Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 65953
Causa nº: 2-65953-2020
"SUAREZ JERONIMO JOSE HUGO Y OTRO/A C/ COALLA MILDREDA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los quince días del mes de abril de Dos Mil Veintiuno, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), se reúnen los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes , encontrándose en uso de licencia el Dr. Jorge Mario Galdós (cf. SCBA, Res. SS5374, del 14/12/202), con la presencia virtual del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados “Suarez Jerónimo José Hugo y otro/a c/ Coalla Mildreda y otros s/ Daños y Perj. Autom. c/ les. o muerte (Exc. Estado)” (causa n° 65.953). Habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes, Dr. Galdós y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1 ra - ¿Proceden los recursos de apelación planteados contra la sentencia definitiva de fs. 163/174?
2 ra - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes dijo:
I. Llegan los autos a esta instancia a fin de que se resuelvan los recursos de apelación planteados por los actores , Jerónimo Suárez y Norma Edith Suárez (esta última en representación de su hijo menor, Rodrigo Gastón Suárez); y los demandados , Mildreda Coalla y Gabriel Frassacaro, y la citada en garantía “La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales”, contra la determinación y cuantificación de los daños e intereses que efectuó la sentencia definitiva del 22/08/19 , respecto de los perjuicios sufridos por los actores a raíz del accidente de tránsito acaecido el 19/10/16 , en la ciudad de Olavarría, en la intersección de las calles Tacuarí y Buchardo.
La sentencia tuvo por acreditado (lo que llega consentido a esta instancia), que la conductora demandada, Mildreda Coalla, quien circulaba en una camioneta Chevrolet S-10, no respetó la prioridad de paso que tenía el actor Jerónimo Suárez por arribar a la encrucijada desde de la derecha en su ciclomotor IMSA TRACK (transportando también al menor Rodrigo Gastón Suárez), y consideró que no se demostró que este último condujera a exceso de velocidad. Por ello entendió a la demandada Mildreda Coalla como única responsable de la causación del siniestro vial.
En cuanto a los rubros indemnizatorios, respecto del actor Jerónimo Suárez , la sentencia hizo lugar a la reparación del daño por incapacidad psicofísica ($280.000), tratamiento psicológico ($16.800), daño moral ($150.000), daños al ciclomotor ($29.000) y privación de uso ($4.000), rechazando, por el contrario, la indemnización requerida por pérdida de valor venal. En relación con el menor transportado Rodrigo Gastón Suárez , el decisorio admitió el daño por incapacidad psíquica ($175.000), tratamiento psicológico ($14.400), daño moral ($100.000), gastos médicos, farmacéuticos y de transporte ($3.000) y gastos por movilidad ($1.000). Fijó los intereses a una tasa pura del 6% anual desde el momento del hecho y hasta la fecha del decisorio, y de allí en adelante, en caso de mora, a la tasa pasiva BIP que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
II. En su expresión de agravios del 29/09/2020, los actores critican los intereses fijados en la anterior instancia, por considerar que ellos no guardan relación con la verdadera pérdida de valor del dinero, a raíz del fenómeno público y notorio de la inflación.
Por su parte, al expresar agravios con fecha 29/09/2020, los demandados cuestionan el reconocimiento a los accionantes de una indemnización por incapacidad psíquica, así como la suma a ellos concedida en razón del daño moral (por considerarla elevada). Se agravian también de la suma de $3.000 que refieren otorgada en concepto de gastos futuros, así como de la cuantía fijada para los gastos por tratamiento psicológico.
Corrido el traslado de ley, contestan los actores (escrito del 30/10/2020), con lo que, corrida vista a la Asesoría de Incapaces, practicado el sorteo de rigor y firme el llamado de autos para sentencia, la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta.
III. Por razones de orden lógico, analizaré primero los agravios de los accionados al reconocimiento y cuantía de los rubros indemnizatorios .
1. Para criticar la concesión de una reparación por incapacidad psíquica a ambos actores, los demandados destacan que el juez sólo se fundó en el dictamen pericial psicológico, sin analizar el resto de las pruebas producidas. Subrayan que conforme la pericia médica los actores no padecen ninguna incapacidad física, y argumentan que lo psíquico debe guardar razonable relación con lo físico. Entienden que la pericia psicológica sólo se basa en los dichos de los actores y la percepción de la perito, a diferencia de la pericia médica que se basa en estudios y en la observación y análisis del cuerpo humano. Respecto del actor Jerónimo Suárez , agregan que el dictamen pericial no justifica una incapacidad del 10%, pues sólo refiere que sufrió un deterioro psíquico leve, que se manifiesta en la ruptura de la convivencia con su novia al tener que volver a vivir a la casa paterna, y en la pérdida de la moto que era su medio de trabajo y de transporte. Entienden que el argumento de la perito para fundar la incapacidad es absurdo, pues no hay prueba de que a raíz del accidente el actor se separó de su novia (ni siquiera está probado que el actor tuviera novia al momento del accidente). Pero con abstracción de ello, estiman que las relaciones humanas personales exceden un accidente de tránsito, y si el accionante se separó ello habrá sido por otras razones. Agregan, por lo demás, que en la demanda no hay ninguna mención a la afectación de la vida de pareja.
Respecto del menor Rodrigo Suarez , destacan que del dictamen pericial no se advierte el motivo de la incapacidad resuelta. Ello pues cuando se le preguntó a la perito si se había visto afectada su vida de familia o de relación, respondió que no. Si a ello se suma, añaden, la ausencia de secuelas físicas, no se advierte la razón de la incapacidad dictaminada. Argumentan que en todo caso la incapacidad psíquica debería considerarse transitoria, remediable por tratamientos, dada la ausencia actual de lesiones físicas; máxime cuando la perito determinó que con tratamiento adecuado podían aliviarse los síntomas.
Por otra parte, se agravian de la falta de precisión del decisorio en relación con el parámetro utilizado para calcular las indemnizaciones, pues si bien el juzgador enunció los parámetros a tener en cuenta para mensurarla, no detalló su composición. Por ello, esgrimen, el fallo se sustenta en un razonamiento viciado, fundado en el mero arbitrio.
En primer término, recuerdo que como lo tiene dicho esta Sala “el daño psicológico consiste en la modificación o alteración de la personalidad que se expresa a través de síntomas, inhibiciones, bloqueos etc., cuya forma más acabada de acreditación es el informe psicopatológico. No constituye un daño autónomo, debiendo ser considerado como integrando el daño material –en el rubro incapacidad-, o el daño moral” (esta Sala, causa n° 52757, “N., A. M. …”, del 13/08/09; n° 54530, “Torres, Elsa Haydée y otros…”, del 23/08/11; n° 61309, “González, Carlos Adrián...”, del 14/02/17; causa n° 62.687, "Chacón Daniela Roxana...”, del 12/04/18).
A diferencia de lo que sostienen los demandados, de la pericia psicológica practicada en autos surge respecto de ambos actores, la existencia de un grado leve de incapacidad psíquica (del 10% acorde el Baremo de Castex-Silva) producto de la existencia, en ambos casos, de un “Desarrollo Psíquico Postraumático leve” . Los demandados plantean que la ausencia de incapacidad física producto del accidente, impediría la configuración de una incapacidad psíquica. No advierto que pueda admitirse tal paralelismo estricto entre ambas dimensiones de la personalidad humana , puesto que si bien no puede dudarse de su interconexión, el daño a una de ellas no necesariamente posee manifestaciones –jurídicamente al menos- en la otra. Puntualmente, en lo que importa al caso, estimo que el hecho de que ninguna incapacidad física definitiva haya quedado en los accionantes producto del siniestro, no obsta al carácter traumático que pudo tener en ellos el evento, y a que padezcan, producto de él, un grado, aun menor, de incapacidad psíquica. De modo que tal argumento de los recurrentes no es convincente sobre el punto.
Ahora bien, sin perjuicio de lo dicho, no puedo omitir que conforme surge de la demanda (fs. 32 y vta., 33 vta., y 37 y vta.) y de las historias clínicas (fs. 18 a 20 y 153/154), y lo describe el perito médico (pericia del 2/11/18), luego del siniestro de autos “ambos actores se trasladaron por sus propios medios en busca de asistencia médica” (págs. 2 y 4). Ambos sufrieron “politraumatismos leves, con evolución favorable y restitutio ad integrum, sin secuelas anátomo funcional o estéticas ponderables” (págs. 6 y 11)… ”pudiendo deberse a impacto con baja energía ” (pág. 6). Es decir, cabe enfatizar, que los actores fueron protagonistas de un accidente automotor de gravedad menor en cuanto al impacto y a las lesiones sufridas.
Lo dicho reviste relevancia en razón de que, como se destaca en los Cuadernos de Medicina Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el daño psíquico derivado de un accidente de tránsito , “ el daño en el cuerpo adquiere un protagonismo especial y genera implicancias subjetivas. Prácticamente no existe un accidente de tránsito que no involucre, en alguna medida, la afectación en el cuerpo. La presencia de minusvalías de gravedad en el damnificado conlleva cambios sustanciales en su calidad de vida, lo afecta en su autonomía, su autovaloración, en su proyección futura y en sus vínculos interpersonales. Además es menester rescatar el valor narcisístico que adquiere el cuerpo, su integridad imaginaria quebrantada y su historia libidinal menoscabada” (cf. Lic. Silvia Castelao, Perito ad Hoc. Departamento de Psicología, El daño psíquico: delimitación conceptual y su especificidad en casos de accidentes de tránsito, mala praxis médica y duelos , en Cuadernos de Medicina Forense Argentina, Año 3 - N° 1, págs. 79-98, Bs. As. 2011; puede consultarse en el sitio web de la Corte Suprema).
De manera que en el caso, considero que les cabe razón a los accionados en punto a las posibilidades de recuperación de los actores. Si bien la pericia no informó específicamente sobre el punto (por no haber sido ello materia concreta de los puntos periciales), sí recomendó -como señalan los demandados- la realización de un tratamiento de seis meses para ambos actores, a fin de “aliviar los síntomas”. Por lo dicho, considero que en las particulares circunstancias del caso lo razonable es presumir, acorde el curso normal y ordinario de las cosas (art. 1727 CCCN), que con el tratamiento psicológico pertinente (admitido en la anterior instancia), los actores lograrán revertir las secuelas psíquicas menores que les ha dejado un accidente vial que no fue en absoluto de gravedad. Ello pues, como se dijo, el siniestro no dejó en ellos ningún tipo de resabio incapacitante o secuela física que reedite a diario el acontecimiento traumático vivido, ni los sometió a ningún tratamiento tortuoso o extenso que agrave la experiencia negativa producto de siniestro y cronifique el perjuicio psicológico (art. 384 CPCC; art. 1727 CCCN). Los actores concurrieron al hospital municipal a efectuarse los correspondientes controles; éstos les fueron efectuados no detectándose ninguna lesión de gravedad (sólo politraumatismos leves, escoriaciones y una fisura en el codo en el caso del menor Rodrigo), y retornaron a sus hogares en el mismo día, debiendo efectuar sólo tratamiento conservador y reposo. Frente a ello, admitir una incapacidad psíquica de por vida, implicaría a mi juicio forzar improcedentemente la noción de causalidad adecuada emanada del 1726 CCCN, pues un siniestro de la naturaleza descripta, no puede a mi juicio ser hábil para producir, acorde el ya citado principio de normalidad (art. 1727 CCCN) un daño psíquico irrecuperable (art. 384 CPCC).
En consecuencia, como lo ha entendido este Tribunal en otros supuestos (en que incluso se ha rechazado la existencia de incapacidad psíquica transitoria; vgr. causa n° 62.687, "Chacón Daniela Roxana...”, del 12/04/18), debo decir que la prueba pericial psicológica de autos no resulta convincente (arts. 384 y 474 CPCC) para acreditar la efectiva existencia de una incapacidad definitiva en los actores, que pueda guardar nexo adecuado de causalidad (art. 1727 C.C.) con el siniestro de autos y las lesiones, transitorias y muy menores, de él derivadas.
En razón de lo expuesto, y sin omitir que, como regla, no es dable presumir la efectividad plena de un futuro tratamiento psicológico (cf. esta Sala, causa n° 61309, “González Carlos Adrián...”, del 14/02/17), en las excepcionales circunstancias de esta litis, entiendo razonable presumir (art. 3 CCCN y arts. 163 inc. 5 y 384 CPCC) que tras la realización de la terapia de seis meses que han requerido y se ha admitido en la instancia anterior, los actores lograrán recuperar el estado de salud psíquica que poseían con antelación al siniestro.
En consecuencia, el daño material por incapacidad psíquica sólo podría abarcar los períodos transcurridos desde el hecho y hasta el tiempo prudencial necesario para que los mencionados puedan comenzar y culminar el tratamiento de seis meses que, a su requerimiento, ha integrado la cuantía resarcitoria de la sentencia apelada. De modo que, a mi juicio, la reparación a otorgar no podrá computar períodos más allá del mes octubre del corriente año, lo que equivaldría a cinco períodos indemnizatorios anuales a computar desde el momento del hecho (acaecido el 19/10/16). Siendo ello así, en el caso del menor Rodrigo, no procederá el otorgamiento de ninguna reparación por daño material derivado de incapacidad psíquica, pues el mencionado podrá culminar el aludido tratamiento psicológico antes de arribar a sus 18 años, es decir, antes de alcanzar, estimativamente, su edad económicamente productiva (arts. 384, 163 inc. 5 y 474 CPCC; arts. 3, 25, 1738, 1739, 1740 y ccds. CCCN) .
Respecto a los ingresos de Jerónimo Suárez , a diferencia del criterio utilizado en el fallo recurrido, no consideraré el estimado al momento del hecho (valores históricos), sino que tomaré el Salario Mínimo Vital y Móvil a la fecha de esta sentencia (en virtud de la falta de elementos sobre sus ingresos concretos). Este es el criterio adoptado por esta Sala desde la causa n° 62.348, “Genobés”, del 20/2/18, porque es el legalmente previsto para la cuantificación de una deuda de valor (art.772 CCCN), y porque, como lo ha señalado recientemente este Tribunal, “ha arrojado resultados razonables y equitativos” (cfr., esta Sala, causa n° 65.478, “Méndez” del 10/9/20, y causa n° 64.547, “De Souza”, del 11/2/20, con referencia a las causas n° 62.485, “Zampatti” y n° 62.567, “Gorozo”, sentencia única del 22/5/18, n° 62.749, “Moran”, del 7/8/18; n° 63.107, “Velo”, del 8/11/18; n° 63.364, “Díaz”, del 4/12/18; n° 63.882, “Aramburu”, del 17/10/19; n° 64.962, “Paris”, del 12/5/20, entre otras). Por lo demás, acorde la jurisprudencia de nuestro Superior Tribunal, el daño debe justipreciarse según la realidad económica existente al momento en que se pronuncia el fallo (S.C.B.A., causas C 58.663, “Díaz”, sent. del 13-II-1996; C 60.168, “Venialgo”, sent. del 28-X-1997 y C 59.337. “Quiroga”, sent. del 17-II-1998, citados en C 120.536, “Vera”, del 18-4-18).
Ahora sí, con las precisiones hasta aquí efectuadas, para cuantificar la indemnización por el daño material derivado de la incapacidad psíquica de Jerónimo, aplicaré la fórmula matemática de cálculo de renta constante no perpetua, empleada por esta Sala en numerosos precedentes (causa n° 61.309, “González” del 14/2/17, causa n° 63.914, “Lazarte”, del 30/4/19, entre muchas otras). Dicha fórmula se enuncia del siguiente modo:
(1 + i) n – 1
C= A x _________
i (1 + I )n
Donde: “C” es el capital a determinar, “A” el ingreso anual potencialmente afectado, “i” la tasa de descuento anual, y “n” el número de períodos restantes hasta el límite de la edad productiva de la víctima.
Aplicaré dicha fórmula considerando la edad de Jerónimo al momento del siniestro (27 años); el ingreso mensual estimado en un salario mínimo vital y móvil actual ($21.600, conf. Resolución 4/2020 CEP y SMVM), una incapacidad psíquica parcial del 10% hasta la edad de 32 años (en razón de lo referido en punto a los períodos indemnizatorios); y una tasa de descuento del 4% anual. Con estos elementos se obtienen los siguientes datos: Ingreso anual esperado: $259.200, edad al momento del hecho: 27 años, edad hasta la que se computarán ingresos: 32 años, períodos anuales restantes: 5, porcentaje de incapacidad: 10%, ingreso anual potencialmente afectado: $25.920, tasa de descuento expresada como porcentaje y decimalizada: 4,00%. Realizado el cálculo matemático con la fórmula precitada, se obtiene una indemnización por daño material derivado de incapacidad psíquica de $115.391,23.
Considero que el referido resultado, que no corresponde adoptar automáticamente (esta Sala, causas n° 61.309, “González”, del 14/2/17; n° 61.209, “Otalora”, del 21/2/17; n° 64.824, “Castro”, del 17/3/20; n° 64.962, “Paris”, del 12/5/20; n° 65.478, “Mendez”, del 10/9/20, entre otras), es ajustado a las circunstancias particulares del caso, ponderadas según los datos de la realidad económica actual, los antecedentes de este tribunal, y el parámetro orientativo general proveniente de los montos indemnizatorios mínimos previstos para las incapacidades laborales en el sistema de riesgos del trabajo (esta Sala, causas n° 63.914, “Lazarte”, del 30/4/19, n° 65.478, “Méndez”, del 10-9-20, entre otras).
En consecuencia, propongo hacer parcialmente lugar al recurso de apelación de los accionados y la citada en garantía, dejando sin efecto la reparación por daño patrimonial por incapacidad psíquica conferida al actor Rodrigo Gastón Suárez, y disminuyendo a la suma de $115.400 la concedida en tal concepto a Jerónimo Suárez (arts. 1, 3, 5, 7, 25, 772, 1716, 1727, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1744, 1746 y ccs. del C.C.C.N.; arts. 163 inc.5, 165, 375, 384, 474 y ccs. del C.P.C.C.).
2. En lo que concierne al daño moral , los demandados entienden que la sentencia no ha referido el modo en que arribó a las sumas de $150.000 y $100.000 concedidas para Jerónimo y Rodrigo, respectivamente.
Para cuantificar el presente rubro, recuerdo inicialmente que la Suprema Corte Provincial tiene dicho que el daño moral es “todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra y como tal debe ser indemnizado” (S.C.B.A., causas L58812, 25/3/97, “Obregón”, D.J.B.A. 152, 274-284; L65757, 23/2/2000, “Villagrán”, D.J.B.A. 158, 85; L68063, 21/6/2000 “Montovio”). Más específicamente, ha señalado que “el daño moral constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, es su alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona sobre el cual los demás no pueden avanzar; de manera que todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra configura un daño moral” (S.C.B.A. Ac. L55728, 19/9/95, “Toledo”, A.y S. 1995 III, 635; Ac.53110, 20/9/94, “Colman”, D.J.B.A
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.