Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 34040
CAUSA MO-34040-2011 R.S. 94/2017
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Junio de 2017, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Felipe Augusto Ferrari, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "TOMASSONI DIEGO ARMANDO C/ FIGUEROA OSVALDO HORACIO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” MO-34040-2011, habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: FERRARI-GALLO , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PROPUESTAS EL SEÑOR JUEZ DOCTOR FERRARI , dijo:
a.- La Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Departamental debe resolver un único recurso, deducido por el demandado y su seguro, contra la sentencia que a fs. 281/290 dictara la Sra. Juez de liminar Instancia, titular del Juzgado Nº 9, Dra. Maria Victoria Aloe; acoto que el actor consintió el fallo.-
b.- La expresión de agravios obra a fs.304/308 siendo replicada a fs. 310/316.-
c.- Son agravios del demandado y su seguro: la extensión de la condena, la cuantificación de la incapacidad y del daño moral, que considera exagerado y la procedencia del tratamiento psicológico.-
d.- Firme el llamado de “autos” se sortea el orden de votación.-
Como lo hemos visto, llegan cuestionadas la extensión de la condena a la aseguradora y los montos resarcitorios.-
En el primero de tales aspectos, la ley específica es la misma que al momento de acontecer los hechos (17.418); y en cuanto a la tarifación del resarcimiento, ha resuelto esta Sala en la causa nro. 53.797 R.S. 159/2015, que:
" la solución es la misma que en materia de responsabilidad: decía la Dra. Kemmelmajer de Carlucci -en la obra anteriormente citada- que el daño no es una consecuencia sino un elemento constitutivo del régimen de responsabilidad y esta es la razón por la cual rige la ley vigente al momento del hecho y no la posterior; señalando categóricamente que la mayoría de las reglas establecidas en los artículos 1708 y siguientes se aplican solo a los daños producidos después de Agosto de 2015 (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, La aplicación, cit., p. 28 y 158).
En el mismo sentido, ha explicado Moisset de Espanes que “la obligación de resarcir es una relación jurídica que se establece entre la víctima y el responsable, en virtud de la ley, cuando se reúnen los requisitos o presupuestos de hecho necesarios para que ella se configure. Uno de los presupuestos básicos es el daño sin el cual no va a nacer la obligación de resarcir; queremos destacar, entonces, que el daño no es consecuencia de la relación jurídica de responsabilidad, sino que es causa constitutiva de esa relación. Para que nazca la obligación de resarcir es menester que se reúnan todos los presupuestos que la ley exige y, en especial, el daño” (MOISSET DE ESPANES, Luis, El daño moral y la irretroactividad de la ley, JA 1972 Serie Cont.-13, 352).
Distinguiendo, con mucha claridad, efectos de consecuencias se ha dicho que efectos son las derivaciones necesarias de un hecho o acto; y que, por estar incorporados en él, se regirían siempre por la ley existente en el momento de su constitución (LAVALLE COBO, Jorge E., en AA.VV., Código Civil y leyes complementarias, BELLUSCIO, Augusto C. (dir) – ZANNONI, Eduardo A. (coord), T 1, p. 21).
En suma: para el juzgamiento de los montos resarcitorios vinculados con los daños producidos al momento de acontecer el hecho, corresponderá aplicar el ordenamiento jurídico vigente en aquella época" .-
A resultas del hecho dice haber sufrido graves lesiones.-
Reclama diversos aspectos de daño material y el daño moral.-
Cuantifica su reclamo en la suma de $226.200 (Pesos doscientos veintiséis mil doscientos).-
2. Nos dice el demandado y su seguro que el responsable del hecho fue el motociclista; fue el actor quien lo embistió cuando aquel tenía la luz de giro encendida; en dicho momento el actor se adelantó por la derecha junto al cordón; le atribuye el carácter de embistente, pide el rechazo de la demanda y la limitación de la cobertura.-
En tales términos se trabó la litis.-
3. Resalta el valor probatorio de la causa penal teniendo en cuenta la inmediatez de la misma con el hecho disvalioso.-
4. La demandada reconoció el hecho pero no produjo prueba alguna para eximir su responsabilidad; por el contrario de los testimonios obrantes en la causa penal surge claramente la responsabilidad de la demandada.-
5. En base a las pericias producidas en autos considera que el actor porta una incapacidad psicofísica del 61,75% de la total obrera, a la fecha de la sentencia, que indemniza con $600.000 (Pesos seiscientos mil).-
6. Hace lugar al daño moral que establece en la suma de $300.000 (Pesos trescientos mil) a la fecha del fallo.-
7. Los gastos médicos, menores, de traslado y medicamentos los admite por la suma de $8.000 (Pesos ocho mil).-
8. Para la erogación para tratamiento psicológico, necesario para evitar el agravamiento de las secuelas, con fundamento en la pericial psicológica, asigna la suma de $156.000 (pesos ciento cincuenta y seis mil).-
9. Rechaza el reclamo por incapacidad total y transitoria y lucro cesante por total carencia probatoria.-
10. Teniendo en cuenta lo informado por el perito ingeniero acuerda $10.715(pesos diez mil setecientos quince) para la reparación del móvil y $ 1.000 (Pesos mil) para la privación de uso.-
11. Considera inaplicable la limitación de responsabilidad de la Aseguradora (Art.18 ley 17418) lo cual funda en las conclusiones de la pericial contable.-
Tal en prieto raconto lo decidido por la sentencia en crisis.- V.- LOS AGRAVIOS
Algunas consideraciones previas:
La jurisdicción de la Alzada viene encorsetada por los concretos agravios que las partes expresan, en función del principio dispositivo que campea en el proceso civil (Art.272 del C.P.C.C); el Tribunal no puede exceder dicho limite salvo tratarse de superiores cuestiones de orden público o de afectación de garantías constitucionales en los cuales la intervención “ex oficio” se impone (esta Sala en causas 58.698, R.S.172/11; 68.814, R.S.288/12 entre otras).-
La expresión de agravios debe ostentar la crítica clara y concreta, de los presuntos errores “in iudicando” en los términos del Art. 260 del C.P.C.C. bajo apercibimiento de la sanción de deserción establecida en el Art. 261; viene cierto que la Sala, acorde con la jurisprudencia mayoritaria, a establecido un criterio de elasticidad para considerar mínimamente cumplidos aquellos recaudos; ello privilegiando el Derecho de Defensa del cual nos habla el Art.18 de la Const. Nacional; ello sin perjuicio de dinamizar el Art. 261 cuando la critica no exista o sea manifiestamente insuficiente (causas 44.256, R.S. 230/01 y 45.678,R.S. 380/01 entre otras).-
Enseña Carlos J. Colombo que “es pretensión exagerada la de querer demoler con uno o dos párrafos una sentencia circunstancia- fundadamente; es ingenuo abuso de la facultad querer someter a la Cámara a la eventual lectura de una interminable perorata y antes ocupar diez días del otro letrado para replicarla” (doctrinario citado Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y Comentado, TºII Pág.565); la cita viene a cuento en función de lo que seguidamente expongo.-
La expresión de agravios contra la sentencia apelada - en muchas de sus partes- es de tal precariedad que solo recurriendo al criterio supra expuesto ingresaré en el tratamiento de las quejas:
1. En el punto II de fs.304 la citada en garantía anuncia que se agravia “por la extensión de la condena"; los tres párrafos que siguen a dicho anuncio son meros comentarios de la apelante; pero ocurre que a fs.304vta. se varía el eje de la argumentación, pues allí se nos dice que el tema “debe resolverse en la etapa de ejecución de sentencia”; el argumento es insostenible: la sentencia debe resolver concretamente todos los temas que le son sometidos pues de lo contrario se afectaría el principio de “congruencia”; la S.C.J.B.A. ha hecho especial hincapié en la importancia de dicho principio en el proceso civil, sosteniendo que los órganos jurisdiccionales deben resolver todas las cuestiones sometidas a su consideración sin incurrir en omisiones o demasías (autos “Somma c/Industrias Metalurgicas” del 6/7/84 acuerdo 33474; “Vinent c/Piñeiro de Amette” acuerdo 33628 año l985; ”Esteche c/Esteche” acuerdo 50.077 del 28/7/2004).-
La ejecución se sentencias normada por los Arts.497 y sgtes. del ritual local consiste en el procedimiento jurisdiccional que requiere como concreto antecedente una sentencia firme incumplida.-
Y aquí, lo que debía definirse es si la limitación invocada por la aseguradora era, o no, aplicable al caso; no se trataba de un análisis de cuantía económica (lo que sí podría haber ameritado su postergación para el momento en que se hubiera practicado ya la liquidación y se tuviera certeza acerca de su extensión económica) sino de determinar si la limitación de la cobertura en sí es o no aplicable en el caso, lo que es obviamente previo a aquella operación aritmética que sí es propia de la etapa de ejecución.-
Lo dicho abastece mi convicción en el sentido que el agravio debe desestimarse lo que así propongo a mi Colega de integración.-
Por lo demás, la extensión del monto total de la condena a la Aseguradora agravia a esta: habiendo reconocido la existencia del vínculo asegurativo esgrimió, en los albores del proceso, un límite de cobertura (ver fs.36).-
En la instancia previa se desestimó su petición, lo que la agravia.-
Entiendo que no le asiste razón.-
Vemos, inicialmente, que en sus agravios reprocha el proceder del actor, el que denuncia de contradictorio.-
Estimo que no le asiste razón: el actor nunca pidió la adjunción de documentación, sino que pidió que se intime "a la contraria" para que denuncie la existencia o no de seguro a nombre del demandado, numero y tipo de póliza.-
Obviamente, para así pedir, el actor razonablemente podía no conocer los alcances de póliza (nótese que la pieza de fs. 7 de la causa penal no contenía mayores datos respecto del seguro).-
Ahora, cuando la documental se trae, asiste a la parte plena facultad de actuar cuanto estime menester a su respecto e incluso desconocerla; lo que, por cierto, se justifica a poco que se advierta que la documental que la aseguradora trajo (ver fs. 33/34) contenía una severa limitación de la cobertura.-
Insisto: no se ajusta lo que se dice en los agravios a la realidad del expediente, por cuanto el actor nunca reclamó el aporte de documental.-
Por lo demás, tampoco parece irrazonable dicho temperamento a poco que se vea que la documental que se trajo abarcaba un período diverso de aquel momento en que sucedió al accidente (la vigencia mencionaba los meses de Junio y Julio de 2011, y el accidente había sucedido en Septiembre de ese año).-
Pues bien, esto último ya va condicionando -y determinando- lo que sobrevino: la pericial indica que la póliza que se le exhibió no es la que corresponde considerar (ver fs. 139vta.).-
Veamos qué sucede, pedido de explicaciones mediante (ver fs. 159).-
Pues que el perito viene a fs. 201, no agrega mucho mas que lo dicho en su dictamen y trae " un ejemplar de la documentación entregada por la citada en garantía ".-
Ahora, volvamos un poco para atrás.-
Cuando la citada en garantía esgrime la ausencia de cobertura solicita una serie de puntos de pericia; de su lectura surge que tenía muy en claro qué era lo que debía probar y cómo debía hacerlo.-
Le pedía al perito que "Teniendo a la vista el libro Registro de Pólizas o soporte magnético o digital emitidas informe con relación a la póliza 1.435.523 y sus condiciones generales y particulares: Vigencia de dicha póliza, titular de la misma, interés asegurado, precio pactado en la prima o premio; forma de pago y riesgo cubierto"; se le pedía que con relación a las cláusulas adicionales consigne el límite establecido en la cláusula AX2 e informara si ese límite estaba permitido por la Superintendencia de Seguros de la Nación, identificando la norma correspondiente, conforme los antecedentes consultados.-
Pues bien, acerca de todo esto, el perito no se expidió y poco hizo la aseguradora (interesada en el tema) para que lo hiciera (art. 473 del CPCC).-
Había un dato clave y fundamental: informar acerca de la póliza, conforme los registros de la aseguradora; y una vez hecho esto, no hubiera estado de más tampoco, que informara si el (muy acotado) límite de cobertura estaba aprobado por el organismo de contralor.-
Pero esto último pasa a segundo plano, ante la falta de información acerca de lo primero.-
Con todo, el experto no se expidió al respecto; lo fundamental, no lo hizo compulsando libros y registros, sino que trajo al expediente la documentación que le proporcionó la aseguradora, que no es lo mismo .-
Es que el aporte de documentación al experto, en tales condiciones, en nada difiere -en su naturaleza- con el aporte de la documentación que hizo la citada en garantía al venir al expediente.-
Puntualmente, estimo que -desconocida como había sido la documentación aportada al expediente- era imprescindible, para llegar a una buena conclusión probatoria, que se compulsaran sus libros y registros para corroborar el asiento de la póliza (arts. 384 y 474 del CPCC).-
Creo, incluso y por lo que llevo dicho, que la aseguradora era consciente de esto; sus puntos de pericia así permiten concluirlo; empero, no obstante lo expuesto, no dinamizó los medios idóneos para que el perito se expidiera.-
Coronando todo esto, no podemos omitir al analizar el caso que nos enfrentamos a una relación de consumo donde el consumidor del contrato de seguro se ve en una posición apremiante, frente al infortunio acaecido, y su aseguradora pretende no brindarle la cobertura contratada.-
Vale recordar al respecto que desde esta Sala se ha señalado que " en los contratos asegurativos rige también la obligación de conducirse de buena fe (art. 1198 Cód. Civil; Cám. Civ. y Com 2° La Plata Sala I causas nro. 92.229 "Muller, Víctor Ernesto c/Federación Patronal Cooperativa Seguros Limitada s/ Cumplimiento de contrato y daño moral" RSD-75-00 fallo del 11-4-2000 y 97.551 "Karle, Fernando Daniel c/Sayago, José P. y otros s/Daños y Perjuicios" RSD- 141-3 fallo del 22-4-2003) debiendo estarse a lo que las partes entendieron o verosímilmente pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (esta Sala en causa nro. 42.799 R.S. 110/04).- Y todo ello bajo el manto protectorio que el constituyente nos obliga a colocar sobre el consumidor (artículo 42 constitución Nacional) reglamentado por el legislador a lo largo de la ley 24240, que también rige en el caso (arts. 1 a 3 ley citada)" (esta sala en causa 54.485, R.S. 428/07).-
Luego, y bajo tales premisas, la incertidumbre acerca de la existencia, o no, de la limitación a la cobertura no puede resolverse con un criterio amplio en favor de quien la esgrimió, sino todo lo contrario.-
Conclusión: coincido con que la alegada limitación de cobertura no fue objeto de idónea prueba (en similar sentido esta Sala causa MO 18739/12, sentencia del 21 de Febrero de 2017, voto del Dr. Roberto Camilo Jorda al cual adhirió el suscripto) y bien ha hecho, entonces, la Sra. Juez a quo al desestimarla.-
2. En cuanto a la incapacidad esta Sala, de antaño y hogaño, utiliza el método del calcul au point.-
De lo dicho, se desprende que en la actualidad tal teoría del "calcul au point", fija para cada punto de incapacidad un valor dinerario de mil pesos ($ 1.000); y es en este aspecto en el cual habré de proponer a mis colegas una modificación, no ya en el aspecto de fondo de tal teoría, sino en la cuantificación que hace de c
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.