil y Comercial N°1
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia única en los autos caratulados “SELVA, SILVIA C/ENRIQUEZ, DANIEL ANTONIO Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” [Expte. N° 173.130] Y “IDOYAGA, PATRICIA MARÍA Y OT. ENRIQUEZ, DANIEL ANTONIO Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” [Expte. N° 173.131] , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva y única dictada el 30 de agosto de 2021?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 30 de agosto de 2021, el Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°1 departamental, Dr. Heber Daniel Amalfi, dictó sentencia definitiva y única en la que: (i) hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Patricia María Idoyaga y Carlos Alberto Maspes (hoy, sus herederos) contra el Sr. Daniel Antonio Enriquez y Luis Bonifacio Anton y condenó a estos últimos -conjuntamente con la citada en garantía San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales- a pagarle a la coactora Idoyaga $681.930 y al coactor Maspes $13.500 más intereses y costas; (ii) hizo lugar a la demanda promovida por la Sra. Silvia Selva contra los Sres. Daniel Antonio Enriquez y Luis Bonifacio Anton y condenó a estos últimos -conjuntamente con la citada en garantía San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales- a pagarle $1.916.830 más intereses y costas.
Para así decidirlo, explicó que las partes no controvirtieron el hecho de que el 4 de abril de 2015 a las 18:30 horas se produjo un accidente de tránsito protagonizado por Patricia María Idoyaga, Carlos Alberto Maspes y Silvia Selva, quienes circulaban a bordo del Fiat Uno modelo 2013 -dominio MWD433- y Daniel Antonio Enriquez, quien conducía una camioneta Ford F-100 dominio EYD943 propiedad de Luis Bonifacio Anton y asegurada ante San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.
Describió la discordancia entre las partes en lo que respecta a la mecánica del hecho: los actores afirmaron que el impacto se produjo en la ruta 11, a unos 300 metros pasando la entrada del Bosque Energético en tanto que los demandados y su aseguradora alegan que la colisión se produjo, precisamente, en el acceso de dicho bosque (y, sobre la base de esta alegación, le imputan a la conductora del Fiat Uno -Sra. Idoyaga- no respetar la prioridad de paso de quienes circulaban por la ruta).
Señaló las imprecisiones que emergen de las actuaciones policiales y la imposibilidad de obtener en ellas datos puntuales sobre el lugar del siniestro. Destacó que en la instrucción no se hicieron planimetrías y los croquis ilustrativos carecen de detalle. La omisión de esas y otras diligencias -dijo- motivó sanciones para el personal policial.
Enunció las conclusiones a las que arribó el perito ingeniero mecánico Roberto H. Spicacci, quien pese a contar con pocos elementos de convicción, dictaminó que el Fiat Uno recibió un fuerte impacto en el centro de su portón trasero con incidencia de atrás hacia adelante en cuanto al sentido y dirección de las deformaciones, con desplazamiento excéntrico hacia el lado derecho del vehículo. Infirió el experto que el vehículo embistente realizó una maniobra evasiva consistente en hacer un giro hacia su derecha, posiblemente intentando rebasarlo por el lado de la banquina para evitar el impacto. Ello -dijo el experto- dio lugar a que el embistente impacte en ángulo, lo cual explica además que la deformación del portón trasero se aproxime a un triángulo con una gran penetración en su zona central, con leve dirección hacia su derecha.
Destacó el magistrado que, al decir del perito, no hay elementos para pensar o inferir que el Fiat Uno intentó incorporarse al tránsito vehicular de la ruta 11 sino, por el contrario, se encontraba transitando por ella.
Consideró acertada la crítica de los demandados en cuanto a la falta de elementos que justifiquen las inferencias del perito, pero concluyó que esos mismos “pocos elementos” de convicción impiden tener por acreditada la versión dada por los accionados, sobre quienes pesaba la carga probatoria de la eximente invocada.
Sin perjuicio de ello, expuso que: (i) el propio codemandado Enriquez reconoce haber frenado y realizado una maniobra evasiva hacia la derecha y que, aun así, no pudo evitar el impacto; (ii) el propio Enriquez reconoce que al momento del hecho venía a exceso de velocidad; (iii) utilizando las imágenes y la referencia geográfica que provee el sistema Google Maps y Google Street View (cuyas capturas de pantalla adjunta a la sentencia), se infiere que la hipótesis de la actora es la correcta en cuanto a que el Fiat Uno ya se encontraba circulando por la ruta, a una distancia considerable de la referida entrada al Bosque Energético.
Consideró por ello civilmente responsable al Sr. Enriquez -como conductor y guardián del rodado embistente- y al Sr. Anton -como propietario de la cosa riesgosa-.
En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes rubros: (1) A favor de Patricia María Idoyaga: (a) Incapacidad sobreviniente: $367.530; (b) Gastos terapéuticos: $15.000; (c) Gastos de movilidad: $11.000; (d) Gastos terapéuticos futuros: $38.400; (e) Daño moral: $250.000; (2) A favor de Carlos Alberto Maspes (hoy, sus sucesores): (a) Gastos terapéuticos: $1.500; (b) Gastos de traslado: $2.000; (c) Daño moral: $10.000; (3) A favor de la Sra. Silvia Selva: (a) Incapacidad sobreviniente: $1.207.230; (b) Gastos terapéuticos: $25.000; (c) Gastos de movilidad: $15.000.- (d) Gastos terapéuticos: $33.600; (e) Daño moral: $600.000; (f) Daño patrimonial: $36.000.
Por último, rechazó la pretensión de actualización monetaria, fijó la tasa de interés moratoria y extensión el límite de suma asegurada de la citada a un total de $10.000.000.
II.1. El recurso de la parte actora en la causa “ Idoyaga ... ” [causa n° 173.130]
Los Sres. Ramiro Yamil Maspes, Patricio Carlos Maspes y la Sra. Patricia María Idoyaga apelaron el 3 de septiembre de 2021 y presentaron su expresión de agravios el 11 de noviembre de 2021. La contraria replicó el 22 de noviembre de 2021.
Los puntos de crítica de la parte actora son los siguientes:
i) Cuestionan la cuantía del rubro incapacidad sobreviniente reconocido a favor de la Sra. Idoyaga. Refieren que al día siguiente de dictarse la sentencia entró en vigencia un nuevo valor de Salario Mínimo Vital y Móvil, parámetro económico utilizado en el cálculo. Entienden que “ sería una injusticia” no actualizar en segunda instancia esa referencia.
Sobre este punto afirman que el juez no consideró la incapacidad psicológica verificada por la Lic. Olhaberry, quien aseveró que Idoyaga no recuperará totalmente su estado anterior. Exigen que se considere un plus en el resarcimiento para contemplar la referida secuela.
ii) Objetan el modo en que se interpretó la prueba producida al cuantificar el rubro gastos terapéuticos. Destacan que acompañaron noventa y cuatro tickets y facturas emitidos entre 2015 y 2017 y debe tenerse en cuenta, además, la inflación acumulada entre aquel entonces y la actualidad.
iii) Critican por escaso el resarcimiento por daño moral. Enuncian las pruebas que, a su criterio, permiten concluir que el perjuicio requiere una indemnización más elevada.
iv) Alegan que el daño moral reconocido al Sr. Maspes es insignificante y exigen sea incrementada. Destacaron las características del accidente y las consecuencias anímicas que generó en la víctima.
v) Se desconforman con el monto fijado por el juez como límite máximo por el cual tiene que responder la aseguradora. Señalan que el 18 de marzo de 2021 se resolvió mediante Resolución N°268 del 2021 de la Superintendencia de Seguros de la Nación en la que se estableció un nuevo límite de $17.500.000. Cita jurisprudencia de la Suprema Corte bonaerense y de otras Cámaras provinciales en apoyo a su pretensión. Piden la adecuación de los límites de cobertura.
II.2. El recurso de la parte demandada y su citada en garantía en la causa “ Idoyaga ... ” [causa n° 173.130]
Los Sres. Daniel Antonio Enriquez, Luis Bonifacio Antón y su aseguradora San Cristobal Sociedad Mutual de Seguros Generales apelaron el 6 de septiembre de 2021 y fundaron su recurso el 12 de noviembre de 2021, mereciendo la réplica de la contraria el 19 de ese mismo mes y año.
Su memorial contiene las siguientes líneas argumentales:
i) Afirman que la sentencia rechazó incorrectamente la eximente de responsabilidad invocada. Dicen que el magistrado hizo pie en una pericia que, según reconoce, parte de hipótesis y no de evidencias y se valió de mecanismos probatorios no ofrecidos por las partes y que no pudieron ser controlados.
Señalan que la prueba colectada permite tener por acreditada la versión que brindaron los accionados y la aseguradora. Invocan dos circunstancias: que los actores habían salido del Bosque Energético y que la colisión se dio en un ángulo de 45°, lo cual es “compatible con la inclinación de un vehículo que intenta incorporarse al tránsito vehicular”
Dicen que la única explicación a dichoángulo de impacto es que el Fiat se encontraba incorporándose al tránsito vehicular de la ruta 11. Refieren que “si se tenemos por acreditado que los accionantes habían salido del Bosque Energético y el ángulo de colisión es de 45°, dichas circunstancias resultan compatibles con la versión brindada” por los accionados.
Alegan que el cálculo de velocidades efectuado por el perito mecánico carece de rigor científico.
ii) Critican el modo en que se cuantificó el rubro incapacidad sobreviniente a favor de la Sra. Idoyaga. Resaltan que no se probó un ingreso económico y que el monto es arbitrario e injustificado. Consideran que la única manera de cuantificar el rubro es mediante la prudencia de los jueces y que la aplicación de una fórmula, abstrayéndose de las circunstancias del caso, atenta a la garantía constitucional que reclama sentencias fundadas.
Alegan que la accionante no probó su actividad laboral y la fórmula otorga un resarcimiento sin que se haya demostrado cómo las secuelas afectaron su capacidad laboral o social.
iii) Objetan el resarcimiento por daño moral de la coactora Idoyaga. Entiende que la suma es elevada y que la accionante no acreditó de qué modo la lesión padecida afectó su paz, tranquilidad y todos los valores intrínsecos de su persona.
iv) Entienden que medió una afectación al principio de congruencia dado que el fallo se expide sobre el límite de cobertura cuando ello no fue sometido a debate. Destaca las normas de la Ley de Seguros que prevén que la aseguradora responde en los términos y límites pactados en el contrato de seguro.
II.3. El recurso de la parte actora en la causa “ Selva ... ” [causa n° 173.131]
La actora Silvia Selva apeló el fallo el 3 de septiembre de 2021 y fundó su recurso el 11 de noviembre de 2021, mereciendo la réplica de la contraria el 16 de noviembre de ese mismo año.
Sus agravios son los que siguen:
i) Objeta la cuantía del rubro incapacidad sobreviniente. Refieren que al día siguiente de dictarse la sentencia entró en vigencia un nuevo valor de Salario Mínimo Vital y Móvil, parámetro económico utilizado en el cálculo. Entiende que “ sería una injusticia” no actualizar en segunda instancia esa referencia.
ii) Critica el monto fijado por el juez como límite máximo por el cual tiene que responder la aseguradora. Señalan que el 18 de marzo de 2021 se resolvió mediante Resolución N°268 del 2021 de la Superintendencia de Seguros de la Nación en la que se estableció un nuevo límite de $17.500.000. Cita jurisprudencia de la Suprema Corte bonaerense y de otras Cámaras provinciales en apoyo a su pretensión. Piden la adecuación de los límites de cobertura.
II.4. El recurso de la parte demandada y citada en garantía en la causa “ Selva ... ” [causa n° 173.131]
El apoderado común de los demandados y la compañía “San Cristobal SMSG” apeló el 6 de septiembre de 2021 y fundó su recurso el 12 de noviembre de 2021. La contraria respondió el 22 de noviembre de ese mismo año.
Sus puntos de crítica son:
i) Considera equivocado el modo en que se cuantificó la incapacidad sobreviniente de la Sra. Selva. Entiende que el monto es elevado y carente de justificación. Cita doctrina de la Corte Suprema de la Nación en la que se objetan decisiones análogas en las que, se supone, se cuantifican los resarcimientos a valores actuales. Afirma que el art. 1746 del CCyC no obliga a los jueces a usar fórmulas y que el perito médico dijo que la actora “puede seguir realizando una vida normal” pese a las secuelas incapacitantes. Ello -dice- puede dar cuenta que la incapacidad no genera limitaciones ni restricciones al goce de sus aptitudes vitales.
Destaca la falta de prueba sobre otras actividades laborales o personales remuneradas y otros ingresos que no sean los que ya tenía como pensionada, por lo que -alega- no está probada la imposibilidad de seguir realizando las mismas actividades vitales que podía hacer antes del accidente. Refiere no entender cuáles serían las “actividades productivas o económicamente valorables” (de aquellas que refiere el art. 1746 del CCyC) que se han visto afectadas en este caso, considerando que la accionante es una pensionada.
Critica que el juez haya estimado prudencialmente un porcentaje de incapacidad psíquica indebidamente cuantificado por la perito psicóloga Olhaberry mediante un rango de entre un 10 y un 25%. Ello motivó -refiere- una incorrecta determinación de un total de incapacidad del 37% (el 17% estimado por el juez más un 20% fijado por el perito médico) y que redundó en un cálculo matemático nutrido de variables indebidas.
Pide la “morigeración significativa” del resarcimiento.
ii) Considera injusto que la actora perciba $25.000 en concepto de gastos terapéuticos cuando contaba con cobertura del plan de salud del Hospital Privado de Comunidad. Dice que el total equivale al monto de una jubilación mínima o al 60% de su pensión. Agrega que el plan médico obligatorio prevé la obligación de cobertura del 100% para las prácticas allí contempladas.
iii) Cuestiona la admisión de un resarcimiento de $33.600 para gastos terapéuticos futuros. Refiere que si bien la perito psicóloga consideró necesaria un tratamiento, el programa médico obligatorio incluye el 100% del costo de hasta 30 consultas ambulatorias por año en el área de salud mental, comprensivas de entrevistas psiquiátricas, psicológicas, psicopedagógicas y similares. Considera que inaceptable que la actora reciba una indemnización cuando el tratamiento debe ser afrontado por agentes del sistema de seguro nacional de salud.
iv) Critica la cuantía del daño moral. Destaca que, más allá de anunciarse que la cuantificación del rubro se hizo a valores actuales, el monto final es varias veces superior al pedido por la actora sin tener en cuenta que por tratarse de un detrimento espiritual el magistrado no puede subrogar la medida dada por el propio afectado. Pide su morigeración.
v) Entiende errada la manera en que se estipularon los intereses moratorios en el rubro gastos terapéuticos. Al tratarse de un perjuicio futuro, los intereses no pueden ser computados sino desde la fecha en que la sentencia adquiere firmeza.
III. Tratamiento de los recursos.
Sin perjuicio del tratamiento integral que se dará a las cuestiones planteadas por las partes, me interesa aclarar que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no estamos obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos, sino tan solo los que consideremos suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Loutayf Ranea Roberto G. “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil ”, t. 2 págs.310/313, Astrea, 2da ed. act. y amp., Bs.As. 2009).
La doctrina judicial interamericana señala que « el deber de motivación no exige una respuesta detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino una respuesta a los argumentos principales y esenciales al objeto de la controversia que permitan garantizar a las partes que han sido oídas en el marco del proceso » (v. mi voto en causas n° 169.503 -“Gardés...”- del 26/11/2020, n° 137518 -" Santecchia ..."- del 14/2/2018, n° 163802 -" Morales ..."- del 27/09/2017, n° 162854 -" Argaña ..."- del 22/06/2017, 162070 -" Leguizamón ..."- del 15/06/2017 y n° 163784 -“ Lagos ...”- del 9/11/2017, todos de la Sala Segunda de esta Cámara Departamental; Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90; Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 40; Caso Flor Freire vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C. No. 315, párr. 186).
Analizaré en primer lugar los agravios de la citada en garantía y los demandados que refieren a la mecánica del hecho y al rechazo de la eximente de responsabilidad. Luego, evaluaré las quejas que una y otra parte realizan sobre la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios. Sobre el final, abordaré los planteos vinculados a los intereses moratorios y a la suma asegurada contemplada en la póliza que vincula a los accionados con la firma San Cristóbal.
i. Ninguno de los argumentos expuestos por los apelantes permiten demostrar un error en el modo en que el juez desestimó la eximente de responsabilidad fundada en la culpa de la víctima.
Los demandados y su aseguradora no han presentado razones suficientes para considerar que la valoración de la prueba ha sido equivocada o que, contrariamente a lo señalado en el fallo, los elementos de convicción permitan concluir que el presupuesto fáctico invocado al responder la demanda fue acreditado.
La totalidad del agravio de los recurrentes reposa en un único elemento de convicción: el ángulo de 45° en el que se habría producido la colisión. Es a partir de esta premisa que construyen todo el razonamiento mediante el cual intentan persuadir a este Tribunal de que el accidente se produjo en el momento en que los accionantes habían salido del Bosque Energético (violando, en ese supuesto escenario, la prioridad de paso que habría tenido el demandado Enríquez y demostrando el actuar culposo de la conductora del vehículo embestido).
El problema de este planteo es que carece por completo de soporte probatorio y técnico que le de fundamento. No es posible pasar de una premisa (que la colisión se dio en un ángulo de 45°) a la otra (que el accidente se produjo cuando Idoyaga ingresaba a la ruta) sin que existan motivos -científicos, técnicos o de cualquier otra índole- que justifiquen una inferencia de esas características. El ángulo de colisión no es un indicio concluyente que solo pueda tener por única explicación posible a la que postulan los recurrentes. El planteo, así expuesto, luce como una mera petición de principios donde los recurrentes presuponen una premisa que tenían la carga de acreditar mediante los elementos de convicción idóneos a tal fin (arg. art. 457 del CPCCBA).
De hecho, ese ofrecimiento probatorio existió y esa prueba se produjo, pero con resultados evidentemente contrarios a los pretendidos por los accionados.
El Ing. Spicacci fue claro al descartar por completo la explicación de los demandados cuando, al responder el pedido de explicaciones de los apelantes,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.