Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 65478
Causa nº: 2-65478-2019
"MENDEZ SARA MABEL C/ GALLASTEGUI WALTER OMAR Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los diez días del mes de septiembre de Dos Mil Veinte, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), encontrándose excusado el Dr. Jorge Mario Galdós , con la presencia virtual del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados “Méndez, Sara Mabel c/ Gallastegui Walter Omar y otro/a s/ Daños y Perjuicios” (causa n° 65.478), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª - ¿Es procedente el recurso de apelación planteado contra la sentencia definitiva de fs. 382/389vta.?
2ª - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes dijo:
I. 1. La sentencia definitiva de fs. 382/389vta. rechazó la demanda interpuesta por Sara Mabel Méndez, contra Walter Omar Gallastegui y La Perseverancia Seguros S.A. como citada en garantía, a fin de que se reparen los daños y perjuicios que habría sufrido producto del accidente de tránsito acaecido el 20 de febrero de 2015 en la ciudad de Olavarría, a raíz del cual, según alegó la actora, habría sufrido politraumatismos, fractura de pelvis y desplazamiento de cadera, entre otros perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales descriptos en su demanda de fs. 5/8 vta. y ampliación de fs. 108/126 vta.
Conforme se destacó en el decisorio recurrido, a fs. 165/174 La Perseverancia Seguros S.A. planteó la exclusión de cobertura por falta de licencia de conducir del demandado asegurado (cf. Cláusula CG RC 2.1 apartado 9 de la póliza acompañada a fs. 156/160), y, subsidiariamente, invocó el límite de cobertura pactado y contestó demanda negando los hechos y los rubros indemnizatorios reclamados. Por su parte, añadió la sentencia, el accionado (que se encuentra detenido en penal de Villa Devoto donde fue oportunamente notificado; ver fs. 197), no se presentó al proceso, declarándose su rebeldía a fs. 201.
Considerando la investigación penal seguida en contra del demandado por el accidente de tránsito de marras ( I.P.P. 01-02-000773-15/00 que tengo a la vista, no concluida a la fecha de aquel decisorio), comienza por destacar la sentencia la aplicabilidad inmediata del art. 1775 inc. c del CCCN (dado su carácter procesal), en cuanto dispone que la acción penal no suspende la acción civil por reparación de daños cuando ésta se funda, como en el caso, en un factor objetivo de atribución.
Aclarado ello, y en lo que toca a la mecánica del accidente , valora el decisorio que conforme la pericia accidentológica y el plano obrante a fs. 49/51 de la I.P.P. (copia a fs. 379/381 de autos), el accidente de tránsito se produjo el día 20 de Febrero de 2015 , aproximadamente a las 18.30 hs . sobre la Avenida Sarmiento de la ciudad de Olavarría, a unos 35 metros de su intersección con calle Independencia, sin factores climáticos que obstaculizaran el tránsito peatonal o vehicular. Agregó que es de conocimiento de quienes residen en la ciudad, que ambas arterias presentan habitualmente un intenso tránsito vehicular en horas del día, y que la avenida posee doble sentido de circulación, con dos carriles por mano, y cuenta con un separador central de mampostería (tal como se observa en la pericia accidentológica mencionada).
Recuerda, entre otras cuestiones, que en los casos de accidentes de tránsito debe valorarse el cuadro total de conducta de todos los protagonistas; que quien tiene a su cargo la conducción de un vehículo asume sobre sí la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos más o menos imprevistos; y que el art. 1113, 2º párrafo, del Código Civil invierte la carga de la prueba en beneficio del aquí actor; sin perjuicio de que tanto a peatones como a conductores se les debe exigir prudencia y diligencia. Agrega que es doctrina de la Suprema Corte Provincial que quien tiene a su cargo la conducción de un vehículo, asume la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos más o menos imprevistos, siendo la aparición de un peatón distraído o desaprensivo un hecho que se presenta al menos ocasionalmente, debiendo estar el conductor lo suficientemente alerta como para sortear esa emergencia, salvo casos excepcionales.
Por otra parte, citando un precedente de este Tribunal (Causa nº: 594074, "Godofredo Leonardo Gregorio…”, del 26/05/2015), destaca que esa doctrina parece haber sido atenuada en un fallo dictado por la mayoría del Superior Tribunal Provincial, en el que se entendió que en el supuesto accidentes con peatones, no sólo es posible postular la configuración de la eximente cuando el peatón aparece en la línea de marcha del vehículo sin ser avistado, en forma súbita e imprevista, pues ello importaría cargar en forma casi exclusiva sobre los conductores de vehículos la responsabilidad de prever un amplio margen de conductas peatonales peligrosas, inesperadas o desaprensivas (en referencia a la causa de la S.C.B.A., C 102966, “Navarro Nélida Haydeé…”, del 9-6-10).
En ese marco dogmático, trae a colación el acta policial de fs. 1 de la causa penal, y el croquis de fs. 2 (ver fs. 376/377vta.), conforme el cual la colisión se produjo cerca del separador central de la avenida, por fuera de la senda peatonal. Agrega que la pericia accidentológica penal refirió que la motocicleta Mondial 200 cc conducida por el demandado, circulaba por el carril izquierdo (considerando la huella de arrastre impresa en el pavimento), de sudeste a noroeste; y que si bien no pudo determinarse el lugar preciso del impacto, se dictaminó que fue anterior a la caída de la motocicleta y se produjo entre el frente del vehículo y la transeúnte, cuando ésta intentaba cruzar la calzada . Añade que acorde la pericia penal no existen indicios de maniobras evasivas , y la velocidad de la moto rondaba los 48,8 km/h . Destaca que el plano acompañado con la pericia penal ubicó el comienzo de los restregones dejados en el asfalto por la moto, a unos 35 metros de la intersección con calle Independencia, cercanos al separador central de la avenida y alejados del cordón de la vereda.
Valora de modo determinante que acorde la pericia accidentológica, la embestida se produjo cuando la actora intentaba el cruce de la avenida por un lugar no permitido , es decir, por fuera de la senda peatonal (en rigor, por fuera de la continuación imaginaria de la acera pues, cf. la pericia penal, las arterias no tenían senda peatonal demarcada; ver fs. 379 vta.). Ello sin perjuicio, agrega, de que no haya podido determinarse con exactitud el lugar por el cual el peatón efectuó el cruce, ni el sentido de circulación que llevaba. Descarta así la versión de la actora de que fue embestida cuando se encontraba cerrando con llave su vehículo luego de haberlo estacionado, por considerar ello imposible acorde el ancho de la avenida (7,50 m por mano de circulación), el lugar por donde circulaba la moto (carril izquierdo, cf. lo reconocido incluso por el demandado en su absolución; ver CD de fs. 361), y la zona, próxima al separador central de la avenida, donde se produjo el impacto. Por ello, concluye que la actora llevó a cabo una conducta al menos negligente y ciertamente imprudente, como lo es acometer el cruce de una avenida por fuera de la senda peatonal, ocasionando la ruptura del nexo causal entre el hecho y el daño (art. 1113 C.C.). A continuación, desestima la relevancia de que el demandado careciera de licencia de conducir (como lo reconoció al absolver posiciones), argumentando que esa falta administrativa debe evaluarse conjugándola con la conducta de la propia víctima. Finalmente, añade que la moto circulaba a velocidad permitida acorde la pericia accidentológica penal, y que no obran elementos que evidencien una falta de control del conductor sobre el rodado que conducía. Rechaza así, íntegramente, la demanda incoada.
2. A fs. 396, la accionante interpone recurso de apelación . En su expresión de agravios de fecha 12/05/20, recuerda que acreditada la intervención activa de una cosa riesgosa, el demandado debe probar la causal liberatoria, total o parcial, de su responsabilidad. Sin embargo, destaca, el Sr. Gallastegui nunca ejerció su derecho de defensa, mientras que la citada en garantía se limitó a contestar demanda, sin desplegar una actividad judicial activa en pos de su defensa. Argumenta que la ausencia de prueba o la ignorancia de la causa del daño conlleva a la admisión total de la pretensión resarcitoria, y esgrime que la apreciación de la prueba sobre la culpa de la víctima, por cuanto desvirtúa la presunción legal del artículo 1113 C.C., debe ser estricta.
Añade que la pericia penal no pudo establecer con precisión la ubicación de la Sra. Méndez antes del impacto, y que dado que la pericia empleó términos potenciales, no es cierto que en ella se dé por sentado que el impacto se produjo cuando la actora intentaba el cruce de la avenida por un lugar no permitido. Tampoco afirmó la pericia, sostiene, que el accidente se haya producido a 30 metros de la calle Independencia, ni que el punto de impacto sea anterior al comienzo de la huella de arrastre.
Respecto de la cita en la sentencia apelada de la causa “Navarro” de la Suprema Corte (S.C.B.A., C 102966, “Navarro Nélida Haydeé..” del 9-6-10) y la causa “Godofredo” de esta Sala (causa nº 59.407, "Godofredo Leonardo Gregorio…”, del 26/05/2015), que entendieron configurada una excepción a la doctrina del “peatón distraído”, sostiene que más allá del lugar por el cual la actora huya cruzado la avenida (lo cual, a su entender, no fue probado) debe valorarse la conducta antirreglamentaria del conductor de la moto, conforme la cual la Sra. Méndez no es responsable del siniestro o al menos no en un cien por ciento.
Argumenta que acorde la Suprema Corte, al tiempo de computarse una eventual exclusión de la responsabilidad del dueño o guardián, debe valorarse el cuadro total de la conducta de todos los protagonistas, para determinar si la conducta de la víctima es excluyente de responsabilidad y en qué medida. Destaca que ello mismo fue puesto de relieve en la sentencia apelada, la que incurre así en contradicción al omitir que el demandado no tenía –nunca tuvo, acorde su absolución de posiciones- carnet habilitante, y circulaba por el carril izquierdo a una velocidad no menor a 48,8 km/h (lo que implica que la velocidad pudo ser superior a 60 km/h). Recuerda que acorde el art. 39 del Código de Tránsito los conductores deben circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. Entiende que el hecho de que el demandado no haya efectuado maniobras evasivas o de frenado, indica que no se encontraba en pleno dominio de su rodado, incumpliendo así la manda del art. 39 de la Ley 24.449, considerando además que las condiciones climáticas eran buenas. Recuerda el concepto de velocidad precautoria del art. 50 de la citada ley, y arguye que ella no fue respetada por el accionado considerando que no disminuyó su velocidad al ver a la Sra. Méndez, y que circulaba por un carril prohibido.
Agrega, a todo evento, que la presencia de la víctima no pudo ser un hecho imprevisible e inevitable, pues aún cuando se tuviera por cierto que la actora cruzó por un lugar indebido, al circular el demandado por el carril izquierdo, la actora se hallaba dentro de su campo visual. Concluye así, con cita del precedente “Loscar” de la Suprema Corte (C. 121.306, "Loscar, Oscar Alfredo…”, del 29/05/19), que no ha quedado probado que el accionar de la Sra. Méndez fue la causa exclusiva del siniestro, ni tampoco que haya sido absolutamente ajeno, imprevisible e inevitable para el conductor de la motocicleta.
En otro orden de consideraciones, se agravia de que la Jueza a quo no se haya expedido respecto de la exclusión de cobertura, planteada por la compañía aseguradora en razón de la falta de licencia de conducir del asegurado. Al respecto, pone de relieve que en su absolución de posiciones el Sr. Gallastegui afirmó que al momento de contratar el seguro, la compañía aseguradora omitió pedirle la licencia. Por ello es que, ante la ausencia de oportuna exigencia del carnet, y la percepción por la aseguradora de tres primas (cf. constancia documental y respuesta a posición tercera del accionado), argumenta que su pretensión de eximirse de responsabilidad implica invocar su propia torpeza, acorde las consideraciones ya efectuadas al contestar el traslado conferido en primera instancia (a las que se remite).
Finalmente, cita jurisprudencia conforme la cual la Alzada puede expedirse respecto del eventual vencimiento del plazo establecido en el artículo 56 de la ley 17418, aún cuando en la instancia de origen se haya omitido tal análisis.
Corrido traslado de la expresión de agravios, contestó la citada en garantía (esc. electrónico del 01/06/2020), tras lo cual, llamados los autos para sentencia, firme esa providencia, y practicado con fecha el sorteo de ley, se encuentran estos obrados en condiciones de ser resueltos.
II. A fin de abordar los agravios traídos a esta Alzada, y en atención al reiterado hincapié que la apelante efectúa en la falta de contestación de demanda y oportuna rebeldía declarada respecto del accionado (fs. 201), el que recién compareció al proceso con la absolución de posiciones videograbada a fs. 361, efectuaré algunas referencias entorno a la relevancia procesal de esa actitud.
Conforme el art. 60 del Código procesa l, mediando rebeldía de una de las partes, la sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el art. 354 inc. 1 y, en caso de duda , dicho status constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración. En ese marco, conforme inveterada doctrina de la Suprema Corte “la falta de contestación de la demanda y la consecuente declaración de contumacia no bastan por sí solas para admitir el progreso de la acción, configurando solamente una presunción que debe hallarse corroborada por la prueba producida en la causa (conf. doct. causas B. 48.678, sent. de 22-V-1984, "Acuerdos y Sentencias", 1984-I-120; L. 39.606, sent. de 10-V-1988, "Acuerdos y Sentencias", 1988-II-123; L. 48.824, sent. de 17-III-1992; C. 90.315, sent. de 6-VI-2007: C. 105.187, sent. de 15-VIII-2012).En efecto, a tenor de lo dispuesto por el (conf. doct. C. 101.536, sent. de 9-VI-2010; mi voto en C. 105.187, cit.). (…) Según se aprecia, la falta de contestación de la demanda -mediando o no declaración de rebeldía- "podrá" ser estimada como un reconocimiento de la verdad de los hechos lícitos y pertinentes expuestos en la demanda (conf. doct. art. 354 inc. 1, C.P.C.C .). De ello se infiere que el juez no se encuentra obligado a aceptar o considerar automáticamente esa verdad . La presunción por rebeldía declarada posee un carácter netamente residual, tornándose operativa sólo en caso de duda del judicante (conf. art. 60, Cód. cit.). ” (cf. SCBA, C 117091, “Jasale, José Gustavo…” del 30/10/2013; el resaltado es propio; en igual sentido; SCBA C100570, “Mohando Soto…”, del 29/04/2009; C 95527, “Liga Toldense de Fútbol…”, del 31/10/2007; AC 83124, “Gómez, Walter José…”, del 05/03/2003; Ac 66972, “Briend de Christiansen…”, del 16/02/2000, entre otras).
III. 1. Aclarado lo que antecede, recuerdo que el hecho dañoso objeto de marras, acaeció el 20 de febrero de 2015 , encontrándose vigente el derogado Código Civil , por lo que ese cuerpo de normas es que el resulta aplicable a la determinación de la eventual responsabilidad del demandado y su compañía aseguradora (art. 7 CCCN).
Sabido es que conforme inveterada jurisprudencia, receptada por el actual Código Civil y Comercial en su art. 1.769, la responsabilidad por los perjuicios derivados de accidentes de tránsito se encuadra en la responsabilidad objetiva por el “riesgo o vicio de la cosa” prevista en el artículo 1113 C.C., 2° párrafo . Ese precepto determina que “En los supuestos de daños causados con las cosas (….); si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá –el dueño o guardián- total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.” (el destacado me pertenece).
Al respecto, el Máximo Tribunal local ha dicho que “quien acciona en función del art. 1113, 2º apartado, 2º párrafo del C.C., debe probar: a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa; d) el carácter de dueño o guardián de los demandados” (S.C.B.A., Ac. 85775, “Calderucho, Roberto....”, del 24/03/04; Ac. 93337, “Suñe de Ares, Ángela...”, del 06/09/06; Ac. C101790, “Alegre, Lucía...”, del 29/04/09, entre otros).
En esta instancia, el debate se centra en la concurrencia del segundo de los apuntados recaudos; esto es la relación causal , pues acorde el decisorio apelado, tal relación se habría visto íntegramente interrumpida producto del hecho de la víctima, que al momento de ser impactada por la motocicleta del accionado, carecía de la prioridad de paso que confiere al peatón el art. 41 inc. e de la Ley 24.449 (cf. adhesión art. 1 Ley prov. 13.927) , pues se encontraba atravesando la acera en forma irregular ; es decir, por fuera de la senda peatonal o –cuando ésta no se encuentra demarcada- la prolongación longitudinal de la acera (cf. arts. 38 inc. 3 y 5 inc. t Ley 24.449 ).
Ahora bien, en materia de “culpa” de la víctima el Máximo Tribunal local, con criterio que ha sido recogido por el actual 1.729 CCCN, ha dicho que “La norma del 2do. ap., 2do. párr., del art. 1113 del Código Civil al hablar de la "culpa" de la víctima, o en su caso del tercero, se está refiriendo -en rigor- a la conducta de ésta como factor interruptivo de la relación de causalidad .” (SCBA; AC 84113, “Ferreira Marquez, Santiago…”, del 01/10/2003; Ac 65396, “Manes, Roberto Pedro y otro…”, del 05/04/2000). Ello pues “basta con que el intérprete juzgue que ese comportamiento tuvo eficacia para cortar el nexo causal. Si además, esa conducta significó o tradujo irresponsabilidad, negligencia, culpa, la asunción de un riesgo innecesario o no, son elementos inútiles para juzgar los supuestos de liberación de la responsabilidad contemplada por el art. citado.” (SCBA causas C101930, “Ipata, Maximiliano Julián…”, del 09/06/2010; C 97830. “Ferri, Elsa Albina…”, del 11/02/2009; C 89083, “Ayala, Fernando…”, del 12/11/2008; C 97577, “García, Luis…”, del 28/05/2008, Ac 89874, “Barramuño, Carlos Iván…”, del 07/02/2007; Ac 90443, “Adano, Enrique Germán…”, del 13/04/2005; Ac 86433, “Franco, Carlos Humberto…”, del 01/09/2004; AC 84442, “Scazzino, Eduardo Daniel…”, del 18/06/2003; Ac 75139, ”Gorordo, Eliseo Arnaldo…”, del 20/09/2000; esta Sala, causa nº 62.015, “Dos Santos…”, del 17/10/2017; en igual sentido, causa n° 62.332, “Muñoz”, del 22/02/18).
Concordantemente, se ha dicho con claridad que “el criterio para interpretar la concurrencia y la acreditación de las eximentes, debe ser restrictivo, por lo que la prueba liberatoria, tiene que ser fehaciente e indubitable, certera y sin margen apreciable de dudas o estados de incertidumbre, ya que la norma con finalidad social típica , ha creado factores de atribución que deben cesar sólo en casos excepcionales (Mosset Iturraspe, Jorge, Las eximentes en los accidentes de automotores, en "Responsabilidad Civil en ma
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