Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa JU 2223 2018
Inconstitucionalidad del art. 7 Ley 23.928 - Aplicación de indexación – Actualización monetaria - límite de cobertura
Expte. n°: JU-2223-2018 AZCUNE AGUSTIN PATRICIO Y OTROS C/ MALANCHUK NELSON DANIEL S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
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En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-2223-2018 caratulada: "AZCUNE AGUSTIN PATRICIO Y OTROS C/ MALANCHUK NELSON DANIEL S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
I. En fecha 9/10/2023, el Juez subrogante a cargo del Juzgado de primera instancia n°4, Dr. Juan Atilio Bazzani, dictó sentencia, por la que receptó las pretensiones promovidas por Agustín Patricio Azcune, Nicolás Alberto Azcune, Miguel Alberto Azcune y Mónica Susana Grenillón (estos dos últimos por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad Fátima Azcune) contra Nelson Daniel Malanchuk, condenando a éste a pagar las siguientes indemnizaciones: a Agustín Patricio Azcune: de $ 24.900.000 por incapacidad sobreviniente; de $ 3.432.000 por lucro cesante; de $ 3.800.000 por daño extrapatrimonial; y de $ 38.400 por gastos de tratamiento psicológico; a Nicolás Alberto Azcune: de $ 35.649 por reparación del ciclomotor; a Miguel Alberto Azcune: de $ 120.432 por gastos de salud; de $ 80.539 por gastos de traslado, hospedaje, comida y cochera; de $ 60.000 por gastos de mantenimiento del vehículo que se usó para traslado a Buenos Aires; de $ 207.500 por pérdida de valor venal; y a Mónica Susana Grenillon: $ 32.000 por lucro cesante; todos estos importes con más intereses. Hizo extensiva la condena a "Cooperación Mutual Patronal Sociedad Mutual de Seguros Generales", en los límites de la cobertura actualizada al momento de la sentencia. Desestimó los siguientes reclamos indemnizatorios: los de gastos futuros, gastos de niñera, daño moral y costo psicoterapéutico formulados por Miguel Azcune; los de daño moral y costo psicoteraéutico formulados por Nicolás Azcune; los de daño moral y costo psicoterapéutico formulados por Mónica Susana Grenillon, por sí y en representación de Fátima Azcune. Finalmente, impuso las costas al demandado y a la citada en garantía, y difirió la regulación de honorarios profesionales.
De tal modo, el sentenciante de origen se expidió acerca de las pretensiones encaminadas a la indemnización de los daños que alegaron haber padecido los accionantes, a causa de la colisión producida entre la motocicleta guiada por Agustín Patricio Azcune y la camioneta conducida por el demandado.
II. Contra este pronunciamiento, los Dres. Andrés Damián Carral y Paulina Inés Carral, en sus roles de apoderados del demandado y de la citada en garantía, interpusieron apelación en fecha 17/10/2023, e idéntica impugnación dedujeron los accionantes en fecha 19/10/2023; recursos que, concedidos libremente, motivaron la elevación del expediente a esta Cámara, donde se presentaron las respectivas expresiones de agravios.
III. En fecha 18/12/2023 los Dres. Carral presentaron la expresión de agravios, cuestionando la responsabilidad que le fue atribuida al demandado.
IV. En fecha 19/12/2023 los accionantes presentaron la expresión de agravios, impugnando: diversas decisiones relacionadas con los reclamos indemnizatorios por ellos formuladas, que serán precisadas en el desarrollo de este voto; la tasa de interés dispuesta para los montos de condena; y el límite de cobertura asegurativo determinado.
V. Corrido traslado recíproco de las expresiones de agravios reseñadas precedentemente, los Dres. Carral y los accionantes presentaron sendas contestaciones en fecha 2/2/2024, solicitándose en cada una de ellas, el rechazo de la apelación de la contraria; luego de lo cual, previo dictamen del Asesor de Incapaces, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.
VI. En tal labor, paso al tratamiento de los diversos agravios.
A) Comienzo por el agravio dirigido por los apoderados del demandado y de la citada en garantía contra la responsabilidad que le fue atribuida al demandado.
a] A tal efecto, considero útil recordar:
i. Que el sentenciante de origen tuvo por reconocido el acaecimiento del accidente invocado por los actores como causa de sus pretensiones, lo enmarcó en el régimen de responsabilidad objetiva por el riesgo de las cosas previsto en el artículo 1757 del Código Civil y Comercial, y finalmente, asignó al demandado la absoluta responsabilidad emergente del mismo.
Para atribuir tal responsabilidad, apoyándose en la pericia accidentológica y en la declaración del testigo Alejandro Fabián Sánchez producidas en la causa penal, y en el dictamen presentado en autos por el perito ingeniero mecánico Killinger, tuvo por probado que la motocicleta y la camioneta transitaban en la misma dirección, produciéndose la colisión entre sus vehículos cuando el demandado, sin señalizar la maniobra, giró a la derecha con su camioneta, cerrando la marcha de la motocicleta.
Agregó que el accidente de tránsito en debate se produjo como consecuencia de la participación activa de la camioneta, lo que justifica la atribución de responsabilidad a su dueño y guardián.
ii. Que los Dres. Carral impugnaron la responsabilidad que le fue atribuida al demandado.
Expusieron que el sentenciante infirió que la camioneta interfirió el paso de la motocicleta al realizar un giro a la derecha sin previo aviso; maniobra que no surge acreditada en forma clara e indudable.
Sostuvieron que resulta infundado atribuir toda la responsabilidad al demandado, por la realización, a velocidad moderada y previa señalización, de un giro permitido a la derecha, que no supone una maniobra riesgosa; dado que el vehículo que circula por detrás debe hacerlo a una distancia suficiente que le dé a su conductor el tiempo suficiente para advertir la maniobra.
Remarcaron que el motociclista accionante no contaba con licencia de conducir, requisito ineludible para guiar un vehículo que no puede ser considerado una mera falta administrativa sin relación causal con el hecho dañoso; puesto que, si así fuera, no se la exigiría legalmente.
Dijeron que el motociclista accionante declaró en la causa penal que la camioneta iba adelante de él, por lo que quedó reconocido que circulaba por detrás de la misma, quedando, entonces, descartado que la camioneta y la motocicleta circularan a la par y que la maniobra del demandado fue imprevista o intempestiva.
Continuaron diciendo que también quedó reconocido por el actor que, antes del accidente, vio que el demandado doblaba a la derecha, por lo que una maniobra idónea de su parte, hubiera sido cederle el paso, dejar que concluya la maniobra, y luego, girar.
Afirmaron que la maniobra del actor influyó en el resultado, ya que puede deducirse que, al no tener idoneidad para el manejo, no respetó la distancia prudente entre vehículos, no supo reaccionar ante la eventualidad, y no advirtió la maniobra del vehículo precedente.
Concluyeron solicitando que se revoque la sentencia y se rechace la demanda o, al menos, se determine la responsabilidad concurrente de las partes, readecuándose los montos otorgados.
b] A fin de resolver este agravio, resulta trascendente señalar que este caso ha sido encuadrado normativamente en forma correcta, al ser subsumido en el régimen de responsabilidad objetiva por el riesgo de las cosas, establecido en el artículo 1757 del Código Civil y Comercial, al que remite el artículo 1769 del mismo cuerpo legal, previsto para la responsabilidad derivada de los accidentes de tránsito.
Sentado ello, queda en claro que el factor de atribución de responsabilidad es objetivo, en base al riesgo creado por la intervención activa de una cosa.
De acuerdo al sistema establecido en el mencionado régimen, el accionante debe probar: la existencia del daño; el riesgo de la cosa; la relación de causalidad entre uno y otro, exteriorizada por la intervención activa de la cosa; y que el litigante contrario es dueño o guardián de la misma (arts. 1734, 1736, 1744 y 1758 CCyC).
En este caso, en virtud del reconocimiento (aunque con diferentes versiones de la mecánica) efectuado por el demandado, del acaecimiento de un accidente de tránsito entre su camioneta y la motocicleta del actor, no caben dudas de que deben tenerse por acreditados tales requisitos.
Entonces, cumplida tal carga probatoria por la parte actora, los legitimados pasivos, para eximirse de responsabilidad, deben demostrar la alegada interrupción del nexo causal por el hecho del damnificado.
Para dilucidar si estos últimos lograron satisfacer tal carga probatoria, resulta trascendente el dictamen presentado en fecha 28/7/2021 por el perito ingeniero mecánico Claudio Gustavo Manzanarez, quien expuso que el accidente bajo análisis se trató de una colisión frontolateral oblicua entre la motocicleta y la camioneta, producida en la intersección del acceso GarcíaTuñón con la calle Constancio Vigil.
También este experto dijo que "... Se desprende como más probable o verosímil que la colisión haya ocurrido cuando la camioneta Ford, que circulaba por el acceso, realiza una maniobra de giro a la derecha en la calle Constancio Vigil, y la motocicleta Yamaha, que también circulaba por el acceso y en el mismo sentido, impacta el costado derecho de la camioneta contra el izquierdo de la motocicleta, teniendo lugar la caída y posterior arrastre del Sr Azcune y su motocicleta, ambos terminando bajo la camioneta...Las trayectorias de ambos rodados se interfieren, generando la colisión frontolateral oblicua ..." (ver presentación de fecha 6/9/2021, respuesta al punto 2 de la actora, el entrecomillado encierra copia textual).
En la ampliación de su dictamen de fecha 6/9/2021, el perito Manzanárez agregó que "... Evidentemente las trayectorias de los rodados, geométricamente se interfieren, para causar el motivo de esta litis. Ambos vehículos, ejecutan una trayectoria circular de distinto radio, para realizar el giro a la derecha en la calle Constancio Vigil, entonces se puede decir que la camioneta interfiere el paso de la motocicleta.. ." (ver presentación de fecha respuesta al punto 1 de la actora, el entrecomillado encierra copia textual).
Resulta complementaria de este dictamen pericial, la declaración prestada en sede penal por el testigo Alejandro Fabián Sánchez, quien dijo que se encontraba transitando en su automóvil, por el acceso García Tuñón en dirección hacia la calle Constancio Vigil, "... entre las 8 y las 9 de la mañana, momento en que delante mío a unos 40 metros, veo que transitaba en la misma dirección, una camioneta color blanca, doble cabina, no recuerdo otras características, la cual iba transitando a unos 40 km/h, momento en que, al llegar a la calle Constancio Vigil -la cual no es de asfalto, sino de tierra- gira hacia la derecha, sin la indicación de la luz de giro, invadiendo el carril derecho, produciendo que una motocicleta color oscura, no recordando otra característica, la cual iba conducida por una persona sin casco reglamentario, a la par de dicha camioneta y a la misma velocidad, la cual atina a realizar la misma maniobra de giro hacia la derecha, no teniendo lugar para doblar ya que la camioneta realiza un giro muy cerrado, haciendo que se produzca el contacto entre la parte derecha de la camioneta y la parte izquierda de la motocicleta, produciendo la caída del conductor del vehículo de menor porte...la camioneta transitaba por el carril izquierdo, más cercano al bulevard central y la motocicleta transitaba por el carril derecho, más cercano al cordón de la vereda..." (ver fs. 377/378vta., el entrecomillado encierra copia textual).
Valorando ambos elementos probatorios conjuntamente y de acuerdo a las reglas de la sana crítica (arts. 384, 456 y 474 CPCC), tengo por probado que Agustín Patricio Azcune y el demandado se desplazaban, en sus respectivos vehículos, por el acceso García Tuñon, en el mismo sentido de circulación; produciéndose la colisión cuando aquel, que circulaba por el carril izquierdo, realizó con su camioneta, sin señalización previa, una maniobra de giro a la derecha para tomar la calle Constancio Vigil, cerrando la línea de marcha de la motocicleta que transitaba por el carril derecho, generándose una colisión frontolateral oblicua entre ambos vehículos.
No excluye esta mecánica del accidente, que el aquí actor haya declarado en sede penal que la camioneta circulaba por delante de él y a su izquierda, y sin señalización previa, viró repentinamente hacia la derecha cerrándole la línea de marcha; dado que esta secuencia es lógica, ya que, de haber ido ambos vehículos exactamente a la par, el motociclista hubiera podido girar a la derecha, sin interferencias en su marcha.
Partiendo, entonces, de esta reconstrucción de la mecánica del accidente, resulta relevante mencionar que, en forma previa a la realización de una maniobra de giro, deben adoptarse todos los recaudos necesarios para evitar la obstrucción de la corriente vehicular que se desplaza por el lugar.
A tal fin, debe señalizarse el giro con anticipación suficiente y ubicarse el vehículo sobre el costado para el que se va a virar, por lo menos, treinta metros antes del lugar donde se va a iniciar la maniobra (art. 43 incs. a] y b] ley 24.449).
La mecánica recreada precedentemente demuestra claramente que el demandado no adoptó tales recaudos, puesto que no señalizó el viraje, ni ubicó su camioneta sobre el costado derecho del acceso García Tuñón, treinta metros antes de la intersección con la calle Constancio Vigil.
Por todo lo expuesto precedentemente, concluyo en que el agravio el tratamiento no puede prosperar, confirmándose consecuentemente la atribución de responsabilidad impugnada (arts. 1729, 1734, 1757 y 1769 CCyC).
B) Confirmada la responsabilidad atribuida al demandado, abordaré los agravios de los accionantes referidos a sus reclamos indemnizatorios.
I. Reclamos indemnizatorios formulados por Agustín Patricio Azcune.
1] Empiezo por el agravio vertido contra la indemnización fijada por la incapacidad sobreviniente.
a] A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que el sentenciante de origen fijó la indemnización en cuestión en la suma de $ 24.900.000, manifestando que valoró elásticamente los parámetros previstos en el artículo 1746 del Código Civil y Comercial.
En lo que al agravio en tratamiento interesa, cabe señalar que para determinar el monto indemnizatorio, consideró que el actor tenía 20 años de edad al momento del accidente y que, si bien probó que hacía changas, no pudo acreditar la rentabilidad que dicha actividad le generaba.
ii. Que Agustín Patricio Azcune impugnó por exigua, la indemnización en revisión, y solicitó su incremento.
Criticó, en primer lugar, que el sentenciante haya considerado erróneamente que, a la fecha del accidente, él tenía 20 años de edad, cuando, conforme surge de la partida de nacimiento agregada en autos, tenía 19 años.
Agregó que el sentenciante omitió indicar si computó el periodo productivo hasta la edad jubilatoria de 65 años, o hasta la edad determinada por la expectativa de vida de una persona de sexo masculino, conforme surge del informe del INDEC.
También criticó que el sentenciante haya tomado como ingreso base mensual, el importe del salario mínimo vital y móvil vigente, desconociendo que, al momento del accidente, él aún no había alcanzado el techo de productividad, ya que llevaba pocos años en el mercado laboral, realizando changas informalmente.
Adujo que la cristalización de sus ingresos económicos en un inamovible salario mínimo vital y móvil para todo el periodo restante de su vida productiva, importa una subvaloración de su capacidad productiva.
Cuestionó que el sentenciante solamente tuviera en cuenta la merma de su capacidad únicamente en términos de ingresos remuneratorios, sin considerar que la incapacidad, como consecuencia indemnizable, también comprende las tareas económicamente valorables que tienen un precio sombra representado por su costo de sustitución.
Añadió que el sentenciante no tuvo en cuenta que, por su edad y la gravedad de las secuelas físicas, psicológicas y estéticas, se le ha irrogado un daño a su proyecto de vida.
Sostuvo que su incapacidad constituye una limitante en su vida en general, y particularmente, en lo laboral, ya que le será difícil sortear un examen preocupacional y, además, tendrá serias dificultades para desempeñar actividades que requieran el uso del propio cuerpo y de la fuerza física.
b] A fin de resolver este agravio, resulta importante remarcar que el perito médico Juan Bartolomé Tapia expuso que Agustín Patricio Azcune quedó, a causa del accidente de autos, afectado por una incapacidad del orden del 67,31%, como consecuencia de la fractura expuesta de pierna izquierda con compromiso de partes blandas y complicación infecciosa, que dejó como secuela, fractura de tibia y peroné consolidadas en deseje con desviación en varo de fragmento distal de tibia, la que le genera marcha claudicante.
Explicó que a raíz de esta secuela, el actor "... presenta contraindicación de la práctica de deportes de contacto, por las limitaciones articulares y por la posible lesión de tegumentos, que brindan una cobertura cutánea frágil. Las lesiones de este tipo, con la ocurrencia de una infección ósea pueden llevar de 2 a 3 años de tratamiento...Se considera en el momento actual, la incapacidad con consolidación jurídica y médica ..." (ver dictamen de fecha 2/1/2020, "Consideraciones médico legales", el entrecomillado encierra copia textual).
Con dicho informe, tengo por probada la alegada incapacidad sobreviniente, ya que del mismo se extrae indudablemente que el actor, como consecuencia del hecho de autos, padece una disminución de sus aptitudes físicas susceptible de producir una frustración de utilidades económicas; merma que indudablemente constituye un daño patrimonial.
Sentado ello, cabe señalar previamente que para establecer la indemnización pertinente, no corresponde asignar una suma fija por cada punto de incapacidad, sino que debe computarse, teniéndose en cuenta las condiciones personales de la víctima, la incidencia negativa que las secuelas constatadas han de tener en la aptitud de la misma para realizar actividades directa o indirectamente productivas.
A tal efecto, son trascendentes los siguientes datos:
i- La estimación del ingreso que razonablemente hubiera percibido el accionante por la realización de actividades productivas o económicamente valorables, en caso de no haber sufrido las lesiones incapacitantes.
Para determinar este dato, cabe señalar que si bien el actor acreditó, por medio de la prueba testimonial, que trabajaba haciendo changas como parquero o albañil; en cambio, no probó, ni siquiera aproximadamente, los ingresos que obtenía con dicha actividad; razón por la cual, corresponde adoptar como parámetro, un importe equivalente al salario mínimo vital y móvil.
Esta solución es pertinente, dado que resulta incierto el monto de los ingresos que podría haber llegado a percibir el accionante, y además, el mismo no demostró tener formación o conocimiento alguno que permita presumir fundadamente un progreso en su desarrollo productivo o laboral.
Cabe remarcar que a la difícil inserción en el mercado laboral, se le agrega la dificultad en mantenerse activo en el mismo, cuando el damnif
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