Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 14432
“ PACHECO DANTE DAMIAN C/ TRANSPORTES LA PERLITA S.A. Y OTROS S(N5)/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ”
Causa Nº MO-14432-2014 R.S.293/2018
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 04 de Diciembre de 2018, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "PACHECO DANTE DAMIAN C/ TRANSPORTES LA PERLITA S.A. Y OTROS S(N5)/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " , Causa N º MO-14432-2014 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 7 Departamental a fs. 360/382 resolvió hacer lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron a fs. 385 y fs. 383 la parte actora y también la demandada y citada en garantía respectivamente, interponiendo los respectivos recursos de apelación; los mismos fueron concedidos libremente a fs. 386 y 384 y se los fundó con las expresiones de agravios presentadas electrónicamente con fecha 4 y 15 de junio del corriente año, confiriéndose a fs. 396 el respectivo traslado, mereciendo las réplicas presentadas también electrónicamente.-
3. A fs. 398vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
IIa.- Agravios de la parte actora
El accionante comienza atacando la cuantificación de la incapacidad sobreviniente por considerar exiguo el monto fijado por el sentenciante.-
Además de ello, embiste contra el monto fijado en concepto del daño moral.-
IIb.- agravios de la demandada y citada en garantia
La letrada apoderada de la accionada y su aseguradora embisten en primer lugar contra la cuantificación del daño físico y estético.-
Posterior a ello, cuestionan el daño psicológico y su tratamiento.-
Luego, la apelante, ataca la cuantificación del daño moral, como también los gastos de farmacia y asistencia.-
Y concluye la recurrente cuestionando la tasa de interés.-
A los términos de ambas presentaciones recursivas cabe remitirse brevitatis causae .-
Planteada así la cuestión y comenzando el tránsito hacia el abordaje de los agravios debemos resaltar liminarmente que el Sr. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras) y sobre el tema no existen agravios de las partes -más allá de los destacado por la Dra. Pino al cuestionar la tasa de interés fijada por el a quo - .-
Sentado ello, comenzaré con el análisis de los agravios aquí traídos.-
El sentenciante cuantificó el rubro en la suma de $550.000, generando ello -tal como lo detacáramos- el embate tanto del accionante como de la demandada y su aseguradora.-
Comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Queda por aludir, ahora, a su tarifación.-
Al efecto cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente el valor referencial que se toma es el de $15.000 por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Sentado ello pasemos al caso concreto de autos.-
En tal sentido, debemos partir desde la pericia médica, la cual obra glosada a fs. 315/319, la cual, analizaremos bajo el prisma de los artículos 384 y 474 del C.P.C.C.-
De la misma podemos extraer que el Sr. Dante Damián Pacheco, presenta:
*Fractura de rotula derecha operada y rigidez de rodilla secundaria, Cuerpo extraño en rotula derecha (osteosíntesis),
* Fractura de maxilar operada sin dificultad para la masticación con material de osteosíntesis (cuerpo extraño),
* Inestabilidad simple anterior de rodilla izquierda, Herida quirúrgica hipertrófica en maxilar izquierdo de 3,5 cm. x 0,8cm.,
* Herida en zona frontal de 5 cm. x 0,5cm. y
* Herida quirúrgica anterior longitudinal de 8cm x 0,5cm.
El perito estipula una incapacidad Anatomofuncional parcial y permanente del 42,41% e incapacidad por daño estético del 13% , según el cálculo de la capacidad restante por el método de Balthazard (Baremo de Altube Rinaldi para el Fuero Civil) y desde la esfera psicológica, según el psicodiagnóstico adjunto, presenta un 10% de incapacidad .
Destaca que el desarrollo de la incapacidad Anatomofuncional: 21%. Fractura de rotula derecha operada y rigidez de rodilla secundaria, (13%) Cuerpo extraño en rotula derecha (osteosíntesis) (9%);19% Fractura de maxilar operada sin dificultad para la masticación con material de osteosíntesis (cuerpo extraño) (6%) Herida quirúrgica hipertrófica en maxilar izquierdo de 3,5 cm. x 0,8cm. (13%); 10% inestabilidad simple anterior de rodilla izquierda.-
Asimismo en relación al desarrollo de la incapacidad por daño Estético habla de un 13% Herida en zona frontal de 5 cm. x 0,5cm. y Herida quirúrgica anterior longitudinal de 8cm x 0,5cm.-
Señala el perito que las fracturas expuestas suponen mayor energía traumática y mayor predisposición a complicaciones.
El experto a fs. 326/vta. contestó las explicaciones requeridas a fs. 323/vta. por la letrada apoderada de la demandada y la citada en garantía.-
Allí destaca que la incapacidad del ítem reclamado: “19% Fractura de maxilar operada sin dificultad para la masticación con material de osteosíntesis (cuerpo extraño) (6%) Herida quirúrgica hipertrófica en maxilar izquierdo de 3,5 cm. x 0,8cm. (13%)”.
Teniendo en cuenta el cuestionamiento que realiza la letrada apoderada de la demandada y citada en garantia, sobre las conclusiones de la experticia, cabe recordar que "...el Juez es el último y definitivo intérprete del valor probatorio de las pericias en función de las reglas de la sana crítica y de todas las constancias allegadas a los autos; lo contrario: atar fatalmente al Juez al dictamen pericial implicaría invertir los roles y convertir al perito en Juez" (esta sala 56.433, R.S.124/09).-
Aclarado ello, me detengo en el desarrollo, para destacar que si bien la parte actora al incoar la acción reclamo individualmente la incapacidad física sobreviniente y el daño estético -reclamando $700.000 y $50.000- respectivamente, el a quo fijó una suma indemnizatoria global por ambos reclamos, como vimos en $550.000.-
Aclarado ello, y no habiendo agravio puntual sobre dicha metodología, continuaré el análisis.-
De la lectura de la expresión de agravios de la accionada y su aseguradora observamos que la letrada apoderada relaciona el daño estético con la supuesta ausencia de casco.-
Ahora bien de la compulsa de las presentes actuaciones se observa que en el pedido de explicaciones de la demandada y la citada en garantía a la pericia medica producida en autos no se requirió DEL EXPERTO explicación alguna al respecto, siendo, sin duda alguna, la circunstancias correcta para hacerlo si así lo entendía .-
Así las cosas las manifestación que efectuara el perito mecánico -y transciptas por el a quo en la sentencia al analizar la atribución de responsabilidad- resultan irrelevantes para analizar el punto dado que es -y vale remarcarlo una vez- en el ámbito de la pericia médica donde se debe analizar la relación de la SUPUESTA falta de casco y las lesiones padecidas por el actor (art. 474 del C.P.C.C.).-
Cabe detacar que el resto del cuestionamiento a la reparación estética transita en transcripción de conceptos genéricos ya vertidos al presentarse en el proceso y citas jurisprudenciales, sin relacionarlas concretamente con el caso de autos.-
Al respecto se ha dicho que "las transcripciones jurisprudenciales y doctrinarias, que con loable empeño transcribe la apelante, para constituir concreto agravio deben correlacionarse concreta y precisamente con el caso en examen y demostrar con ellas el error de la sentencia; su transcripción por si sola no implica agravio en el sentido técnico procesal del vocablo; y ello por cuanto la experiencia diaria nos demuestra que cada caso tiene sus particularidades específicas que la jurisdicción debe apreciar en concreto y en cada supuesto que se plantea" (esta Sala en causas 55604 R.S. 378/08; 54.713 R.S. 614/08; MO 20866, R.S.182/14 entre otras).-
Cierro el punto recordando que -cuando se trata de cicatrices en el rostro- que "lo funcional se relaciona, valga la redundancia, con el funcionamiento; por cierto, una cicatriz en el rostro no afectará su "funcionamiento" pero resultar claramente incapacitante. El menoscabo estético (vgr. una cicatriz) puede ser causa de una incapacidad (esta Sala en causa nro. 54.474 R.S. 501/07; entre otras), y ello es lo que aquí acontece (esta Sala en causa nro. 58117 R.S. 56/15; 14928 R.S. 123/15, entre otras).-
Así las cosas considero procedente la recepción del daño estético, tal como se lo ha hecho en el fallo.-
En conclusión, teniendo en cuenta los términos de la experticia, de los que no encuentro merito para apartarme (art. 384 y 474 del C.P.C.C.) como así también de la documentación adunada a la presente litis, las fotografías del actor (fs. 11/27), historia clínica del Sanatorio Amta (v. fs. 101/130), copia del libro de actas de traumatología remitidas por el Hospital Zonal General Mariano y Luciano de la Vega de Moreno (v. fs.185/187), todos ello analizado bajo el prisma del art. 384 del C.P.C.C. y teniendo en cuenta los aspectos personales de la victima -24 años a la fecha del accidente- como así también las lesiones sufridas, el porcentual de incapacidad que le han quedado a la víctima, las ya aludidas circunstancias personales y las enunciadas pautas referenciales de tarifación entiendo que el monto fijado por el rubro se perfila sensiblemente menguado y por ello debemos elevarlo a la suma de $720.000 .-
El sentenciante cuantificó el daño en $140.000 y los gastos de tratamientos terapéuticos en $36.000, recibiendo ello el cuestionamiento de la letrada apoderada de la demandada y citada en garantía.-
La apelante, por los argumentos que expone en su expresión de agravios a los que me remito brevitatis causae, sostiene que el sentenciante incurre en una indebida doble reparación del rubro en cuestión.-
Sentado ello, abordemos el análisis del reclamo.-
Comencemos.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.