Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 63667
Causa nº: 2-63667-2018
"MONTES CESAR ANDRES Y OTROS C/ MARTIN JULIETA MACARENA Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - AZUL
Sentencia Registro nº: 33 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veintitrés días del mes de abril del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Montes César Andrés y otros c/ Martín Julieta Macarena y otros s/ daños y perj. autom. c/ les. o muerte (exc. Estado)” (causa n° 63.667), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, arts. 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Galdós y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra - ¿Es justa la sentencia de fs. 192/201?
2da- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Sra. Jueza Dra. Longobardi dijo:
I) 1. Llegan los autos a esta instancia a fin de que se resuelvan los recursos de apelación articulados por la parte actora (fs. 205), y por la compañía aseguradora citada en garantía (fs. 207), contra la sentencia definitiva de fs.192/201. Por ese decisorio, se condenó a los accionados, Julieta Macarena Martín y Rubén Darío Martín, y, extensivamente, a la aseguradora Cooperación Seguros, a abonar a los actores, César Andrés Montes (padre de la víctima fallecida), Stella Maris López (madre) y María del Carmen Bugarin (abuela), la suma de $591.750, en razón del 75% de responsabilidad atribuida a los primeros por el fallecimiento de Carlos Alberto Montes, producto del siniestro vial ocurrido el 20/07/14, a las 15:15 hs, en la intersección de las calles Las Heras y Sarmiento de la ciudad de Rauch.
Para así decidir, relata el decisorio que conforme lo aducido en la demanda, el siniestro se produjo en ocasión en que el hijo y nieto de los actores, Carlos A. Montes, se encontraba circulando en su motocicleta (una Kawasaki 125 cc, sin dominio colocado) por calle Sarmiento, y cuando se estaba atravesando la encrucijada con calle Las Heras, fue embestido por el vehículo Peugeot 307 HMP168 conducido por la accionada Julieta Macarena Martin, falleciendo en forma inmediata como consecuencia del impacto de la cabeza contra el suelo. Refiere que la víctima contaba con prioridad de paso por circular por la derecha, y que fue embestida por el automotor, acorde resulta de los daños que se advierten en el paragolpe delantero de éste, y los daños laterales sufridos en la zona trasera izquierda de la motocicleta.
En ese marco fáctico, el a quo destaca que por sentencia firme del 17/11/16, dictada en la causa penal n° 4256/14 que tengo a la vista (Juzgado Correccional n° 1; fs. 258/261), se condenó a la Sra. Martín a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir automotores, por encontrarla autora penalmente responsable del delito de homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor. De allí que, subraya el sentenciante, no puede cuestionarse en esta sede que la muerte del motociclista fue causada por la mencionada, sin perjuicio de que, aclara, procede analizar si su “culpa” puede mitigarse a los fines resarcitorios, en razón de la concurrencia de la culpa de la víctima o de un tercero por el cual los accionados no deban responder.
Así es que, puesto a analizar los argumentos defensivos de los accionados y la citada en garantía, refiere que, como surge a fs. 104 vta. de la causa penal, no es cierto que el accionante no contara con licencia de conducir hábil para circular en su motocicleta, y que, de todos modos, ello constituiría a todo evento una infracción administrativa sin injerencia en la causación del siniestro. En relación con la excesiva velocidad que los accionados atribuyeron a la víctima, subraya que del informe técnico accidentológico de la causa penal surge que la motocicleta circulaba como mínimo a una velocidad de 34,25 km/h; que conforme el art. 51 ap. e de la Ley 24.449 (aplicable cf. art. 1 Código de Tránsito provincial), el límite máximo en encrucijada es de 30 km/h; y que, acorde el art. 77 ap. n de la misma ley, la violación de los límites de velocidad constituye falta grave con una tolerancia de hasta el 10%. De allí que considera que la velocidad de la moto al momento del accidente no influyó causalmente en la producción del siniestro.
Seguidamente, aborda la falta de uso de casco protector por parte del motociclista, y tras recordar, con cita de jurisprudencia, que ello resulta causalmente relevante en punto a las consecuencias resarcibles del accidente, refiere que el conductor llevaba un casco pero no lo traía colocado, pues se lo halló con la cinta de seguridad abrochada. Apunta que del informe de fs. 27/28 de la IPP, se desprende que la víctima “presenta traumatismo severo de cráneo, con fractura de base y hemorragia interna masiva, el cual conduce a un paro cardiorespiratorio...”. Así es que, refiere el decisorio, si bien no se ha probado que la utilización del casco hubiera evitado el deceso, sí hubiera amortiguado el golpe, por lo que su falta agravó el riesgo y creó una chance mayor de sufrir las lesiones que provocaron la muerte del Sr. Montes. De allí que pondera el obrar negligente del conductor en el daño sufrido; y determina que el nexo causal entre el hecho y el daño fue interrumpido en un 25% por ese obrar.
En punto a los montos indemnizatorios, para valuar el daño patrimonial por pérdida de chance de ayuda futura sufrido por la madre, Stella Maris López, destaca inicialmente que no procede cuantificar el valor vida mediante fórmulas matemáticas, y tiene en cuenta que al tiempo del deceso, el fallecido contaba con 25 años, era soltero, vivía con su madre, se desempeñaba como chofer (fs. 151) y percibía un sueldo neto de $10.500 (fs. 11/12). Pondera que tenía tres hermanos mayores de edad; que con la muerte de su hijo, la Sra. Stella Maris López tuvo que mudarse de su casa por no poder afrontar el alquiler; y que el fallecido ayudaba con los gastos del hogar (cf. declaraciones de fs. 13 y 14, respuesta a pregunta n° 4). En esas circunstancias, estima justo fijar por el rubro la suma de $441.000.
En punto al daño psicológico, tras destacar que no constituye una categoría indemnizatoria autónoma del daño material y el moral, y referir que, no obstante, la víctima tiene derecho a ser indemnizada de los gastos de curación y convalecencia (art. 1086 C.C.), tiene por acreditado el daño psicológico con la pericia de fs. 183 vta., y determina en concepto de gastos por tratamiento terapéutico de dos años la suma de $48.000. Finalmente, en lo tocante al daño moral, fija la suma de $120.000 para la madre, $100.000 para el padre y $80.000 para la abuela.
A fs. 205 interpone recurso de apelación la parte actora, y a fs. 207 hace lo propio la citada en garantía, Cooperación Mutual Patronal Seguros SMSG, fundándose lo recursos con las expresiones de agravios de fs. 307/311 vta. y 312/314, respectivamente.
2. En sus fundamentos, la parte actora se agravia primeramente de la disminución del 25% que efectúa el decisorio respecto de la responsabilidad de los accionados, en los términos del art. 1111 C.C. Al respecto, pone énfasis en que la víctima no sólo tenía prioridad de paso, sino que cuando el automotor la embistió ya había prácticamente sobrepasado su línea de marcha. Argumenta que conforme la pericia mecánica de la causa penal (fs. 104/105), la demandada, por desatención y excesiva velocidad, no atinó a frenar para impedir el choque. Arguye así que Carlos Montes circulaba con extrema prudencia, y que el siniestro se produjo por una notoria imprudencia –o inhabilidad conductiva- de la codemandada. En ese contexto, sostiene que la omisión de colocarse el casco carece de relevancia. Por otra parte, alega que Carlos sufrió un fortísimo golpe lateral, el que –refiere- es descripto como una de las condiciones que provoca la fractura en la base del cráneo. Explica que con el golpe lateral la cabeza realiza un latigazo que provoca la rotura en la base del cráneo -muy probablemente, agrega, antes de que la víctima golpee contra el suelo-, por lo que aún con el casco puesto, “habría ocurrido lo mismo, con muy alto grado de probabilidad” (sic. fs. 309). En suma, requiere que se suprima la responsabilidad atribuida a la víctima por sus propios daños, o se la reduzca sustancialmente.
A continuación, la parte accionante se agravia de los montos indemnizatorios fijados, por considerarlos exiguos. En lo que toca al daño patrimonial sufrido por la madre, critica que la sentencia haya considerado sólo el ingreso formal de Carlos Montes, y no, como se peticionó en la demanda, los adicionales por kilómetro, por viáticos y estadía, no registrados en sus recibos. Recuerda que la víctima era chofer de primera categoría, conforme el CCT 40/89 (conductor de larga distancia de un camión con acoplado), y afirma que le correspondían los adicionales antes referidos (cf. arts. 4.2. aps. 2 a 5 del aludido CCT), así como el adicional por control de descarga (art. 5.2.6 CCT 40/89).
Por otra parte, destaca que si bien la sentencia reconoció que el daño patrimonial de la madre era un daño actual -y no una mera chance de daño futuro-, no valoró suficientemente que el Sr. Montes vivía con su madre, la ayudaba económicamente y ansiaba comprarle una vivienda esforzándose en su trabajo para lograrlo. Argumenta que si bien la Sra. López tiene otros tres hijos, es una familia humilde y cada uno tiene sus compromisos que apenas llega a cubrir. También refiere que el padre de Carlos formó otra familia, con lo que la Sra. López sólo recibía ayuda económica de su hijo fallecido. Señala además que la tasa pasiva digital no compensa la situación inflacionaria del país, por lo que al fijarse el valor de base, deben compensarse los años de duración del proceso. Solicita así que se incremente el daño patrimonial estimado en $600.000 a la fecha del accidente.
Finalmente, la parte accionante sostiene que la cuantificación del daño moral es extremadamente exigua y peticiona que se incremente de conformidad con los montos que oportunamente se reclamaron en la demanda ($200.000 para el padre, $350.000 para la madre y $100.000 a la abuela).
3. A su turno, la citada en garantía arguye a fs. 312/314 que la incidencia de la falta de casco protector debe estimarse en un porcentaje muy superior al 25%, pues el deceso acaeció por traumatismo de cráneo severo con fractura de base y hemorragia (fs. 21 y 27/28 IPP), por lo que esa omisión ha sido la causa –cuanto menos la fundamental- de la producción del daño. Ello desde que, refiere, el casco distribuye las fuerzas concentradas sobre la cabeza y la energía del impacto, con lo que de haberlo usado, no habrían existido lesiones, o hubieran tenido una intensidad menor. Así es que entiende que debió asignarse una mayor incidencia causal a esa circunstancia, del orden del 80%. Por otra parte, la compañía aseguradora se agravia de que el decisorio haya descartado la relevancia causal del exceso de velocidad que portaba la víctima, acorde la huella de frenado de más de 13,20 metros referida en la pericia penal. Critica que se haya considerado como velocidad final la velocidad mínima de 34,25km/h referida en ese dictamen, y recuerda que los conductores de motocicletas están obligados, por el grave riesgo que importa ese medio de transporte, a adoptar precauciones mayores que los automovilistas. Por ello, entiende que la responsabilidad por el hecho dañoso debe atribuirse en mayor medida a la víctima.
Finalmente, critica la cuantificación del daño patrimonial reconocido a la Sra. López, pues arguye que no se encuentra acreditado que la víctima percibiera $10.400 mensuales, y que el decisorio tampoco determinó qué porcentaje de esos ingresos se destinaba o destinaría a la mencionada. Peticiona en tal sentido que se disminuya el monto del daño material, computándose el 20% de los aludidos ingresos, o, en su defecto, del salario mínimo, vital y móvil.
Habiéndose cumplido los trámites procesales de rigor, la causa se encuentra en condiciones de ser abordada para el dictado de la presente sentencia.
II) 1. Reseñados los antecedentes relevantes, abordaré primeramente el embate intentado por la compañía aseguradora contra la responsabilidad por el evento dañoso que la sentencia de primer grado atribuyó a la asegurada accionada, Julieta Macarena Martín.
Para ello, destaco inicialmente en punto a la normativa aplicable, que conforme lo estatuido por el art. 7 del Código Civil y Comercial, la procedencia y medida de la indemnización reclamada en autos, queda sujeta a las previsiones del Código Civil, mientras que la eventual revisión de su “quantum”, quedará sometida a lo previsto por el Código Civil y Comercial (cf. esta Sala, causas n° 59625, “Braszka, Carlos Jorge y otros....”, del 20/10/15; n° 60094, "Brut, Damián Mario...”, del 15/12/15; n° 62851, “Prener Osvaldo Adan...”, del 19/06/18, entre otras).
Referido lo anterior, señalo que la responsabilidad del caso encuadra en la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de la cosa, emanada del art. 1.113, 2° párr., última parte, del Código Civil, vigente a la época del siniestro (art. 7 CCCN). Ese precepto, aplicado expresamente por la Suprema Corte en los supuestos de colisión entre una motocicleta y un vehículo (SCBA, causas Ac. 41166, “Romero de Moreyra…”, del 10/9/91; Ac. 47958, “Rossi, Jorge c/ Donadía, Osvaldo”, del 8/6/93; esta Sala, causas nº 37031, “Ermaliuk, Héctor Gustavo...”, del 12/07/96, nº 42.348, “Fedalto, Carlos Ernesto...”, del 30/04/01; nº 45939 “Lucero Emilio Raúl y otros...”, del 25/11/03, entre otras) determina que “En los supuestos de daños causados con las cosas (….); si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá –el dueño o guardián- total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.” (lo aclarado entre guiones me pertenece).
En lo que concierne a la específica causal de eximición invocada por los accionados y su aseguradora –la conducta de la víctima-, el Máximo Tribunal local ha dicho que “La norma del 2do. ap., 2do. párr., del art. 1113 del Código Civil al hablar de la "culpa" de la víctima, o en su caso del tercero, se está refiriendo -en rigor- a la conducta de ésta como factor interruptivo de la relación de causalidad.” (SCBA; AC 84113, “Ferreira Marquez, Santiago…”, del 01/10/2003; Ac 65396, “Manes, Roberto Pedro y otro…”, del 05/04/2000, entre otros). “En otros términos, no es computable la intención motivante de la conducta; la norma se contenta con menos, pues le basta con que el intérprete juzgue que ese comportamiento tuvo eficacia para cortar el nexo causal. Si además, esa conducta significó o tradujo irresponsabilidad, negligencia, culpa, la asunción de un riesgo innecesario o no, son elementos inútiles para juzgar los supuestos de liberación de la responsabilidad contemplada por el art. citado.” (SCBA, C 101930, “Ipata, Maximiliano Julián…”, del 09/06/2010; C 97830 “Ferri, Elsa Albina…”, del 11/02/2009; C 89083, “Ayala, Fernando…”, del 12/11/2008, entre otras). Tanto es así que el nuevo Código Civil y Comercial ha previsto, como regla, al “hecho” del damnificado como eximente de la responsabilidad (art. 1729), exigiendo una mención expresa de la ley o del contrato cuando la eximente deba estar configurada por su culpa o dolo (lo que no sucede en la responsabilidad derivada de accidentes de tránsito; arts. 1769, 1757 y 1758 C.C.C.N.).
2. Sobre esa base, abordaré los agravios traídos por la compañía aseguradora en punto a la responsabilidad por la causación del siniestro; puntualmente, la falta de consideración del exceso de velocidad que habría portado la víctima (pues, como se verá, la falta de casco protector sólo tiene relevancia causal en punto a la entidad de los daños). No está discutido en autos que la víctima accedía a la encrucijada por la derecha, y que, en consecuencia, le asistía, como regla, la prioridad de paso del art. 41 de la Ley 24.449, en cuanto prevé que en las encrucijadas todo conductor debe ceder siempre el paso al que cruza desde su derecha (regla general en calles o arterias urbanas de igual jerarquía, no aplicable a las avenidas; esta Sala, causa n°61.769, “López…”, sentencia del 8/6/2017). Vale destacar que, como lo prevé el mismo texto normativo, esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante las circunstancias expresamente previstas por la norma, ninguna de las cuales se configuran en autos.
Señalado lo anterior, advierto que si bien asiste razón a la compañía recurrente en punto a que la velocidad referida en la pericia mecánica rendida en sede penal, fue una velocidad mínima de circulación (fs. 105 vta.), no menos cierto es que ninguna otra prueba se ha producido en autos que aporte un dato más exacto en relación con la velocidad que portaba la motocicleta. Incluso, no es ocioso destacar que por resolución de fs. 170/171, se declaró la negligencia de la prueba pericial mecánica que habían ofrecido los accionados y la citada en garantía en esta sede; pericia de la que hubiera podido resultar, a todo evento, una mayor precisión en punto a velocidad concreta de circulación atribuible a la víctima. Por lo demás, no puedo omitir el yerro en que incurre la citada en garantía al mencionar que en la pericia penal se refiere una huella de frenado de 13,20 mts (lo que podría hacer presumir la circulación de la víctima a una velocidad superior a la antes aludida), pues allí se refiere una huella de arrastre de 13,20m (posterior al impacto; cf. croquis de fs. 107; descripción de la mecánica del hechos de fs. 105 vta., y fotografías de fs. 40, IPP n° 4405/2015 que tengo a la vista).
Considerando entonces que la aludida velocidad mínima estimada en la pericia, supera escasamente la mínima permitida en las encrucijadas (que, como se destacó en la anterior instancia, es de 30 km/h, cf. art. 51 ap. e.1 de la Ley 24.449, aplicable cf. art. 1 Código de Tránsito provincial), corresponde otorgar plena relevancia causal al incumplimiento de la regla de la prioridad de paso de quien circula por la derecha, atento su especial función ordenatoria del tránsito vehicular. Es que, como lo ha dicho esta Sala, “si el conductor se aproxima a una encrucijada en la que debe ceder el paso, su desempeño al volante debe desarrollarse con la precaución y atención necesarias respecto de la velocidad y dominio del rodado, pues debe estar en condiciones de cumplir efectivamente con la regla que le impone ceder el cruce al rodado que se presente por la derecha. El civismo y la solidaridad en la específica actividad en que consiste compartir los lugares públicos destinados al tránsito de personas y de vehículos, exige e impone a quienes participan, la reducción sensible de la velocidad al aproximarse al cruce, precisamente, para colocarse en condiciones de cumplir la regla y dar satisfacción a quien ella beneficia. Se ha expresado que el texto del art. 57 de la ley 11.430 (...) es suficientemente claro al disponer que quien viene por la izquierda sólo podrá continuar su marcha si luego de frenar la misma hasta casi detenerla, advierte que no circulan autos con prioridad de paso (cf. SCBA, C 91.165, sentencia del 23/04/2008, “Flores”; esta Cámara Sala II, causa nº 51866, del 3/3/09, “Díaz Ana Mabel c/ El Serrano S.A y otra s/ Daños y Perjuicios”, causa nº 54.159, del 8/6/10, “Emiliozzi María E. c/ Bisignano Lucas s/ Daños y Perjuicios”)” (esta Sala, causa n° 61.880, “Araujo
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