Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121865
En la ciudad de La Plata, a 26 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, de Lázzari, Genoud, Soria , Kogan , Torres , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios".
La Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial -Sala III- del Departamento Judicial de La Plata modificó parcialmente el fallo de primera instancia que, a su turno, cuantificó los diversos rubros resarcitorios en observancia del reenvío dispuesto en su oportunidad por el Tribunal de Alzada (v. fs. 971 y vta. y 1.101/1.109).
Se interpusieron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.113/1.125 y 1.126/1.132).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el deducido por el Fisco provincial?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Se ventila en autos un reclamo de daños y perjuicios causados por el anegamiento de un campo -de propiedad de la sociedad actora- destinado a explotación agropecuaria.
En su momento, haciendo lugar al planteo opuesto por la accionada, la juzgadora de la fase inicial declaró prescripta la acción entablada (v. fs. 924 vta.).
Apelada la decisión, la Cámara de intervención la revocó parcialmente, al considerar que el hecho desencadenante de la inundación no había sido el ingreso de las aguas en el año 1998 sino el derrumbe de las paredes (en una extensión de 1,5 km) del terraplén del Canal Jauretche ocurrido en octubre de 2001 (v. fs. 969 vta. y 970). En base a ello concluyó que al tiempo de promoverse el presente juicio -29 de septiembre de 2003- se hallaba prescripta la acción para reclamar resarcimientos anteriores al 29 de septiembre de 2001 (art. 4.037, Cód. Civ.) y, por tanto, habilitada por periodos comprendidos entre esa fecha y aquella en que los daños cesaron (v. fs. 970 vta.).
Este último pronunciamiento fue confirmado por esta Corte al rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco (v. fs. 974/986 vta. y 1.005/1.012).
Una vez devueltas las actuaciones a la instancia, la magistrada interviniente consideró que habiéndose ya pronunciado el superior respecto a la causa, la antijuridicidad y la responsabilidad fiscal por los daños y perjuicios, solo restaba expedirse en relación a la cuantía de la indemnización (v. fs. 1.025 vta.). En consecuencia, fijó los siguientes guarismos: $110.500 por daño emergente; $2.080.996,11 por lucro cesante; $178.500 por stock ganadero; $141.480 por gastos de estructura y $411.046 por arrendamientos. Al importe de condena así establecido, adicionó intereses moratorios a la tasa pasiva pagada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus diversos periodos de aplicación, desde el 29 de septiembre de 2001 hasta su efectivo pago. Con costas a la demandada (v. fs. 1.027 vta.).
II. Apelado el fallo por ambos contendientes, la Sala III de la Cámara Primera de Apelación departamental lo modificó, reduciendo el importe correspondiente al rubro arrendamientos y suprimiendo los intereses de condena, en razón de no haber sido solicitados por la interesada en su postulación, confirmando el pronunciamiento en lo demás que fuera materia de agravios (v. fs. 1.101/1.109).
En lo que interesa -a su vez- destacar en función del remedio extraordinario bajo examen, consideró que la impugnación de la actora no cumplía, en general, con el estándar técnico exigido por el art. 260 del digesto adjetivo (v. fs. 1.103 vta./1.105) y que el rubro "pérdida del valor venal del establecimiento" no había sido incluido en la pretensión inicialmente actuada, circunstancia que obstaba a su reconocimiento tardíamente articulado (v. fs. 1.105 vta.).
III. Contra esta última decisión se alza la actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación del art. 163 del Código Procesal Civil y Comercial; de la cosa juzgada, del principio de congruencia y del debido proceso, de la tutela judicial efectiva, de los principios de legalidad, realidad y razonabilidad; por no evitar ápices formales frustratorios y no meritar hechos notorios o sobrevinientes como la alta inflación. Aduce, asimismo, absurdo por apartamiento de prueba esencial y hechos conducentes y arbitrariedad, recayendo -en suma- en un pronunciamiento dogmático carente de fundamentación. Formula reserva del caso federal (v. fs. 1.113/1.125).
En apretada síntesis, se agravia por lo resuelto en relación al quantum resarcitorio y por la desestimación tanto del rubro "valor venal del inmueble" como de los intereses de condena.
IV. La impugnación no prospera.
IV.1. Esta Corte tiene dicho que si el Tribunal de Alzada, en ejercicio de facultades que le son propias, hizo una valoración de la expresión de agravios llegando a la conclusión de que no reunía los requisitos del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, resulta ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no denuncia como transgredida aquella norma ni demuestra, en punto a esa particular parcela, que la conclusión del tribunal resulta absurda (causas Ac. 53.367, "Méndez", sent. de 6-II-1996; Ac. 78.086, "Cruells", sent. de 31-III-2004; C. 104.769, "Fisco Nacional", sent. de 29-VI-2011; C. 109.047, "Primucci", sent. de 11-III-2013; C. 116.866, "Martino", sent. de 6-XI-2013; e.o.).
A la luz de esta directiva hermenéutica, y en línea con el criterio anticipado, cabe advertir que en la especie la recurrente no sólo no denuncia la violación del mencionado art. 260 del rito actuado en el fallo sino que tampoco alcanza a mostrar que la respectiva ponderación del a quo fuera el fruto del aludido quebrantamiento de las reglas del raciocinio.
Soslayando reseñas e iteraciones, así como una promiscua crítica a ambos pronunciamientos de grado, la recurrente aduce que, a diferencia de lo ponderado por el tribunal, su parte no solo hizo expresa manifestación de no inmovilizar su reclamo, sujetándolo a las resultas de la prueba a producirse (v. fs. 1.118), sino que también atacó precisamente la falsedad del argumento de falsa congruencia utilizado por la jueza liminar, especialmente a través de la denuncia de omisión de prueba esencial. Agrega que el pensamiento de dicha juzgadora era débil y falaz y por lo tanto solo se podía controvertir con la verdad, o sea con los hechos del caso, tal como habían sido probados en la pericia. No era posible tratar de debatir en serio un disparate, sino demostrar que era y es un disparate por no conciliar con la realidad del caso (v. fs. 1.118 vta.).
Explica que en la fase de apelación esgrimió la existencia de cosa juzgada por esta Corte en la causa en relación al carácter continuado del daño; contradicción entre lo probado y lo que surgía de las pericias, recayendo la decisión en una notoria minusvaloración de la cuantía económica de los daños; que se soslayó el claro pedido de reparación integral, esto es, el valor real y actual del daño a reparar, conforme la prueba pericial; que se vulneró la congruencia al no haberse emitido decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones incoadas por su parte; que por imperativo procesal precisó un importe para el reclamo, sujetándolo a la comprobación ulterior; que se omitió considerar el valor de la tierra como si no se hubiera demandado; que hubo apartamiento de la moneda estable de las valuaciones en materia agropecuaria, circunstancia que implicó una condena 6.000% inferior a la valuación actual de los daños reclamados (v. fs. 1.118 vta./1.120 vta.).
En consecuencia, concluye en que resulta falaz el argumento contenido en la sentencia acerca de que la magistrada no habría advertido intención alguna de la actora de no inmovilizar el importe de su reclamo, reduciéndolo a menos que los montos peticionados en la demanda, lo que configura una mentira imposible de defender (v. fs. 1.121).
Aduna finalmente que también es mentira que no ha habido una impugnación frontal, categórica y específica de lo actuado por la jueza. Por el contrario, se examinaron críticamente sus proposiciones y se fundó tanto en normas como en los hechos acreditados (v. fs. cit.).
Pues bien, conforme se aprecia, la recurrente no logra sobrepasar el umbral de la mera discrepancia subjetiva en materia privativa de la judicatura de grado como lo es la evaluación de los hechos y las pruebas, enfoque crítico que, sabido es, resulta en principio insuficiente para enervar el correlativo razonamiento del juzgador (doctr. art. 279, CPCC).
Es que el argumento central del fallo en relación al segmento cuestionado, permítaseme aquí reiterarlo, destacó la falta de crítica concreta y puntual del núcleo de la decisión anterior (la no sujeción de la cuantía del reclamo a lo que en más o en menos surgiera de la prueba, con la condigna observancia del principio de congruencia), agotándose la sustancia recursiva -casi en su totalidad- en la pretensión de que se apliquen los importes "actualizados" emergentes de las pericias, particularmente la agronómica. En tal contexto, relevó el tribunal la insuficiencia de la expresión de agravios (arts. 260, 384 y concs., CPCC).
Los reseñados argumentos que en esta instancia contrapone la impugnante, más allá de la expresa disconformidad con lo resuelto, no alcanzan a mostrar, con la contundencia propia del caso, que la insuficiencia postulatoria relevada por el sentenciante derivara de una inaceptable -por absurda- interpretación del escrito de expresión de agravios.
Reiteradamente esta Corte ha expresado que cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis, no basta con presentar la propia versión sobre el mérito de las mismas, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y fundamental (conf. causas C. 107.330, "Violante", sent. de 27-IV-2011; C. 99.762, "Fepetrol S.A.", sent. de 13-VII-2011; C. 120.286, "Lorenzo", sent. de 8-III-2017; C. 120.407, "Distribuidora Apholo S.A", sent. de 8-XI-2017; e.o.), déficit que no logra la interesada abastecer mediante la simple contraposición de un criterio discordante.
IV.2. No mejor suerte cabe predicar respecto de la queja esgrimida por absurda falta de reconocimiento de la pérdida del valor del establecimiento (v. fs. 1.121 y vta.).
En contrario de lo resuelto, apunta la recurrente que tanto en el escrito de demanda como en la respectiva ampliación requirió expresamente el reconocimiento del rubro, sujetando asimismo su cuantía a la respectiva determinación pericial (v. fs. cit.).
En efecto, y más allá de los pasajes de los libelos de inicio que señala en sustento de la pretensión, es lo cierto que, tal como lo ponderó el Tribunal de Alzada, de la lectura del escrito de ampliación de demanda (v. fs. 74/102), pieza en la que la interesada objetivó su reclamo -puntualmente, en cuanto a rubros e importes-, no se advierte que el capítulo resarcitorio en cuestión se hubiera consignado (v. fs. 1.105 vta.).
No resulta ocioso entonces recordar que la interpretación de escritos judiciales constituye una facultad privativa de las instancias de grado, irrevisable ante esta Corte salvo denuncia y acabada demostración de absurdo (conf. causas C. 94.841, "Calegari", sent. de 20-VIII-2008; C. 93.166, "M., O. A.", sent. de 7-X-2009 y C. 108.116, "Salas", sent. de 27-IV-2011). Mas el absurdo no se configura ante cualquier error, ni siquiera ante la apreciación opinable que aparezca como discutible u objetable; se requiere un grave vicio lógico del razonamiento o una grosera desinterpretación material de alguna prueba (conf. causas Ac. 89.701, "Echeto", sent. de 8-VI-2005 y C. 109.131, "Azurmendi", sent. de 19-XII-2012), situaciones extremas que la recurrente no logra en la especie evidenciar, sellándose así la suerte adversa de este tramo del embate (art. 279, CPCC).
IV.3. Por último, corresponde desestimar la impugnación ensayada en razón de los intereses de condena desconocidos en la sentencia recurrida (v. fs. 1.121 vta. y 1.122).
En relación a ello, la circunstancia de haberse solicitado en su momento la reparación "integral" de los daños y haberse citado expresamente el art. 1.069 del Código Civil (tales son, en suma, los argumentos traídos a ruedo por la interesada; v. fs. cit.) no alcanzan a enervar la inocultable falta de requerimiento expreso que muestran las apuntadas piezas postulatorias.
Es doctrina reiterada de esta Corte aquella que establece que si el rubro intereses no fue objeto de petición en la demanda, no puede condenarse a la accionada a cumplir una obligación que no fue motivo del juicio; de lo contrario se afectaría al principio de congruencia, en su vinculación con el derecho de defensa en juicio (conf. doctr. Ac. 69.734, "Ciresa", sent. de 14-III-2001; Ac. 84.919, "Martínez", sent. de 3-III-2004; C. 97.386, "Cobos", sent. de 2-III-2011 y C. 110.319, "S. d.M., M. G.", sent. de 15-IV-2015).
VI. Por lo expuesto, si mi opinión resulta compartida, corresponderá rechazar el presente remedio extraordinario. Con costas de esta instancia a la recurrente (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
No comparto el voto precedente, entendiendo que la impugnación prospera parcialmente.
I. Esta Corte tiene dicho que si la Cámara, en ejercicio de facultades que le son propias, hizo una valoración de la expresión de agravios llegando a la conclusión de que no reunía los requisitos del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, resulta ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no denuncia como transgredida aquella norma, ni califica de absurda esa conclusión del tribunal (conf. doctr. causas C. 103.971, "López", sent. de 18-XI-2009; C. 119.005, "Jaime", sent. de 1-VII-2015; C. 118.307, "Turismo Flecha S.R.L.", sent. de 23-V-2017; e.o.).
A la luz de esta directiva hermenéutica, se advierte que, si bien no denuncia la infracción del citado precepto adjetivo, la recurrente alcanza -a mi criterio- a mostrar el absurdo en que recayó el Tribunal de Alzada al concluir que en su expresión de agravios la apelante no se había ocupado de criticar las razones concernientes expuestas por la iudex a quo .
Al respecto, permítaseme aquí precisar que la jueza de primer grado expuso que en miras de no violentar el principio de congruencia y a fin de evitar incurrir en el instituto de la petición extra, no correspondía reconocer indemnizaciones más allá de las expresadas en la demanda. Consecuentemente, estableció diversos importes reclamados por la actora en su presentación liminar (v. fs. 1.026 y vta.).
Apelada la decisión, el superior en grado ponderó que la juzgadora anterior había dado preeminencia al principio de congruencia al no advertir la voluntad de la accionante de sujetar la cuantía de la indemnización a las resultas -en más o en menos- de la prueba a rendirse (v. fs. 1.103 vta./1.104 vta.).
Seguidamente, apreció que la sociedad apelante había atacado el fallo -casi en su totalidad- por no haber seguido los montos consignados en la pericia agronómica, arribando a la conclusión de que no se había hecho cargo argumental del señalado principal fundamento del fallo, no pudiéndose entender que la referencia aislada, circunstancial y sin desarrollo volcada a fs. 1.054 vta., segundo párrafo, pudiera abastecer los requisitos exigidos por el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 1.104 vta. y 1.105).
En la pieza de alzamiento extraordinario que aquí se analiza, La Araucana Oeste pone de relieve la discordancia lógica que a su entender existe entre la apuntada conclusión del a quo y el hecho de haber su parte efectivamente argumentado -al expresar agravios- a fin de evidenciar la falsedad del motivo expuesto por la juzgadora de la fase inicial (v. fs. 1.118 y vta.).
Arribados a este punto, se impone entonces reparar en el memorial de agravios de la actora (v. fs. 1.050/1.060), pieza que, en lo tocante, exhibe dos principales líneas de argumentación: de un lado, allí se adujo que en el fallo liminar se había desconocido la integralidad de la reparación demandada, cuya naturaleza implicaba la fijación de valores reales y actuales de los respectivos importes (v. fs. 1.051 vta.; 1.052 vta.; 1.053 vta.); por otro, se señaló el absurdo apartamiento respecto de los importes consignados pericialmente -a cuyo resultado habría de estarse conforme se lo había demandado (v. fs. 1.054 vta.)-, especialmente aquellos fijados en dólares estadounidenses, moneda de referencia para los valores de los bienes en juego (v. fs. 1.051; 1.053 vta.; 1.054; 1.056 vta./1.057 vta.).
Entiendo que en su conjunto, y a diferencia de lo ponderado en el pronunciamiento en crisis, ambas vertientes de ataque importaron una crítica suficientemente orientada hacia el basamento de la decisión anterior. En definitiva, si a fin de no violentar la congruencia ni recaer en el instituto de la petición extra, la magistrada juzgó que no correspondía reconocer importes más allá de los esgrimidos en la demanda o su ampliación, entiendo que los apuntados argumentos no hacen sino detenerse ante dicho razonamiento para controvertirlo. En efecto, al expresar la parte que pidió la reparación integral, implicando ello -a su entender- el reconocimiento de una indemnización real y actual, fácil resulta inferir la abierta contraposición de la crítica con el criterio expuesto en el fallo. Por otro lado, y si bien escueta, la referencia efectuada a fs. 1.054 vta. fue clara en cuanto allí también se dijo haber sujetado la determinación de la cuantía indemnizatoria a las resultas de la prueba. Prueba cuyo apartamiento fue a su vez calificado como dogmático, absurdo y arbitrario (v. fs. cit.).
Recapitulando: la jueza de primer grado estimó -por implicancia- que la actora no había requerido que la indemnización se fijara a valores actuales ni sujetado su cuantía a las resultas de la prueba a producirse, concluyendo en la necesidad de fijar importes que no excedieran los expresamente consignados en los escritos liminares a fin de no quebrantar los mencionados principios procesales.
Al apelar, y tal como lo he puesto de resalto, la actora claramente contradijo dicho silogismo, al postular que su parte había pedido la reparación "integral" -real y actual- de los daños, sujetando el quantum de la reparación a la prueba que resultó absurdamente soslayada en la sentencia.
No es ocioso entonces recordar que a los escritos se los debe interpretar por su contenido y no por la presencia o ausencia de fórmulas sacramentales, considerando que es el contexto lo que determina el sentido y alcance de lo pretendido (conf. causas C. 97.851, "Lopreiato", sent. de 28-XII-2010; C. 116.924, "Ligor S.A.", sent. de 7-VIII-2013 y C. 120.778, "B., N. P.", sent. de 12-VII-2017).
Sin que corresponda abrir juicio acerca del acierto o desacierto sustancial de esas críticas articuladas contra el fallo de primer orden, estimo no obstante que alcanzan las mismas a enervar -por vía del absurdo- la descalificación del recurso efectuada por el Tribunal de Alzada en los términos del art. 260 del digesto adjetivo, motivo por el que habré de proponer la revocación de esta parcela de la sentencia impugnada (arts. 384, 279 y 289, CPCC).
Nos encontramos, una vez más, ante el remanido deb
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