Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 37138
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.-
Sin costas atento el carácter de la resolución y la índole de la cuestión (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.)
“ AGUIRRE JONATAN ENRIQUE C/ RODRIGUEZ LUBARY JORGE MATIAS Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ”
Causa Nº MO-37138-2015 R.S.37/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 14 de Marzo de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "AGUIRRE JONATAN ENRIQUE C/ RODRIGUEZ LUBARY JORGE MATIAS Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , Causa N º MO-37138-2015 , manteniéndose dicha integración a los efectos del presente no obstante lo resuelto en el Acuerdo Extraordinario 822/18, teniendo en cuenta la fecha de sorteo del estudio de orden y votación en las presentes actuaciones, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro.1 Departamental a fs. 216/218vta. resolvió homologar con fuerza de ley el convenio celebrado por las partes. Asimismo tomando como base regulatoria el monto del acuerdo ($140.000) procedió a regular los emolumentos de los profesionales intervinientes, los peritos y a la mediadora.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 219/223 la mediadora Maria Natalia Casanova interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 224 y se fundó con el memorial de fs. 219/223, replicado con el escrito cuya referencia es 227600430014392501.
3. A fs.246vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
En lo medular se agravia la quejosa de los honorarios que han sido regulados por la sentenciante de grado manifestando que los mismos estan por debajo de del mínimos legales.
Asimismo plantea la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad del art. 1255 del código de fondo.
Luego, para fundar sus dichos la recurrente esgrime una serie de argumentos a los que en homenaje a la brevedad me remito.-
A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, de todo comienzo debo señalar que a partir del mes de enero del corriente año ha entrado en vigencia el nuevo decreto reglamentario de la ley de mediación provincial (Dec. 43/19).-
Al respecto ha dicho esta Sala Segunda en la causa Mo12359 R.S 12/19 que " en tal sentido, y siguiendo lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia en "Morcillo" (fallo del 8/11/2017) en cuanto a la aplicación temporal de las normas arancelarias, entiendo... que las presentes deben resolverse de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes al momento de llevarse a cabo los trabajos que se tienden a retribuir con los honorarios regulados, y apelados" .-
Zanjado ello y ya adentrándonos al tratamiento del recurso, entiendo que lo primero que corresponde es compulsar lo acontecido en autos, pues el presente caso ostenta circunstancias bastante particulares, que ameritan un tratamiento específico.-
El presente proceso se ha iniciado por la suma de 371.140 pesos en el año 2015, transando -dos años después- por el monto de $140000, sumado a los gastos del proceso.-
Tomando esa base, se han regulado los honorarios de la mediadora por la suma de $4200 pesos.-
La mediadora ha tenido que efectuar todas las tareas que son necesarias para que se lleve a cabo la audiencia, las notificaciones a las partes, cargar las partes en el sistema Mediare, celebrar la audiencia, labrar el acta de cierre y dar cuenta de ello al Ministerio de Justicia.-
Todo ello es cierto.-
Pero, no menos cierto es que del acta de cierre de la mediación surge que la misma se produjo por la incomparecencia -nada mas y nada menos- que del requirente .
Y es aquí donde la profesional, desde mi punto de vista, no actuó correctamente ni hizo lo necesario para cumplir la función que la ley le asignaba.-
Me explico.-
La mediadora -ante la incomparecencia del requirente- debió procurar la realización de una segunda audiencia para poder arrimar a las partes a fin de intentar llegar a un acuerdo y no cerrar la mediación lisa y llanamente (arg. arts.13, 14 y 15 de aquel Dec. reglamentario 2530/10).-
Debemos tener presente Artículo 17 del aludido decreto.-
El mismo reza "El reclamante acreditará el cumplimiento de la instancia de mediación, quedando habilitada la vía judicial, mediante el acta final que hubiere expedido el mediador en la que deberá constar si se arribó o no a un acuerdo; si la mediación fue cerrada por decisión de las partes o del mediador; si no compareció el requerido notificado fehacientemente, o si resultó imposible notificar la audiencia en los domicilios que denunció el reclamante, los que serán consignados por el mediador en el acta final.-
Si se arribare a un acuerdo cualquiera de las partes lo presentará ante el Juzgado a los fines de su homologación.
Si la mediación fracasare por no haberse podido notificar la audiencia al requerido en el domicilio denunciado por el reclamante, cuando se promoviere la acción, el domicilio en el que en definitiva se notifique la demanda debe coincidir con aquél. En caso contrario, será necesaria la reapertura del trámite de mediación; el mediador fijará nueva audiencia e intentará notificar en ese nuevo domicilio. Igual procedimiento se seguirá cuando el requerido que no hubiere podido ser ubicado en el trámite de mediación comparezca en el juicio a estar a derecho.
La falta de acuerdo en el ámbito de la mediación habilita la vía judicial".
Así las cosas vemos que el cierre de la mediación obrante a fs. 5 y vta. claramente se produce por decisión de la mediadora, no estando contemplada en la normativa el cierre directo por incomparecencia del requirente a la primera audiencia fijada (mencionando solo la incomparecencia del requerido).-
Y reitero, no se ve reflejada la intención de arrimar a las partes a una segunda audiencia cuando -como se expuso en los párrafos que anteceden- tenia las herramientas para así hacerlo.-
Claro que no estamos hablando de la incomparecencia del requerido -que podría ser lo habitual-; sino que se trata del requirente .-
De este modo, con su proceder, la mediadora permitió, elípticamente, que se esquivara la instancia de mediación, con el sencillo recurso de no asistir a la misma el propio requirente .-
E, insisto, ello no estaba previsto en la normativa reglamentaria, que solo habla de la incomparecencia del requerido.-
Considero que es necesario tener todo esto en cuenta, para calibrar -adecuadamente- la entidad de las labores que se llevaron a cabo.-
Y a mayor abundamiento, como se desprende de estos obrados, las partes a fs. 211/213 vta. han llegado a un acuerdo; con lo cual nos da el indicio de una voluntad y posibilidad conciliatoria, y la pauta de que -si el profesional hubiese llevado a cabo la mediación- tal vez esta causa no se iniciaba (cumpliéndose así la finalidad y espíritu de la ley).-
No quiero decir con ello que los mediadores tienen que llevar a cabo actuaciones imposibles o de extrema dificultad para que se lleve a cabo la mediación; pero si estoy seguro de que -por lo menos- en los casos donde es el propio requirente el incompareciente, se debe procurar -por lo menos- una oportunidad más para que comparezca a una segunda audiencia, cursando la intimación que la normativa refiere (incluso no es dato menor la existencia de multas para el caso de la incomparecencia).-
Tenemos, hasta aquí, reseñado qué es lo que la mediadora hizo concretamente en el caso (cuáles fueron sus labores y explicitada, ya, la muy limitada eficacia de dichas tareas).-
Sobre este piso de marcha, podemos proseguir con el análisis de la cuestión retributiva.-
Al respecto, es menester recordar el art. 31 de la ley 13.951.-
El mismo refiere “el Mediador percibirá por la tarea desempeñada en la Mediación una suma fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias se establecerán reglamentariamente. Dicha suma será abonada por la o las partes conforme al acuerdo transaccional arribado. En el supuesto que fracasare la Mediación, el Mediador podrá ejecutar el pago de los honorarios que le corresponda ante el Juzgado que intervenga en el litigio”.
Debemos, entonces y frente a tal remisión legislativa, acudir al Decreto reglamentario.-
Su art. 27, reglamentando el art. 31 de la ley, bajo el título "Honorarios del Mediador" determina que:
“El honorario del mediador judicial será determinado sobre las siguientes pautas mínimas, debiendo abonarse el equivalente en pesos de los jus arancelarios -Ley 8904- que se establecen:
1. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos hasta la suma de pesos tres mil ($ 3.000): dos jus arancelarios. Esta retribución será considerada básica a los efectos del artículo 14 de la Ley N° 13.951.
2. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos tres mil uno ($ 3.001) y hasta seis mil ($ 6.000): cuatro jus arancelarios.
3. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos seis mil uno ($ 6.001) y hasta pesos diez mil ($ 10.000): seis jus arancelarios
4. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos diez mil uno ($ 10.001) y hasta pesos treinta mil ($ 30.000), diez jus arancelarios.
5. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos treinta mil uno ($ 30.001) y hasta pesos sesenta mil ($: 60.000), catorce jus arancelarios.
6. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos sesenta mil uno ($ 60.001) y hasta pesos cien mil ($: 100.000): veinte jus arancelarios.
7. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos cien mil ($ 100.000) el honorario se incrementará a razón de un jus por cada pesos diez mil ($ 10.000) o fracción menor, sobre el importe previsto en el inciso precedente.
8. Asuntos de monto indeterminado, catorce jus arancelarios.
A los fines de determinar la base sobre la que se aplicará la escala precedente, se tendrá en cuenta el monto del reclamo, acuerdo o sentencia, según corresponda, incluyendo capital e intereses.
En todos los casos de la escala precedente se adicionará 1 jus por cada audiencia a partir de la cuarta audiencia inclusive.
Si promovido el procedimiento de mediación, éste se interrumpiese o fracasase y el reclamante no iniciase el juicio dentro de los sesenta (60) días corridos, quien promovió la mediación deberá abonar al mediador en concepto de honorarios el equivalente de nueve jus arancelarios o la menor cantidad que corresponda en función del importe del reclamo, a cuenta de lo que correspondiese si se iniciara posteriormente la acción y se dictase sentencia o se arribase a un acuerdo. El plazo se contará desde el día en que se expidió el acta de finalización de la mediación.
Si el juicio fuese iniciado dentro del término mencionado, la parte deberá notificar la promoción de la acción al mediador que intervino. El mediador tendrá derecho a percibir de quien resulte condenado en costas el monto total de sus honorarios o la diferencia entreéstos y la suma que hubiese percibido a cuenta. Deberá notificarse al mediador la conclusión del proceso, la homologación de un acuerdo que ponga fin al juicio y la resolución que disponga el archivo o paralización de las actuaciones.
Si el reclamante desistiera de la mediación cuando el mediador tomó conocimiento de su designación, a éste le corresponderá la mitad de los honorarios a que hubiese tenido derecho”.-
Hasta aquí la letra de la ley.
Ahora bien.
Vemos que el Decreto -al que envía la ley- fija una escala que vincula los honorarios del mediador con la cuantía del asunto, fijando ciertas "pautas mínimas" (confrontar el primer párrafo de la norma) para la determinación de tal retribución; aclaro que es la preceptiva a la que me vengo refiriendo la aplicable para determinar los honorarios de los mediadores y no el Decreto Ley 8904/77, que se ve desplazado dada la especificidad de la ley 13.951 y su Decreto reglamentario (ello no obstante su posible aplicación analógica, en cuanto a las pautas y directrices generales y fundamentales de la materia arancelaria).-
Por lo demás, esta Sala ha dicho en causa mo19903 R.H. 27/2018 que es necesario tener en cuenta que la jurisdicción cuenta con la posibilidad que le otorga el art. 1255 del CCyCN en el caso de resultar la regulación efectuada mediante la ley arancelaria manifiestamente desproporcionada en relación a la trascendencia de las labores llevadas a cabo, actuando como válvula de escape cuando los cálculos arrojen resultados irrazonables.-
Entonces, no lleva razón la mediadora en cuanto pretende excepcionar los honorarios de los mediadores del tamiz del art. 1255 del CCyCN; normativa que, en tanto se vincula con el costo del acceso a la justicia y con la garantía del debido proceso, merece una interpretación amplia y favorable a la corrección de situaciones excesivas.-
Lo que, obviamente, siempre debe hacerse fundadamente.-
Elementales razones de prelación normativa, hacen que las disposiciones arancelarias locales -y la ley de mediación contiene artículos arancelarios- carezcan de potencialidad para escapar a las directivas de la ley de fondo (Código Civil, en su momento; ahora CCyCN), más aún cuando estas últimas se vinculan con el costo del acceso a la justicia (CIDH, "Cantos").-
Desde esta Sala se ha dicho que cuando el precio de los servicios prestados deba ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de normas locales, su determinación deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador del servicio, y que los jueces deberán reducir equitativamente ese precio, por debajo del valor que resultare de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales, si esta última condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida (esta Sala en causa nro. 56.409 R.S. 495/09)".-
A ello cabe agregar que, desde mi punto de vista, la técnica del Decreto 2530 fue la que, en definitiva, terminó instalando ciertas circunstancias, muy controvertidas, que desembocaron en la necesidad de acudir al art. 1255 antes aludido (y, finalmente, a derogar aquel Decreto y dictar uno nuevo).-
Es que, al segmentar los procesos con montos fijos, y establecer la regulación en unidades variables (el jus) la progresiva erosión del signo monetario hizo que, a los pocos años de vigencia del Decreto, sus escalas y formas de retribución terminaran siendo distorsivas de aquellas consagradas para los primeros tiempos de su vigencia.-
De este modo, muchos procesos (la mayoría) terminaron instalándose en los tramos mas altos de las escalas previstas y tal circunstancia -insisto- fue la que obligó a acudir a las pautas del art. 1255 del CCyCN.-
Sobre este piso de marcha, entiendo que no lleva razón la mediadora cuando postula la inaplicabilidad de las reglas del art. 1255 del CCyCN a los honorarios del mediador.-
Por cierto, es necesario tener en cuenta que la suma que se ha de abonar al mediador es una retribución por el trabajo que llevó a cabo; con lo cual, para la determinación de la retribución, siempre es necesario tener presente cual es la entidad de la "tarea desempeñada" (art. 31 ley 13.951) y articular el resultante de la aplicación de las escalas reglamentarias con las concretas circunstancias del caso (art. 171 in fine Const. Pcial.).-
Por otro lado, se plantea su inconstitucionalidad.-
Al respecto resulta necesario tener en cuenta que, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha convalidado la constitucionalidad de las normas en su momento incorporadas al Código Civil enderezadas a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos (Fallos: 332:921), donde incluso se señaló que correspondía revocar la declaración de inconstitucionalidad en la medida en que el beneficiario de la regulación no demuestra, mínimamente siquiera, en qué medida la aplicación de la norma impugnada resultaría violatoria de la garantía constitucional a una retribución justa.-
Pues bien, el art. 1255 del CCyCN en cuanto opera como filtro depurador de eventuales abusos y situaciones irrazonables (nótese que su dinamización solo se justifica cuando el resultado de la aplicación de las normas locales resulte manifiestamente desproporcionado con la labor efectivamente cumplida) no implica, de ninguna manera, una violación o menoscabo a la posibilidad de una retribución justa sino todo lo contrario.
Incluso cuando, en la especie y como ya se lo ha indicado, la recurrente no ha cumplido su función de acuerdo con lo que las normas legales (y reglamentarias) le imponían; tornando ello, a la postre, a la instancia de mediación en un paso estéril y sin sentido, cuando -como las constancias de autos lo demuestran con elocuencia- existía la posibilidad de llegarse a un acuerdo, al que -de hecho- se arribó luego en la instancia judicial.
Con esto estoy queriendo significar que la cuestión constitucional traída no puede observarse en abstracto, sino de acuerdo con las circunstancias del caso concreto (art. 171 in fine Const. Pcial.) y, en el caso, no se observa -insisto- menoscabo alguno al derecho a una justa retribución para quien se limitó a cursar las comunicaciones y, luego, dio por cerrada la instancia de mediación en una situación en que correspondía hacer otra cosa.-
De este modo, entiendo que la inconstitucionalidad no merece tener favorable acogida.-
Cierro con una reflexión: la normativa abogadil tiene contemplados dispositivos específicos cuando se trata de labores claramente inoficiosas (art. 30 ley 14967 siguiendo en lineas generales a su análogo Dec. Ley 8904/77); ello es razonable, pues no pueden mandarse a retribuir tareas evidentemente ineficientes.-
Siguiendo la misma pauta, y por analogía, las tareas de mediación, cuando son inoficiosas (a raíz del incumplimiento por parte del profesional de las pautas legales y reglamentarias) no pueden merecer la misma retribución que las que sí lo han sido.-
Por todo lo expuesto precedentemente, no veo motivo alguno para apartarme de lo decidido por la señora juez de grado, debiéndose confirmar el fallo apelado.-
Si mi propuesta es compartida se deberá confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.-
Ello sin costas atento el carácter de la resolución y la índole de la cuestión (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.)
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.-
Sin costas atento el carácter de la resolución y la índole de la cuestión (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.)
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia