Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 63882
En la ciudad de Azul, a los quince días del mes de agosto del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), encontrándose en uso de licencia el Dr. Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Traveller SRL y otro/a c/ NAFALE S.A. y otro/a s/ Daños y Perjuicios” (Causa n° 63.882), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, arts. 263 y 266 del CPCC, resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Peralta Reyes y Dr. Galdós.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra - ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 569/606?
2ra- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Sra. Jueza Dra. Longobardi dijo:
I. 1. Llegan los autos a esta instancia a fin de que se resuelvan los recursos de apelación incoados por la parte actora (empresas Traveller S.R.L. y Olasur S.R.L.), y demandada (empresa Nefale S.A., pues la acción contra la heredera del conductor Gustavo Ariel Piñel, su cónyuge María Cristina Pesa, fue desistida a fs. 215), contra la sentencia definitiva dictada el 17/09/18 (fs. 569/606), que hizo lugar a la indemnización de los daños y perjuicios derivados del siniestro vial ocurrido con fecha 17/05/11, y, en consecuencia, condenó a la parte demandada y a la compañía aseguradora citada en garantía (Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.), a abonar a la empresa Traveller S.R.L. la suma de $415.557 más intereses ($120.000 por daños al camión Mercedes Benz JKK730; $5000 por gastos indocumentados y $290.557 por pérdida del valor venal del aludido rodado); y a la sociedad Olasur S.R.L, la suma de $30.000 más intereses (por daños a su acoplado dominio RWJ719). Rechazó, por el contrario, lo reclamado por ambas empresas en concepto de lucro cesante.
2. Los agravios traídos a esta Alzada, no cuestionan el acogimiento de la pretensión indemnizatoria, sino lo resuelto respecto de determinados rubros indemnizatorios (la parte actora), y de la condena en costas (la parte demandada), por lo que sólo aludiré en detalle a los fundamentos de la sentencia apelada en lo tocante a esas cuestiones.
Para decidir como se indicara, el decisorio impugnado comienza referenciando en detalle los escritos postulatorios de las partes y de la citada en garantía, así como el devenir procedimental de los obrados. Seguidamente, tras determinar el régimen legal aplicable, señala que “se encuentra debidamente acreditado que el día 17 de mayo de 2011 a las 22:45 horas aproximadamente, en el tramo de la Ruta N° 65 situado en el partido de Bolívar y a 10 kilómetros de la ciudad cabecera a escasos metros de la bajada a Miramar, colisionaron el camión Mercedes Benz, dominio JKK 730 -conducido por Oscar Alfredo Huici- con la camioneta Toyota Hilux, dominio AMR 320 -guiada por Gustavo Ariel Piñel- derivando como consecuencia de ello el fallecimiento del conductor de la camioneta –según surge de la autopsia de fs. 80/90 de la I.P.P. nro. 3998/11- y daños materiales y estructurales en ambos vehículos” (fs. 575 vta./576).
Ratificada la legitimación activa y pasiva de las partes; determinada la aplicabilidad al caso de la responsabilidad objetiva por el riesgo creado; la responsabilidad del Sr. Gustavo Ariel Piñel –conductor de la camioneta de propiedad de la accionada, y víctima fatal del accidente- en la causación del evento dañoso; y descartada la exclusión de cobertura planteada por la compañía aseguradora, el decisorio se dispuso a cuantificar los daños reclamados (fs. 594 y ss.).
En lo tocante al daño emergente, la sentencia pondera, en lo fundamental, las fotografías de fs. 44/66 que ilustran el estado del camión luego del siniestro; así como el dictamen pericial de fs. 486/492 en el que se verificaron los siguientes daños: “…CHAPA: capot, paragolpes, guardabarros, parrilla, todo el lateral derecha. MECÁNICA: Puntera de chasis torcida, elástico arrancado, radiador de agua e intercooler roto, ventilador, depósito de agua, amortiguadores arrancados, filtro de aire. ELÉCTRICOS: Luces delanteras derecha. Demás daños a verificar durante la reparación…”. Pondera también que en esa pericia se determinó que “…Las reparaciones se deben presupuestar con la inspección de los vehículos siniestrados y en muchos casos corresponde también realizar un desarme para analizar los daños. Se puede estimar un piso de la reparación en $100.000 (cien mil pesos). Y se podría incrementar en un 20% al proceder al desarme para su representación…”
Respecto de los gastos de reparación del chasis del acoplado de Olasur S.R.L., valoró el presupuesto de Metalúrgica Herrera S.A., por la suma de $10.285 acompañado con la demanda (reincorporado a fs. 250/251).
En relación con el pedido de facturas de la demandada, la sentencia, con cita de Kiper, destaca que cuando el automotor no ha sido reparado por el perjudicado, la estimación del monto de la indemnización debe practicarse acorde una apreciación económica al tiempo de la sentencia y la prueba rendida. En ese marco, estima prudente fijar una suma indemnizatoria total por daño emergente de $150.000 ($120.000 por daños al camión de Traveller S.R.L. y $30.000 por los daños en el acoplado de Olasur S.R.L.).
En lo que concierne al lucro cesante, destaca que la parte actora refirió un tiempo mínimo de indisponibilidad del camión de seis meses; y que el camión realizaba fletes en forma permanente para la empresa Loma Negra CIASA, habiendo facturado durante los seis meses anteriores al siniestro la suma de $239.400; por lo que reclamó en concepto de ganancia neta perdida, la suma de $179.550.
En ese marco, el decisorio considera la facturación de Traveller S.R.L. (fs. 285/296), destacando que de ella surge que el camión Mercedes Benz 1624 dominio JKK730 se encontraba afectado al transporte de carga de la empresa entre las fechas 01/12/10 y 15/05/11, y que contribuyó a la facturación bruta por un valor sin iva de $239.400,22 durante el período 06/12/2010 al 14/05/2011 (cf. fs. 287). Pondera asimismo que acorde la pericia contable (fs. 467), la facturación mensual del camión fue: diciembre 2010, $39.045,24; enero 2011, $53.458,38; febrero 2011, $43.661,33; Marzo 2011, $40.476,61; abril 2011 $ 41.691,50; Mayo 2011 $21.614,00”; y que la empresa Olasur SRL presentó quebranto en los últimos tres años (2009, 2010 y 2011). Asimismo, consideró el decisorio que conforme esa misma pericia, la ganancia de Traveller S.R.L. de acuerdo con los balances y el detalle de la flota puesta a disposición del experto, fue en el 2009 de $81.207,82 (con 45 unidades); en el 2010 de $100.303,99 (con 46 unidades); y en el 2011 de $156.700,58 (con 50 unidades) (fs. 467).
A continuación, entiende razonable el plazo de seis meses de inutilidad denunciado por la parte actora, y destaca que a fin de determinar el lucro cesante, debe estimarse la ganancia neta. Sobre la base de lo hasta allí dicho, resuelve rechazar la procedencia del lucro cesante respecto de ambas empresas actoras. Para así resolver, respecto de Traveller SRL, el decisorio prorratea en cinco meses y medio la facturación total de $239.947,06 informada por el perito contador a fs. 461/467, arribando así a una facturación mensual promedio de $43.626,70. Seguidamente refiere que a ello "hay que quitarle el promedio de los gastos de la certificación de facturación de fs. 287/296(...) ($ 99.488.94) el cual prorrateado en los seis meses anteriores al accidente de la suma de cuarenta y seis mil ciento once pesos ($ 46.111). Concluye por ello, en un razonamiento que –adelanto- no logro desentrañar, “que en promedio el camión siniestrado sólo generó a Traveller S.R.L. un saldo negativo de dos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos ($2.485), por lo que el Suscripto considera que no se ha logrado acreditar la procedencia de este rubro..” (ver fs. 599). En lo que respecta al lucro cesante reclamado por Olasur SRL, resuelve también su rechazo por no haber la mencionada abastecido la carga probatoria que sobre ella pesaba, y en razón de que el perito contable dictaminó a fs. 466 vta./467 que, acorde sus balances, la mencionada empresa había presentado quebranto en los últimos tres años (2009, 2010 y 2011).
A renglón seguido, la sentencia hace lugar a la suma de $5000 reclamada en concepto de gastos varios indocumentados; y en lo concerniente a la indemnización pretendida por pérdida de valor venal, la admite por la suma de $290.557 respecto del camión de propiedad de Traveller SRL; no así respecto del acoplado, en razón de considerar incumplida la carga de la prueba por Olasur SRL.
Para finalizar, determina que las sumas indemnizatorias fijadas devengarán intereses moratorios a tasa pasiva digital desde la fecha del hecho hasta el cierre de la liquidación a practicarse, salvo los intereses correspondientes a las indemnizaciones por daño emergente, y pérdida de valor venal, en que se liquidarán aplicando una tasa pura del 6% anual a partir del 27 y 28 de marzo de 2017 (fecha del informe y dictamen pericial que determinaron las sumas a valores actuales).
3. En su expresión de agravios, la parte actora critica inicialmente lo resuelto en relación con el daño emergente. Cuestiona que el decisorio haya fijado una suma indemnizatoria de $150.000, similar a la resultante de los presupuestos –que datan de mayo o junio de 2011- oportunamente acompañados por su parte (los que, como se verá no obran en autos) mas haya referido que esa suma indemnizatoria fue fijada “a valores actuales” y, por ende, le haya aplicado intereses a una tasa pura (incluso, como dije, sólo a partir del 27/28 de marzo de 2017).
Argumenta que la sentencia no sólo desconoce la fecha de los presupuestos acompañados por su parte, sino también que el ingeniero mecánico Cañizo, sostuvo que había cotizado los daños a la época de la producción del siniestro. Se agravia entonces de que la sentencia haya fijado la suma reclamada por daño emergente al 2011 como si fuera al día de hoy, salteándose casi nueve años de inflación.
Por otra parte, se agravia de que se haya desestimado el rubro lucro cesante. Argumenta que ningún transportista va a poner a trabajar su camión cero kilómetro para una única empresa como Loma Negra para que le dé un saldo negativo. Señala que no se comprende cómo se le niega la reparación del lucro cesante a una empresa dedicada pura y exclusivamente al transporte; máxime existiendo profusa documentación que lo acredita. Refiere que cae por su propio peso que un camión casi 0 k, que hacía fletes a Loma Negra en forma permanente, y que durante los seis meses posteriores al siniestro no pudo rodar, debió, lógica y necesariamente, sufrir un lucro cesante importantísimo. Por ello, solicita que se haga lugar al rubro en la forma reclamada en el líbelo de inicio, con intereses desde el momento del hecho a la tasa pasiva digital.
Finalmente, en lo que atañe a la indemnización por pérdida de valor venal, peticiona que atento la enorme devaluación e inflación del año en curso, dicho rubro sea cuantificado en etapa de ejecución de sentencia, acorde el porcentaje de pérdida de valor fijado por el perito mecánico, pero a valores actuales de un camión 0 km similar al siniestrado.
4. A su turno, la demandada Nefale S.A. destaca que debió acudir a un profesional de su confianza en razón de que la compañía la había dejado en estado de indefensión. En consecuencia, considerando que la condena se ha hecho extensiva a la compañía, solicita que las costas correspondientes a su parte en relación con su letrado, sea impuestas a la aseguradora. Ello pues la condena dictada corrobora que la compañía debió asumir su defensa, y que su oportuna declinación le es inoponible por haberse realizado indebidamente.
Corrido traslado de las referidas expresiones de agravios (fs. 617) sin que ninguna de las partes lo conteste; llamados autos para sentencia (fs. 619), y practicado el sorteo de rigor (fs. 620), la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta.
II. 1. Abordaré en primer término las críticas de la parte actora a la cuantificación del daño emergente y los intereses fijados por el rubro. Respecto del camión Mercedes Benz propiedad de Traveller S.R.L., la sentencia apelada cuantificó el aludido daño en la suma de $120.000, con fundamento en la pericia electromecánica de fs. 486/492, que estimó como costo mínimo de la reparación la suma de $100.000, la que podría incrementarse en un 20% al proceder al desarme. Respecto del acoplado de Olasur S.R.L., lo cuantificó en la suma de $30.000, considerando el presupuesto de Metalúrgica Herrera S.A., que fue acompañado con la demanda, desglosado y reincorporado a fs. 250/251, y actualizado a la suma de $28.072 a fs. 546.
En su expresión de agravios, la parte actora critica que las aludidas sumas indemnizatorias (que totalizan los $150.000 fijados por el rubro), sea similar a la resultante de los presupuestos de mayo o junio de 2011 por ella acompañados al incoar la demanda, pese a habérsela fijado con la pretensión de ser a “a valores actuales”. Ello en razón de que al calificarla de ese modo, la sentencia le aplicó intereses a una tasa pura, de conformidad con la jurisprudencia del Máximo Tribunal provincial sobre la materia.
Argumenta que la sentencia no sólo desconoce la fecha de los presupuestos acompañados por su parte; sino también que el perito ingeniero electromecánico también cotizó los daños a la época de la producción del siniestro. Se agravia entonces de que la sentencia haya fijado la suma reclamada por daño emergente al 2011 como si fuera al día de hoy, salteándose casi nueve años de inflación.
2. En primer término, destaco que no resulta del todo claro si la actora pretende que se mantenga la suma indemnizatoria fijada, sólo que considerándola como determinada a valores históricos (y reemplazando, por ello, los intereses fijados a tasa pura, por intereses a tasa pasiva digital), o si pretende que se reajuste el valor de la indemnización para arribar a uno efectivamente actual; o si, por último, cualquiera de las dos alternativas resultaría de su satisfacción. No obstante, más allá de lo pretendido por la recurrente, tiene dicho la Suprema Corte que “en los juicios de daños y perjuicios los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho, como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente (art. 165, C.P.C.C.; conf. Ac. 44.415, sent. del 25-II-1992, "Acuerdos y Sentencias", 1992-I-120; Ac. 47.885, sent. del 18-V-1993), sin que ello importe una actualización dineraria (art. 10, ley 23.928, modif. ley 25.561; conf. Zavala de González, Matilde, "Actuaciones por daños", Hammurabi, 2004, págs. 297/300; Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, Félix A., "Derecho de las Obligaciones", L.E.P., 1977, t. 1, apart. XVII, p. 233 y ss.; Llambías, Jorge J., "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", Perrot, 2ª ed., 1973, t. I, p. 316 y ss., 251).” (SCBA, causa n° 101107, “Arbizu, Víctor Esteban y otros...”, del 23/03/2010; en igual sentido, causas C. 117.926, "P., M. G. y otros contra Cardozo, Martiniano Bernardino...”, del 11/02/15; C 110648, “Siete de Diciembre S.A....”, del 13/12/2017; C116139, “Club Argentino de Merlo S.A....”, del 21/02/2018, entre otras; en igual sentido; esta Sala, causa n° 63667; "Montes Cesar Andrés, y otros...”, del 23/04/19).
Y por otra parte, ha dicho este Tribunal que “abierta la competencia revisora de esta Alzada sobre la cuantificación del rubro en cuestión, este Tribunal se encuentra habilitado para revisar su justicia de conformidad con sus propios parámetros de cuantificación (arts. 164 y 272 CPCC)” (cf. esta Sala, causa cit. n° 63667, “Montes Cesar Andrés y otros...”, del 23/04/19).
Así es que, en el marco dogmático que antecede, y considerando que en la instancia anterior fue requerida por el magistrado, de oficio, la actualización del presupuesto obrante a fs. 250, y la actualización de la pérdida del valor venal del camión (lo que fue realizado a fs. 543/544 vta. y 546, a valores de marzo de 2017), me ajustaré a los valores informados a esa fecha, sin perjuicio de que el desfasaje entre esa época y la actual, sea adecuadamente compensado mediante la correcta determinación de las fechas de corte de las distintas tasas de interés que, acorde las causas “Vera” y Nidera” de la Suprema Corte, corresponde aplicar (luego volveré sobre el punto).
3. Abordaré inicialmente las críticas relativas a la cuantificación del daño emergente proveniente de la destrucción parcial del camión Mercedes Benz, propiedad de la coactora Traveller S.R.L. A esos fines, destaco que en el expediente de autos, sólo obra el presupuesto del costo de reparación correspondiente al acoplado de Olasur S.R.L. -acompañado con la demanda un presupuesto y reincorporado a fs. 250-, mas no el/los correspondientes al costo de reparación del camión (por repuestos y mano de obra; cf. fs. 67 vta.), a los que se alude en la expresión de agravios de la parte actora. Ello pese a que se habrían acompañado con la demanda (y desglosado con la restante documentación conforme constancia agregada luego de la fs. 14), atento el oficio concerniente a la prueba de su autenticidad librado a fs. 249 y vta., y respondido afirmativamente a fs. 252 por el presidente de Metalúrgica Herrera S.A.
No obstante, como se verá, esa circunstancia se ve suplida por la cuantificación en la suma de $100.000/120.000 efectuada en la pericia electromecánica de fs. 486/492, cuantificación que, en atención al monto total del daño emergente reclamado en la demanda (ver fs. 69 vta.), resultaría coincidente con el monto de los presupuestos que se habrían acompañado en su oportunidad.
Efectuadas esas convenientes aclaraciones, advierto que asiste razón a la recurrente en punto a que el decisorio no consideró que en la pericia electromecánica de fs. 486/492, la suma de $100.000 o $120.000 fue determinada a valores históricos. Ello resulta de los puntos periciales “d” y “e” evacuados a fs. 489. Así, de la respuesta al punto pericial “d”, pues el punto de la actora se refirió a los precios de mercado a la fecha de expedición de los presupuestos acompañados con la demanda; y del punto pericial “e”, pues al final de su respuesta el perito expresó que “en la actualidad un camión de la misma antigüedad que tenía el camión siniestrado a la fecha del accidente cuesta alrededor de $900.000 (novecientos mil pesos). Actualizando los valores a la fecha de esta pericia: los valores de la reparación de los daños se podrían multiplicar por tres” (fs. 489 in fine; el resaltado es propio). Por último, surge también de la respuesta brindada al punto doce de la parte demandada, cuando previo a reiterar el costo de reparación ya informado al responder a los puntos de pericia de la actora (entre $100.000 y $120.000), el experto consigna expresamente, “al momento del accidente” (fs. 491). De manera que no subsisten dudas de que esos valores informados por el experto a fs. 489 y 491, sustancialmente adoptados por la sentencia apelada como cuantía del costo de reparación del camión, corresponden a valores estimados al momento del siniestro, y no a valores actuales, ni correspondientes a la fecha del dictamen. Tan es así que, como dije, el experto refirió que ya a la fecha de su informe (06/11/15), el costo de reparación podría haberse triplicado.
En consecuencia, no resulta razonable que la cuantía del daño determinada por tal concepto en el decisorio apelado (dictado el 17/09/18), se haya fijado transcurridos más de siete años del siniestro (ocurrido el 17/05/11), en una suma prácticamente igual ($130.000) a la determinada por el experto a la fecha de l
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