Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 181184
EXPEDIENTE N° 181184 JUZGADO N° 13
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "FINKBEINER MELINA C/ SANCHEZ RUBEN DARIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau, Ricardo D. Monterisi y Rodrigo H. Cataldo.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia del 18/06/2024?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
El juez hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios iniciada por Melina Finkbeiner y condenó a Rubén D. Sánchez, Darío J. Sánchez y la citada en garantía, Paraná S.A. de Seguros, a abonar la suma de $3.328.220, más intereses y costas. Vaya valla
Tuvo por acreditado que el 10/07/2018, a las 14.40 hs., se produjo un accidente de tránsito en el que intervino la actora, quien manejaba su motovehículo Yamaha YBR 125 por la Av. Juan B. Justo —tras salir de la rotonda en la convergencia con la Av. Champagnat— en dirección hacia el puerto, y Darío J. Sánchez, que conducía el camión Mercedes Benz —propiedad de Rubén Darío Sánchez— por Av. Champagnat, y se incorporó a la rotonda para continuar por Av. Juan B. Justo.
Explicó que la controversia se centró en la mecánica del hecho, en tanto la accionante afirmó que circulaba por el carril derecho de Juan B. Justo cuando el camión realizó una maniobra imprevista, se cruzó a su carril, e impactó contra el lateral derecho de su vehículo, lo que provocó su caída; mientras que el conductor demandado alegó que aquélla circulaba por detrás del camión y enganchó la parte delantera de su motocicleta con la punta trasera de la caja del camión, por lo que le atribuyó la responsabilidad al haber perdido el dominio de su vehículo y ocupar el rol de embistente.
Encuadró el caso dentro de la responsabilidad derivada de la intervención de cosas (art. 1769 y concds. del CCyC) y, con sustento en el resultado de la pericia mecánica, concluyó que los hechos se sucedieron de acuerdo a la versión brindada por la actora.
Destacó que los demandados no probaron los eximentes invocados, por lo que les atribuyó su exclusiva responsabilidad.
En cuanto a los rubros indemnizatorios, estimó procedente el costo de reparación de la motocicleta en $30.050, de acuerdo al cálculo efectuado en la pericia el 20/09/2019; la privación de uso en $720.000, el lucro cesante por $ 78.170 y el daño moral en $2.500.000, éstos últimos calculados a valores actuales. Rechazó los gastos por pedido de presupuesto y traslado del vehículo al depósito municipal.
Los intereses los fijó a la tasa pura del 6% desde la fecha del hecho hasta la cuantificación de cada rubro y, de ahí en adelante, a la tasa activa descubierto en cuenta corriente.
II. El 24/06/2024 apeló el Dr. Alejandro J. Kasatkin Florio, apoderado de Rubén D. Sánchez y la citada en garantía. Expuso sus agravios el 6/09/2024, que fueron contestados el 23/09/2024.
Se agravió de la tasa activa de interés, por cuanto sostuvo ésta tiene un componente de ganancia que excede el principio de la reparación integral, e importa un enriquecimiento sin causa, a la vez que se aparta de la doctrina legal de la casación provincial.
Alegó que el daño moral no fue probado, toda vez que no se ofreció una pericia psicológica, no se acreditaron las afecciones y dolores valorados por el juez, y tampoco se vinculó su monto con algún antecedente jurisprudencial o una función satisfactiva y sustitutoria. Requirió el rechazo del rubro y, subsidiariamente, la reducción de su monto.
Cuestionó el inicio del cómputo de los intereses por los daños materiales, por cuanto indicó que la actora no reparó el vehículo, por lo que deben computarse desde la constitución en mora, es decir una vez firme la sentencia.
Por último, sostuvo que la prolongación del plazo por el cual se extendió la privación de uso de la motocicleta no le puede ser atribuido a su parte, toda vez que responde a la falta de diligencia de la propia víctima, que no adelantó el dinero para su reparación, por lo que debe limitarse el cálculo al tiempo exacto que demanden los arreglos.
III. La actora apeló el 28/06/2024. Expuso sus agravios el 11/09/2024, que fueron contestados el 18/09/2024.
Señaló que no debió cuantificarse el gasto por la reparación de la motocicleta de acuerdo al informe pericial del 20/09/2019 sino que, por tratarse de una deuda de valor y frente al proceso inflacionario atravesado, el experto deberá realizar una nueva estimación en la etapa de liquidación, tal como fue requerido al demandar (escrito del 23/3/2019).
Expuso que, si bien el valor de la totalidad de los repuestos era de $22.400 a la fecha de la pericia (20/9/2019), el juego de espejos originales del vehículo tiene un valor actual de $136.900, y el tablero completo alcanza los $516.400 (de acuerdo a los precios publicados en mercado libre).
A su vez destacó que, al computar la inflación acumulada desde el dictamen hasta la fecha del recurso, el importe presupuestado ajustado por el IPC asciende a $828.700,37; mientras que la suma fijada en la sentencia con la aplicación de los intereses a la tasa activa dispuesta arroja un total de $170.137, suma que no cubre ni el 15% del valor actual de los repuestos necesarios para la reparación de la moto.
En cuanto al rechazo de los gastos por el traslado de la moto al depósito municipal, manifestó que no se valoró el acta de actuación realizada por el personal policial el día del accidente, del que surge que aquella fue enviada al playón de tránsito por no poderse constatar su documentación en el momento en que la accidentada estaba siendo trasladada en la ambulancia.
Explicó que quedó demostrado que la actora estuvo inmovilizada varios días con motivo de la fractura, por lo que recién pudo retirar el rodado siete días después, tal como lo indica el acta de entrega.
Respecto a la privación de uso, sostuvo que el plazo fijado resultó arbitrario toda vez que no sólo se demostró que el rodado quedó inutilizado, sino que la pericia que constató los daños fue realizada un año después del siniestro, por lo que a esa fecha seguía inhabilitado.
Agregó que los testigos también declararon sobre la falta de reparación ante la ausencia de dinero para afrontar los gastos, por lo que solicitó su cuantificación desde el día del hecho hasta la actualidad.
Finalmente se agravió de la suma otorgada en concepto de daño moral. Sostuvo que no se mencionó ninguna pauta valorativa para su cuantificación, y que ésta resultó insuficiente para indemnizar las limitaciones que sufrió la actora a causa del accidente, quien en ese momento era madre de un menor de edad recién entrado en la adolescencia y que no pudo atender y cuidar debidamente de sus necesidades, a lo que se le sumó la incertidumbre frente a las necesidades económicas insatisfechas y la imposibilidad de reparar su vehículo.
Alegó que debe otorgársele la suma equivalente a un viaje a Orlando para dos personas, con hospedajes y entradas a los parques de Disney y Universal, así como lo necesario para adquirir prendas de vestir y salidas recreativas durante los fines de semana por el lapso de un año.
Finalmente denunció, en carácter de hecho nuevo, el proceso inflacionario producido a partir de las elecciones primarias del 2023 y el nuevo criterio de la SCBA respecto de la posibilidad de indexar o aplicar coeficientes de ajustes sobre el capital de las obligaciones (fallo “Barrios” del 17/04/2024), por lo que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23928 y la determinación de un mecanismo de ajuste que permita mantener en resguardo el valor real de las indemnizaciones concedidas.
IV. Consideración de los agravios.
Privación de uso.
Contrariamente a lo alegado por el demandado y su aseguradora, el rubro es procedente en la medida en que se tuvieron por acreditadas, y no resultaron cuestionadas, tanto las averías del vehículo, como la imposibilidad de continuar utilizándolo normalmente.
La indisponibilidad del rodado permite presumir la existencia de un daño emergente representado por las erogaciones realizadas por la víctima para abonar medios sustitutivos de transporte ante la imposibilidad de utilizar su propio rodado; tal presunción opera ante la ausencia de prueba en contra que debió aportar a tal fin la parte demandada (esta Sala en causas nro. 177.531 del 19/09/2023, 1764.680 del 20/10/2022, 161.257 del 06/10/2016, entre otras.).
En cuanto a la extensión temporal del daño, tratándose de vehículos averiados que no están en condiciones de ser utilizados hasta tanto sean reparados, el rubro de privación de uso es íntegramente procedente sin que se justifique establecer límites temporales. Ello es así puesto que los perjuicios económicos que se siguen de la imposibilidad de utilizar el automotor averiado conforman un daño patrimonial emergente de tipo moratorio.
La víctima no sólo tiene un daño emergente derivado de la necesidad de arreglar su vehículo, sino que además ese hecho le genera -inmediatamente- la necesidad de efectuar nuevos gastos con motivo de contratar medios de transporte sustitutivos (fallos cit.).
Su extensión en el tiempo no debe —ni puede— imputarse a la conducta de la víctima (por no adelantar una suma de dinero para mitigar el perjuicio) sino únicamente al autor del daño, quien ha incumplido su obligación de entregar en tiempo y forma una indemnización que compense el perjuicio que ha causado y que permita al reclamante reparar su rodado y dejarlo en condiciones de ser utilizado con normalidad (esta Sala en causa 174.680 cit.).
Tanto la imposibilidad de uso de la motocicleta de manera segura, como su falta de reparación al día de la fecha, no fueron objeto de debate, por lo que el límite temporal determinado en la sentencia no se encuentra justificado.
El artículo 165 del Código de Procedimientos faculta al juez a estimar la cuantía de la indemnización cuando el daño se encuentre debidamente acreditado. Es decir, puede estimar —aun sin prueba específica— la extensión económica del perjuicio y cuantificar el resarcimiento, todo ello condicionado a que la prueba producida sea suficiente para demostrar el detrimento patrimonial sufrido por la víctima. Esta prerrogativa debe ser ejercida con cautela y razonabilidad (esta Sala causa 174.680 del 20/10/2022).
Aplicando esta facultad, frente a las dificultades propias de tarifar un perjuicio gestado a lo largo de más de seis años en contextos inflacionarios, y ante la ausencia de un cálculo por parte de la accionante, propongo al acuerdo que el parcial prospere por un total de $1.500.000, a valores actuales.
Traslado al depósito municipal.
Se encuentra acreditado que la actora protagonizó el accidente cuando manejaba una motocicleta de su titularidad, marca Yamaha YBR 125, dominio 346JCJ, y que, producto del siniestro, debió ser trasladada a la clínica 25 de Mayo, donde fue atendida de forma ambulatoria en el periodo comprendido entre el 10/7/2019 y el 24/8/2019 (conf. demanda y documentación acompañada, prueba informativa digitalizada el 17/8/2021 y sentencia apelada).
De acuerdo al acta policial obrante en la IPP diligitalizada el 26/4/2019 el vehículo fue remitido a la playa de tránsito por no haberse podido constatar la documentación pertinente al momento en que la víctima era trasladada en la ambulancia.
A su vez, se acompañó un acta de la Municipalidad de General Pueyrredón donde se dejó constancia que el día 17/7/2018 la motocicleta le fue entregada a la actora (fs. 74).
Si bien es cierto que en el recibo presentado a los fines de obtener el reintegro de la suma abonada por dicho depósito se consignó “vehículo de tracción a sangre” (fs. 29), lo cierto es que su número de identificación coincide con el individualizada en el acta de entrega mencionada, en el que se encuentra debidamente especificado el rodado.
Las constancias señaladas son suficientes para admitir la procedencia del rubro, en la suma de $480, con más los intereses a la tasa de interés que será tratada en los en el apartado III. 5., desde el 17/7/2028 hasta el efectivo pago.
Daños materiales.
La sentencia dictada por la SCBA en el caso “Barrios, Héctor c. Lascano, Silvia Beatriz s. daños y perjuicios” (C. nro. 124.096), estableció una nueva doctrina legal conforme la cual es necesario que los jueces, en congruencia con la petición que se haya formulado oportunamente, agotemos todas las vías posibles para mantener el poder adquisitivo de la suma de condena antes de recurrir a la declaración de inconstitucionalidad del sistema nominalista contenido en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (t.o. ley 25.561).
Cualquiera sea el camino que se elija para reajustar, el resultado debe ser respetuoso de la garantía de reparación plena o integral que la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró incluida en el art. 19 de nuestra Constitución Nacional (CSJN Fallos: 308:1160; 308:1118; 308:1119; 327:3753; 344:2256 voto de los Dres. Maqueda y Rosatti).
Las soluciones que aparecen como alternativas al reajuste por índices, son el uso de la tasa de interés activa con alguna capitalización, o la postergación de la cuantificación de la deuda de valor al momento más cercano al cumplimiento, bien sea cuando la sentencia haya quedado firme y se proceda a ejecutarla, o difiriendo la determinación de la cantidad de unidades monetarias hasta el momento del efectivo pago.
ii. Si bien he sostenido que la oportunidad “procesal” para cuantificar el daño es la sentencia definitiva —salvo aquellos supuestos en los cuales resulta necesaria la producción de alguna prueba, o hay que practicar liquidaciones especiales, para saber cuál es la suma de dinero con que se pagaría la deuda de valor— (esta Sala en causas nro. 176.408, 175.944, entre otras), una revisión de las vías posibles para obtener soluciones, ante la prohibición de indexar, me permite advertir que esa oportunidad no coincide con el derecho “sustancial”, constitucionalmente garantizado, del damnificado a una reparación íntegra o plena, en tanto el alongamiento del proceso por vía de recurso extraordinario, o aún por el propio trámite de liquidación perjudica gravemente al acreedor (esta Sala en causa nro. 179.507 del 18/10/2024).
Han señalado las recientes XXIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Universidad Austral, Bs.As. septiembre de 2024 conclusiones comisión nro.2): “La prohibición de indexar, en épocas de elevada inflación, es inconstitucional en tanto importa una degradación sustancial del derecho del acreedor (art. 28 CN), o “cuando vulnera el principio de plenitud de la reparación” (mayoría y minoría respectivamente), modificando además la postura sostenida en 2015 en Bahía Blanca, al decir ahora —y por unanimidad— que “El momento correspondiente para evaluar una obligación de valor puede ser diferido por el juez para la etapa ejecutoria, mediante una sentencia que fije bases objetivas y precisas para la liquidación”.
iii. No se encuentra discutido que el vehículo no fue reparado. A su vez, al demandar expresamente se solicitó que la determinación de dicho valor sea diferida a la etapa de liquidación (pto. IV.1 fs. 39/40), por lo tanto, razones de congruencia (art. 163 inc. 5to. del CPC) me impiden analizar una modificación de la tasa de interés que ha sido consentida sin capitalización, o extender el diferimiento de la cuantificación hasta el efectivo pago.
Por lo que propongo hacer lugar al recurso de apelación de la actora en este parcial y revocar la suma fijada en primera instancia para este rubro, cuya cuantificación deberá ser recalculada por el perito en la etapa de liquidación.
En cuanto a los intereses, corresponde la aplicación de la tasa pura del 6% dispuesta en la sentencia, desde el día del accidente y hasta el momento en que la deuda sea cuantificada.
El hecho de que la actora no haya reparado al vehículo no libera a los demandados de su obligación de indemnizar los daños ocasionados desde el día en que se produjeron, por lo que el planteo introducido en relación a ello es improcedente.
Daño moral.
i. En los supuestos de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima (art. 1740 del CCyC), por lo que la indemnización respectiva debe cubrir tanto el daño material como el moral, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión (arts. 1741, 1744 del CCyC).
Entre las pautas cualitativas de valoración, existen factores objetivos, tales como los relativos al hecho (es decir el sufrimiento en el momento del suceso, dolor corporal, temor ante el peligro corrido, etc); los concernientes al período de curación y convalecencia (dolor físico, molestias inherentes al tratamiento, incomodidades de una internación hospitalaria, etc) o los vinculados con eventuales menoscabos subsistentes luego del tratamiento (secuelas). También interesan la personalidad de la víctima y su receptividad particular, conforme sus circunstancias de sexo, edad, profesión, estado civil, etc. (Matilde Zavala de González, resarcimiento de Daños, daños a las personas, T. 2a, Hammurabi, Bs. As., 1990, págs. 466/467).
La ausencia de una patología psíquica, que exponen los demandados, no impide indemnizar este rubro.
No toda alteración anímica a consecuencia del hecho constituye una lesión psíquica en sentido propio. Puede haber un impacto emocional innegable, hondo y persistente, pero no un daño psíquico (salvo que el sujeto “enferme” intelectual, efectiva o volitivamente a raíz del hecho), en cuyo caso, se configura un daño moral (Matilde Zavala de González, ob. cit. pág. 220).
ii. La pericia médica, realizada sobre la historia clínica de la víctima, dictaminó que Melina Finkbeiner sufrió —a raíz del accidente— un “edema de médula ósea de la diáfisis y la base del 3º metatarsiano, con engrosamiento de la cortical y edema de las partes blandas adyacentes, sugerente de fractura por estrés”.
El experto explicó que se trata de una lesión que suele producir dolor al pisar y que su tratamiento requiere kinesiología, analgésicos, deambular poco; y que su curación lleva un lapso no mayor a los 60 días.
Agregó que también se constató una inflación en la rodilla derecha, de origen traumático, cuya recuperación se lleva adelante mediante kinesiología y analgésicos en un lapso aproximado de 30 días (conf. informe del 25/03/2022).
El 4/4/2022 los demandados requirieron explicaciones al experto, con el fin de conocer si los padecimientos descriptos pudieron tener como concausa una afección o predisposición previa.
Si bien el traslado no fue contestado, (y más allá de la eventual aplicación del apercibimiento contemplado en el segundo párrafo del art. 473 del CPCC), no existe ningún elemento probatorio que se contraponga a las afirmaciones del perito.
La mera discordancia entre el dictamen de un profesional especializado y la opinión de una de las partes, cuando se trata de una simple impugnación de la pericia y sus conclusiones, sin argumentos científicos aptos para desvirtuarlas, no resulta atendible. En esos casos, la sana crítica aconseja, como principio, la aprobación del parecer del experto (Guillermo Fabián Rabino, Juicio de mala praxis médica, ediciones jurídicas, Bs. As., 2002, pág.151).
Y, de acuerdo a la historia clínica, la actora fue atendida en forma ambulatoria en la clínica 25 de Mayo de esta ciudad en el período comprendido entre el 10/07/2018 y el 24/08/2018, donde recibió tratamiento kinesiológico (conf. documentación agregada el 17/08/2021).
Asimismo, existieron perjuicios materiales que lle
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