Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 17828
“ ALMADA AIDA LUZ Y OTRO/AC/ ATENSE ADOLFO HILARIO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ”
Causa Nº MO-17828-2010 R.S.55/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 16 de Abril de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "ALMADA AIDA LUZ Y OTRO/AC/ ATENSE ADOLFO HILARIO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , Causa N º MO-17828-2010 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , manteniéndose dicha integración a los efectos del presente no obstante lo resuelto en el Acuerdo Extraordinario 822/18, teniendo en cuenta la fecha de sorteo del estudio de orden y votación en las presentes actuaciones, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 8 Departamental a fs. 618/629 dictó sentencia haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Aida Luz Almada, Maria Gabriela Picco y Hector Orlando Picco contra Adolfo Hilario Atense condenando a este último a pagar la suma de pesos $60.300 con más sus intereses desde la fecha del hecho y hasta su efectivo pago. Asimismo declaró que la condena podrá ejecutarse contra la citada en garantía Liderar Cia. General de Seguros S.A. en la medida de la póliza contratada. Impuso las costas a la parte demandada vencida y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
2. Contra tal forma de decidir se alzaron a fs. 636 y fs. 635 la parte actora y citada en garantía interponiendo los respectivos recursos de apelación; los mismos fueron concedidos libremente a fs. 637 y se los fundó con las expresiones de agravios de fs. 650/672 vta. y con la de ref. 249200416014596826, replicadas a fs. 696/704.-
3. A fs. 706vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
La parte actora se agravia del rechazo de los rubros indemnizatorios por daño físico pretendiendo que se otorgue indemnización por la rectificación de la lordosis cervical, como así también respecto del daño psicológico, pretendiendo que nos apartemos de la pericia obrante en autos por cuanto -según considera- no tiene idoneidad para cuantificar el daño sufrido por los actores. Asimismo pretende la elevación del rubro tratamiento psicológico.
Respecto de las quejas traídas por la citada en garantía, estas versan sobre la fundamentación de la sentencia y peticiona también el rechazo de los rubros daño moral, tratamiento y gastos y la reducción del daño en el vehículo.-
Asimismo se agravia la citada en garantía de la tasa de interés aplicada por el sentenciante.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
En atención a la variedad de temas que se someten a nuestro conocimiento y decisión, resulta necesario irlos parcelando, para dotar a mi razonamiento de mayor claridad expositiva.-
En primer lugar -y para dar respuesta a las quejas traídas por la citada en garantía en su escrito de agravios- debo decir que una sentencia resulta arbitraria cuando no constituye una derivación razonada del derecho aplicable. En este sentido para que la sentencia sea descalificable por arbitrariedad debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la misma, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas, no siendo suficientes las meras discrepancias subjetivas (esta Sala en causa Mo-45015 R.S. 542-1).-
Así se puede apreciar -sin esfuerzo alguno- que la sentencia en crisis para nada encuadra dentro de los conceptos referenciados anteriormente, por cuanto sus fundamentos están concatenados con la apreciación, valoración y posterior aplicación del derecho.-
Así las cosas tal queja ha de ser desestimada y podemos continuar con las restantes.-
Incapacidad sobreviniente
Adentrándonos a las quejas de los actores respecto del rechazo de los rubros indemnizatorios del daño físico debemos poner de resalto que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
No obstante lo cual, como bien lo sabemos, quien alega la existencia de un daño o menoscabo, y peticiona en base al mismo un resarcimiento asume una carga elemental: la de demostrar adecuadamente su existencia (art. 375 CPCC, esta Sala en causa nro 49685 R.S. 522/04, entre otras).-
En el caso, tenemos que los actores -al entablar su demanda- relataron una serie de perjuicios físicos y postularon que, en base a los mismos, se había originado una incapacidad sobreviniente (ver fs. 31 vta./35), lo que fue negado por la contraria al replicarla (ver fs. 87/89).-
Veamos, entonces, qué se hizo para acreditar lo dicho.-
A este respecto se ha producido prueba pericial médica.-
Es entonces momento de recordar, en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Aquí, insisto, tenemos la pericia de fs.455/461 donde el perito médico (especialista en ortopedia y traumatología), apoyándose en sus fundamentos, en lo relativo a la actora Aida Luz Almada -de acuerdo a los estudios complementarios y a la revisión física que el experto llevo a cabo- dictaminó que "el estudio médico clínico especializado a que ha sido sometido la Sra. Aida Luz Almada conjuntamente con los estudios complementarios solicitados y el estudio de autos, han permitido determinar que el mismo no presenta una incapacidad relacionada con el accidente de autos" .-
Ante ello la actora hizo una serie de manifestaciones con relación a la rectificación de la lordosis cervical, pero en ningún estadio del escrito de fs. 473/474 ha pedido explicaciones al auxiliar de justicia.-
Al respecto esta sala tiene dicho que ante la presentación del dictamen pericial la única vía que tiene el justiciable es el "pedido de explicaciones" quedando en manos del juez, sustanciado el mismo, la ampliación de la pericia o la facción de una nueva -art. 473 del C.P.C.C.- (causa MO 54710 RSD-120-16 S 5-7-2016, entre muchas otras).-
Con el condigno pedido de explicaciones bien se podía requerir del perito actuante -designado justamente para aportar al proceso ciencia extrajurídica (art. 457 CPCC)- que aclarara todo cuando las quejosas estimaran menester; e incluso, si el perito no lo hacía debidamente, hasta llegarse a la facción de un nuevo dictamen, si su respuestas no eran -a juicio del magistrado- satisfactorias (esta Sala en causa Mo-MO 62510 RSI-149-16 fallo del 23-8-2016)
Así las cosas, vemos que de la compulsa de estos obrados nada de ello hizo la actora frente a la presentación del dictamen.-
Por tales razones, de lo así informado por el experto, no encuentro mérito ni razón para apartarme: la pericia emana de profesional idóneo, está fundada, es asertiva, sus conclusiones son lógicas y razonables, no existiendo elementos de convicción objetivos de los que surja lo contrario (arts. 384 y 474 del CPCC).-
La actor viene, en la Alzada, a remarcar las que estima contradicciones del dictamen y a referir diversas alternativas que el perito debió haber adoptado.-
Pero es tarde.-
Es que si el dictamen lo disconformaba, le parecía ausente de claridad o contradictorio o consideraba que el perito debía haber actuado de manera diversa pudo -y debió- en la instancia de origen dinamizar las facultades del art. 473 del ritual, para que -allí- el experto pudiera expedirse cabalmente acerca de lo solicitado.-
En lugar de eso, en la instancia de origen no se transitó el sendero indicado, para venir -en la de revisión- no ya a cuestionar las consideraciones del Sr. Juez de Grado (ámbito propio de la expresión de agravios) sino a criticar (tardíamente) la labor pericial en sí.-
Mismo temperamento es el adoptado por la coactora Maria Gabriela Picco que en base al dictamen del perito quien concluyó que aquella " no presenta incapacidad relacionada con el accidente de autos ", ningún mecanismo ha puesto en marcha para revertir tal dictamen.-
A la luz de lo expuesto, teniendo en cuenta lo que surge de las conclusiones periciales, y mas allá de la discrepancia subjetiva de la parte actora a su respecto (que debió haber sido canalizada adecuadamente en la instancia originaria) no veo en el expediente datos objetivos, contundentes, que ameriten que nos apartemos de las conclusiones del perito.-
Estimo que, en tal contexto, e inacreditada la incapacidad en base a la cual se reclamó, el rubro ha sido acertadamente repelido.-
Propondré, entonces, la confirmación del fallo en este aspecto.-
Daño Psicológico y su tratamiento
Las actoras también se agravian del rechazo del presente rubro.
En primer lugar diré que el daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral. Las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, pues toda disminución de la integridad física humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible -el suscripto en causa 28511, R.S. 89/1992, entre muchas otras-.-
Pero, obviamente, para determinar la resarcibilidad del daño, el mismo debe quedar cabalmente acreditado (art. 375 del CPCC).-
La prueba eficiente, en el punto, es la pericial (art. 457 del CPCC) y doy por reiteradas, aquí, todas las consideraciones que precedentemente efectuara en relación a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales.-
La experta en su pericia de fs. 387/389 vta., sus explicaciones obrantes a fs. 519/520 vta. y fs. 549/550, determino con relación a la Srta. Picco Maria Gabriela que la misma " no se detectan indicadores que evidencien cuadro psicopatológico con nexo causal en el hecho motivo de autos " La sintomatologia detectada y retracción social referida, remite al duelo que encuentra atravesando al momento de la evaluación (desgano, angustia, retracción social, síntomas conversivos-anemia, problemas tiroides)
Así las cosas no veo motivo para apartarme de las conclusiones de la perito psicóloga, toda vez que la pericia se encuentra fundada, ha tenido entrevistas con las actoras y ha efectuado estudios acorde a su materia.-
Y al solo efecto de dar respuesta a las quejas traídas por la quejosa, debo señalar que las manifestaciones plasmadas en el escrito de fs. 611/614 constituyen sólo una discrepancia con el dictamen pericial y no un pedido de explicaciones, como sí lo realizó la citada en garantía.-
Así las cosas mal puede la profesional indicar porcentaje de incapacidad cuando claramente se desprende de sus conclusiones que en la coactora Picco no se encuentra grado de incapacidad relacionado con el evento de autos.-
Con relación a la Sra. Almada, la perito psicóloga dictamino que como consecuencia especifica relacionada con el hecho de autos, "al momento de la evaluación la actora experimenta ansiedad, temor a que ocurra un hecho similar cuando se traslada en automóviles incluso en colectivos, implementando medidas de precaución ante la ansiedad que experimenta, recordando con evidencia de angustia en entrevistas, el hecho acaecido (miro para atras cuando esta parando un auto, miedo a que pase de nuevo...la sensación es que de atrás te aplasten, ese es el miedo que tengo... si estoy en un auto esperando en el semáforo, miro par atrás... en el colectivo me pasa si hay mucho tránsito"
Y sigue " En relación a lo expresado, la sintomatología presentada por la actora especificamente en relación a los hechos de litis y secuelas descriptas, se estima de carácter transitorio pasible de recuperación, si realiza el tratamiento aconsejado, en tanto la sra. Almada se encuentra limitada pero no impedida para trasladarse en automóvil y/o medio de transporte público ".
En relación a ello, esta Sala tiene dicho que en el campo de la incapacidad transitoria mal se pueden tomar en cuenta índices de incapacidad, la incapacidad transitoria tiende a resarcir a la víctima de los deterioros económicos sufridos durante esa transitoriedad y ello en forma alguna surge acreditado de autos; respecto a la expresión de la experta en el sentido que la afección psíquica "es pasible de recuperación, si realiza el tratamiento aconsejado" también debe tomarse en su contexto lógico más allá de su estricta interpretación semántica; y en tal orden de razonamientos la pericia ha sido explícita: al margen de no existir incapacidad permanente existen posibilidades de revertir el actual estado de la actora con el tratamiento (esta Sala en causa MO 57649 RSD-145-10 S 3-8-2010)
Consecuentemente, tenemos que el dictamen -emanado de profesional competente y suficientemente fundado- descarta el menoscabo psíquico permanente, no existiendo en autos ninguna constancia objetiva que amerite apartarse del mismo (arts. 384 y 474 del ritual) ni existiendo -a mi juicio- tampoco ninguna razón para disponer la facción de una nueva pericia, como se lo pretende en los agravios.-
Por tales consideraciones se deberá rechazar las quejas traídas por la actora en tal sentido.-
Ahora bien.-
Con relación al tratamiento, la perito sugiere que la actora Almada realice un tratamiento psicoterapeutico de 6 meses con frecuencia semanal, en relación especifica a la sintomatología fóbica en grado leve padecida como consecuencia de autos. Estimó el valor promedio en plaza por sesión de $180.-
No obstante esto último, y teniendo en cuenta que nos hallamos frente a tratamientos futuros, con lo cual el costo fijado por el perito debe adecuarse a las circunstancias ulteriores, y en virtud a lo dicho por esta Sala en causa mo32594 (R.S. 28/19) respecto al costo de la sesión privada de tratamiento, según las máximas de la experiencia, considero que se deberá confirmar la resolución en apelada en cuanto al monto fijado.-
Daño moral
El Sr. Juez de Grado cuantificó el rubro en la suma de $7.000 para la Sr. Almada y $3.000 para la Srta. Picco y el Sr. Hector Orlando Picco, monto este que fue atacado por la citada en garantía.-
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.