Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI 117803
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar parcialmente la sentencia en cuanto rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía La Meridional Compañía de Seguros S.A. y en consecuencia hacer lugar a la misma, dejando sin efecto la extensión de la condena a la misma dispuesta.
2Imponer las costas de ambas instancias por la intervención de la citada en garantía a la actora.
Nro de Orden:
Libro: S-203 Juzgado de origen: Juzg Civ y Com Nro. 2 Dptal Moreno - Gral Rodriguez Expte: SI-117803 Juicio: INCHAURRAGA GRISELDA ELBA C/ SOLARZA CARLOS GABRIEL S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM.
C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Mayo de 2020, se reúnen en Acuerdo continuo (Res. SCBA 386/20 y complementarias sobre COVID-19 y Res. del Presidente de esta Sala nro. 28/4/2020) los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y ROBERTO ANGEL BAGATTIN, con la intervención de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-117803, en los autos: “INCHAURRAGA GRISELDA ELBA C/ SOLARZA CARLOS GABRIEL S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-
1ª.) ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Roberto A. Bagattin.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. La sentencia de fojas 670/691 vta. es apelada por la citada en garantía La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., que expresa agravios mediante la presentación electrónica nº 225802072006266200 de fecha 11/10/2019, siendo contestados por la actora con el escrito de fecha 780/789 vta., digitalizado el día 18/10/2019.
II.- 1.- La señora Griselda Elba Inchaurraga promovió demanda contra Carlos Gabriel Solarza y Miguel Galvez, por los daños y perjuicios sufridos con motivo del accidente ocurrido el día 8/11/13 en el que se vio involucrado la camioneta Volkswagen Amarok dominio LHG 012.
Pidió la citación en garantía de la Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., teniendo en cuenta que el co-demandado Solarza denunció al momento del siniestro que el vehículo estaba asegurado en dicha compañía mediante póliza nº 3403969.
2. Se presentó el letrado apoderado de la citada en garantía y opuso excepción de falta de legitimación pasiva de su mandante, fundada en la inexistencia de seguro.
Dijo que el hecho que motiva estas actuaciones no se encontraba amparado por ninguna cobertura contratada con su mandante y que su instituyente, a la fecha del accidente, no revestía el carácter de asegurador de Carlos Gabriel Solarza ni de ninguna otra persona con relación al vehículo Volkswagen Amarok dominio LHG 012. Agregó que ni siquiera se encontraba denunciado ante su mandante el supuesto accidente por el que reclama la parte actora.
A todo evento, en razón de que la parte actora había hecho mención a la existencia de una póliza nº 3403969 emitida por su mandante, hizo saber que entre esta última y el señor Carlos Gabriel Solarza habían celebrado un contrato de seguro que amparaba al demandado por responsabilidad civil por el uso del vehículo indicado, instrumentado bajo ese número de póliza, pero que la referida póliza no se encontraba vigente a la fecha del accidente denunciado, esto es al 8/11/2013.
Afirmó que la póliza de mención había tenido una vigencia original pactada entre el 29/11/2012 y el 29/05/2013, y que se anuló antes de la culminación de su vigencia por falta de pago de la prima. O sea, que la vigencia había culminado más de cinco meses antes de la ocurrencia del supuesto accidente.
3. Se corrió traslado de la excepción, el que fue contestado por la actora, quien solicitó el rechazo de la defensa opuesta y pidió la citación como tercero del Banco Santander Río S.A. a quien responsabilizó solidariamente por ser el productor de seguro que interivno en la contratación de la póliza de marras y acreedor prendario del vehículo asegurado.
En cuanto a la excepción, la actora, luego de negar afirmaciones de la citada en garantía, dijo, en primer término, que los derechos adquiridos por una víctima de tránsito no podían ser vulnerados por acuerdos establecidos por entidades que, a contrario de la normativa vigente, pretendían eludir responsabilidades a través de artilugios malintencionados.
Afirmó que en la documental acompañada por la citada en garantía se incorporó a Banco Santander Río S.A. como productor de la compañía de seguros y acreedor prendario del vehículo involucrado en el accidente.
Sostuvo que la citada en garantía no podía plantear la falta de legitimación pasiva por una cuestión administrativa interna, por un lado, ni de su productor de seguros, por otro. Al respecto, dijo que constaba en la documental incorporada por la citada en garantía que el pago de la prima se realizaba por “débito”, por lo que la falta de control en el pago de la misma de un vehículo prendado era una negligencia tanto de la citada en garantía como del productor “Banco Santander Río S.A.”; omisión que no debía perjudicar a terceros.
Indicó que cualquier asegurado que convenía el pago de la prima por un sistema de débito se quedaba tranquilo de que la compañía emisora de la póliza que había contratado mediante el productor y que debitaba de su cuenta, cumplía en debida forma con todos los trámites internos para que su vehículo se encontrara asegurado. Dijo que así lo había creído el demandado, pues al momento del siniestro manifestó que su vehículo estaba asegurado en La Meridional. Y que la falta de denuncia del siniestro por parte del Sr. Salarza no le era oponible.
Mencionó que la documental acompañada por la citada en garantía carecía de la firma del asegurado, Sr. Salarza, y “del ente regulador de las compañías de seguros” (SIC), lo que ponía de manifiesto que era una documentación emanada unilateralmente de la aseguradora, siendo totalmente inoponible a la actora, por lo que se debía tomar como plazo legal el presumido por la ley, o sea un año a partir de la contratación. Aclaró asimismo que en este pleito el contrato principal era un contrato de prenda en el cual el acreedor prendario era el Banco Santander Río S.A., el cual a su vez era productor de la aseguradora, siendo el contrato de seguros accesorio al contrato principal.
Concluyó con ello que lo acordado por la aseguradora y el Banco Santander Río S.A. como productor de seguro y/o acreedor prendario era ajeno al interés de la reclamante, ya que se buscaba la reparación del daño producido por un vehículo sobre el cual no se había ejercido el poder de policía que les competía a ambas entidades.
Afirmó que, de acuerdo a lo expresado, era presumible que el plazo del contrato de seguros debía perdurar el tiempo de vigencia de la prenda, situación que en este caso era inversa, ya que la citada en garantía pretendía oponer la vigencia del seguro por sobre la vigencia de la prenda.
Dijo también que la posición del banco y de la aseguradora era dominante y que sus acuerdos para limitar fraudulentamente sus responsabilidades no debían afectar derechos de terceros. Asimismo, que la rescisión producida por la aseguradora debía cumplir con las pautas establecidas en el art. 18 de la ley 17.418, es decir, dar un preaviso, lo que no se había respetado, incorporando una cláusula abusiva de rescisión automática. Finalmente pidió la citación como tercero de Banco Santander Río S.A., con fundamento en que era responsable solidario del hecho de autos en su condición de productor del seguro y acreedor prendario a lo que se hizo lugar.
4. Banco Santander Río S.A. contestó la citación oponiéndose a la misma, argumentando que no se daban los requisitos del art. 94 del C.Procesal y que no era responsable solidario del accidente por no ser titular registral ni guardián del automóvil. Reconoció ser acreedor prendario del vehículo y que Solarza se hallaba en mora en el pago de las cuotas del crédito – que debía pagar junto con las de la prima del seguro - desde el 29/04/13, y que tramitaba la ejecución prendaria en el Juzgado Civil y Comercial n° 10 Departamental. Acompañó copias del contrato prendario. Dijo que lo expuesto por la citada en garantía confirmaba la falta de pago denunciada.
Subsidiariamente contestó la demanda negando todos los hechos expuestos en la misma.
5. Se corrió traslado de la documentación a la actora, quien contestó reafirmando lo sostenido cuando pidiera la citación y desconociendo la documental.
6. El demandado Solarza fue declarado rebelde.
7. Por el demandado Gálvez, frustrada su citación, en expectativa contestó abogado de la matrícula designado al efecto.
8. Sin resolver la citación de tercero con carácter previo, se abrieron los autos a prueba.
III. Cerrado el período probatorio, se dictó sentencia haciéndose lugar a la demanda interpuesta contra los demandados Solarza y Galvez, rechazando la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por la citada en garantía La Meridional Compañía Argentina de Seguro S.A. y en consecuencia extendiendo la condena a la aseguradora. Se eximió de responsabilidad a Banco Santander Río S.A.
En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., entendió el juez - sobre la base de la respuesta brindada en la pericial contable dando cuenta de la existencia de un contrato de seguro con vigencia desde el 29/05/13 hasta el 29/11/13 y que el evento dañoso había ocurrido el 8/11/13 -, que la cuestión se centraba en los alcances del instrumento emitido el fecha 29/09/13 como endoso de anulación (obrante a fs. 625), que encontraría respaldo en el Libro de Registro de Anulaciones al folio nº 487 de Registro de Pólizas anuladas referido por la perito contadora.
Al respecto, el juez realizó dos precisiones.
Una, mediante una cita doctrinaria, según la cual toda decisión de rescindir debía ser fehacientemente anoticiada al asegurado, y que la operatividad de la rescisión y sus efectos se hallaba condicionada al cumplimiento de ello. Sostuvo que la previsión de la póliza de seguros respecto de la posibilidad de rescindir el contrato otorgada al asegurador para el caso de mora en el pago de la prima en modo alguno podía implicar la eliminación del preaviso de la ruptura contractual y, por ende, ante el acaecimiento del siniestro, la compañía que había omitido dar preaviso no queda exonerada de responsabilidad.
La segunda, mediante una cita jurisprudencial según la cual nadie podía preconstituir prueba en su propia ventaja, por lo que en un pleito contra un no comerciante los libros de comercio de su contrario carecían de fuerza probatoria a favor de sus dueños, sin perjuicio de que pudieran ser valorados como un principio de prueba indiciaria, y su eficacia probatoria dependía de las circunstancias del caso y de los demás medios probatorios aportados al proceso.
Respecto del tercero citado Banco Santander Río S.A. dijo que no era responsable del hecho de autos por no ser titular registral ni guardián del automóvil.
IV.- 1.- La citada en garantía sólo se agravia de la no procedencia de la excepción de falta de legitimación pasiva (defensa de no seguro)
Al respecto, en primer lugar, dice que el juez consideró que lo central era expedirse respecto de los alcances del endoso de anulación emitido por la aseguradora el 29/9/2013 y sin embargo nunca se expresó en relación a ello, lo que torna infundada y arbitraria la sentencia. Afirma que el decisorio no cumple con el art. 163 inc. 5 del C.P.C.C. Dice que el juez sólo ha transcripto dos precisiones de índole procesal y de fondo, para luego plasmar sin más el rechazo de la excepción, sin siquiera hacer referencia a todo el cúmulo de elementos probatorios obrantes en estas actuaciones que demuestran la ausencia total de vínculo contractual entre Solarza y La Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A.
Recuerda que Solarza adquirió el rodado Volkswagen Amarok mediante un crédito prendario con el Banco Santander Río S.A., y dentro del marco de ese crédito se contrató con La Meridional Cía. Argentina de Seguros el seguro de dicho rodado. Afirma que el nombrado codemandado no cumplió con la obligación de pagar la cuota del crédito ni la prima del seguro, y que esta conducta motivó que tanto la entidad bancaria como la aseguradora se desvincularan comercialmente de él.
De lo expresado por el Juez en los distintos párrafos del considerando de la sentencia en el que trató la excepción infiere que el sentenciante plasmó su decisión de rechazar la excepción sin fundamento alguno, ya que sólo mencionó las citas reproducidas y elucubró, a partir de la tergiversación del sentido de un fallo, que la aseguradora pretendió asentar en sus libros contables la anulación de una póliza para deslindarse de responsabilidad.
En tal sentido, expresa que el juez transcribió textualmente sólo el sumario del fallo en el que sustenta su decisión, y que no leerlo en su totalidad llevó a suprimir párrafos relevantes del mismo de los que resulta que el tribunal que lo dictó resolvió que había sido adecuado el tratamiento de todo el material probatorio de la causa, entre ellos los libros contables. Agrega que la forma en la que el “a quo” utilizó el sumario del fallo parecería que en el mismo se expresara respecto de la preconstitución de prueba contable, pero nada de eso dice el texto original, el cual termina rechazando el agravio respecto a la prueba contable.
Reitera que se aprecia que el juez nunca se expidió respecto al alcance del endoso de anulación, sino que terminó cuestionando el valor probatorio de los libros contables de la citada en garantía, todo ello con tal de otorgar al hecho una cobertura que nunca tuvo.
Alega que también la falta de congruencia de la sentencia en crisis se vislumbra en que el “a quo” sostuvo que la citada en garantía pretendió con la prueba pericial contable anular un contrato celebrado con el demandado Solarza y en un párrafo posterior reconoció que este último se encontraba en mora respecto al crédito prendario.
Detalla que el Juez sostuvo que a la fecha del siniestro -8/11/2013 - el Sr. Solarza se encontraba en mora respecto al referido crédito prendario debido a que no había abonado la cuota que venció el día 29/4/2013 y, como consecuencia de ello, tampoco había abonado las cuotas del seguro contratado con La Meridional Cía. Argentina de Seguros.
Dice que surge de la contestación de citación de tercero efectuada por Banco Santander Río S.A. y del contrato de prenda que acompañó, que conjuntamente con la cuota del crédito prendario se debitaba la cuota del seguro contratado por Solarza con la citada en garantía. Expresa que, entonces, no habiendo abonado las cuotas del crédito prendario, tampoco se abonaron las primas del seguro, ya que una estaba ligada a la otra. Indica que ello quedó acreditado en el expediente sobre ejecución prendaria seguido por la entidad bancaria contra el codemandado Solarza, y que se incurrió en un absurdo al tener por acreditado que el nombrado se encontraba en mora con respecto al crédito prendario pero que el siniestro estaba cubierto por la aseguradora.
Destaca que resulta incuestionable que la prima no estaba paga y que, más allá de la anulación, la falta de pago de la prima suspende de forma automática la cobertura, sin necesidad de intimación. Que así surge claramente de la cláusula de cobranza de premio, de forma tal que no resulta aplicable el art. 56 de la ley nº 17.418 que supone la existencia de una cobertura vigente, por lo que no puede invocarse un eventual incumplimiento del mismo si la vigencia de la póliza se encontraba suspendida.
Afirma que el criterio indicado, es decir, que en los supuestos de falta de pago deviene innecesario que la aseguradora se expida rechazando el siniestro, encuentra apoyatura en reiterados fallos de nuestros tribunales.
Por todo ello solicita que se revoque el fallo recurrido y se haga lugar a la excepción de falta de legitimación opuesta por La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., rechazando la demanda en su contra, con costas a cargo de la actora.
2. Como se dijo, la actora contesta el traslado de la expresión de agravios de la apelante, con la presentación de fojas 780/789 vta., luego digitalizada, cuyos términos doy por reproducidos por razones de brevedad.
V.- 1.- Sobre la violación del principio de congruencia.
En la sentencia apelada, el juez ha resuelto rechazar la excepción articulada por la citada en garantía, para lo cual citó doctrina y jurisprudencia referidas a la falta de notificación de la rescisión del contrato de seguros y la fuerza probatoria del dictamen pericial, resolviendo en el sentido indicado debido a que no se notificó al asegurado la rescisión de la póliza y a la insuficiencia de la prueba pericial contable sobre los registros de la propia empresa aseguradora para la acreditación de la anulación de dicho contrato. De esa manera, se ha dado cumplimiento con lo establecido por los artículos 34 inc. 4 y 163 inciso 5 del C.P.C.C. Y si alguna duda quedara al respecto, por medio de la interposición del recurso por la citada en garantía y del tratamiento de los respectivos agravios por esta Alzada, encuentra resguardo el derecho de defensa de la apelante y se suple cualquier omisión en la que podría haber incurrido el sentenciante, por lo que el agravio en este sentido no tiene acogida (arg. art. 253 del C.P.C.C.).
2. Sobre la excepción de no seguro.
Cabe en primer lugar señalar – como ha recordado esta Sala (causas n° 114.450, “Lousa c. Maiucci”, del 15/09/15; 115.223, “Berlingo c. Livolsi”, del 7/04/15; también mi voto en causa n° 4.867 del 16 /07/19, “Ferreyra c. Reyes”, de la Sala 3) - que la tesis de la inoponibilidad de las cláusulas del contrato de seguro al tercero víctima de un accidente de tránsito ha sido rechazada en varias oportunidades por la casación provincial sobre la base de que el art. 68 de la ley 24.449 remite a “las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora” y a que el art. 118 de la ley 17.418 prescribe que las aseguradoras deben responder “en la medida del seguro” (Ac. 83.726 del 5/05/04; C. 94.988 del 23/08; AC 104.106 del 3/11/10; C. 98.401 del 22/06/11; C. 102.992 del 17/08/11; C. 205.026 del 21/09/11; C. 106.051 del 15/07/15; C 114424 S 27/09/2017, entre otras; también: CC0002 AZ 63411 S 06/05/2019; CC0002 QL 18572 S 19/12/2017; CC0203 LP 112392 RSD-114-10 S 17/08/2010 ).
A su vez, la misma doctrina es la sostenida por la Corte Suprema Nacional en varios fallos (“Villarreal” y “Nieto” del 8/08/07, “Fara” del 7/08/07, “Cuello” del 7/08/07 – J.A. 2007-IV-741; “Obarrio” y “Gauna” del 4/03/08 – L.L. 2008-B-402). En estos últimos, la C.S.J.N. descalificó por arbitrariedad el plenario del “Obarrio” de la C.N.Civ. por el cual se había resuelto que era inoponible la franquicia de la cobertura a los terceros damnificados. Y nuevamente, en los fallos “Buffoni c. Castro” del 8/04/14 (Fallos: 337:329) y “Flores, Lorena c. Giménez, Marcelino” del 6/07/17 (Fallos: 340:765). En este último fallo expresamente dijo la Corte Nacional que no obstaba a la aplicación de la oponibilidad del contrato de seguro al tercero damnificado el agregado que la ley 26.361 había hecho al último párrafo del art. 1 de la ley 24.240 - “a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo” – porque se trataba de relaciones obligacionales distintas.; “ambas obligaciones poseen distintos sujetos tienen distinta causa - en una la ley, en la otra el contrato- y distinto objeto - en una la de reparar el daño, en la otra garantizar la indemnidad del asegurado”. Destaco que la ley 26.994 – que aprobó el nuevo Código Civil y Comercial – en el Anexo II modificó el art. 1 de la ley 24.240, eliminó la ampliación del concepto de consumidor que introdujera la ley 26.361. A su vez, el art. 1092 del nuevo Código guarda coherencia con dicha modificación. Es decir, queda definitivamente en claro que el tercero no es consumidor (es evidente que estas modificaciones han sido motivadas por los precedentes de “Cuello”, “Obarrio” y “Gauna” de la Corte Nacional). Por otra parte, los arts. 1021, 1022 y 1024 del C.C.y C. mantienen el efecto relativo de contratos, que preveían los arts. 1195 y 1199 del C.C. y que fuera uno de los argumentos de la C.S.J.N. para descalificar la tesis de la inoponibilidad al damnificado en los fallos arriba citados.
Sentado lo expuesto, la cuestión a dilucidar es si la póliza que unía al demandado Solarza con la Meridional Seguros S.A. estaba o no vigente cuando ocurrió el siniestro (8/11/13).
Comienzo por señalar que si bien en noviembre de 2013 (fecha del accidente) existía un nuevo número de póliza – N° 3530660 – con vigencia desde el 29/05/13, se trataba de la renovación de la originalmente emitida – n° 3403969 -, como surge claramente del certificado que en copia obra a fs. 535 acompañado por la perito contadora. Siendo ello así, es lógico que la anulación fuera de la póliza original (fs. 534 y 626/27).
La prueba pericial contable (fs. 531/36 y 554), sobre la base de los libros de la aseguradora, da cuenta de la existencia de la póliza del 29/05/13 al 29/11/13, pero que fue “anulada” el 29/09/13. Dice que al 8/11/13 no estaba vigente por falta de pago pero sin dar ninguna precisión acerca de la forma de pago de la prima. Al pedido de aclaraciones de la actora, la perito contestó que en el “endoso de anulación” (obrante en el Registro de Pólizas Anuladas) figuraba “anulación automática” (fs. 625/28). Por lo tanto, siguió sin aclarar lo señalado precedentemente.
Volviendo al valor probatorio del informe pericial contable, debe tenerse en cuenta que los libros de comercio, si son llevados en legal forma, hacen plena fe entre comerciantes (art. 63 del Cód. de Comercio vigente a la fecha del hecho), pero no es así frente al particular no comerciante, y no lo es ni el asegurado ni el tercero víctima del accidente. La jurisprudencia siempre entendió que en estos casos los libros del comerciante sirven sólo como indicio o principio de prueba (CC0103 MP 157480 130 S 17/07/2015 ; CC0103 LP 250883 RSD-191-9 S 27/10/2009 Juez LAVIE; CC0001 QL 2783 RSD-81-99 S 07/10/1999; CC0101 MP 105276 RSD-184-98 S 20/06/1998 ), criterio que ha sido receptado por el Código Civil y Comercial, que en su art. 330 penúltimo párrafo dice que “sólo sirve como principio de prueba de acuerdo a las circunstancias del caso”.
Es decir, lo que se desprende de los libros de comercio debe corroborarse con otros medios de prueba.
Al presentarse el citada como tercero Banco Santander Río S.A. acompañó copias simples de la cuenta de Carlos Gabriel Solarza y de un legajo prendario conteniendo documentación de una prenda con registro (fs. 257/96), de donde surge que la prima del seguro debía pagarse junto con la cuota de la prenda por débito automático y que a partir del mes de mayo dejó de pagarse por no existir fondos.
Al correrse traslado a la actora, negó en forma genérica “los puntos referidos por la tercera Banco Santander Río, sin perjuicio de los que expresamente reconoceré”, y a continuación desarrolló una argumentación para fundar la responsabilidad solidaria del banco apoyada en esa documentación acompañada copia (fs. 305/08). Su argumento fundamental fue que, dada las características de la contratación de la aseguradora (impuesta por el banco como acreedor prendario y productor) era corresponsable de la falta de pago de la prima, lo que no le era oponible a su parte (tercera damnificada), argumentación reiterada al contestar los agravios. Si a ello se suma que la citada en garantía se apoya en lo dicho por el banco, debe darse por acreditada que las copias acompañadas por esta entidad se corresponden con la documentación auténtica (arg. arts. 354, 356 y 484 C.P.C.). Surge de la misma que el automóvil de autos se compró con un crédito prendario otorgado por Banco Santander Río S.A. bajo la condición de que el mutuario contratara dos tipos de seguros: uno de vida (para garantizar el pago del crédito en caso de muerte o invalidez total y permanente) y un seguro sobre el bien prendado con “cobertura mínima” de “terceros completo”. En la misma solicitud de crédito se incluyó un pedido de “débito automático” de las cuotas y/o cuotas adicionales de la cuenta única del solicitante en el banco (fs. 279). A fs. 292/95 obra la copia del contrato de prenda con registro. Figura en el mismo en la cláusula 4 lo siguiente: “EL DEUDOR autoriza al banco a contratar el seguro del bien prendado a través de la Compañía que ha seleccionado en la solicitud de crédito suscripta…(V) Se tendrá por automáticamente rescindido el seguro por mora del asegurado desde las 0 hs. del día siguiente al del vencimiento de la cuota impaga, según las cláusulas de cobranza de la póliza. El seguro del bien será abonado mensualmente en el BANCO. (vi) EL DEUDOR acepta en forma expresa e irrevocable que el BANCO le cobre las primas, premios, gastos e IVA que la gestión de seguros ocasione por la correspondiente contratación de los mismos. A tal fin autoriza para que el BANCO incluya en las liquidaciones mensuales dichos importes”.
Más adelante dice: “13. En caso de producirse cualesquiera de las circunstancias abajo indicadas, el BANCO podrá considerar caducos todos los plazos: a) Falta de pago de una cuota a su vencimiento. B) Falta de cumplimiento de cualquier otra obligación asumida por el DEUDOR con el BANCO, las que resultan del presente contrato y en particular por la falta de cobertura de los seguros… 14. En caso de producirse alguna de las circunstancias mencionadas en la cláusula anterior, la mora ocurrirá de pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa alguna…”.
Asimismo, del extracto de la caja de ahorro surge que en las fechas 25/01/13, 19/02/13 y 26/04/13 se debitaron cuatro sumas por “préstamos prendarios” de valores similares (fs. 268/69), y a fs. 279 obra un resumen del “préstamo automotor” del período “15/01/13 al 14/05/13, donde figura pagada hasta la cuota 10/60 y a partir de la cuota 11/60 “IMPAGO”. Es decir, a partir de mayo/13 no se debitó la cuota del préstamo por falta de fondos, como surge del extracto de cuenta del período 15/05 al 13/09/13 (fs. 271/72). A su vez, la cuota inicial (comprensiva de seguro de vida, IVA y gastos adm.) era de $ 3540. Pero a esto debía sumarse el monto del “seguro aprox” (sic) ($ 996,27) (fs. 289), O sea, un total de $ 4.536, que era aproximadamente (con alguna variación) el monto total que se debitaba de la cuenta bancaria en concepto de “préstamos prendarios” conforme a los extractos referidos.
Todo ello corrobora que cuando fue el accidente de autos (8/11/13) estaba impaga la cuota de la prenda junto con la del seguro, cuyo débito debía hacerse conjuntamente, y esto habilita a explicar la “anulación” de la póliza el 29/09/13 según lo informado por el perito. Aclaro que pongo entre comillas “anulación” porque en realidad se trata de rescisión unilateral del contrato (art. 32 ley 17.418).
Y aquí es necesario preguntarse si la compañía de seguros tenía facultades para resolver el contrato en forma automática sin necesidad de interpelación alguna al asegurado.
No surge ello de ningún lado del contrato del seguro (conf. lo acompañado a fs. 72/76 por la citada en garantía, ni de la pericial contable. Tampoco lo contemplan expresamente los arts. 31 y 32 de la ley 17.418.
En efecto, dice Domingo López Saavedra que, en la práctica, las cláusulas de cobranza del premio que se utilizan en el mercado asegurador prevén que transcurridos 60 días desde que se suspendió la cobertura por falta de pago del premio sin que el asegurado lo haya efectuado, el contrato de seguro “quedará automáticamente resuelto de pleno derecho por el simple vencimiento del plazo y sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna” (“Ley de seguros 17.418 comentada”, La Ley, Bs. As., T. I, 2da. ed. actualizada, 2012, ps. 238 y 240). Pero ocurre que en el caso en las piezas de la póliza acompañadas no figura esa cláusula tan habitual.
Isaac Halperín, por su parte, dice que la mora en el pago de la prima autoriza la rescisión con cita del art. 32 de la LS., pero no aclara si debe preavisarse o, siquiera, notificarse al asegurado (“Seguros”, Depalma, Bs. As., 1983, 2da. ed. actualiz., p. 412).
Rubén S. Stigltiz, en cambio, dentro del capítulo sobre obligaciones del asegurado – pago del premio dice que la LS disciplina el derecho del asegurado a rescindir el contrato por falta de pago (con cita del art. 32), y a continuación dice: “El régimen de la rescisión ha quedado librado a la voluntad de las partes”, y agrega: “De manera que cobra amplia operatividad el sistema diseñado por cada entidad en la redacción de cobranza del premio”. Cuando entra a analizar la “mecánica de la rescisión” expresa: “La decisión de rescindir debe ser notificada al asegurado. Salvo que las partes acuerden lo contrario, la denuncia del siniestro requiere de un preaviso de un mes”. Dejando de lado la hipótesis particular de que se haya concedido crédito para el pago de la prima (art. 30 párr. 3ro. y art. 31 párr. 2do. y 3ro.) – que no es el caso de autos – dice este autor (citado por el “a quo” en la sentencia apelada): “Debe quedar claro que la operatividad de la rescisión y de sus efectos se halla condicionada al anoticiamiento que efectúe el asegurador al tomador” (con cita de un fallo del Tribunal Colegiado de Resp. Extracontractual de Santa Fe n° 4 pub. en LL Litoral, 1998-I-848, que de su lectura se desprende que fue sobre circunstancias de hecho muy distintas al presente).
La conclusión que se extrae de la lectura de los autores especialistas en derecho de seguros es que la rescisión (mejor dicho, resolución) automática por falta de pago, sin necesidad de anoticiamiento al asegurado debe estar prevista expresamente en el contrato de seguro. Es que se trata nada más ni nada menos que de lo previsto por el art. 1204 del C.C. (vigente a la fecha del caso en juzgamiento), que establece que para que la resolución produzca efectos de pleno derecho debe estar pactada expresamente (pacto comisorio expreso); de lo contrario debe intimarse el cumplimiento (norma reiterada en el art. 1088 del C.C.C.). El mismo López Saavedra dice que normalmente las cláusulas de las pólizas hacen referencia a los arts. 652 y 1204 del C.C. (ob. cit, p. 240, nota 429)
O sea, es de base contractual, pero aquí la póliza no lo contempla, pero resulta que, en el caso la contratación del seguro se hizo por la modalidad de contratos conexos.
Este tipo de contratos vinculados son muy complejos.
Actualmente están regulados en los arts. 1073 a 1075 del C.C.C., pero ya la doctrina los venía tratando (especialmente: Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, 1999, dictamen de Comisión n° 3; Weingarten y Ghersi, “Los contratos conexazos”, L.L. 1997-F, 1348; Tobías y Lorenzo, “Complejo de negocios unidos por nexo”, L.L. 1996-D, 139; CC.yC. Junín, “Andreoli c. Montanari S.A.”, 17/10/19; elDial.comm-AAB9ES; C.N.Civil, Sala M, “Van Thienen c. MB Desarrollos inmobiliarios S.S.”, 11/03/18; C.N.Com., Sala A, 21/04/03; J.A. 2003-IV-863, con comentario de Stiglitz, Rubén S.., “Coexistencia de contratos bancarios y de seguros: contratos vinculados”; Bueres, Alberto J. (Dir), “Código Civil y Comercial de la Nación. Análisis doctrinaly jurisprudencial”, Hammurabi, Bs. As. T. 3C, 2018, p. 315; Alterini, Jorge, “Código Civil y Comercial Comentado”, T. V, La Ley, 2015, p. 643).
La cuestión es que estas modalidades de contratos conexos han dado lugar a distintas regulaciones (v.g.: en materia de ahorro previo para fines determinados, Resolución General 26/04 dela IGJ, Anexo). Una de ellas es precisamente el caso que nos ocupa.
En efecto, el BCRA mediante la Comunicación “A” 2591 del 19/09/97 (no derogada ni modificada según surge del sitio oficial www.infoleg.gob.ar) dirigida a las entidades financieras sobre “Pautas mínimas del contrato de crédito con garantía prendaria sobre automotores” “de aplicación obligatoria en la instrumentación de las financiaciones que se acuerden a personas físicas a partir del 1.1.98 para la adquisición de automóviles nuevos o de los créditos prendarios que se adquieran a personas del sector privado no financiero, de acuerdo con las normas establecidas en la Comunicación "A" 2586.". Contiene esta Comunicación un Modelo de “Continuación del contrato de prenda”, que, si se lo confronta con el contrato de prenda con registro acompañado en autos por el tercero Banco Santander Río que sigue sus lineamientos. En lo que aquí interesa la facultad del acreedor de considerar, ante la falta de pago de las cuotas (de la prenda junto con la prima del seguro), de considerar caducos los plazos acordados sin necesidad de interpelación previa.
La pregunta es si es válido que sea el banco acreedor el que de por caducos automáticamente los plazos de las cuotas del seguro (junto con los de la prenda), o si esa era una decisión que sólo podía tomar la compañía de seguros.
La reglamentación específica del Banco Central de este tipo de contratos conexos lo habilita. Pero lo decisivo es que, precisamente, la particularidad de los contratos conexos es que se relativiza el efecto relativo de los contratos (valga la redundancia). Es decir, el incumplimiento de un contrato puede ser invocado por el cocontratante del contrato conexo (principio receptado por el art. 1075 C.C.C.). Los contratos nacen conexazos, de manera que el incumplimiento de uno puede inexorablemente acarrear el incumplimiento del otro. En el caso de autos, el pago de las cuotas de la prenda estaba unido a las del seguro desde el inicio, operatoria autorizada (Com. “A” 2591 del 19/09/17 del B.C.R.A.).
Cabe recordar que el demandado asegurado – quien fue citado en autos y quedó rebelde – no cuestionó la validez del tipo de contratación celebrada, y ya hemos visto que la doctrina de la casación provincial y de la Corte Nacional sostienen que el tercero damnificado en un accidente de tránsito no tienen legitimación autónoma para cuestionar el vínculo entre el asegurado y la aseguradora.
En síntesis, si bien de las piezas de la póliza acompañadas no se desprende que estuviera pactada la facultad de resolución (“anulación”) automática de la póliza por parte de la compañía aseguradora, sí surge ello de los contratos conexados y hemos visto que está probada la falta de pago de la prima.
Termina de definir la cuestión que de lo que no cabe duda es que cuando ocurrió el accidente el asegurado hacía seis meses que no pagaba las cuotas de la prima del seguro, y en esta materia la doctrina de la casación provincial arriba citada es inexorable: la aseguradora no es responsable del siniestro ante la falta de pago (art. 31 ley 17.418).
VI. Costas.
Si mi voto es compartido, las costas por la intervención de la citada en garantías en ambas instancias deben ser a cargo de la actora en su calidad de vencida (arts. 68, 69 y 274 69 C.P.C.C.) En consecuencia, VOTO POR LA NEGATIVA.
El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1°.- Revocar parcialmente la sentencia en cuanto rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía La Meridional Compañía de Seguros S.A. y en consecuencia hacer lugar a la misma, dejando sin efecto la extensión de la condena a la misma dispuesta.
2°.- Imponer las costas de ambas instancias por la intervención de la citada en garantía a la actora.
ASI LO VOTO.-
El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser revocada parcialmente.
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
1°.- Revocar parcialmente la sentencia en cuanto rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía La Meridional Compañía de Seguros S.A. y en consecuencia hacer lugar a la misma, dejando sin efecto la extensión de la condena a la misma dispuesta.
2°.- Imponer las costas de ambas instancias por la intervención de la citada en garantía a la actora.
REGÍSTRESE.- NOTIFÍQUESE por medios electrónico (conf. Res. del Presidente de la SCBA nro. 10/20, prorrogada por las nros. 14/20, 18/20, Res. SCBA 480/20 y Res. 535/20) Y DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia