Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 23647
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios, con costas al recurrente atento a su carácter de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).-
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 dec. ley 8904/77).-
Causa Nº MO-23647-2014 R.S.97 /2017
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 06 de Junio de 2017, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Felipe Augusto Ferrari, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "DEMATA DIEGO ARIEL C/ QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES SA Y OTRO S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " , Causa N º MO-23647-2014 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-FERRARI , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. A fs. 180/181 se hace lugar al incidente de nulidad de notificación del traslado de la demanda promovido, consecuentemente se declaró la nulidad de la notificación efectuada mediante cédula de fs. 78/79 y todo lo proveído en su consecuencia, imponiendo las costas del presente a la incidentada en su calidad de vencida, difiriendo la regulación de los honorarios para su oportunidad.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó la actora interponiendo recurso de apelación -conforme se desprende de lo actuado a fs. 192-; el mismo fue concedido en relación a fs. 192 y se fundó con el memorial de fs. 193/200 -a cuyo términos cabe remitirse brevitatis causae -, confiriéndose a fs. 202 el respectivo traslado, mereciendo la réplica glosada a fs. 203/206.-
3. A fs. 209vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Como vimos, el caso aquí traído nos sitúa frente a la nulidad de la notificación de fs. 78/79, mediante la cual se le pretende notificar al Sr. Argentino Urquiza el traslado de la demanda a su respecto; dicha cédula fue diligenciada en el domicilio de la calle Mirave 1780 de Ituzaingo.-
Tal lo remarcado en el precedente punto I, la Sra. Juez a quo receptó dicho planteo nulitivo, teniendo por acreditado que el demandado no se domiciliaba en el lugar donde se diligenció el mentado instrumento, sino en América 1265, Grand Bourg, Partido de Malvinas Argentinas.-
Lo decidido generó el embate de la parte actora.-
Planteada así la cuestión y teniendo en cuenta lo particular de la misma considero oportuno para introducirnos en el tema, comenzar recordando que " las formas normativizadas a través del derecho procesal, no son un fin en sí mismas sino un medio para llegar a la verdad material que es el fin último al cual debe proponer la actividad jurisdiccional; las formas consagradas por el Derecho procesal garantizan el medio ordenado para que las partes enfrentadas actuén con miras al reconocimiento de sus disímiles posiciones con acatamiento al debido proceso y al derecho de defensa; pero lo reitero no constituyen un fin en sí mismas " (esta sala en causa 50.014, R.S.360/04).-
Por otro lado, tenemos que en el caso está involucrado ni mas ni menos que la cédula que notificaba el traslado de la demanda; baluarte del ejercicio de la defensa en juicio (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.) lo que impone conjugar aquellos criterio de estrictez y conservación (propios del ámbito de las nulidades procesales) con el standard de protección, a ultranza, del ejercicio de la defensa en juicio.-
Al respecto, ha dicho la casación local que " en la apreciación del cumplimiento de los recaudos legales requeridos para la notificación del traslado de la demanda, hay que proceder con criterio estricto. Por ello, en caso de duda sobre la validez del acto, hay que atenerse a la solución que evite conculcar derechos de origen constitucional " (Sup. Corte Bs. As., A 71760, 29/10/2014, "De Caso, Sandra Viviana c/ I.O.M.A. s/ Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley").-
Fijadas así las pautas genéricas que habremos de utilizar, he de pasar -sin mas- al análisis de las pruebas rendidas.-
Es así que, del examen de los informes tanto de la Cámara Nacional Electoral de fs. 150/151 como del Registro de las personas de fs. 159/160, surge -con categoricidad y fehaciencia- que el Sr. Argentino Manuel Urquiza se domicilia en la calle América 1265, Grand Bourg, Pdo. de Malvinas Argentinas , más aún, observándose en el primero de ellos, que el ultimo cambio de domicilio se realizó en el año 2002 .-
La mentada dirección también se ve reflejada en la fotocopia del DNI y el registro de conducir del demandado , la cual obra a fs. 85/vta.-
En contrario no encontramos prueba alguna (art. 375 del C.P.C.C.) -reparo aquí en que bien podía haber la actora, quien pretendía ampararse en la validez de la notificación, ofrecido la declaración testimonial de quien aparece aludido como receptor de la cédula a fs. 79-, con lo cual entiendo que no corresponda apartarnos de lo que emerge -con categoricidad y fehaciencia, insisto- de dichos elementos; incluso cuando era información a la que bien podía haber accedido la actora en orden a direccionar correctamente la cedula.-
Arrivados a este punto y frente a la contundencia de lo expuesto, me permito reflexionar abordando la crítica del recurrente que un principio procesal, como es el de conservación de los actos, nunca puede menoscabar derechos de raigambre netamente constitucional, como el de defensa en juicio (art. 18. C.N.).-
Adelanto así mi decisión, la cual no puede ser otra que la confirmación del decisorio hoy recurrido, frente a los elementos colectados.-
En otro orden de ideas y para satisfacción del recurrente debo destacar en cuanto al cuestionamiento de la temporaneidad del planteo nulitivo, que no resulta argumento válido la construcción que efectúa sobre una eventual notificación tácita del demandado, toda vez que no contamos con ningún elemento que nos indique que el letrado de la aseguradora le informó puntualmente al Sr. Urquiza de la existencia de la notificación en cuestión, claro está previo al 15/12/15. Tampoco resulta campo de estudio la comunicación interna de aseguradora con el asegurado y sus letrados.-
En cuanto a la forma del embate y la referencia que efectúa al artículo 296 del C.C.C.N. (anterior art. 993) cabe reparar que en el caso concreto no se cuestiona puntualmente la veracidad del informe del oficial notificador; es más, si leemos el mismo, no surge del cuerpo del mentado informe que el demandado efectivamente se domiciliaba en dicha dirección.-
Como bien sabemos, la fe pública, en el caso de instrumentos de ese carácter, se refiere a la existencia material de los hechos que él oficial público hubiese anunciado como cumplidos por el mismo o que han pasado en su presencia; en cuanto a las manifestaciones de las partes, el oficial solo da fe de su existencia, mas no de su sinceridad (esta Sala en causa nro. 27114 R.S. 222/91).-
En este sentido, es claro que el Oficial Notificador puede dar cuenta de lo que hizo o presenció, y ello gozará de plena fe, pero nunca puede dar cuenta (y hacer fe) de que una persona se domicilia efectivamente en determinado lugar; lo mas que podrá informar es si constató su presencia en el lugar, mas no -insisto- que realmente allí se domicilie; y si recibiera alguna manifestación de la persona que lo atiende, haría fe de la existencia de dicha manifestación, mas no de su sinceridad.-
Todo ello, sumado a las pruebas concretas que el Sr. Urquiza se domicilia en otro domicilio, me inclinan por la postura que mejor tienda a resguardar el derecho de defensa de las partes, por sobre el cuestionamiento de la forma del planteo.-
Tal enfoque si bien dista de la postura asumida por esta alzada en otras oportunidades (causa 47.705, R.S.26/03), no hace más que reparar la situación que generó el estado de indefensión de uno de los litigantes, no pudiendo este Tribunal permanecer pasivo ante dicha circunstancia; adoptar otro camino seria incurrir en un rigorismo que embiste directamente con la misma Carta Magna Nacional, máxime cuanto -insisto- está en juego el traslado de demanda.-
En este sentido se ha destacado que " ..el perjuicio deber concretarse en el quebrantamiento del derecho debido al debido proceso, en el estado de indefensión que genera el acto cuestionado (notificación). Precisamente la protección de ese bien jurídico, que tiene raíz constitucional es lo que en definitiva dimensiona y rige la teoría especial de las nulidades procesales." Más adelante dice "La indefensión tiene que concretarse en una situación de la cual fluya, directa y necesariamente, la imposibilidad de hacer valer los derechos, lo cual le irroga un perjuicio irreparable. " (Nulidades Procesales, MAURINO, Alberto, p. 110).-
Vemos así -y de acuerdo con todo lo dicho- que el canal nulitivo resultaba un resorte idóneo para plantear la cuestión en tanto se estaba cuestionando el lugar donde pretendió practicarse el anoticiamiento y no la mecánica de lo actuado ni tampoco la veracidad de lo afirmado por el notificador.-
Ya cerrando, diré también que -en lo tocante al planteo de caducidad de la prueba- el mismo recibió la respuesta de fs. 171 y luego no se insistió sobre el particular; por lo demás, teniendo en cuenta el principio de amplitud procesal y la ratio del art. 383 del CPCC, así como también la índole de las cuestiones en juego, mal podía haberse atendido el pedido de caducidad de una prueba que ya había sido producida.-
Por último, debo destacar que los demás cuestionamientos del recurrente no reúnen los requisitos del art. 260 para enervar la decisión de la instancia de origen.-
En virtud de lo expuesto, considero, de ser compartida mi postura, que se deberá confirmar el decisorio recurrido en cuanto declaró la nulidad de la notificación efectuada mediante cédula de fs. 78/79 y todo lo proveído en su consecuencia, ello con costas al recurrente atento a su carácter de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).-
Si mi propuesta es compartida se deberá confirmar el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios, con costas al recurrente atento a su carácter de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor FERRARI , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios, con costas al recurrente atento a su carácter de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).-
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 dec. ley 8904/77).-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
si///
///guen las firmas.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. FELIPE AUGUSTO FERRARI
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia