Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64998
Causa nº: 2-64998-2019
" SOSA VICTORIA MACARENA Y OTRA C/ BERTOLIN JUAN CARLOS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veinticinco días del mes de Agosto del año Dos Mil Veinte, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48, Ley 5.827), encontrándose en uso de licencia el Doctor Víctor Mario Peralta Reyes (Resolución SCBA N° PT462 del 19.08.20), con la presencia virtual del Secretario Claudio Marcelo Camino, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Sosa, Victoria Macarena y otro/a c/. Bertolin, Juan Carlos y otros s/. Daños y Perj.Autom. c/Les. O Muerte (Exc.Estado)" (Causa Nº 64.998), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Galdós y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación contra la resolución de fs. 149/150vta.?.
2da.- ¿Y el deducido a fs. 177 contra la resolución aclaratoria de fs. 166?.
3ra.- ¿ Corresponde expedirse en torno a la aplicabilidad del art. 730, CCCN omitida en primera instancia y oportunamente solicitada por el apelante?
4ta.- ¿Proceden los recursos interpuestos a fs. 167 y fs. 175, respectivamente, contra la resolución regulatoria de fs. 152/153?
5ta.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I.1. Victoria Macarena Sosa y Miriam Mabel Albornoz demandaron a Juan Carlos Bertolín -en tanto titular registral del automotor dominio OIJ-367 protagonista del accidente de tránsito ocurrido el 29-5-17-, y a Marcelo Nicolás Verón -conductor del vehículo al momento del hecho y dependiente del titular registral-.
Solicitaron la citación en garantía de “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.” por encontrarse el rodado con cobertura vigente por responsabilidad civil contra terceros emitida por dicha compañía (Póliza 17004-078181-0). Reclamaron $9.652.218 y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba que ofrecieron.
2. En fecha 04-6-18 compareció “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.” por medio de su apoderado Dr. Agustín Álvarez Maradona, y contestó la citación (fs. 76/91.). Admitió la vigencia del seguro al momento del hecho aunque previno que “limita la responsabilidad que le pudiera caber en autos, a los términos, extensión y límites de la mencionada póliza” (fs. 76vta.).
3. Por su parte, en fecha 25-6-18 el Dr. Jorge Martín Prioletto contestó la demanda como apoderado del titular del vehículo Juan Carlos Bertolín (fs. 100/107), y en fecha 29-6-18 hizo lo mismo pero como patrocinante del conductor Marcelo Nicolás Verón (fs. 109/116). En ambos casos solicitó que se cite en garantía a “Allianz” (fs. 106 y 115vta., 116).
4. En ese estado del juicio, los apoderados de la parte actora y el de la citada en garantía (Dres. Fairbairn y Pace, y Álvarez Maradona, respectivamente) presentaron en fecha 20-9-18 un acuerdo transaccional (fs. 125/126). En cuanto resulta de interés, acordaron que “Allianz” abonaría a la actora a raíz del accidente la suma única y definitiva de $1.950.000, y pactaron que las costas del juicio estarían “a cargo de la citada en garantía, ALLIANZ ARGENTINA S.A., a excepción de la representación letrada de los Sres. Juan Carlos Bertolín y Marcelo Nicolás Verón, las cuales se solicita a V.S. su regulación” (fs. 125/126).
5. Ese mismo día 20-9-18 el Dr. Jorge Martín Prioletto (apoderado y patrocinante de los codemandados) se impuso del acuerdo celebrado entre la actora y la citada en garantía.
Y explicó que en su momento la compañía declinó asumir la defensa -afirmando que excedía el límite de la cobertura- obligando a sus clientes a presentarse con asistencia letrada propia, tal como surge de la carta documento que la aseguradora le remitió el 22-5-18 (fs. 131). Pero habida cuenta que el monto del acuerdo transaccional no excede el límite de la cobertura contratada, sus honorarios profesionales deben cargarse a la aseguradora.
6. “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.” rechazó dicho planteo. Alegó que cuando advirtió que la demanda ascendía a $9.652.218 y que excedía, por lo tanto, el límite de la póliza contratada (que dijo ser de $6.000.000), notificó fehacientemente al asegurado a fin de que se procure su propia defensa. La aseguradora expresó textualmente que “al recibir una demanda por un monto total que excede el límite de cobertura de la póliza, mi mandante no tenía ningún tipo de obligación en ejercer la defensa del asegurado y es por ello que dirigió la misiva al Sr. Bertolín notificando fehacientemente que se declinaba la defensa”.
Con esos argumentos pidió que se impongan las costas por la asistencia legal del asegurado y del conductor, al primero de ellos. En subsidio, para el supuesto que se impongan a la compañía, pidió que sean acordes a la labor realizada y al monto de la transacción, dentro de los límites de la póliza y con la limitación prevista en el art. 505 del Código Civil, según ley 24.432 (fs. 135/136vta.).
7. En la resolución apelada de fs. 149/150vta. se ponderó que el asegurado se vio compelido a asumir su propia defensa (con el Dr. Prioletto) ya que la compañía declinó hacerlo con fundamento en que el reclamo excedía el límite de la cobertura contratada, que dijo ser de $6.000.000 (no acompañó copia de la póliza). Sin embargo, más tarde las actoras y la aseguradora arribaron a un acuerdo transaccional por la suma de $1.950.000, es decir, por un monto sustancialmente menor al límite de cobertura. Ello demuestra que la declinación de la defensa por parte de la aseguradora careció de fundamento, habiendo con ese proceder vulnerado la obligación de indemnidad para con su cliente.
De esa manera, resolvió que los honorarios devengados en la defensa de Juan Carlos Bertolín y de Marcelo Nicolás Verón serían a cargo de la citada en garantía, “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.”.
8. La citada en garantía apeló dicha resolución (fs. 167), siéndole concedido el recurso en relación (fs. 168), que fundó a fs. 179/180.
Insistió en que al momento de notificarse la demanda por $9.652.218 comunicó al asegurado que debía procurarse su propia defensa porque el reclamo excedía el límite de la póliza. Y remarcó que “al recibir una demanda por un monto total que excede el límite de cobertura de la póliza…no tenía ningún tipo de obligación de ejercer la defensa del asegurado y es por ello que dirigió la misiva al Sr. Bertolín notificando fehacientemente que se declinaba la defensa”. Pidió que se revoque la resolución apelada o, eventualmente, que las costas por la defensa del asegurado y el tercero sean acordes a la labor realizada.
II. El recurso no procede.
En los párrafos precedentes mencioné que la compañía aseguradora intentó justificar la declinación de la defensa de su asegurado en el juicio principal argumentando que la pretensión actora de $9.652.218 –o lo que en más o en menos surja de la prueba a producirse; fs. 15vta.- excedía el límite de la cobertura contratada, que dijo ser de $6.000.000 (art. 358, CPCC). Según sus propios dichos, el monto del reclamo excedía la obligación de indemnidad para con su asegurado y por lo tanto era éste quien debía procurarse su propia defensa (fs. 135). Cabe destacar que antes de presentarse en juicio la compañía ya había anticipado la actitud que habría de adoptar más tarde, dado que en la carta documento CD900651200 que en fecha 22-5-18 remitió al asegurado Juan Carlos Bertolín a raíz del sub-caso, le comunicó que “dado que el monto de la demanda excede la obligación asumida por esta Cía., nos vemos obligados a declinar ejercer vuestra defensa…debiendo el asegurado ejercer su propia defensa con un letrado de su confianza, dejando constancia que toda suma de condena, ya sea capital o costas, que exceda el límite de cobertura será a cargo exclusivo del asegurado” (fs. 131, lo resaltado ha sido agregado).
Ahora bien, con posterioridad a ello la compañía compareció a juicio (también lo hicieron el asegurado Bertolín y el conductor del vehículo Verón, aunque con asistencia letrada propia) y celebró un acuerdo transaccional con las actoras, mediante el cual se obligó a pagarles la suma única, total y definitiva de $1.950.000 (que canceló íntegramente según surge de la carta de pago de fs. 144). También pactaron los honorarios de los letrados de la parte actora en el 20% del acuerdo (más aportes e IVA), porcentaje que incluyó la regulación profesional en el proceso de medida cautelar n° 48.896. Y acordaron en dicho instrumento, además, que las costas estarían a cargo de “Allianz”, “a excepción de la representación letrada de los Sres. Juan Carlos Bertolín y Marcelo Nicolás Verón, las cuales se solicita a V.S. su regulación” (fs. 125/126). Tal como mencioné, el acuerdo celebrado entre las actoras y “Allianz” fue presentado a juicio y no recibió cuestionamiento alguno, a excepción del que es precisamente objeto de tratamiento en la presente cuestión (arts. 1641, 1642, 1643 y ccs., CCCN; fs. 125/126, 152/153).
Prontamente se advierte que la suma finalmente acordada con las actoras de $1.950.000 no excedió el límite de la cobertura contratada de $6.000.000, resultando de esa manera alcanzada por la obligación de indemnidad en cabeza de la aseguradora, conclusión que también cabe predicar respecto de los honorarios del letrado de los codemandados Bertolín y Verón.
En efecto, en oportunidad de declinar la defensa de su asegurado (mediante CD de fs. 131), la aseguradora expresó que toda suma que exceda el límite de cobertura sería a cargo del asegurado de modo tal que, habiendo la propia compañía celebrado un acuerdo transaccional por un monto sustancialmente menor a dicho límite (en concepto de capital y costas), debe hacerse cargo del pago de los gastos originados en la defensa de los codemandados Bertolín y Verón (Dr. Prioletto) que la aseguradora declinó asumir sin causa justificada, pero que claramente caen dentro del límite cuantitativo de la cobertura contratada y resultaron por lo demás necesarios para que aquéllos no cayeran en una situación de indefensión (arts. 109, 110 inc. a y 111, ley 17.418; art. 308, CPCC).
Un dato adicional que corrobora lo injustificada de la declinación de la defensa sobre la base del exceso del límite cobertura (que el devenir de la causa demostró no ser tal), es que desde el inicio mismo del pleito la aseguradora ya había insinuado que la pretensión de la actora resultaba excesiva, aspecto que puso de manifiesto en los siguientes términos textuales: “La parte actora efectúa un reclamo desmesurado”; “la improcedente y exorbitante liquidación resarcitoria pretendida”; “impugnación al monto de demanda” (entre otras afirmaciones en idéntico sentido; fs. 80, 85vta.).
Por ello resultó cuando menos apresurada la actitud de la compañía de declinar asumir la defensa de su asegurado –a la que estaba contractualmente obligada- argumentando a tales fines que el monto demandado excedía el límite de cobertura, si ya desde aquella temprana etapa del conflicto razonablemente podía avizorar que el monto demandado resultaba excesivo y que, en definitiva, caería dentro de los límites del contrato. Dicho de otro modo, la compañía debió asumir la defensa del asegurado en el entendimiento de que respondería hasta el límite de la cobertura contratada (arts. 109, 110 inc. a y 111, ley 17.418).
Por lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar la resolución apelada de fs. 149/150vta. en cuanto impuso a la citada en garantía “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.” el pago de los honorarios originados en la defensa de Juan Carlos Bertolín y de Marcelo Nicolás Verón (arts. 109, 110 inc. a, 111 y ccs., ley 17.418).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Galdós adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I.1. A tono con lo decidido previamente en la resolución de fs. 149/150 -cuando dispuso que “los honorarios que se regularán seguidamente por auto separado por la defensa asumida en autos en representación del Sr. Juan Carlos Bertolín y Marcelo Nicolás Verón, deberán ser soportados por la citada en garantía ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE SGUROS S.A.”-, la sentencia apelada de fs. 166 aclaró que la imposición de costas contenida en dicha resolución de fs. 149/150 comprende los honorarios regulados por auto separado de fs. 152/153 a “los Dres. María Mercedes Morandeira y Juan Alfredo Menendez…puesto que ellos asumieron la defensa del Sr. Juan Carlos Bertolín y Marcelo Nicolás Verón en la medida cautelar caratulada SOSA VICTORIA MACARENA S/. MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO). EXP.N°48896”.
2. La compañía aseguradora apeló la sentencia de fs. 166 (fs. 177/177vta.), siéndole concedido el recurso en relación (fs. 178).
Sustancialmente cuestionó que le impusieran el pago de las costas originadas por los trabajos profesionales de los Dres. María Mercedes Morandeira y Juan Alfredo Menéndez, habida cuenta que el asegurado fue quien voluntariamente eligió presentarse con su propia asistencia letrada en el proceso cautelar. Alegó que nunca puso en conocimiento de la compañía la existencia del proceso cautelar (le fue notificada por el juzgado), por lo que no tuvo oportunidad de asumir la defensa del asegurado. De allí que no le corresponde abonar las costas por las tareas profesionales de los Dres. Morandeira y Menéndez, que asistieron al asegurado en parte del trámite del referido expediente cautelar (cf. memorial de fs. 183/185).
II. El recurso no procede.
A diferencia de lo acontecido en el principal –en cuyo marco se acreditó que la aseguradora declinó asumir la defensa del asegurado–, en los autos incidentales caratulados “Sosa, Victoria Macarena s/. Medidas Cautelares (Traba/Levantamiento)”, n° 48.896 que tengo a la vista, no medió una manifestación en tal sentido por parte de la compañía aseguradora. Se advierte, por el contrario, que desde un comienzo el demandado-asegurado Juan Carlos Bertolín se hizo presente en juicio con asistencia letrada propia que ejercieron los Dres. Juan Alfredo Menéndez y María Mercedes Morandeira (reemplazados mucho más tarde por el Dr. Prioletto), aunque habiendo solicitado también desde un principio la citación en garantía de “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.” (fs. 124/128).
Pero en el caso, la ausencia de una declinación expresa de la defensa del asegurado por parte de la compañía no es motivo suficiente para que ésta se sustraiga al pago de las costas originadas en su defensa en el proceso cautelar, si las tareas desplegadas por los profesionales que lo asistieron se revelan necesarias, útiles y eficaces.
Es preciso tener presente que los Dres. Menéndez y Morandeira intervinieron desde el comienzo mismo del pleito en representación del demandado Juan Carlos Bertolín, resistiendo enfáticamente la pretensión actora (fs. 120/128). Los referidos letrados continuaron asistiendo jurídicamente al asegurado Bertolín luego de que la compañía aseguradora fuera anoticiada fehacientemente en fecha 19-7-17 de la existencia del proceso cautelar e, incluso, lo siguieron haciendo con posterioridad a que “Allianz” se hiciera presente en autos tomando parte de la audiencia del 02-8-17 a través de quien a la postre resultó ser su apoderado judicial, Dr. Álvarez Maradona (art. 48, CPCC; fs. 137, 146, 248/253).
Más aún, los Dres. Menéndez y Morandeira lograron obtener una morigeración de las consecuencias económicas de la tutela anticipada decretada no sólo contra Bertolín sino también contra “Allianz Argentina Cía. de Seguros S.A.” (sobre cuyas cuentas bancarias además venía haciéndose efectiva la medida; ver fs. 224/226, 241, 260, 304), a través del recurso de apelación que dedujeron con éxito contra la sentencia de primera instancia que la había concedido (fs. 208/211, 212/213; ver fs. 28/35vta., 80/102vta. del cuadernillo de apelación n° 48.896/01).
Es de destacar por lo demás, que de ningún pasaje del proceso cautelar se advierte que hubo contradicción, cuestionamiento u oposición alguna de la compañía aseguradora con relación a la estrategia o procesal diseñada por los letrados del asegurado en el marco de la cautelar, viéndose incluso beneficiada –reitero- con la mitigación lograda por éstos merced al recurso de apelación abordado oportunamente por éste tribunal (fs. 80/102vta.).
En esas condiciones, los gastos originados por la defensa particular del asegurado (Dres. Menéndez y Morandeira) se inscriben dentro de la garantía que emerge de los arts. 109, 110 y 111 de la ley 17.418, en tanto gastos útiles y necesarios que resultan razonablemente alcanzados por la obligación de indemnidad.
Por lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar la resolución apelada en cuanto impuso las costas de la medida cautelar que tramitó como expediente n° 48.896/01, a “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.” (arts. 109, 110, 111 y ccs., ley 17418; arts. 68 y 69, CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Galdós adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA TERCERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I. El apoderado judicial de “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.” se agravió del monto total de las costas impuestas a su representada, solicitando que se aplique el límite previsto en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, temática cuyo abordaje fue omitido en origen por lo que corresponde abordarla en esta sede en los términos del art. 273 del Código Procesal (fs. 135/136vta., 183/185).
II. Liminarmente cabe destacar que la última parte del art. 730 del CCyCN reproduce en sustancia el agregado que el art. 1 de la ley 24.432 hizo al art. 505 del Código Civil de Vélez (Trigo Represas, “Código Civil y Comercial Comentado”, Jorge H. Alterini, director general, Trigo Represas-Compagnucci de Caso, directores del tomo, ed. La Ley, T. IV, pág. 60).
Pues bien, en la causa 'Altuna' (L. 85.321 del 8-10-08) el Máximo Tribunal Provincial, ha cambiado la doctrina legal en torno a la cuantificación de los honorarios profesionales según el art. 505 del Código Civil. Por mayoría, se pronunció allí sobre “la constitucionalidad del art. 8 de la ley 24.432, señalando que esa norma no invade materia no delegada a la Nación, ya que el art. 277 de la ley de Contrato de Trabajo –al igual que el art. 505 del Código Civil, ambos en su nueva redacción- contienen una limitación respecto del alcance de la responsabilidad por las costas, no así respecto de los montos por honorarios profesionales. Siendo esto así, cabe interpretarse que no existe imposibilidad de regular los honorarios por los trabajos profesionales conforme las disposiciones locales; en cambio sí puede inferirse una limitación respecto de la medida en que puede afectar al deudor, teniendo en cuenta su obligación de reparación integral” (del voto del Dr. De Lázzari, que hizo mayoría). Por ello, siguiendo la doctrina de la Casación local, corresponde establecer que la regulación de honorarios debe efectuarse con aplicación de la ley arancelaria local (Dec./Ley 8.904/77 y ley 14.967), quedando para una etapa posterior la consideración del límite de responsabilidad establecido en el art. 505 del Cód. Civil", lo que así propongo al acuerdo (esta Sala, causas nº 53.403 del 23-10-09, "Andrade de Elgart…"; n° 59.602 del 08-9-15, “Prieto…”; n° 65.993 del 30-7-20, “Ottaviano…”).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Galdós adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA
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