Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 7336
Causa Nº MO-7336-2012 R.S. 285/2018
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 22 de Noviembre de 2018, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "LACCONE CRISTIAN FRANCISCO Y OTRO/AC/ FERNANDEZ MATIAS EZEQUIEL Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , Causa N º MO-7336-2012 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental a fs. 759/770 dictó sentencia haciendo lugar a la demanda promovida por Cristian Francisco Laccone y Maria Victoria De Innocentis contra Matías Ezequiel Fernandez condenando a la última a pagar al Sr. CRISTIAN FRANCISCO LACCONE la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIEN ($840.100).-, y a la Sra. MARIA VICTORIA DE INNOCENTIS por suma total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($4.200), totalizando el monto indemnizatorio en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ($844.300.-), con más los intereses que se aplican desde la fecha del evento (21/05/2010), la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago. Hizo extensiva la condena, en los términos del art. 118 de la ley 17.418 y con los límites del contrato de seguro a La Equitativa del Plata S.A. de Seguros e impuso las costas a los demandados por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.), difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad prevista por el art. 51 de la ley arancelaria.
2. Contra tal forma de decidir se alzaron a fs. 775 la parte actora y a fs. 781 el demandado y la citada en garantía interponiendo los respectivos recursos de apelación; los mismos fueron concedidos libremente a fs. 784 y se fundaron con las expresiones de agravios (electrónicas) cuyas referencias son 233800416014077143 (actora) y 24800041601469197 (demandada y citada en garantia).-
Esta última fue replicada por la parte actora el 31/7/2018.-
3. A fs.800vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Los agravios de la parte actora versan sobre la valoración con relación a las pericias que hizo la sentenciante de grado como así también los montos otorgados para los distintos rubros indemnizatorios. Asimismo, la Sra. Victoria de Innocentis lo hace por los gastos de reparación y privación de uso.-
Por su parte la demandada y citada en garantía presentan dos agravios puntuales; uno relacionado con el monto indemnizatorio del daño psicológicos y su tratamiento como así también el daño psíquico pretendiendo su reducción; el otro, se direcciona hacia la tasa de interés aplicada.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
A fin de dar respuesta a las diversas cuestiones planteadas, he de parcelar mi razonamiento, para dotarlo de la mayor claridad expositiva.-
Y lo haré en relación a las cuestiones vinculadas con cada co actor
A) CO ACTOR LACCONE
La Sra. Juez "a quo" fijó para esta parcela la suma de $300.000.-
Dicho esto, y comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
En lo que hace a la cuantificación cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente, el valor referencial utilizado es el de $15.000 (quince mil pesos) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Y para la probanza de los daños sufridos se ha producido prueba pericial.-
Es entonces momento de recordar, en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Delineada ya la plataforma conceptual sobre la que apoyaré mi voto, en primer lugar me abocare al tratamiento de las quejas relacionadas con la incapacidad otorgada por el daño físico y las pericias efectuadas en autos.-
Al respecto debemos recordar que las pericias no representan una prueba legal y deben ser valoradas en atención al contexto general probatorio en los términos del art. 474 del C.P.C.C.
Sin embargo las circunstancias de que la pericia no sea una prueba legal no significa que los magistrados puedan apartarse arbitrariamente de las peritaciones y determinar porcentajes de incapacidad "per se" y/o de acuerdo a su sentido común. El juez no puede hacer mérito de su ciencia privada ni de sus conocimientos prácticos y si se debe apartar de una pericial lo tiene que hacer con sólidos argumentos (Cám.Civ.Com. La Matanza, Sala II causa 316 RS 11/03/2003).-
Por eso, el art. 473 último párrafo del ritual, faculta expresamente al juez -cuando estime necesario- a disponer que se practique otra pericia, por los mismos expertos u otros de su elección; y ello no es más que una consecuencia del posicionamiento del Magistrado como director efectivo del proceso y una especie de las facultades instructorias genéricas del art. 36 inc.2 del rito, tendiente a esclarecer la verdad de los hechos controvertidos (esta Sala en causa MO-44594 R.S. 512/2).-
Entonces, siguiendo estos carriles, si se presentan en el juicio pericias de similar rango, cuyas conclusiones se presentan contradictorias, y donde es necesario determinar a cuál se le confiere mayor credibilidad, la fuerza estimatoria de cada una de ellas debe ser ponderada según las reglas de la sana crítica, por lo cual debe acudirse al cotejo de las conclusiones periciales con las restantes constancias de la causa, con las reglas del correcto entendimiento judicial, las máximas de experiencia y lógica.-
En el caso concreto de autos, la sentenciante de grado -antes del dictado de la sentencia hoy en crisis- en virtud de las diferencias sustanciales existentes entre el informe elaborado por le perito médico traumatológico, ofrecido por la parte actora Dr. Ravaschio a fs. 448/451 -y explicaciones de fs. 573- y el informe presentado por el médico legal ofrecido por la parte demandada y citada en garantia, Dr. Chan a fs. 518/519 y explicaciones de fs. 566, dispuso una medida para mejor proveer para que un perito traumatológico de la Asesoría Pericial de La Plata realice una nueva pericia al actor Laccone respondiendo la totalidad de los puntos periciales ofertado por la parte actora y la demandada y citada en garantía -ver fs. 673 y vta.-.-
Así las cosas se realizó la pericia solicitada a fs. 723/726vta.
No obstante ello, es menester decir que la Oficina Pericial de la Plata no es alzada de las de los demás departamentos judicial ni de los peritos extraidos de la lista de designaciones de oficio. Es la sana critica del juez la que debe decidir la elección cuando nos hallamos ante pericias contradictorias.-
Aquí, como se desprende de la causa, distan muchos los porcentajes incapacitantes que los distintos auxiliares del juez reconocen al actor Laccone.
Pero no podemos olvidar que si bien aquellos porcentajes de incapacidad que determinan las pericias médicas, son importantes indices referenciales, lejos estan en constituir pautas que obliguen al juez a actuar mecánicamente, en base a cálculos matemáticos o actuariales pues lo importante en este tema es analizar cuales han sido las consecuencias reales y efectivas que el evento causo a la víctima y las características personales de ésta, agregando que las incapacidades no solamente afectan al aspecto laboral, sino a todas las posibles manifestaciones del individuo (esta Sala en causa MO-34652 RS 40/96).-
Por tales razones soy de la idea que la sentenciante de grado no ha errado en su proceder respecto a la búsqueda del real porcentaje de incapacidad que ha sufrido el actor por el evento dañoso, y ha operado de acuerdo con las previsiones de los arts. 473 y 474 del CPCC, valorando -a su criterio- todas y cada una de las probanzas que se han aportado en autos y de las que ella misma ha ordenado realizarse como medida para mejor proveer.-
En tal sentido y analizando el dictamen del perito Ravaschio a fs. 448/451 donde concluye que el actor presenta una incapacidad del 20% de la T.O parcial y permanente por haber padecido fractura con hundimiento de las plataformas vertebrales superiores de los cuerpos D3 y D4. Ligera procedencia del muro posterior de D3. También se identifica leve hundimiento de la plataforma vertebral superior del cuerpo D5. Fractura sin desplazamiento de las apofisi transversal izquierdas D3 y D4.
Contesta el profesional que no ha sufrido daño estético y refiere que el paciente generará a ya corto o mediano plazo una artrosis, que requerirá kinesiología y eventual cirugía.
Por su parte el perito Chan -fs. 518/519- ha concluido que el actor presenta una incapacidad parcial y permanente del 50% de la T.O. respecto del accidente de marras, en la esfera traumatológica y orgánica respecto del daño estético constatado.-
Relata que el paciente a raíz del accidente ha padecido secuelas en lo referido a la patología de la columna dorsal, con aplastamiento y fracturas vertebrales en 4 de ellas, traumatismo cervical (cervico-braquialgia post-traumática, sin lesiones fracturarias) traumatismo moderado del tobillo derecho y heridas descriptas en la cara y cuero cabelludo, con daño estético.
Y -por último- de la contestación de la parte actora, el médico de la Asesoría Pericial de fs. 718/721 sostiene que las secuelas de índole traumático y de acuerdo a lo observado en el apartado II y de los estudios Rx, realizados en la Asesoría Pericial y TAC, el actor presenta una incapacidad física que se considera parcial y permanente del 20% del total, en relación especifica a la especialidad del perito ortopedia y traumatologia. Asimismo refiere que las secuelas en la actualidad se encuentran en etapa estable y no evolutiva por lo que no se advierte necesidad de implementar alguna terapia médica y/o kinésica que pueda modificar el porcentaje de incapacidad física otorgado. -ver fs. 754 vta.-
El profesional nada dice del daño estético.-
En el contexto descripto, y como ya lo señalaba, ponderando la especialidad de los expertos, como así también los fundamentos de cada dictamen, teniendo en cuenta -especialmente- la entidad del menoscabo y la coincidencia entre el Dr. Ravaschio y el dictamen de la Asesoría Pericial, entiendo que la conclusión (concordante) de estos dos expertos es la que ha de prevalecer.-
Circunscripto así el menoscabo incapacitante debemos contextualizarlo con sus circunstancias personales (hombre de 37 años de edad al momento del evento dañoso, casado, comerciante, padre de dos hijos -ver fs. 30 del B.L.S.G. que en este acto tengo a la vista-).-
Así las cosas y por lo expuesto precedentemente, teniendo en cuenta la entidad del daño, el menoscabo incapacitante y su incidencia en la situación y ocupación del reclamante, conjugando ello c
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.