Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa JU 1331 2019
Indemnización de la incapacidad sobreviniente por los períodos anteriores a la sentencia
Expte. N°: JU-1331-2019 OJEDA MAIRA JAZMIN Y OTRO/A C/ FRANA ARIEL HORACIO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
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En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-1331-2019 caratulada: "OJEDA MAIRA JAZMIN Y OTRO/A C/ FRANA ARIEL HORACIO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Volta y Guardiola.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Castro Durán dijo:
I. En fecha 22/6/2022, la Sra. Jueza subrogante a cargo del Juzgado de primera instancia n° 3, Dra. María Luz Rodríguez Traversa, dictó sentencia, por la que receptó la pretensión deducida por Catalina Mariana Verón Bono y Maira Jazmín Ojeda, esta última por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad Zoe Kimey Giordano, contra Ariel Horacio Frana, condenando al mismo y a "Provincia Seguros S.A.", ésta en los términos de la cobertura vigente al momento del hecho, a abonar en el plazo de diez días: 1] a Maira Jazmín Ojeda, la suma de $ 4.000.984,89, comprensiva de las siguientes indemnizaciones: de $ 20.390 por los gastos de reparación de la motocicleta, de $ 3.180.594,89 por incapacidad sobreviniente, y de $ 800.000 por daño moral; 2] a Zoe Kimey Giordano, la suma de $ 700.000 en concepto de indemnización del daño moral; y 3] a Catalina Mariana Verón Bono, la suma de $ 501.467,71, comprensiva de las siguientes indemnizaciones: de $ 401.467,71 por incapacidad sobreviniente y de $100.000 por daño moral; todas ellas con más intereses. Rechazó el reclamo indemnizatorio por incapacidad sobreviniente de Zoe Kimey Giordano. Impuso las costas al demandado y difirió la regulación de honorarios profesionales.
De tal modo, la sentenciante de primera instancia se expidió respecto de la pretensión encaminada a la indemnización de los daños que alegaron haber padecido las accionantes, a causa de la colisión producida entre la motocicleta guiada por una de ellas, en la que eran transportadas las restantes, y la camioneta conducida por el demandado.
II. Contra este pronunciamiento, la Dra. Belén Masci, en su carácter de letrada patrocinante del Dr. León Rodrigo Álvarez, apoderado de la citada en garantía, interpuso apelación en fecha 24/6/2022, e idénticas impugnaciones dedujeron el 27/6/2022 Maira Jazmín Ojea, por su propio derecho y en representación de su hija, y el 28/6/2022, Catalina Mariana Verón Bono.
III. Concedidos libremente dichos recursos, la causa fue remitida a esta Cámara, recibiéndose en fecha 22/12/2022 la expresión de agravios presentada por las accionantes, y en fecha 2/2/2023, la presentada por el Dr. Álvarez en representación de la citada en garantía.
IV. En la primera de dichas presentaciones, Catalina Mariana Verón Bono y Maira Jazmín Ojeda, por derecho propio, impugnaron las indemnizaciones que les fueron concedidas por incapacidad sobreviniente y daño moral; en tanto que esta última, en representación de su hija, impugnó la indemnización que le fue concedida a la misma, por daño moral. Asimismo, se agraviaron de los intereses aplicados a las sumas indemnizatorias.
V. En la restante expresión de agravios, el Dr. Álvarez impugnó, en primer lugar, la responsabilidad atribuida al demandado; y subsidiariamente, las indemnizaciones que les fueron concedidas a las accionantes, por daño moral. Asimismo, solicitó la aplicación del artículo 730 del Código Civil y Comercial.
VI. Corrido traslado de las respectivas expresiones de agravios, las accionantes lo contestaron en fecha 8/2/2023, y el Dr. Álvarez, lo hizo en fecha 10/2/2023, solicitándose en cada una de tales contestaciones la desestimación de la apelación de la contraria; en tanto que el demandado guardó silencio; luego de lo cual, previo dictamen del Asesor de Incapaces, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.
VII. En tal labor, paso al tratamiento de los distintos agravios.
A) Comienzo por el agravio dirigido por el Dr. Álvarez contra la responsabilidad atribuida al demandado.
a] A tal efecto, creo oportuno recordar:
i. Que la sentenciante de origen tuvo por probado el acaecimiento del accidente vial invocado por las accionantes como causa de su pretensión; lo enmarcó en el régimen de responsabilidad objetiva por el riesgo de las cosas; y finalmente, asignó al demandado la absoluta responsabilidad emergente del mismo.
Para adoptar tal decisión, se apoyó en los dictámenes presentados, en este proceso, por el perito ingeniero mecánico Horacio Luis Killinger, y en la investigación penal preparatoria, por el oficial ayudante Leandro Durán; elementos con los que tuvo por acreditado que el demandado, conduciendo su camioneta por la calle Tedín, embistió a la motocicleta que se desplazaba por la avenida Arias.
Continuó diciendo que la conductora de la motocicleta tenía prioridad de paso, por ir circulando por la avenida Arias; y concluyó afirmando que, al no haber acreditado el demandado la alegada interrupción del nexo causal por el hecho de aquella, corresponde atribuirle al mismo, la total responsabilidad derivada del hecho de autos.
ii. Que el Dr. Álvarez se agravió por la responsabilidad asignada al demandado, solicitando que se exima de responsabilidad al mismo, extendiéndose tal eximición a su mandante.
Expuso que la condena al demandado está fundada en una errónea apreciación de los hechos y la prueba.
Agregó que la sentenciante, al emitir el pronunciamiento impugnado, no respetó el principio de congruencia, dado que omitió el tratamiento del planteo introducido en la contestación de la citación en garantía, sustentado en la impericia de las actoras, configurada por la circulación de tres personas en la motocicleta, exceso de transportados que supone una sobrecarga de posibilidades y una infracción a los artículos 77 de la ley 24.449 y 40 del decreto 32/2018, reglamentario de la misma.
Continuó diciendo que las actoras tampoco adoptaron las precauciones que exige la conducción de un vehículo inestable, como lo es una motocicleta.
Finalmente, señaló que la impericia también se vio reflejada en que una de las personas transportadas, era una niña de dos años.
b] A fin de resolver este agravio, considero útil señalar que el caso de autos ha sido encuadrado normativamente en forma correcta, al ser subsumido en el régimen de responsabilidad objetiva por el riesgo de las cosas establecido en el artículo 1757 del Código Civil y Comercial, al que remite el artículo 1769 del mismo cuerpo legal, previsto para la responsabilidad derivada de los accidentes de tránsito.
Sentado ello, queda en claro que en el caso de autos, el factor de atribución de responsabilidad es objetivo, en base al riesgo creado por la intervención activa de una cosa.
De acuerdo al régimen establecido en el aludido artículo 1757, las accionantes deben probar: la existencia del daño; el riesgo de la cosa; la relación de causalidad entre uno y otro, exteriorizada por la intervención activa de la cosa; y que el litigante contrario es dueño o guardián de la misma (arts. 1734, 1736 y 1744 CCyC).
En este caso, en virtud del reconocimiento efectuado por los legitimados pasivos, del acaecimiento de la colisión producida entre la motocicleta y la camioneta, no caben dudas de que deben tenerse por acreditados tales requisitos (arts. 1729 y 1736 CCyC).
Entonces, cumplida tal carga probatoria por la parte actora, los legitimados pasivos, para eximirse de responsabilidad, deben demostrar la alegada interrupción del nexo causal producida por el hecho de la conductora de la motocicleta.
Para determinar si la citada en garantía logró acreditar la fractura de la relación causal, resulta trascendente mencionar que, por falta de agravios, arribó firme a esta instancia revisora: por un lado, que la conductora de la motocicleta contaba con prioridad de paso, por ir transitando por la avenida Arias, arteria de superior jerarquía a la de la calle Tedín, por la que circulaba el demandado en la camioneta; y por otro lado, que esta última fue el vehículo embestidor.
Ante esta inconmovible plataforma fáctica, la citada en garantía alegó como eximente de responsabilidad, el hecho de la motociclista accionante, configurado porque en la motocicleta se desplazaban tres personas, siendo una de ellas, una niña de dos años de edad.
En primer lugar, cabe señalar que asiste razón a la citada en garantía, en cuanto a que la sentenciante omitió el tratamiento de este planteo defensivo; motivo por el cual, ejerciendo la facultad conferida a los tribunales de alzada en el artículo 273 del Código Procesal, paso al tratamiento del mismo, atendiendo al expreso requerimiento formulado al efecto.
En tal tarea, es útil señalar que el exceso de transportados en la motocicleta, constituye una infracción administrativa (arts. 40 inc. g] ley 24.449; 14 inc. g] 3.2 decreto reglamentario 532/09 anexo III), que no determina automáticamente la relevancia causal del hecho de la infractora, sino que sólo puede dar lugar a la presunción de la existencia de dificultades en el manejo y dominio de la motocicleta.
Pero en este caso dicha presunción quedó desvirtuada.
Arribo a esta conclusión, evaluando conjuntamente los dictámenes del perito ingeniero mecánico Horacio Luis Killinger y del técnico superior en accidentología vial Leandro Verón, con los que tengo por acreditado que el demandado, circulando por la calle Tedín, inició el cruce de la avenida Arias sin detener la camioneta, embistiendo perpendicularmente a la motocicleta (ver dictamen pericial presentado en autos en fecha 28/09/2020 y dictamen pericial de fs. 70/73 de la IPP acompañada en archivo adjunto al oficio recibido en fecha 9/9/2021).
Con esta recreada mecánica del accidente, queda descartada cualquier incidencia en su causación, del exceso de personas transportadas en la motocicleta; ya que en este tipo de vehículos es posible llevar un acompañante (art. 14 inc. g] 3.2 decreto reglamentario 532/09 anexo III), y la restante transportada, era una niña de un año y ocho meses (ver fs. 16 del presente expediente), cuyo pequeño cuerpo evidentemente no dificulta la normal maniobrabilidad de una motocicleta como la retratada en las fotografías de fs. 15 de la investigación penal preparatoria.
En consecuencia, no habiendo quedado acreditado un hecho de las accionantes con incidencia causal en la producción del accidente, cabe concluir en que la causa exclusiva del mismo, ha sido la irrupción sorpresiva del automóvil, interponiéndose en la línea de marcha prioritaria de la motocicleta, en cuya conducción no hubo impericia ni pérdida de control.
En síntesis, el exceso de personas transportadas en la motocicleta, sólo implicó una infracción reglamentaria carente de relevancia causal, desde que su existencia resultó indiferente en la producción del accidente y en la causación de los daños, cuya causa exclusiva ha sido el riesgo de la camioneta.
Como corolario de lo expuesto precedentemente, la desestimación del agravio en tratamiento, se impone (arts. 1729, 1734, 1736 y 1744 CCyC).
B) Confirmada la responsabilidad atribuida al demandado, paso al tratamiento de los agravios referidos a las indemnizaciones otorgadas al actor.
1. Empiezo por los agravios dirigidos por Maira Jazmín Ojeda y Catalina Mariana Verón Bono, contra las indemnizaciones que les fueron concedidas por incapacidad sobreviniente.
a] A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que la sentenciante de origen fijó las indemnizaciones en revisión, en la suma de $ 3.180.594,89, para la accionante Ojeda, y en la suma de $ 401.467,71, para su litisconsorte Verón Bono; importes que surgieron de la aplicación de sendas fórmulas matemático actuariales.
Entre los datos volcados en dichas fórmulas, sólo interesa a los efectos de los agravios en tratamiento, el relativo a los ingresos anuales de las actoras, los que fueron estimados en base al salario mínimo vital y móvil, y el relativo a la tasa de descuento, que fue fijada en el 6% anual.
ii. Que ambas apelantes impugnaron las indemnizaciones en revisión, tildándolas de insuficientes.
En primer lugar, efectuaron una crítica genérica a la fórmula empleada, quejándose de que en ella se haya volcado una tasa de descuento del 6% anual, afirmando que la misma es abusiva, por ser sumamente elevada.
En segundo lugar, ambas impugnaron la utilización del salario mínimo vital y móvil, calificándola de inadecuada, por no atenerse a las particularidades del caso.
Agregaron que esta pauta quedó desactualizada, haciendo hincapié en que, en marzo de 2022, aquellas personas cuyo ingreso mensual no superó la suma de $ 49.602, eran considerados indigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expusieron que la sentenciante realizó el cálculo matemático, aplicando un ingreso constante en personas jóvenes, de dieciocho y veintiún años, no resultando correcto dar por sentado que un ingreso a esas edades pueda considerarse inalterable para todo el lapso a transcurrir desde el hecho hasta el fin del período de la actividad productiva.
Continuaron diciendo que si bien la sentenciante tuvo por acreditado que Ojeda realizaba tareas de costura y tejido, y Verón Bono, trabajaba en forma irregular en la pollería de su padre; en cambio, omitió valorar sus respectivas actividades como amas de casa.
Manifestaron que Ojeda se encuentra casada y tiene dos hijos menores de edad, una de dos años y el otro de cinco años, y que Verón Bono tiene una hija de corta edad; razón por la cual, deben contemplarse las tareas de amas de casa que ambas efectuaban para atender a sus respectivos grupos familiares, que actualmente no pueden realizar, por las lesiones y secuelas padecidas.
Afirmaron que una justa consideración de las tareas de ama de casa, hubiera llevado a la sentenciante, a fijar como pauta de ingresos, una base doble, puesto que dos son las tareas productivas que se verán mermadas.
b] * A fin de resolver este agravio, comienzo por abordar las críticas dirigidas contra la determinación de los ingresos anuales volcados en las fórmulas matemático actuariales empleadas por la sentenciante.
En esta tarea, cabe señalar que, aunque se tuviera por probado con la prueba testimonial, que una de las actoras trabajaba como modista, y la otra, con su padre en una pollería; lo relevante es que ninguna de las dos acreditó los ingresos que percibían, ni tampoco la obtención de un conocimiento, formación o preparación profesional especial; razón por la cual, lógico es tomar como parámetro, un importe equivalente al salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la sentencia, que constituye el piso mínimo de retribución en el mercado laboral (conf. Matilde Zavala de González, “Resarcimiento de daños”, Tomo 2-a, pág. 432/434).
Además, en el caso de Ojeda, a dicho importe hay que adicionarle un plus que refleje las posibilidades laborales derivadas de la capacitación que estaba realizando, ya que demostró por medio de la prueba informativa, que era alumna regular del segundo año del Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades especializado en Periodismo (ver fs. 149, informe emitido por el CENS nº 451).
Por otra parte, debe valorarse para la determinación de los respectivos ingresos anuales de las accionantes, que Ojeda está casada y tiene una hija de dos años y un hijo de cinco años, y que Verón Bono tiene una hija de un año; motivo por el cual, no puede soslayarse que las proyecciones negativas de sus respectivas secuelas incapacitantes, también se extienden al ámbito de las tareas domésticas.
Ojeda padece dolor, edema residual y limitación de los movimientos de la mano y muñeca izquierdas, y además, trastornos en la inmunidad relacionados con la resección del bazo; y Verón Bono padece hipotrofia muscular, dolor y edema residual en la rodilla derecha (ver dictamen pericial de fecha 19/10/2020); secuelas incapacitantes que indudablemente les dificultaran la realización de algunas labores hogareñas; las cuales, aunque no remuneradas, son económicamente valorables, dado que su concreción apareja beneficios materiales, y su cercenamiento, perjuicios de la misma índole.
Para la estimación del beneficio económico anual que razonablemente hubieran generado las accionantes, por la realización de los quehaceres domésticos, en caso de no haber sufrido las lesiones incapacitantes; cabe acudir, por analogía, a la remuneración correspondiente al personal que desempeña, con retiro, tareas generales en casas particulares; remuneración que, al momento de la sentencia de primera instancia (junio de 2022), ascendía a la suma de $ 38.711 (ver Resolución 2/2022 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares).
En consecuencia, sopesando estas circunstancias, puede razonablemente estimarse que, de no haber sufrido las accionantes las secuelas incapacitantes que las aquejan, Maira Jazmín Ojeda hubiera podido tener ingresos mensuales de $ 90.000, que se traducen en un ingreso anual de $ 1.080.000, y Catalina Mariana Verón Bono, ingresos mensuales de $ 80.000, que se traducen en un ingreso anual de $ 960.000
* Ocupándome ahora de las críticas referidas a la tasa de interés de descuento, estimo útil mencionar que el artículo 1746 del Código Civil y Comercial, para determinar la indemnización del daño patrimonial derivado de la incapacidad sobreviniente, establece un sistema de renta capitalizada, por medio del cual se determina, mediante un cálculo actuarial, un capital, cuyas rentas cubran la disminución de las aptitudes del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente apreciables, y que se agote al término del período durante el cual el mismo pudo razonablemente continuar realizando tales actividades.
Con este método, se pretende encontrar un capital que, invertido a una tasa de interés pura constante, permita extraer, en periodos regulares, un monto igual a las ganancias de las que el damnificado se vio privado, a causa de su incapacidad. El capital así determinado se agotará transcurrido el número de periodos estimados como de vida productiva restante.
Por ello, este sistema de renta capitalizada, a fin de evitar un enriquecimiento incausado del damnificado, exige una tasa de interés de descuento, que es consecuente con el incremento de su patrimonio, motivado por la percepción del capital íntegro en forma anticipada (art. 1746 CCyC).
Si bien dicha tasa de interés puro de descuento puede variar de acuerdo al riesgo y rentabilidad de la economía, existiendo criterios doctrinales y jurisprudenciales que oscilan entre el 3% y el 8%, resulta apropiado mantener la tasa del 6% anual, invariablemente adoptada por este Tribunal, por estimar que la misma es acorde a la realidad económica imperante en la actualidad.
Esta tasa del 6% anual fue adoptada por la Suprema Corte de Justicia, en los conocidos precedentes "Vera" (C 120.536 del 18/4/18) y "Nidera" (C. 121.134 del 3/5/18), en los que la aplicó en el periodo transcurrido desde la fecha de producción del perjuicio, hasta el momento de su cuantificación.
Más recientemente, en la sentencia emitida el 18/9/2020 en la causa C.123.090 "Paredes, Roberto Gabriel Horacio c/ Transporte La Perlita S.A. y otros s/ Daños y perjuicios", el cimero tribunal provincial aplicó la tasa pura del 6% anual durante el periodo transcurrido entre la pro
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