Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 176514
REGISTRO N ° FOLIO N°
EXPEDIENTE N° 176514 JUZGADO N ° 11
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "DI PIETRO LUCAS EZEQUIEL C/ MAENZA WALTER Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fecha 30.11.2022?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. En la sentencia dictada el día 30.11.2022, la Sra. Jueza hizo lugar a la demanda, que tenía objeto la reparación de los daños y perjuicios derivados de un accidente automovilístico, promovida por Lucas Ezequiel Di Pietro contra Walter Daniel Maenza, a quien condenó a pagar al primero la suma de pesos cuatro millones seiscientos cuarenta y siete mil doscientos uno ($4.467.201.-) con más intereses y costas. Hizo extensiva la condena a la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda.
El hecho que motiva esta causa ocurrió en la intersección de las calles Juana Manso y Ayolas de esta ciudad el día 08.4.2019 a las 20.30 aproximadamente. La Jueza consideró que de la pericia mecánica surge que el actor - que circulaba en una motocicleta Honda dominio 167KNC por la calle nombrada en primer término- contaba con prioridad de paso respecto del automóvil Volskwagen Gol Trend -patente IAE612- conducido por el demandado, por lo que corresponde aplicar el art. 41 de la ley nacional de tránsito y la presunción de responsabilidad señalada por el art 64 de esa ley. Señaló que no fue probada la culpa de la víctima invocada.
En cuanto a la responsabilidad de la citada en garantía, rechazó la defensa esgrimida por ésta (exclusión de cobertura por falta de carnet de conducir habilitante) y la condenó en forma concurrente a pagar la indemnización al actor, con límite en la cobertura máxima que fije la Superintendencia de Seguros de la Nación para el seguro voluntario automotor vigente a la fecha del efectivo pago.
La colega de la instancia de origen explicó que el tomador del seguro (Celeste Díaz) no coincide con el conductor del automotor (Walter Maenza) que fue el demandado y que adhiere a la postura de la SCBA en cuanto a que pueden existir dos asegurados (tomador del seguro y conductor autorizado) y que esta circunstancia puede marcar una bifurcación en el tratamiento que la compañía de a cada uno. Sostuvo que en el caso se patentiza tal distinción de trato, pues la aseguradora decidió rechazar la cobertura en relación a Celeste Díaz (CD en el oficio del 26.7.21) y, respecto del demandado, guardó silencio, siendo de aplicación el art.56 de la Ley 17.418.
Consideró que tal situación trae aparejada la asunción del siniestro respecto a uno de los asegurados (el demandado) y no en cuanto a la otra (la tomadora).
La condena está integrada por las siguientes sumas y rubros: a) $10000 por gastos terapéuticos, incluyendo los traslados para recibir las atenciones médicas; b) $3.300.000 correspondiente a la incapacidad sobreviniente; c) $1.200.000 por daño moral y d) $137.201 para reparar el daño emergente, consistente en la reparación de la motocicleta con la que tuvo el accidente.
II. Apelaciones.
II.1. La actora dedujo recurso de apelación el 05.12.2022 y, luego de serle concedido el 07.12.2022, lo fundó el 23.02.2023.
Son sus agravios:
1.En primer lugar, cuestionó la tasa de interés, afirmando que una vez que es cuantificado cada rubro indemnizatorio, corresponde que se aplique la tasa activa del Banco de la Provincia de BsAs, y no la pasiva digital de esa misma entidad, fijada en la sentencia. Citó el precedente "Melegari c. Risso" de esta sala.
2. A continuación se quejó de los intereses aplicados al daño emergente.
Sostuvo que el rubro prosperó por la suma de $137.201 determinado por el perito mecánico como costo de reparación en su presentación del 02.03.2022, consecuentemente, es ese el momento en que se cuantificó de modo que los intereses a tasa pura deben correr desde la mora y hasta ese día y a partir de allí, hasta el efectivo, corresponde aplicar la tasa activa ya mencionada.
El recurso fue respondido por la citada en garantía el 03.03.2023.
II.2. Por su parte, el apoderado de Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. apeló el 05.12.22 y su recurso, concedido el 07.12.22, quedó fundado con el escrito presentado el día 23.02.2023, que fue respondido por el demandado el 06.03.2023 y por la actora el día 07.03.2023.
1. Se agravió, en primer lugar, del rechazo del planteo de exclusión de cobertura.
Sostuvo que tal forma de resolver implica una clara violación al principio de congruencia, pues la juzgadora se valió para ello de la introducción de cuestiones de hecho que no fueron planteadas por ninguna de las partes.
Afirmó que el demandado jamás alegó no haber recibido la comunicación del asegurador ni planteó en su defensa que el siniestro no fue rechazado en tiempo y forma (art. 56 LS).
Manifestó que la Jueza omitió expedirse sobre la nota firmada de puño y letra del demandado Sr. Maenza en la que reconoció tener la licencia de conducir vencida y que la aseguradora, como muestra de buena fe, lo intimó por el plazo de 10 días para que acompañe la licencia vigente, indicándole que en forma automática y perentoria, sin necesidad de interpelación alguna, habría de considerarse que se configura la exclusión de cobertura prevista en la clausula 22, apartado 2, inciso G de las condiciones generales de la póliza 4/950414.
Adujo que el debate ni siquiera implícitamente giró en torno de esta cuestión que, a la postre, la Jueza introdujo en forma oficiosa a expensas de desplazar a un ultimísimo plano las que sí le habían sido planteadas por las partes y sometidas a juzgamiento.
Por su parte, sostuvo que la decisión partió de una valoración absurda de los hechos y de las pruebas producidas referidas a la exclusión de cobertura planteada (póliza; cartas documentos; pericia contable en extraña jurisdicción; informativa al correo Andreani)
2. Seguidamente, se quejó de los montos indemnizatorios.
2.1.En cuanto a la incapacidad sobreviniente, sostuvo que fue mal utilizada la fórmula Mendez pues se tomó como base del cáulculo el salario mínimo que informa la UOCRA cuando, en su opinión, correspondía producir una prueba pericial contable, o informativas a la AFIP o al supuesto empleador, toda vez que los testigos de la causa declararon que el actor era albañil.
En este contexto, afirmó que al no haberse acreditado los ingresos del actor, debió haberse tomado como parámetro el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de la sentencia.
Pidió que el cálculo se haga sobre ese parámetro.
2.2. Cuestionó el monto del daño moral porque considera que la sentencia no contiene una correcta motivación, sino que es fruto de exceso de discrecionalidad.
3. Hizo reserva de caso federal.
III. Considero que ambos recursos merecen prosperar. Si mi propuesta es compartida, corresponderá revocar la condena a la citada en garantía y modificarla respecto del demandado en cuanto a los intereses, del modo que pide la parte actora.
III.1. Recurso de la citada en garantía.
III.1.1. Concuerdo con el planteo que hizo el apoderado de Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada pues los elementos reunidos en la causa autorizan a tener por cumplida la carga legal de pronunciarse oportunamente acerca de la exclusión de cobertura invocada (falta de carnet de conducir vigente)
El automotor Volkswagen Gol Trend asegurado era conducido por el Sr. Walter Daniel Maenza, siendo la asegurada la Sra. Celeste Díaz (póliza 04/950414 adjuntada al contestar la citación en garantía y pericia contable )
Mediante el instrumento de fecha 09.04.2019 firmado tanto la Sra. Díaz como el Sr. Maenza fueron notificados de que debían aportar dentro del plazo perentorio de 10 días la licencia de conducir de este último que acreditase que se encontraba habilitado para manejar vehículo automotor vigente al 08/04/2019, bajo apercibimiento de decretar la exclusión de cobertura prevista en la clausula 22, apartado 2 inciso G de la póliza contratada. Ese documento fue acompañado por la citada en garantía y no ha sido desconocido por el demandado (art 354 del CPC)
A su vez, tal como surge demostrado con las cartas documento adjuntadas por la aseguradora, el plazo del art 56 de la Ley 17418 fue suspendido hasta tanto se agregaran copias de la IPP y se cumpla con la intimación de adjuntar copia de la licencia señalada (de fechas 23/04/2019 Andreani Nro. 20190423170837/1 122674 24164770; 29/04/2020 CD Andreani Nro. 20190429183039/1 123104 24284710; 24/05/2019 CD Andreani Nro. 20190524171841/1 125030 24891520. Las cartas fueron oportunamente recibidas, conforme surge de los avisos que así lo demuestran. La correspondencia de estos documentos ha sido ratificada por el oficio respondido por la firma Andreani con fecha 26.07.2021) La asegurada no dio respuesta alguna.
De este modo, considero que el pronunciamiento sobre la exclusión de la cobertura fue hecho y comunicado correctamente a quien era el asegurado y que, a todo evento, el conductor ya estaba anoticiado de forma previa de la que la falta de carnet de conducir vigente podía autorizar a la compañía a adoptar esa decisión.
El requerimiento de información complementaria fue claro, explícito y razonable, no sólo por la precisión en sus términos, sino porque incluso en él se adelantó tanto a la asegurada como al conductor cuál podía ser la causa de exclusión de la cobertura, en caso de no ser cumplido. Luego, el rechazo fue debidamente notificado a quien era su co contratante (art.1021 CCyC).
Estas circunstancias justifican que el demandado no haya invocado la aplicación a su respecto del silencio como manifestación de aceptación del siniestro prevista por el art. 56 de la LS, que fue introducido oficiosamente en la sentencia, tal como señala con acierto el apelante.
III.1.2. Señala Rubén Stiglitz que “La importancia de la determinación del riesgo se halla constituida por la función que ella cumple en el contrato, desde que a partir de aquella es factible identificar cual es el riesgo asegurado sobre el que operará la garantía del asegurador y cuál es el evento al que se halla subordinada su obligación… Por ello, la enumeración de los riesgos y la extensión de la cobertura debe apreciarse literal, restrictiva o limitativamente…” (v. “Derecho de Seguros” Ed. La Ley 2005, T. 1 pág. 223).
Y agrega más adelante: “Otro modo de individualización del riesgo se halla constituido por un elenco de indicaciones negativas denominadas exclusiones de cobertura, no seguro o no garantía, que deberán resultar de condiciones de póliza, generales o particulares que, redactadas en términos inequívocos, expresamente enuncien de modo descriptivo los supuestos que carecen de cobertura asegurativa (…) Las descripciones positivas o los supuestos de exclusión implícita o expresa de cobertura acotan el objeto del contrato o, si se prefiere, se trata de hipótesis que carecen de garantía desde la etapa constitutiva del contrato (…) En ese caso, el riesgo se halla formalmente fuera de la garantía comprometida por el asegurador. En síntesis, habría riesgo excluido o evento no cubierto todas las veces que el siniestro se verifique en circunstancias que el contrato las prevea como no idóneas para hacer funcionar la cobertura asegurativa…” (op. cit., pág. 227 y ss.).
No se encuentra controvertida en autos la cláusula de exclusión de cobertura invocada por la aseguradora (v. póliza adjuntada por la citada en garantía el 30.11.2020 y pericial contable en extraña jurisdicción agregada el 28.9.2021, clausulas CG-RC 2.1 exclusiones a la cobertura para responsabilidad civil punto 4) y/o CG-DA 2.1 exclusiones a la cobertura para daños inciso 9).-. A su vez, aunque no es objeto de discusión, la falta de carnet habilitante vigente a la fecha del siniestro ha sido demostrada con la respuesta de la Dirección General de Transporte de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, agregada el 22.07.2021.
En cuanto a la exclusión de la cobertura, la distinción entre las causales objetivas y subjetivas es por lo menos difusa, como advierte Barbato en su trabajo “Exclusiones de cobertura en el contrato de seguro” (ED 136-547 en especial p.561), al compararla con el límite que separa los factores de atribución en materia de responsabilidad. La primera distinción que hacen los especialistas en la materia, refiere a las subjetivas como aquellas en que el asegurado ha incurrido en dolo o la culpa grave (arts.70 , 114,135,136,152 de la 17.418 entre otros) y a las objetivas como vicio propio de la cosa (art.66), los riesgos extraordinarios como la guerra civil o internacional (art..71), o el incendio causado por explosión o terremoto (art.86) (Barbato, ob.cit.p.551 y ss. Stiglitz, Rubén S. “Derecho de seguros” tº I p.182, Abeledo-Perrot, Bs.As.1997), entre otros supuestos (ampliación de fundamentos en la sentencia dictada en este tribunal en la causa 160946 "Melucci c. Gallegos" RSD 163 del 30.06.2016).
La forma en que se plantea la distinción conduce – engañosamente- a asimilar la conducta violatoria de las normas de tránsito – que como infracción de los deberes o reglamentos a su cargo, es una de las formas en que la culpa se expresa (Alterini, Ameal y López Cabana “Obligaciones civiles y comerciales”, Abeledo–Perrot, Bs.As.p.184 nro.431), con una causal subjetiva de delimitación, porque en la responsabilidad civil constituye un acto culposo (por ejemplo art.64 ley 24.449 Alterini, Atilio A “Los accidentes de la circulación en la teoría general de la responsabilidad civil” en “Responsabilidad Civil” libro homenaje al Prof. Francois Chabas, edit Rubinzal-Culzoni, Santa Fe,2007 p.226 ap.b), y como tal, una razón “subjetiva” para atribuir al autor de la conducta el deber de responder.
Si la infracción de la norma de tránsito constituyera también una causal subjetiva de delimitación del riesgo, no podría alcanzar a otra persona que no fuera el asegurado conforme el art.114 de la LS, por la interpretación estricta y literal propia del contrato de seguro, que corresponde además a una cláusula predispuesta por la aseguradora (SCMendoza “Rojas c. Huarpe” LL 1988-E,14), y en tanto el art.158 de LS incluye al 114 como norma relativamente imperativa que solo puede modificarse a favor del asegurado.
Rubén Stiglitz ya había advertido al respecto en un trabajo en La Ley publicado en el año 2010 (2010-E-,999), y la CSJN de la Nación trató implícitamente dichas infracciones como delimitaciones objetivas, al aplicarlas al conductor no asegurado en “Buffoni, Osvaldo Omar c.Castro, Ramiro Martín” (LL 2014-C, 144). En el trabajo de Nicolás Barbato citado al comienzo, el autor explica que el proceso de delimitación del riesgo tiene por función establecer límites contextuales y excluir situaciones que agravan el riesgo, acentuando su probabilidad o su intensidad, y que la técnica de delimitación produce una suerte de “objetivación” de las situaciones, “porque son ajenas a toda referencia a la responsabilidad ni al daño, ámbito este en el cual tradicionalmente han sido estudiados estos elementos subjetivos”…”Las conductas que configuran exclusiones aparecen, como vimos, “objetivadas”, contempladas desde fuera del sujeto que las desarrolla. Son establecidas por motivos que hacen a la técnica del seguro, no admiten en general enjuiciamiento axiológico de raigambre ética; aún la culpa grave y el dolo resultan aquí emplazados en forma neutra a los valores, ya que el resultado de su constatación no es una sanción sino un desplazamiento de esa situación a una zona ubicada fuera del ámbito de cobertura generada por el contrato…la consecuencia es la ausencia de cobertura”.
Dicho de otro modo, las conductas que en la responsabilidad civil se encuadran como subjetivas (infracción de leyes, deberes o reglamentos a su cargo), no siempre constituyen causales igualmente subjetivas en una cuestión técnicamente diferente como lo es la delimitación del riesgo en el seguro, porque - en realidad – se trata de presupuestos básicos objetivos sin los cuales no parece viable contratar un seguro.
Este supuesto de exclusión objetiva opera con independencia del obrar del conductor y se vincula directamente con la disposición contenida en el art. 40 inc. a) de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. En otras palabras: no nos hallamos frente a un caso de “culpa grave” o hipótesis de delimitación causal subjetiva, que quedaría acotado a la persona del asegurado; por el contrario, “la exclusión de cobertura basada en la falta de habilitación para conducir tiene su espacio de regulación (la del "no seguro") en lo "acordado" por las partes; se halla contenida en la póliza como "caso no indemnizable, por lo que no es menester subsumir el presupuesto de hecho en la noción de culpa grave. Dicho de otro modo, el siniestro motivado en que el conductor no asegurado carece de registro habilitante, hace innecesario que para fundar la exclusión de cobertura se formule una remisión, expresa o tácita, a la culpa grave” (v. Stiglitz, Rubén, “El conductor no asegurado y el seguro contra la responsabilidad civil”, LL online AR/DOC/2595/2009; del mismo autor, “La inaplicabilidad del análisis de la relación causal a las exclusiones de cobertura fundadas en actos ilícitos del asegurado”, LL 2010-E, 999).
III.1.3. La razonabilidad de esas exclusiones objetivas es también una exigencia natural. Corresponderá en cada caso analizar si la exclusión no es abusiva, pues como recuerda Barbato con cita de Viterbo, aquella exclusión general de cualquier violación de leyes, reglamentos u ordenanzas, haría que el seguro de responsabilidad civil no cubra la culpa, y no ampare ningún riesgo, y el asegurador estaría percibiendo la prima sin contraprestación a su cargo.
En el caso, encuentro razonable que el asegurador deje objetivamente afuera del riesgo aquel supuesto en que el vehículo es conducido por quien no está habilitado para hacerlo por el órgano de contralor. Tal proceder se fundamenta en una imposición de la normativa de tránsito, directamente vinculada con el consiguiente agravamiento del riesgo derivado del manejo del automotor por quien carece de mínima aptitud para hacerlo.
III.1.4. En lo que hace a la validez y oponibilidad de esta cláusula de exclusión a la víctima del siniestro, el tema fue objeto de tratamiento por la Suprema Corte Provincial en diversos precedentes, pronunciándose en sentido afirmativo:
Traigo a colación la reseña efectuada por mi colega en la causa nº 169359 ("Sacucci c. Calvo" RSD 914 del 04.06.2020) entre las que cabe citar la C118.589 "Flandes Riquelme, Juan Ignacio c. Contreras Inostroza, Raúl Atilio y otros. Daños y perjuicios" (S. 21-6-2018), donde –por voto mayoritario- el Máximo Tribunal resolvió: “Esta Corte tiene dicho que si la póliza en virtud de la cual se aseguró un rodado incluye en su redacción una cláusula por la cual no corresponde indemnizar siniestros producidos o sufridos por el vehículo mientras fuere conducido por personas que no estuvieran habilitadas para su manejo, la entidad aseguradora puede válidamente oponerse al pago de las indemnizaciones reclamadas por la víctima de un accidente si ha quedado comprobado que el conductor del rodado carecía de carnet habilitante (conf. causas Ac. 59.898, "Benavente", sent. de 12-VIII-1997 y Ac. 83.726, "Milone", sent. de 5-V-2004). Al tercero damnificado le son oponibles todas las cláusulas, aun aquéllas que restrinjan o eliminen la garantía de indemnidad, sin distingui
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