Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 31291
CAUSA MO-31291-2011 R.S.110 /2017
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Junio de 2017, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Felipe Augusto Ferrari , para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "PATANIA MIGUEL ANGELC/ PEÑA CRISTIAN ALEXIS y otro/a S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” MO-31291-2011, habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: FERRARI-GALLO , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PROPUESTAS EL SEÑOR JUEZ DOCTOR FERRARI , dijo:
1. Los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Departamental debemos resolver los Recursos de Apelación, interpuestos contra la sentencia dictada por la Sra. Juez Titular del Juzgado de primigenia instancia Nº 5.-
La sentencia en crisis condenó a Cristian Alexis Peña y Empresa Linea 216, S.A. de Transportes a pagar a Miguel Angel Catania la suma de $1.420.000 (Pesos un millón cuatrocientos veinte mil), con extensión a la aseguradora Escudo Seguros S.A. -
2. Apelan las partes:
a.- La actora a fs.1147, recurso que concedido libremente a fs. 1151 se mantiene mediante la expresión de agravios de fs. 1158/1173 replicada a fs.1209/1211.-
b.- Los demandados y la aseguradora a fs.1150, se les concede en forma libre a fs. 1151, los agravios se exponen a fs. 1176/1180, contestados a fs. 1193/1206.-
3. Agravios de las partes:
a.- De la actora: la cuantificación de todos los rubros y el rechazo de la pérdida de chance.-
b.- De los demandados y la citada en garantía: la atribución de responsabilidad, el acogimiento del daño y tratamiento psicológico y la tasa de interés.-
4. Consentido el llamado de “autos” se sortea el orden de votación.-
Coincido con el (indiscutido) encuadre que la Sra Juez a quo efectúa en el punto I, párrafos primero y segundo de fs. 1138.-
En tal sentido la Sala –causa R.S. 174/2015- ha señalado que
“ Es inicial faena del Tribunal determinar, bajo que ordenamiento legal, juzgaremos las apelaciones que debemos resolver; así lo imponen los Arts. 171 de la Const. Provincial; 34 inc. 4 y 163 inc.6 del C.P.C.C.-
Ello sin perjuicio que el distingo no aparece de vital trascendencia habida cuenta lo normado por el Art. 1113 del C.C.A. y los Arts.1723, 1726, 1757, 1769 y cc. del C.C.C.-
Ingresando en el tema estimo que para juzgar la responsabilidad debemos apoyarnos en la normativa vigente al ocurrir los hechos o sea el Art.1113 del C.C.A; Aida Kemmelmajer de Carlucci enseña que “si la Cámara revisa una sentencia relativa a un accidente de tránsito aplica la ley vigente al momento de ese accidente; en Agosto de 2015 la revisará conforme al Art.1113 del C.C.A, no porque así resolvió el Juez de Primera Instancia sino porque la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento que la relación jurídica nació, o sea el del accidente”(autora citada “ El Art.7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en tramite en los cuales no existe sentencia firme” en La Ley 2015-B-pág 1146); el Art.7 del CCC y el 3 del CCA son conceptualmente iguales: la nueva ley rige para los casos “in fieri” o en su curso de desarrollo al tiempo de su sanción: no rige para los hechos pasados que quedaron sujetos a la ley anterior pues juega allí la noción de “consumo jurídico”.-
Incluso si todo el procedimiento se llevó a cabo partiendo de la base que los hechos estaban sujetos a determinado régimen, orientándose en tal sentido toda la actuación procesal, el cambio de ordenamiento jurídico para decidir no es cuestión que incumba solo al “iura novit curia” sino también a lo que pudieran haber actuado las partes; al entrar en vigencia un ordenamiento que no era el vigente al inicio del proceso su aplicación podría incluso afectar el derecho de defensa (Art.18 Const. Nacional) esencialmente en cuestiones fácticas y probatorias ”.-
Debemos abordar una acción de daños y perjuicios:
1. Sostiene el actor que en el mes de Junio de 2010, en horas de la madrugada, conducía su móvil en la localidad de Castelar, por la calle Alvarez Jonte; al llegar al cruce con Inocencio Arias, fue embestido por el colectivo de la demandada que circulaba por su izquierda a gran velocidad, en sentido Ituzaingó a Castelar; a resultas del evento dañoso su vehículo resultó con graves deterioros y él con lesiones diversas; aclara que iba acompañado por los Sres. Jesús Alejandro Cortés y Juan Ignacio Somoza.-
Reclama diversos aspectos del rubro “daño material” y el rubro “daño moral”.-
2. Traída a juicio la demandada da un versión totalmente diversa: a fs. 73/74 y 76/76 bis realiza veintiséis negativas genéricas y solicita la citación en garantía de Escudo Seguros S.A.-
Sin perjuicio de ello niega toda responsabilidad en el accidente: el colectivo circulaba a velocidad moderada; al llegar a Alvarez Jonte inicia lentamente su cruce; ya habiendo ingresado a Inocencio Arias, el móvil del actor se interpone en su marcha y a elevada velocidad lo embiste.-
Niega toda procedencia a los reclamos resarcitorios y su cuantificación.-
Solicita la citación en garantía de Escudo Seguros S.A.-
3. A fs.102/103 comparece la Aseguradora, con el mismo letrado apoderado de la demandada; asume la garantía en los términos de la póliza vinculante.-
En tales términos quedó trabada la litis.-
Aplicando el C.C.A. hace lugar a la demanda en los siguientes términos:
1. Resalta la importancia probatoria de la causa penal venida “ad effectum videndi”; ello al margen de su archivo en sede represiva.-
2. Considera responsable del hecho disvalioso a la demandada; ello con fundamento en la teoría objetiva del riesgo creado y ausencia de toda prueba que desvirtúe tal teoría.-
3. Acuerda pleno valor probatorio a los dichos de los testigos Juan Ignacio Somoza y Jesús Alejandro Cortez.-
6. Cuantifica la incapacidad física, parcial y permanente en la suma de $750.000 (Pesos setecientos cincuenta mil) para lo cual tiene en cuenta el 80% de minusvalía pericialmente informado a fs.1024/1025 al cual acuerda pleno valor probatorio.-
7. Desestima el reclamo por “pérdida de chance”: no se ha demostrado ningún grado de certeza, por lo cual no es indemnizable.-
8. Considera razonable el reclamo de $ 20.000 para gastos terapéuticos y medicamentos, por lo cual hace lugar al mismo.-
9. Con fundamento en la pericial de fs. 979/991 y 1033/1034 que informa que el actor porta una incapacidad del 30% y aconseja acordar gastos de tratamiento, acuerda la suma de $ 250.000 (Pesos doscientos cincuenta mil) por incapacidad psíquica y tratamiento.-
10. Luego de conceptualizarlo resarce el daño moral con la suma de $400.000 (Pesos cuatrocientos mil).-
Tal en prieto raconto el contenido de la sentencia; será al tratar los agravios cuando analizaré “in extenso” los fundamentos del fallo.-
Reiteradamente la Sala ha dejado establecido un criterio de elasticidad para considerar la idoneidad de la expresión de agravios en orden a los recaudos que dimanan de los Arts. 260/261 del rito local; hemos privilegiado así el Derecho de Defensa del justiciable (Art. 18 de la Const. Nacional); ello sin perjuicio de dinamizar la sanción de deserción que establece el Art. 261 cuando la crítica inexista o sea manifiestamente insuficiente (causas 44.256, R.S. 230/01 y 45.678,R.S. 380/01).-
También reiteradamente hemos dicho que en orden a lo dispuesto por el Art. 272 del C.P.C.C, nuestra jurisdicción se encuentra encorsetada por los concretos planteos de las partes (causa 58698 R.S.172/11).-
Con ello expuesto, paso al análisis de las quejas traídas (art. 266 in fine del CPCC).-
Tal lo dicho:
a).- Se impone tratar en primer término la atribución de responsabilidad en el evento dañoso por cuanto de lo que se resuelva al respecto dependerá que el tema que nos convoca devenga en una cuestión abstracta; y de ser tal cesará nuestra intervención en estos autos; la sentencia que nos convoca determinó la exclusiva responsabilidad del demandado; si la revocamos la cuestión devendrá abstracta, meramente académica y ajena a nuestro concreto quehacer; si por el contrario la confirmamos deberemos tratar los temas propuestos por los apelantes.-
Sentada tal disgreción he formado convicción en el sentido que la atribución de responsabilidad que la sentencia decide respecto del demandado debe confirmarse; y los siguientes son los fundamentos que han formado aquella convicción.-
El hecho que motiva esta litis fue correctamente encuadrado por la Juez a-quo en la teoría objetiva del riesgo creado, receptada en nuestro Derecho por el Art. 1113 del C.C.A. en la reforma de la ley 17711; la norma se apartó del tradicional concepto de culpa del Art.1109.-
Aquella crea una presunción “iuris tantum” en cabeza del dueño o guardián de cosa riesgosa -y el automotor lo es- que aquel, para eximir su responsabilidad, debe desvirtuar demostrando la culpa de la víctima o de un tercero.-
Va de suyo que la apreciación de la prueba exculpatoria debe ser asertiva y terminante: no debe quedar en el Juez ninguna duda sobre el particular; así lo impone el carácter tuitivo de la teoría objetiva (esta Sala causas 53.490 R.S. 297/07; 38.180, R.S. 115/09; 63.829, R.S. 92/14).-
Bien lo recuerda la sentencia: la víctima debe probar la existencia del hecho, el nexo causal y los daños; a partir de ello es el dueño o guardián sobre quien recae la actividad probatoria para eximir su responsabilidad; a lo cual adito que tal actividad probatoria no existió.-
Obran a fs.1176 y sgtes. los agravios que sustentan el recurso de la demandada y su garante.-
Los mismos atacan la atribución de responsabilidad, la cuantificación del daño y tratamiento psicológico y la tasa de interés.-
Cuanto a la responsabilidad y su encuadre jurídico, ya he señalado cuál es la preceptiva aplicable.-
Insistiendo con la configuración de la eximente basada en la responsabilidad de la víctima, vienen a plantear las apelantes que el impacto se produjo cuando el actor intentaba ingresar a una vía de mayor jerarquía, y que el impacto se produjo al girar el actor a la derecha.-
Pues bien, de la lectura -y relectura- de las réplicas de quienes hoy recurren al escrito de demanda, surge que en ningún momento se planteó que el actor hubiera ingresado girando a la derecha; leemos, bien claro, que lo que se decía es que el impacto se produjo cuando el actor se lanzó a "intentar el cruce" (ver fs. 77); el actor, por lo demás, nunca dijo en su demanda que estuviera girando.-
Luego, todas las partes fueron contestes en que el hecho se produjo al intentarse un cruce; no pueden, entonces, venir ahora (en la instancia de revisión) a plantear una versión diversa porque ello infracciona las previsiones del art. 272 del CPCC; y ello hubiera dicho lo que hubiera dicho un testigo, pues habiendo un relato parcialmente conteste de las partes (sobre un punto) no puede el juez asumir una versión diversa, so pena de violentar la congruencia fáctica.-
Al respecto se ha descalificado la sentencia que, tomando una versión testimonial, " introduce una tercera mecánica del hecho, que como se ha visto no responde a ninguna de las traídas por las partes en desmedro de la afectación de la garantía constitucional de la defensa en juicio (arts. 330 inc. 4º, 354 inc.2 º, 362, 34 inc. 4º y 163 inc. 6º del CPCC; art. 18 de la Constitución Nacional). Cabe aquí, insistir que como consecuencia de la virtualidad del principio dispositivo es a los litigantes a quienes les pertenece en forma exclusiva la aportación de los hechos en que fundan las pretensiones y defensas, estándole negada al juez la posibilidad de verificar la existencia de hechos no afirmados por ninguno de aquéllos, ya que estos últimos deben reputarse jurídicamente inexistentes (Cám. Nac. Especial Civil y Comercial Sala VI, 12-12-80, BCNEC y C. 695, num. 10.376). No pueden, por lo tanto, hacer mérito de lo que las partes no invocaron, aún cuando resulten de las constancias de autos " (esta Sala en causa nro. 27931 R.S. 40/92).-
De este modo, debemos marginar de nuestro razonamiento lo relativo al giro.-
Por lo demás, tenemos probado que el actor circulaba por la derecha del colectivo (ver croquis de fs. 1107) y que fue el colectivo el que lo termina embistiendo; el perito a fs. 1083vta. es claro al asignar a este último (el colectivo) el carácter de contactante mecánico y al automóvil el carácter de contactado; la placas fotográficas de fs. 50/1 de la causa penal son elocuentes en este sentido.-
En tal contexto, cabe ahora recordar que -según lo tiene dicho la casación local- " a diferencia de lo dispuesto en el art. 57 inc. 2 ap. c) de la ley 11.430 -según ley 13.604-, la Ley de Tránsito 24449, a la que prestara su adhesión la ley provincial 13.927, no refiere como excepción de la prioridad de paso de quien se presenta en la bocacalle por la derecha a los vehículos que circulan por vías de mayor jerarquía, sino que limita la misma solamente a quienes lo hacen por una semiautopista " (Sup. Corte Bs. As., C 118128 fallo del 08/04/2015, "Rearte, Walter Edgardo contra Chere, Miguel Ángel y otro. Daños y perjuicios").-
Entonces, no solo es que el colectivo resultó embistente sino que, además, el actor contaba con prioridad de paso, no dándose ninguno de los supuestos del art. 41 de ley 24.449 para perderlo.-
Luego, y en el contexto que vengo describiendo, no veo configurada, de ninguna manera, la eximente invocada (responsabilidad de la víctima) acerca de la cual se insiste en esta instancia de revisión.-
Promoveré, entonces, la confirmación del fallo en lo que hace a la atribución de responsabilidad.-
b) Zanjada la cuestión de la responsabilidad, es hora de ocuparnos de los montos.-
Comenzaré recordando que, en lo que hace al ordenamiento jurídico aplicable al juzgamiento de los montos resarcitoros, ha resuelto esta Sala en la causa nro. 53.797 (R.S. 159/2015), que:
"la solución es la misma que en materia de responsabilidad: decía la Dra. Kemmelmajer de Carlucci -en la obra anteriormente citada- que el daño no es una consecuencia sino un elemento constitutivo del régimen de responsabilidad y esta es la razón por la cual rige la ley vigente al momento del hecho y no la posterior; señalando categóricamente que la mayoría de las reglas establecidas en los artículos 1708 y siguientes se aplican solo a los daños producidos después de Agosto de 2015 (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, La aplicación, cit., p. 28 y 158).-
En el mismo sentido, ha explicado Moisset de Espanes que “la obligación de resarcir es una relación jurídica que se establece entre la víctima y el responsable, en virtud de la ley, cuando se reúnen los requisitos o presupuestos de hecho necesarios para que ella se configure. Uno de los presupuestos básicos es el daño sin el cual no va a nacer la obligación de resarcir; queremos destacar, entonces, que el daño no es consecuencia de la relación jurídica de responsabilidad, sino que es causa constitutiva de esa relación. Para que nazca la obligación de resarcir es menester que se reúnan todos los presupuestos que la ley exige y, en especial, el daño” (MOISSET DE ESPANES, Luis, El daño moral y la irretroactividad de la ley, JA 1972 Serie Cont.-13, 352).-
Distinguiendo, con mucha claridad, efectos de consecuencias se ha dicho que efectos son las derivaciones necesarias de un hecho o acto; y que, por estar incorporados en él, se regirían siempre por la ley existente en el momento de su constitución (LAVALLE COBO, Jorge E., en AA.VV., Código Civil y leyes complementarias, BELLUSCIO, Augusto C. (dir) – ZANNONI, Eduardo A. (coord), T 1, p. 21).
En suma: para el juzgamiento de los montos resarcitorios vinculados con los daños producidos al momento de acontecer el hecho, corresponderá aplicar el ordenamiento jurídico vigente en aquella época".-
1. Es agravio de la actora la cuantificación de la incapacidad física sobreviniente.-
Y aquí expondré en su integridad la teoría del “calcul au point” mencionada en la expresión de agravios de la accionante.-
Tiene dicho la SCJBA que “los Jueces deben individualizar y ponderar los elementos de juicio que sirven de base a su decisión la fijación del resarcimiento por daños y perjuicios debe ser determinada en base a elementos objetivos que resulten de la causa, proporcionando los datos necesarios para que puedan ser reconstruidas las operaciones aritméticas que a tal fin se efectúen (Causas Schmidt, L 94556 del 10/IV/2010;Acosta, L 32113 del 7/VII/ 1985;Busto, L 41087 del 14/III/1989; Migliore, L 55802 del 14/XI/1995).-
En función de lo dicho la Sala utiliza para dimensionar la incapacidad física, de antaño y hogaño, el método conocido como “calcul au point”(causas 33945, R,S 192/95; 37512, R.S. 302/97; 43.263, R.S. 194/01;C-6 49861).-
Resalto que el sucesivo aumento del valor dinerario del punto de incapacidad de ninguna manera enfrenta la preceptiva que veda la actualización o indexación dineraria (Art.4 ley 25.561); y ello por cuanto la actualización de marras, desde la fecha del hecho, cualquiera fuera el índice que se tomara, superaría el “quantum” con base inicial en el “calcul au point”; de lo que aquí se trata no es de indexar sino de tornar operativo el principio de “reparación integral” ínsito en el Art.1083 del CCA en la reforma de la ley 17711 y de fijar los montos resarcitorios en una expresión monetaria lo mas próxima posible al momento del dictado de la sentencia cuando está en juego ni mas ni menos que la integridad psicofísica de una persona.-
Tal lo dicho: en la causa 56.382 R.S. 2/1917 (voto del Colega José Luis Gallo al cual adhirió el suscripto) dijimos que “la Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hizo tomando como base objetiva del punto de incapacidad en la suma de pesos 1.000; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.- Ahora bien, respecto a tal temática, posteriormente -y a lo largo del tiempo- hemos elevado la tarifación del punto base de incapacidad siendo que a raíz de la decisión sentencial dictada por la presente Sala en la causa C53.797 (R.S. 159/2015) se fijó el valor dinerario de cada punto en la suma de pesos 9.000 (nueve mil pesos).-La sucesiva elevación de tal pauta referencial obedeció, por un lado, a la necesidad de tarifar el perjuicio a valores lo mas cercanos posibles al momento de la decisión y, por el otro, a la sucesi
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