Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 80331
Causa N° 80.331/9 Reg.Elec. RS N° /24.
Expte. N°SM 19543/2018 Sala Segunda.
En General San Martín, a los días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada con el señor juez Dr. Carlos Ramón Lami (Ac. Ext. N° 890 del Tribunal), con la presencia del señor Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa N° 80.331, caratulada “SERRANO SANTOS ROSENDO C/ DIAZ JUAN RAMON, PALCO DISTRIBUIDORA BELGRANO S.R.L Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUE", habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces Valdi y Lami.
Conforme lo establecido por los Arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión propuesta, la señora juez Dra. Valdi, dijo:
I. La sentencia de Primera Instancia hace lugar a la demanda entablada por el Sr. SANTOS ROSENDO SERRANO contra el Sr. JUAN RAMÓN DÍAZ y PALCO DISTRIBUIDORA BELGRANO SRL y en consecuencia condena a los accionados a abonar al actor la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL ($ 4.579.000), con más los intereses dispuestos en el considerando décimo cuarto, dentro de los diez días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ejecución; hace extensiva la condena impuesta a la citada en garantía SAN CRISTÓBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES dentro de los límites de la cobertura en los términos de su contrato y de acuerdo a las previsiones del Art. 118 de la ley 17.418; impone las costas a los demandados vencidos; difiere la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad prevista por el Art. 51 del dec. ley 8.904/77 y ordena se haga saber lo resuelto a la mediadora prejudicial interviniente en autos.
II. Contra ella apelan la actora, el 30/06/22 y la demandada y citada en garantía, con fecha 01/07/22, concediéndose ambos recursos el 05/07/22.
III. Radicados los autos en esta Sala con fecha 08/07/22, el 12/07/22, se llamó a expresar agravios. La parte actora desistió de su recurso con fecha 14/07/22, y la demandada y citada en garantía expresó los suyos el 04/08/22. El 09/08/22 se corrió traslado de esta expresión, que fue contestado por la contraria el 12/08/22. Con fecha 25/08/22 se llamó autos para sentencia, decretándose una medida para mejor proveer con fecha 23/10. Esta fue cumplida el 07/02/24, volviendo por ello los autos a sentencia, previo sorteo mencionado supra.
IV. La apelante, de modo preliminar, reitera los fundamentos de la denuncia que refiere efectuada al momento de contestar la citación en garantía. Pone entonces en conocimiento esta instancia, que el presente litigio, guarda una particular similitud con un listado de procesos que se detalló seguidamente, “...en todos los cuales la línea secuencial que se desarrolla desde el presunto accidente, pasando por la atención médica primaria hasta las subsiguientes, es casi idéntica a la acaecida en autos, actuando siempre como apoderado de la actora el Dr. Leonardo Fabian Capizzano (integrante de un estudio jurídico y/o socio de los Dres. Eduardo Victor Hugo Sienra y Luis María Ambrosini -Ver poder agregado en autos-)...”. Reitera que todo esto fue oportunamente denunciado ante el Juez de la causa, “...quién lamentablemente no solo no ordenó producir ningún tipo de prueba y/o investigación al respecto, sino que guardó absoluto silencio al momento de dictar la sentencia en crisis…”.
Tal denuncia, continúa, encuentra su fundamento, básicamente, en el hecho de que, en todos los casos citados, no importa donde haya sido el accidente o el domicilio del lesionado, siempre estos son atendidos en el Hospital Dr. Raúl Larcade, y la mayoría de los informes médicos son confeccionados por el Dr. Pablo Vión.
En la mayoría de estos procesos, prosigue, existe una falta de correlación entre los primeros instrumentos médicos -caracterizados por emanar de instituciones públicas, ser espontáneos al evento accidental (en el caso el informe del SAME) y que reflejan el estado del paciente en el momento inmediato posterior al hecho-, con la restante documentación médica producida tiempo después.
Valora que el paralelismo con los procesos mencionados y la repetitiva situación, “...debieron obligar al sentenciante de grado a efectuar un exhaustivo control de la relación causalidad, para determinar si existe un vínculo directo y adecuado entre el presunto hecho y el daño, siendo que se trata del mismo tipo de reclamo (daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito) e idéntica citada en garantía, pero lamentablemente ello no fue así…En tal sentido, pese todos nuestros pedidos iniciales, nada de esto se dijo durante el curso del proceso, ni tampoco al momento de dictar la sentencia…”.
Me permito aquí reproducir el listado de tales causas: "CRISTALDO ZULMA BEATRIZ C/ LATTARO JOAQUIN ANDRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (JCC12); "MUNITZ OSVALDO LUIS C/ GOMEZ DIEGO SEBASTIAN Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (JCC6); "ROLDAN MARIANO GASTON C/ DESIMONI GUSTAVO MARCELO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (JCC4)"RODRIGUEZ MAXIMILIANO DANIEL Y OTRO C/ CASAL VERONICA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (JCC 4); "VALIENTE MARIANA BEATRIZ Y OTRO C/ BANACLOCHA JAIME SEBASTIAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (JCC1); "CARDOZO LILIA C/ CASTRONOVO AXEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (JCC1); "FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO Y OTRO C/ SAGREDO MARIO CESAR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (JCC 5); "MURGA EMANUEL JULIAN C/ MEDERO OSCAR NICOLAS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (JCC7); "LAMAISON JAVIER ENRIQUE C/ SICILIANO RUBEN NICOLAS Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (JCC10); "TABORDA ARIEL NICOLAS Y OTROS C/ REALES LUCAS EMANUEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (JCC12); "PELOSO, NICOLAS DARIO C/ BORDON, LUIS ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (JCC12); "COFRANO, MARIA MARTA Y OTRO C/ ACOSTA ANGEL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (JCC1); "URRIZOLA, IVAN Y OTRO C/ ORTIZ, CARLOS ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUCIOS" (JCC2); "SACCONE, SILVIA ALICIA C/ RUIZ, SANTIAGO ANDRÉS Y/ OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (JCC3); "OVANDO GABRIEL ALEJANDRO C/ GANDINI, JOSEFINA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (JCC10). En todos los casos se trata de Juzgados Departamentales.
Esta situación condujo a que el Tribunal dicte la medida para mejor proveer citada supra.
Seguidamente, el apelante se refiere en términos generales a la valoración de la prueba realizada en la sentencia recurrida, a su criterio errónea. Remite a los antecedentes relatados precedentemente. Entiende que en la sentencia no se ha valorado adecuadamente el diferimiento temporal existente entre la fecha de ocurrencia del hecho y la de la realización de la pericia médica, que a sazón se contradice con los restantes elementos obrantes en la causa. Sostiene que no se han valorado en el decisorio los sólidos argumentos vertidos por su parte en oportunidad de solicitar explicaciones al perito, siquiera mencionado en la sentencia. Valora que varias dolencias detectadas en la experticia, eran padecidas por el actor con anterioridad a la ocurrencia del ilícito.
A continuación se queja del monto establecido en concepto de GASTOS VARIOS, que considera elevado, entre otras razones que allí menciona, por haberse atendido mayormente el actor en instituciones públicas, y alzar de modo tan exponencial lo peticionado oportunamente en la demanda.
También considera elevado el monto conferido en concepto de INCAPACIDAD SOBREVINIENTE, remitiendo en lo esencial a las consideraciones vertidas de modo introductorio en su memorial.
Asimismo, los otorgados en concepto de DAÑO PSÍQUICO y DAÑO MORAL.
A renglón seguido, reprocha al decisorio no haber respetado el PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, y por último, se agravia en relación a la TASA DE INTERÉS establecida en aquél, solicitando se apliquen la doctrina legal de la SCBA y este Tribunal en tal sentido.
V. En su contestación de traslado de esta expresión, la accionante, peticiona el rechazo de la apelación, sosteniendo que las lesiones padecidas por el actor, se encuentran debidamente probadas en autos, a través de la prueba informativa, de la que resulta que a consecuencia del accidente el actor ha sufrido aplastamiento del tórax, y de la pericia en la materia. Hace alusión a las constancias emergentes de la HC.
Destaca la incompletud que caracteriza a las actuaciones labradas habitualmente por ante los servicios de guardia. En torno al reproche dirigido por su contraria a los montos indemnizatorios, manifiesta que obedecen a la actualización de los valores oportunamente reclamados consecuencia del tiempo transcurrido entre la demanda y la sentencia de Primera Instancia.
VI. Entrando al análisis del recurso, señalo preliminarmente que en realidad, corresponde analizar en autos las quejas concernientes a los montos indemnizatorios por INCAPACIDAD SOBREVINIENTE, DAÑO MORAL, DAÑO PSICOLÓGICO y GASTOS, y también en relación a la TASA DE INTERÉS. Pues, las protestas señaladas en el primer (“Del arbitrario tratamiento de la prueba”) y tercer (“El Principio de Congruencia - Exceso de la jurisdicción”) agravios, no se direccionan a aspectos concretos del resolutorio, sino a su sistema de fundamentación, lo cual queda comprendido en aquéllos.
Ello, en virtud de lo dispuesto por el Art. 260 del C.P.C.C., en cuanto el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas -el resaltado me pertenece-. Debiéndose entender este término, como el pronunciamiento decisivo o imperativo contenido en la sentencia.
VII. Comenzando entonces por el estudio del monto otorgado en concepto de INCAPACIDAD SOBREVINIENTE, entiendo cabe razón al apelante, debiéndose modificar la sentencia en este punto.
Comparto las objeciones que el apelante formula contra el decisorio recurrido, en cuanto no se han tenido debidamente en cuenta, al momento de cuantificar este rubro, los antecedentes de autos; la dilación temporal existente entre el hecho y la realización del dictamen; ni los argumentos vertidos por su parte en oportunidad de requerir explicaciones al perito.
Tiene dicho reiteradamente esta Sala que: “...teniendo en cuenta la dilación temporal existente entre la fecha de ocurrencia del hecho…, la realización de los estudios previos requeridos por el perito a fin de elaborar su dictamen…, así como la confección de este último, cobra especial énfasis el análisis de la documentación que acredita la atención primaria, dada su inmediatez con el acaecimiento del siniestro…”. (“VILLANUEVA MARIA ALEJANDRA C/ SARGENTO CABRAL S.A.TRANSPORTES S.A.T.A.LINEA 182 S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (E, Causa N° 81.204, 08/02/24; “ARANDA MARCELO DAMIAN C/ BRIZUELA SILVIA JUDITH S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”, Causa Nº 82.229, 01°/11/23; “FERREYRA VICTOR HUGO Y OTRO/A C/ CORREA SEBASTIAN GABRIEL Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”, Causa Nº 81.912, 04/10/23, entre otros).
En autos, el hecho aconteció el 05/08/2017, los estudios médicos complementarios requeridos por el perito datan del 18 y 22/03/22 -más de cuatro años- y el dictamen se presentó con fecha 19/04/22.
Ello, y como anticipáramos, torna imperativo analizar las constancias de atención primaria con sumo cuidado.
Reviste en tal análisis particular relevancia, la causa penal instruida en relación al hecho, IPP N° 15-00-034746-17/00, que tramitara por ante la UFI N° 4 Dptal., con intervención del Juzgado de Garantías N° 3, que reviste carácter de instrumento público y no fuera cuestionada en la oportunidad del Art. 401 C.P.C.C. (Arts. 289 Inc. “b” y 296 C.C.C., 374 C.P.C.C.).
Conforme surge de la primer actuación, la prevención se constituyó en el lugar y oportunidad del hecho solicitando ambulancia al SAME para la asistencia del Sr. SERRANO.
Es todo cuanto obra en tal expediente, relativo a su atención médica.
No obstante, encuentro fundamental destacar que dos días después, el actor compareció personalmente a la sede de la investigación, lo que descarta limitaciones severas de movilidad, partiendo de la base que tampoco él lo manifiesta, refiriendo meramente haber sufrido dolores y politraumatismos varios. En ningún momento menciona “aplastamiento” alguno. Si bien no ha de requerirse a quien no es perito en la materia, la utilización de terminología técnica, cierto es que aún en el lenguaje cotidiano, esta última dolencia merecería, conforme las reglas de la experiencia y la sana crítica, una mención más específica (Art. 384 C.P.C.C.). Esta lesión aparece mencionada en la respuesta de la informativa cursada al SAME, digitalizada con fecha 20/12/18.
De la documentación digitalizada, acompañada en la oportunidad del Art. 330 Inc. 1° del ritual, surge una constancia de atención en el Hospital Larcade el día del hecho, que sólo refiere a “cirugía”, no encontrando ninguna explicación por qué el actor habría requerido de este servicio, en todo el trámite restante del Expte. De hecho, no se lo menciona en la demanda.
A su vez, surge también que, con fecha 28/08/17 -esto es, veintitrés días después del accidente-, el actor concurrió al Hospital Larcade, no resulta claro si a guardia o consultorio externo. Allí refirió haberse realizado estudios, que conforme su descripción, difieren con los descriptos en oportunidad de comparecer a la causa penal como fuera detallado precedentemente.
En tal oportunidad, le indicaron analgésicos y estudios, mas no obra ninguna constancia en autos de que efectivamente se los haya realizado, lo que, nuevamente, contradice la alegada gravedad de las lesiones sufridas, como tampoco las lesiones de FKT.
En este sentido, tiene dicho esta Sala: “...La negligencia de una parte en acceder a los medios que habrían permitido una detección más temprana, y por ello un paliativo tal vez, de las repercusiones lesivas, no puede redundar en perjuicio de la contraria cuando no se han acreditado impedimentos al respecto. La responsabilidad por el acaecimiento de un hecho, no se extiende sin más a la magnitud que el damnificado le haya atribuido unilateralmente para definir su conducta al respecto, pues la primera tendrá que ver con la causación del daño, mas no con un agravamiento fruto de la inacción de la víctima…”. (RUBIO FRIDRICH AGUSTIN IGNACIO Y OTRO/A C/ CALDERON ALEJANDRA RAMONA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC., Causa Nº 79.996, 29/09/23).
El 05/09/17 -un mes después del hecho- el accionante se atendió por ante el Hosp. Güemes, por una fractura de costilla, que se había señalado en la atención en el Hosp. Larcade como “pequeño trazo fracturario”.
Del escrito de demanda, presentado con fecha 25/10/18, no surge elemento alguno que refuerce el reiterado “aplastamiento” al que se refiere en la contestación del traslado del memorial, y en la audiencia celebrada por este Tribunal conforme lo dispuesto por el Art. 413 C.P.C.C, sobre la que volveremos infra.
El dictamen pericial, por demás lacónico, entiendo, carece de los fundamentos técnicos esenciales que permiten sustentar en él la cuantificación del daño. En efecto, al responder las preguntas que le formularan las partes, el perito remite a las lesiones descriptas en el punto II. Mas, a poco de analizar este ítem, se advierte que en realidad, el Dr. SALVUCCI no hace más que recurrir a los antecedentes de autos, que, como ya se ha explicitado en el transcurso de este decisorio, resultan altamente laxos en haras de probar la relación causal entre el hecho y la incapacidad estimada por aquél.
También remite a este punto en lo concerniente a los tratamientos que, como adelantáramos, no existe constancia alguna de que se hayan realizado.
El tratamiento kinesiológico, está indicado como “posibilidad”, sin la más mínima conexión conceptual con el hecho de que el actor no ha acreditado realizarse uno previo, situación que, más allá de la incidencia final o no en la incapacidad, debería como mínimo haberse merituado en el dictamen, lo que, nuevamente, lo priva de solidez.
Si bien se constatan disminuciones a la movilidad, como hemos planteado, la dilación temporal notoria que guarda esta detección, con el hecho motivo de autos, obliga a un análisis exhaustivo de constancias primarias, que no ha sido adecuadamente realizado por el experto.
Este laconismo cobra especial énfasis en la conclusión, en la que el perito simplemente enuncia: “...La actora presenta incapacidad que puede guardar relación de causalidad con el infortunio de autos. 2. Justipreciamos dicha incapacidad que es de grado parcial y de carácter permanente, basado baremo del libro Agenda para las Pericias Médicas del Dr. Di Doménica, donde para las secuelas a nivel cervical, anatómicas 12% y funcional 7,5%, a nivel lumbar, anatómicas 10% y funcional en el 8%, dando un total del 37,5%(treinta y siete con cinco por ciento)...” -el resaltado es propio-.
El grado de incapacidad determinado, muy elevado por cierto, exige, dado el largo tiempo transcurrido, una determinación mucho más que potencial. Tampoco arrojan luz sobre el tema las respuestas a las restantes preguntas, que me permito transcribir: “...Puede tener problemas en un pre ocupacional. Reitero limitación funcional en el punto III2. Reitero incapacidad en la conclusión. Lesiones estéticas en el punto III2. Reitero respuesta e). Ningún otro dato…” -el resaltado me pertenece-. La posibilidad de dificultades en un preocupacional, no está ni levemente fundada, y la remisión al punto “III.2” en lo concerniente a las lesiones estéticas, es vacua porque en este ítem no se trata lesión estética alguna.
Estas cuestiones fueron señaladas por la apelante en la oportunidad del Art. 473 C.P.C.C..
Con el asesoramiento técnico del Dr. Juan Bermúdez, la apelante plantea en tal solicitud, que se ha realizado un cálculo erróneo de las incapacidades parciales.
Destaca que el informe pericial se basa mayormente en dichos de la demanda, así como también la falta de vinculación temporal entre el hecho y la incapacidad estimada, como por ende con los estudios complementarios previos al dictamen, entre los cuales, considera, etiocronológico. Entiende que no resulta posible establecer nexo etiológico, cronológico ni topográfico entre la cervicobraquialgia y la lumbalgia post traumática y el evento accidental, y controvierte también por qué el experto no ha contemplado las pre existencias del paciente.
No es posible sostener que un accidente ocurrido 5 años atrás, guarda entidad e idoneidad siniestral suficiente para generar las secuelas devinientes, ni nexo causal entre las limitaciones referidas por el perito y el siniestro, y por sobre todo se insiste en que los estudios son concluyentes demostrando lesión de partes blandas agudas no relacionadas con un traumatismo.
Tampoco se explica la sumatoria de incapacidad de forma aritmética y la diferenciación entre “cervicalgia anatómica y funcional”.
Considera que no se han consignado debidamente cuál ha sido el elemento generador con entidad lesiva; la localización en el cuerpo del accionante ni la Interrelación, mecanismo de acción, entre ambos, como tampoco el daño consecuente.
Destaca que no se han consignado los tratamientos realizados (internación, cirugía, rehabilitación, Etc), ni cuáles son las secuelas permanentes.
Menciona también que los estudios no informaron lesiones agudas en dichos segmentos anatómicos, como también, que no se ha merituado la realización de rehabilitación.
Sostiene que no se ha explicado correctamente la relación entre estos movimientos y el accidente, como tampoco por qué nunca más, podrá recuperar dichos movimientos, ni la relación de este tópico con la edad del paciente.
Entiende que por esta lesión correspondería un
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