Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 25137
Causa Nº MO-25137-2013 R.S.269/2018
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 08 de Noviembre de 2018, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "QUINTERO IVONNE YASMINA C/ TRANSPORTES UNIDOS DE MERLO SACIEI Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , Causa N º MO-25137-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. A fs. 324/334 el Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 8 de este Departamento Judical, dictó sentencia haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Ivonne Yasmina Quinteros contra Transportes Unidos de Merlo y Dario Oscar Leggire condenando a estos dos últimos a pagar la suma de pesos $448.000 a favor de la actora con más sus intereses desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago, declarando que la aludida sentencia podrá ejecutarse contra la citada en garantia Metropol sociedad de Seguros Mutuos en la medida de la póliza contratada. Impuso las costas a la parte demandada y difirió la regulación de honorarios hasta su oportunidad.
2. Contra tal forma de decidir se alzaron a fs. 338 y fs. 339 la parte actora y la parte demandada y citada en garantía interponiendo los respectivos recursos de apelación; los mismos fueron concedidos libremente a fs. 340 y se fundaron con las expresiones de agravios electrónicas cuyos códigos de referencia son 237200416014057165 -de fecha 7/6/2018- y 241300416014130598 -del 26/06/2018-, replicadas con el escrito 231200416014161236.-
3. A fs. 347vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
La parte actora se agravia de los montos otorgados por el sentenciante con relación a los rubros indemnizatorios, pretendiendo la elevación de los mismos.-
Por otra parte, la demandada y citada en garantía se agravia por considerar que el hecho objeto de autos no se encuentra debidamente probado. También lo hace respecto de los excesivos montos otorgados para los rubros indemnizatorios.-
Asimismo, las quejas también encuentran dirección hacia la tasa de interés.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
Dejando señalado que, desde mi punto de vista y en líneas generales -mas allá de las apreciaciones que en seguida efectuaré respecto de algunos aspectos de las mismas- ambas expresiones de agravios sortean la valla del art. 260 del CPCC, he de pasar al análisis de las quejas traídas (arts. 260, 266 y 272 del CPCC).-
Y, en tal faena, por evidentes razones metodológicas, en primer lugar es menester abocarme a la queja traída por la demandada y citada en garantía respecto de si el hecho se encuentra o no probado, para luego, atender -si fuera necesario- los agravios relativos a los montos indemnizatorios.-
Señala la apelante que, ante el desconocimiento del hecho, era carga del actor la acreditación de su efectiva existencia y su mecánica.-
A su entender el "a quo" tomó la declaración de los testigos Sirianni y Mancini -este último obra en la causa penal- que no ha sido ofrecida como prueba por ellos, ni fue objeto de ratificación en sede civil.-
Ello, según sostiene, se hizo sin respetar el derecho de defensa en juicio.
Ahora bien.-
En primer término cabe aclarar que en el punto el recurso bordea la deserción y sólo el criterio de elasticidad tantas veces utilizado por este Tribunal para apreciar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley adjetiva (art. 260) en la faena de sustentar el recurso de apelación de que se trate, es el que nos autoriza a desechar la aplicación de la sanción contenida en el art. 261 del mismo cuerpo normativo y a ingresar al análisis del tema.-
Entonces y ya en respuesta a los agravios, involucrando el tema la atribución de responsabilidad, compartiendo lo decidido en la instancia previa acerca de cuál es el ordenamiento jurídico que atrapa el caso (el vigente al momento de acontecer los hechos), recordaré que esta Sala ha señalado (causa nro. 56.818, R.S. 334/09) que:
" el Código de Comercio se ocupa en el artículo 184 de la responsabilidad de los empresarios de transporte en caso de muerte o lesión de pasajero. La norma está literalmente referida al supuesto de accidentes ocurridos durante el transporte ferrocarril. Pero la doctrina y jurisprudencia ha extendido su ámbito de aplicación a los que ocurran en cualquier medio de transporte. Así, se ha decidido que los principios del art. 184 se aplican al transporte automotor de pasajeros, sobre todo cuando es realizado en forma de Empresa; a todos los servicios públicos de transporte, cualesquiera sean los vehículos utilizados, inclusive colectivos y taxímetros o automóviles de "remise". (CNFed. Sala 1ra., Civ. y Com. 18-9-70, J.A. 9-1971-164; S.C.J.B.A. 31-5-60; A.S. 1.960-IV-170; Cám 2da. C.C. La Plata Sala 3ra., 13-3-62; Cód. de Com. Comentado Juan Carlos Fernández Madrid T ° I).-
Es decir, el transportista asume una obligación fundamental de resultado; el desplazamiento o conducción del pasajero sano y salvo hasta el lugar de destino. La mentada obligación no expira con el cumplimiento del traslado del viajero sino también asume una obligación de seguridad y de vigilancia para que no sufra su integridad personal.Sin lugar a dudas estamos frente a una relación contractual (pasajero-empresa) y la ejecución debe de efectuarse de acuerdo a lo convenido, conduciéndose al pasajero al lugar de destino, por la ruta y en el tiempo establecido o el que resulte de las reglamentaciones.-
El citado artículo (184 del Código de Comercio) para la relación precedentemente indicada establece una responsabilidad objetiva, como una expresión del riesgo creado. En consecuencia, el pasajero debe probar el contrato de transporte y el daño sufrido pero no es necesario que pruebe la culpa del transportista, pues dicha norma presume la responsabilidad del mismo y por ende, incumbe al transportador la prueba de alguna causal eximente de responsabilidad (SCJBA 31-5-60; A.S. 1960-IV-1.970); ya que priva el principio de la inversión de la prueba. Tales causales son; la fuerza mayor, la culpa de la propia víctima o el hecho de un tercero por el que el transportista no es civilmente responsable ".-
Ahora bien, en el contexto descripto es claro que incumbía a la actora -frente a la negativa de su contraparte- dejar suficientemente demostrada la existencia del hecho en sí, como así también su vinculación (nexo causal) con los daños en virtud de los cuales viene a reclamar.-
Ante este cuadro de situación, y tal divergencia de versiones de los hechos, debemos necesariamente acudir al plexo probatorio, dejando en claro -para ello- que " como regla el Juez tiene el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, SINO SELECCIONARLOS A FIN DE FUNDAR EL FALLO en lo mas fehaciente " (SCBA, DJBA t. 36, págs. 393 y 471 DJBA; SCJBA Agosto 4/53 "Emmi Antonio y otra c/ Carnevale Nicolás") y que según lo determina el artículo 384 del ritual habrán de apreciarse, conforme las reglas de la sana crítica, las que fueran esenciales y decisivas para el fallo de la causa.-
En primer lugar y con relación a la incorporación de la causa penal, debo señalar que esta Sala Segunda ya se ha expedido en casos análogos.-
En aquella oportunidad se sostuvo que " el mismo Máximo tribunal de la provincia, sostiene que la doctrina que impide trasladar la eficacia probatoria de las declaraciones testimoniales producidas en la causa penal, si el expediente no fue ofrecido por ambas partes, o si se ha omitido reproducir en sede civil dichos testimonios "...no debe aplicarse rígidamente porque limita demasiado la apreciación judicial." (ver S.C.B.A., Acuerdo 61.784).
Y, en las hipótesis donde el expediente penal haya sido ofrecido por una sola de las partes, se haya omitido la ratificación o cualquier otra situación análoga, no pierde automáticamente su fuerza probatoria. La que deberá ser analizada, siempre con el tamiz de los parámetros inherentes a la sana crítica, por el juez civil, en concordancia con la restante prueba producida " (esta Sala en causa MO 57713 RSD-219-10 S 4-11-2010)
Así las cosas, de la compulsa de estos obrados se desprende que de la contestación de traslado obrante a fs. 66/77 vta. -y sus adhesiones- no surge que los aquí recurrentes se hayan opuesto a la prueba informativa oportunamente ofertada por la actora, ni planteado nada a su respecto; solo se oponen a la confesional.
Ahora -como lo expone el actor en su contestación de agravios- aquel planteo es por demás extemporáneo.-
Digo que en ningún momento se ha violentado el derecho de defensa de la recurrente, sino que aquella defensa nunca fue puesta en funcionamiento respecto de la aludida prueba.-
Por ello, no encuentro motivo alguno para apartarme de la misma y, concatenadamente a ello, tampoco las testimoniales de los Sres. Sirienni y Mancini.
No quiero dejar de advertir que la demandada y citada en garantía comienzan sus agravios diciendo "Dado el expreso desconocimiento del hecho..." cuando de la aludida causa penal se desprende del acta de procedimientos que el hecho existió .-
El Sr. Dario Oscar Leggire refiere que manejaba colectivo mencionado, y al doblar en la intersección mencionada, esta persona de sexo femenino, se encontraba arriba del colectivo, y al parecer se desvanece encontrándose dentro del colectivo y virtud a que la puesta trasera de descenso de pasajeros se encontraba abierta, la misma sale despedida por esa, hacia el exterior.-
De esta manera es el propio chofer que relata que el día 30/4/2013 tuvo un acontecimiento cuando manejaba el colectivo de la empresa TUM linea 500 int. 7 .-
E incluso la causa penal se inicia cuando los agentes son convocados en relación a la existencia del hecho analizado en autos, y al concurrir al lugar describen la situación que se menciona a fs. 1 de dicha IPP.-
Por otra parte, no encuentro contradicción alguna entre las declaraciones del Sr. Mancini en sede penal y la del señor Sirianni, toda vez que los mismos han relatado la producción del evento dañoso de manera similar.-
El testigo Serinni relata que " se hallaba caminando por la intersección de las calles Italia y Quintana de este medio, cuando observa un colectivo de la linea 500 empresa TUM interno 7 que circulando por la calle Quintana con sentido hacia las vías de la estación de trenes, y dobla por la calle Italia con sentido hacia Merlo, que el colectivo subió las ruedas traseras izquierdas al cordón de la vereda, luego de pasar por un lomo de burro allí ubicado, que aparentemente por esa maniobra una mujer que viajaba arriba del colectivo, cayo por la puerta trasera del lado derecho, que se hallaba abierta, golpeando su cabeza contra un vehículo estacionado sobre la calle Italia y cayendo posteriormente al pavimento... " (ver fs. 165 y sigtes).-
Misma linea argumental sigue el Sr. Waldo Gabriel Mancini quien declara en sede penal que " ...un colectivo de la linea 500 empresa TUM gira en Quintana para tomar la calle Italia, con sentido Merlo, y al doblar cerrado, se monta sobre el cordón de la vereda, momento en que una mujer que venia parada de dicho omnibus, el dicente observa que cae hacia el suelo, ya que la puerta trasera estaba abierta, golpeando previamente contra un vehículo que se hallaba estacionado sobre Italia mirando hacia Merlo... ".-
Todo los testimoniado coincide con la síntesis del hecho obrante a fs. 3 de la I.P.P. 10-00-015359-13 redactado por la Subcomisario Analia Vargas, del cual extraigo que "...en la intersección de las calles Italia y Quintana de este medio, constato que se hallaba un colectivo de la empresa TUM y a unos metros una persona de sexo femenino la cual se hallaba semiinconsciente, adolorida, a quien inmediatamente procedimos a convocar ambulancia para que sea asistida, trasladada a la ciudadana al Hospital Heroes de Malvinas de Merlo...".-
Por todo lo expuesto precedentemente considero que el no reconocimiento del hecho por parte de la demandada y citada en garantía, queda totalmente sin sustento, máxime cuando el propio chofer relató que la mujer que viajaba en el transporte que él manejaba cae del mismo en la intersección de las arterias referenciadas .-
Además, es importante destacar que el testigo Sirianni no declaró en la causa penal, sino que lo hizo en este proceso, donde la hoy quejosa tuvo plena posibilidad de ejercer su defensa al respecto.-
Y agrego que la victima no cayó por la ventanilla sino por la puerta trasera, que se encontraba abierta, como lo relata el testigo presencial.-
De este modo, entiendo que el hecho está plenamente acreditado, no solo por la declaración de estas dos personas, sino también por el reconocimiento del propio chofer del colectivo (plasmado en instrumento público) y, en sintonía con ello, por lo que los propios funcionarios policiales constatan al llegar al lugar de los hechos.-
Por todos los fundamentos expuestos por mi en los párrafos que anteceden, soy de la idea que se deberán rechazar los agravios traidos por la demandada y citada en garantia respecto al desconocimientos del hecho objeto de autos, confirmado la resolución en tal sentido.-
Ahora, y zanjada esta cuestión, es momento de abocarme a los agravios relativos a los montos fijados por el juez de grado para los distintos rubros indemnizatorios, donde la parte actora pretende su elevación y la demandada y citada en garantia la reducción de los mismos.-
a) Incapacidad Sobreviniente .
El "a quo" fijó para esta parcela la suma de $190.000.-
Dicho esto, y comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
En lo que hace a la cuantificación cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente, el valor referencial utilizado es el de $15.000 (quince mil pesos) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibi
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