Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 21563
Causa Nº MO-21563-2010 R.S.114 /2017
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 04 de Julio de 2017, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Felipe Augusto Ferrari, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S. D. L. C/ R. G. A. R. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , Causa N º MO-21563-2010 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-FERRARI , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro.3 Departamental a fs. 669/685 dictó sentencia haciendo lugar a la demanda que por daños y perjuicios promoviera D. L. S. por sí y en representación de sus hijos menores M. D. S., A. A. S. y L. S. S. contra R. R. G. y Consultores Asociados Ecotrans S.A. condenando a los accionados a hacer efectivo a los actores la suma de $2.342.900 correspondiendo a favor de D. L. S. la suma de $991.700; a favor de M. D. S. la suma de $377.800; a favor de A. A. S. la suma de $480.600 y a favor de L. S. S. la suma de $492.800 con más los intereses establecidos en el considerando VII de aquella y dentro de los 10 días de quedar firme la liquidación que los actores practiquen. Impuso las costas a los demandados. Asimismo hizo extensiva la condena e imposición de costas a Protección Mutual de Seguros de Transporte Público de Pasajeros.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron a fs.686 el letrado apoderado de la parte actora; a fs. 692 el letrado apoderado de la demandada y a fs. 694 el de la citada en garantía interponiendo -ambos- los respectivos recursos de apelación; los mismos fueron concedidos libremente a fs. 687 y fs. 695 y se los fundó con las expresiones de agravios de fs. 729/750 -la parte actora- y fs. 757/763 vta. -la citada en garantía-; declarándose desierto el de la demandada a fs. 765/vta.-
Las mismas fueron replicadas a fs. 772/783 y fs. 789/791 vta..-
3. A fs. 795 y previo informe del Actuario, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Tanto la parte actora como la citada en garantía se agravian de los montos indemnizatorios otorgados por la sentenciante de grado. Los actores pretenden la elevación de los mismos y la citada -claro está- su reducción. También esta última se queja de lo decidido en lo referente al alcance de la condena a su respecto omitiéndose -a su criterio- las condiciones del contrato de seguros celebrado con la empresa de transportes.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
Descripto así el tema a resolver, llegando firme a esta Alzada la atribución de responsabilidad y, en lo que hace a los rubros resarcitorios, lo primero que debería definirse es si resulta de aplicación el nuevo ordenamiento fondal.-
Al respecto ha resuelto esta Sala en la causa nro. 53.797 (R.S. 159/2015), que:
" la solución es la misma que en materia de responsabilidad: decía la Dra. Kemmelmajer de Carlucci -en la obra anteriormente citada- que el daño no es una consecuencia sino un elemento constitutivo del régimen de responsabilidad y esta es la razón por la cual rige la ley vigente al momento del hecho y no la posterior; señalando categóricamente que la mayoría de las reglas establecidas en los artículos 1708 y siguientes se aplican solo a los daños producidos después de Agosto de 2015 (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, La aplicación, cit., p. 28 y 158).-
En el mismo sentido, ha explicado Moisset de Espanes que “la obligación de resarcir es una relación jurídica que se establece entre la víctima y el responsable, en virtud de la ley, cuando se reúnen los requisitos o presupuestos de hecho necesarios para que ella se configure. Uno de los presupuestos básicos es el daño sin el cual no va a nacer la obligación de resarcir; queremos destacar, entonces, que el daño no es consecuencia de la relación jurídica de responsabilidad, sino que es causa constitutiva de esa relación. Para que nazca la obligación de resarcir es menester que se reúnan todos los presupuestos que la ley exige y, en especial, el daño” (MOISSET DE ESPANES, Luis, El daño moral y la irretroactividad de la ley, JA 1972 Serie Cont.-13, 352).-
Distinguiendo, con mucha claridad, efectos de consecuencias se ha dicho que efectos son las derivaciones necesarias de un hecho o acto; y que, por estar incorporados en él, se regirían siempre por la ley existente en el momento de su constitución (LAVALLE COBO, Jorge E., en AA.VV., Código Civil y leyes complementarias, BELLUSCIO, Augusto C. (dir) – ZANNONI, Eduardo A. (coord), T 1, p. 21).
En suma: para el juzgamiento de los montos resarcitorios vinculados con los daños producidos al momento de acontecer el hecho, corresponderá aplicar el ordenamiento jurídico vigente en aquella época ".-
Con ello dicho, puedo pasar al tratamiento de las quejas, parcelando mi razonamiento para referirme a los diversos rubros objeto de agravio y siendo varios actores, me referiré a cada situación independientemente.-
A) El reclamo de D. L. S. por daños a la integridad psicofísica, tratamiento y daño moral derivado de dichas lesiones
La sentencia englobó, en una misma partida, el daño psicofísico; no comparto tal proceder, por cuanto había mediado pedimento diferenciado, en el escrito liminar; incluso, cuando así se lo hace, no es dable saber, a ciencia cierta, qué porcentual de lo fijado corresponde al daño físico y cual al psíquico.-
Frente a este cuadro de situación, entiendo que el alcance de los recursos nos permite subsanar el defecto, y abordar -separadamente- cada una de las partidas, para luego reunificarlas y corroborar, así, si corresponde o no modificar el monto fijado.-
En tal sentido:
a) Daño físico
Para abordar el tema es necesario recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Al efecto cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas , según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima. -
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente el valor referencial que se adopta -de acuerdo a las circunstancias económicas imperantes- es de $13.000 (esta sala en causa 56.382 R.S. 2/2017).-
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del " calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo , adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible , se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Es tiempo de pasar a referirme, ahora, a los elementos de prueba colectados.-
Memorando, antes, que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Dicho esto y de las probanzas de autos, más precisamente de la pericia médica obrante a fs. 439/444 vta. y sus explicaciones de fs. 562/563 vta. y fs. 564/565 vta. se desprende que el Sr. S. sufrió a raíz de evento dañoso politraumatismos de distintas consideraciones que afectan sus miembros tobillo derecho, fractura maleolar tibial, traumatismo encefalo craneano con pérdida de conocimiento, en cara externa de brazo derecho impotencia funcional de hombro, fractura conminuta de maleolo tibial en el tobillo derecho y una apertura de la sindesmosis tibio peronea. Ello también se desprende de la historia clínica obrante a fs. 251/252.-
El auxiliar de justicia refiere que se observan cicatrices quirúrgicas una de 3 cm de largo en la región maleolar tibial, de 7 cm. de largo en la cara interna de la pierna y 3cm de largo en la región maleolar fibular; una disminución de la flexión dorsal y plantal del 10%. Por ello y de los estudios complementarios efectuados el experto dictaminó que el actor D. L. S. a raíz del accidente de fecha 28/05/2010 en base al examen clínico, físico, estudios complementarios (RX, electroencefalograma, EMG), según el perito corresponde determinar incapacidad parcial y permanente por fractura de tibia maleolo tibial, osteosintesis con limitación funcional residual y cicatrices estéticas. No corresponde determinar incapacidad por el traumatismo craneano con perdida de conocimiento ya que no presenta alteraciones evidenciables por clínica o estudios complementarios (electroencefalograma). Corresponde, según el experto, incapacidad parcial y permanente del 23.30% de la TO.
Nótese que dentro del dictamen propiciado por el experto se ha incluido las cicatrices que son evidentes en el cuerpo del actor. Con lo cual el monto peticionado por el actor por daño estético ya se encuentra englobado en esta parcela, no procediendo un resarcimiento diferenciado (esta Sala en causa nro. 50.851 R.S. 911/04, entre otras).-
Así las cosas, no existiendo elementos objetivos que contradigan las conclusiones periciales (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.), no veo razón ni fundamento alguno para apartarme de la pericia antes aludida.-
Incluso tenemos a fs. 326/8 la declaración de la testigo R., quien nos habla de las concretas repercusiones del accidente en la vida y cotidianeidad del coactor.-
Por lo demás, tratándose de una incapacidad de carácter permanente (es decir, que acompañará al actor por el resto de su existencia), la cuestión no puede observarse, solamente, desde la estrecha mirilla del eventual perjuicio económico sufrido hasta ese momento sino desde la más amplia visión del menoscabo físico instalado de manera permanente (cfe. esta Sala en causa nro. 7137 R.S. 204/15, 50118 R.S. 37/17; entre otras).-
Sentado ello, y circunscripto así el menoscabo incapacitante resarcible en autos, debemos contextualizarlo con las circunstancias personales de la víctima: sexo masculino, de 39 años de edad al momento del accidente, casado -ahora viudo- , portero y las condiciones que surgen del BLSG -que en este acto tengo a la vista (ver, puntualmente, fs. 13/28)- entiendo que el monto otorgado por la sentenciante es reducido, debiéndose elevar el mismo y fijarlo en la suma de $300.000 (trescientos mil pesos).-
b) Daño psíquico
A fin de abordar las quejas sobre el punto es menester señalar -en primer lugar- que el daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral; las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando deriven en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cuál debe incluirse a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (entre otras: c. 28.511, R.S. 89/92).-
Para determinar si hubo o no daño enmarcado en esta parcela, tenemos la pericia psicológica obrante a fs. 371/393.-
La experta en la materia luego de varios estudios efectuado al Sr. S., llega a la conclusión de que el mismo presenta un trastorno de Estres postraumatico... dado que el cuadro diagnosticado implica un deterioro que impacta en forma severa en el psiquismo del actor alterando su seguridad psico-fisca, lo que da lugar a una
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