Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 10753
CAUSA MO-10753-2015 R.S.71/2019
///// la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Abril de dos mil diecinueve, reunidos en la Sala II del Tribunal, los señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jordá , para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "ALMEIDA RITO C/ SANCHEZ DIEGO BENITO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " , causa MO-10753-2015 y habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Const. de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código de Procedimientos Civil y Comercial), resultó que debía observarse el siguiente orden; Dres. JORDA - GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es justa la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
I. Apelan la sentencia de autos la parte actora como la citada en garantía (en ambos casos mediante escrito electrónico), los recursos se conceden libremente a fs. 393. La primera de las mencionadas expresa sus agravios mediante la presentación electrónica número 241100416014655634, mientras que la segunda lo hace a través del escrito referenciado con el número 249900416014755847; solo esta última mereció réplica, con el escrito código de referencia 251800416014779096.-
II. La sentencia en trance de revisión (fs. 378/386vta.) hace lugar a la demanda de daños y perjuicios en las condiciones que de allí surgen.-
III. El demandante cuestiona el pronunciamiento de grado respecto a la cuantía asignada para su reclamo en concepto de incapacidad sobreviniente. También se queja de la cuantificación efectuada para el perjuicio psicológico (daño y tratamiento). Igualmente objeta el monto fijado por daño moral, el establecido en concepto de gastos y lo resuelto en cuanto al tratamiento kinésico.-
Mientras tanto, la citada en garantía comienza atacando la tasa de interés fijada, para luego objetar lo resuelto en cuanto a la incapacidad física, apoyando sus cuestionamientos en lo atinente a la acreditación del nexo causal.-
También cuestionan lo resuelto en cuanto a la incapacidad psíquica y el tratamiento, y finalmente lo decidido en lo atinente al daño moral.-
A los términos de cada una de esas fundamentaciones recursivas cabe remitirse.-
IV. Por una cuestión asociada al buen orden metodológico, iré parcelando mi argumentación, refiriéndome a cada una de las cuestiones que han sido materia de agravio.-
Ello sin dejar de advertir -por un lado- que corresponde el juzgamiento del caso aplicando la normativa vigente al momento de acaecer los hechos, tal como lo efectivizara la Sra. Juez de Grado (ver fs. 380/vta.) y que, desde mi punto de vista, ambas expresiones de agavios sortean la valla del art. 260 del CPCC.-
i) Comenzaré entonces recordando que la indemnización por incapacidad sobreviniente, encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente en lo que Eduardo Zannoni conceptualiza como la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (ver su obra, El daño en la responsabilidad civil, editorial Astrea, Bs. As. 2005, pg. 168, mi voto, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759).
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución física y/o psíquica y/o estética que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros mis votos, Sala I causa 56.759, Sala II, causa 57.713, entre muchos otros).
Conviene resaltar que a los fines de la de demostración fáctica adecuada de su existencia, sus causas y sus efectos, adquiere particular relevancia acreditativa el dictamen pericial; ello a mérito de las evidentes aristas científicas que exhiben tales hechos (arg. artículos 457 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Empero, vale igualmente enfatizar, que el Juez es libre de valorar los informes periciales mediante las reglas de la sana crítica. Es decir que las conclusiones que elabora el experto en modo alguno devienen vinculantes para el juez; quien debe valorarlas guiado por las máximas inherentes a la experiencia. Más para apartarse de aquellas debe contar -y obviamente explicitar- con motivos muy fundados de índole técnicos o científicos; es decir que deben existir razones serias que avalen tal proceder (arg. artículos 384, 457, 474 y concordantes del Código Procesal; conf. S.C.B.A. Acuerdos 78.319, 116.663, entre varios otros; Devis Echandía, Hernando “Compendio de la Prueba Judicial”, tomo II, Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe, 1984, pg. 134).-
Ahora bien, como aquí llega objetado el tema de la acreditación del nexo causal entre el hecho y los daños reclamados, he de referirme antes que nada a esa cuestión.-
Al respecto la Sala ha dicho que el nexo causal es la necesaria relación que debe existir entre el hecho que se atribuye y los daños que se reclaman; indicando que "la relación causal es un elemento del acto ilícito que vincula el daño directamente con el hecho o indirectamente con el elemento de imputación objetiva; el efecto dañoso es el que debería resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica según el orden natural y ordinario de las cosas (Art. 901 del C.C.A.); el daño debe haber sido causado por acción u omisión (Arts. 1068, 1074, 1109, 1111, 1113, 1114 y cc. del C.C.A.); el Código de Velez ha receptado el principio de la causalidad adecuada conforme la doctrina del Art. 906 del C.C.A. por lo que, la adecuación del evento dañoso a la causa debe ser juzgada en función de una previsibilidad en abstracto, es decir, será "causa adecuada de un resultado previsible para un hombre normal" (causa nro. 45291 R.S. 402/02, entre infinidad de otras).-
Señalando que la acreditación del nexo causal es carga del actor (causa nro. 39071 RSD-15-2, entre otras).-
Ahora bien, en el caso el actor reclamó sosteniendo que, a resultas del accidente de autos, sufrió determinados padecimientos.-
En tal sentido, refiere haber padecido: politraumatismos, excoriaciones, traumatismo de cervical y lumbar con limitación de la movilidad, traumatismo de hombro derecho, traumatismo en rodilla izquierda, traumatismo en rodilla izquierda, traumatismo en pierna izquierda, traumatismo de tobillo izquierdo, traumatismo de cadera izquierda, TEC con pérdida de conocimiento, corte en la cabeza con sutura, síndrome vertiginoso post traumático y depresión post traumática en estado grave (ver fs. 22vta./23).-
Por cierto, y como lo indicaba anteriormente, la acreditación de dicha vinculación causal quedaba a su cargo (art. 375 del CPCC).-
Pues bien, para demostrar tal circunstancia, se acudió a la prueba pericial médica.-
Y si bien en un primer momento el perito habló de cierta incapacidad (considerable) como derivada del evento (ver fs. 274) lo hizo señalando que " se podría inferir que las secuelas halladas podrían haberse producido como consecuencia del accidente de autos, teniendo en cuenta la mecánica del mismo ".-
Luego, cuando esta Sala le requirió algunas explicaciones (ver fs. 403/vta.) viene a sostener QUE NO PUEDE SOSTENER QUE LAS SECUELAS HALLADAS EN LA ZONA DENUNCIADA FUERON PRODUCTO DEL ACCIDENTE DE AUTOS (textual de la presentación electrónica 224100416015092300), por lo que afirma haberse limitado a ponderar las secuelas halladas al momento del examen.-
Cabe destacar que, ante tal aseveración, todas las partes permanecieron silentes (art. 473 del CPCC).-
Ahora bien, frente a este cuadro de situación se advierte que la pericia aludida deviene manifiestamente insuficiente como para tener por demostrada la vinculación causal que se expresó inicialmente por el experto, aunque de modo potencial (arts. 384 y 474 del CPCC).-
Complementariamente, tampoco tenemos ningún otro elemento de convicción que colabore en este sentido, pues la documentación médica -concomitante al hecho- solo hace referencia a "politraumatismos" (ver fs. 249/251) y recién diez días después -incluso luego de haber emprendido su camino hacia la promoción de la presente (ver fs. 12)- aparecen las restantes manifestaciones médicas (ver fs. 234).-
Agrego a lo ya dicho que tampoco surge de la IPP que se haya practicado, allí, el reconocimiento médico dispuesto, lo que podría haber contribuido en algo a echar luz sobre la situación descripta.-
Así las cosas, y por todo lo que llevo dicho, entiendo que no se ha llegado a demostrar -debidamente- la vinculación causal de las lesiones, descriptas inicialmente por el perito, con el hecho de autos (arts. 384 y 474 del CPCC) fundamentalmente porque es el propio experto quien ha reconocido la imposibilidad de hacerlo a partir de las constancias aportadas por quien tenía a su cargo la demostración del nexo causal al que me vengo refiriendo .-
Y, consecuentemente, a tenor de lo prescripto por el art. 375 del CPCC, deberá revocarse la sentencia apelada en cuanto admitió el rubro incapacidad física, el que habrá de desestimarse.-
Lo así expuesto, torna abstracto referirse a los agravios del actor vinculados con la cuantía que se había fijado como resarcimiento para este punto.-
ii) Debo seguir analizando, ahora, la faceta psicológica del menoscabo.-
Y comenzaré, de nuevo, por los agravios de la citada en garantía, que se refieren a la demostración del daño, en base a lo informado por el médico legista.-
Cabe entonces recordar mi postura sobre el tema.-
Decía al votar en la causa 30.194 (R.S. 66/18) que sobre esta problemática, consentida por muchos jueces de primera instancia, de la agregación de una evaluación psicodiagnóstica presentada por un profesional que no fue designado legal y procesalmente por el Juzgado, por parte de un Medico Legista, que si fue desansiculado para que lleve a cabo sus conclusiones conforme con su profesión o ciencia especifica, debo decir que las partes tienen la carga de ofrecer las pruebas específicamente relacionadas con los hechos que desean acreditar. Pero no todas y/o cualquier prueba es idónea para acreditar un hecho.-
Un adecuado servicio de justicia exige no solo que la prueba haya ingresado válidamente, sino también por los medios específicamente previstos por la ley.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado que no es admisible que el medio probatorio idóneo sea sustituido válidamente por otro (Fallos 314:1505).-
Frente a todo lo expresado, soy de la opinión que no se puede -procesal y legalmente- dar validez probatoria ni tenerse en cuenta el contenido de un trabajo efectuado por un profesional no designado por el Juzgado para formar parte del presente proceso.-
Sentado ello, tenemos que aquí la parte actora ofreció como prueba la evaluación psicológica por parte del médico legista (ver fs. 28).-
De este modo, el médico -para expedirse- lo hace apoyándose en un psicodiagnóstico privado (ver fs. 276/282); de la compulsa de la causa no se advierte, claramente, el por qué de la efectivización de dicho psicodiagnóstico, no quedando en evidencia que mediara un pedido o indicación formal del perito al respecto (ver fs. 223/4).-
Dicho esto, tenemos que el perito médico se limita a copiar el psicodiagnóstico; luego, cuando se le pidieron explicaciones dice que considera el daño psíquico como parcial y permanente y que coincide con el porcentaje atribuído en el psicodiagnóstico (presentación electrónica 224100416015092300).-
Ahora bien, sucede que el psicodiagnóstico en cuestión ni siquiera dice que el daño sea permanente (ver fs. 277).-
En este contexto, es claro que la parte actora -ya desde el comienzo- acudió a un medio probatorio que no era el idóneo -y específico- para demostrar el daño psíquico, lo que termina provocando que -sobre ese tema- se expida quien no ha sido designado como perito en el expediente y que ello termine siendo copiado, directamente, por el perito actuante.-
Luego, y llegando cuestionada su eficacia convictiva, entiendo que esta labor (tal como ha sido llevada a cabo) carece totalmente de idoneidad para que nos apoyemos en ella, dada la manifiesta falta de competencia del perito médico legista para expedirse en cuestiones psicológicas (arts. 384, 472 y 474 del CPCC).-
Consecuentemente, y no perdiendo de vista que la prueba ha sido inadecuadamente ofrecida ya desde el escrito inicial, corresponderá -si mi propuesta es compartida- revocar también este aspecto del fallo y desestimar los rubros daño psíquico y tratamiento.-
iii) La parte actora cuestiona los $5.000 fijados en concepto de gastos; aclaro que, sobre el punto, no hay queja de la demandada y citada en garantía.-
Respecto de tal rubro resarcitorio cabe apuntar que encuentra apoyatura normativa en el artículo 1086 del Código Civil. Dicha norma, expresamente, alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia. Por ende es incuestionable su condición de daño patrimonial indirecto por cuanto, y en los términos del artículo 1068 del mentado Código, constituye un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, hay consenso jurisprudencial y doctrinario en cuanto a que la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos. Como así también que es un auténtico hecho notorio, que las obras sociales no cubren habitualmente la totalidad de tales gastos. (conf. mis votos en esta Excma. Cám. civ. y com. Sala I, causas 5847, 50.392 entre muchas otras).
Asimismo constituye, a mi juicio, un criterio determinante para su consideración el examen de la relación de necesariedad, que exhiban tales erogaciones con la índole y las particularidades de los padecimientos sufridos (arg. artículos 901, 1086 y concordantes del Código Civil, su doc.).-
Ahora bien, dado que el rubro apunta al recupero de los gastos ya efectuados, aquí la suma pretendida liminarmente actúa como valla infranqueable; porque, insisto, lo que se busca es el reembolso de lo que se dice gastado.-
Sobre este piso de marcha, en tanto se reclamaron por el rubro $5.000 (ver fs. 25) y esa fue la suma fijada en el fallo, el recurso habrá de repelerse.-
iv) Ambas partes cuestionan la suma fijada en concepto de daño moral.-
Para precisar la conceptualización del daño moral, como vengo sosteniendo, estimo acertado subrayar que el eje en torno al que gira esta especie de reclamo, es el criterio de la alteración o pérdida de “la armonía vital del individuo” (arg. artículos 1078 del Código Civil, su doc., mis votos, Sala I causa 57.175 , Sala II, causas 57.288, 50.951, entre otros).-
Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial de la víctima, a raíz del evento dañoso. Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que “...no cabe limitarlo al tradicional pretium doloris, sino que se extiende a todas las posibilidades-frustradas, por lógica, a raíz de la lesión-que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida (Ac. 78.851, entre otros).-
En síntesis lo que se trata de resarcir con este ítem, es el detrimento que se opera en la vida que llevaba la persona, antes de la ocurrencia del accidente. Sin que existan reglas fijas para su cuantificación dineraria aunque atendiendo esencialmente a que con su reparación debe procurarse el otorgamiento de satisfacciones sustitutivas al damnificado (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil, SCBA, Acuerdos 42.303, 51.179,78.282, entre muchos otros (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil).
Abordando el punto debo recordar que se ha sostenido reiteradamente antes de ahora, que si se hubieran acreditado que por la ocasión del hecho dañoso se le produjeron a la víctima lesiones físicas (aunque las mismas no hubieran dejado secuela –esta Sala en causa nro. 48.140 R.S. 410/04, entre otras-), el daño moral se tiene probado "re ipsa" al decir de Orgaz.-
Aquí, y tal todo lo que vengo argumentando, se ha tenido por acreditada la existencia del accidente y también es indisputable que, a resultas del mismo, el actor sufrió algunas lesiones (politraumatismos); con todo, no ha llegado a demostrarse la vinculación causal de la incapacidad psicofísica que -inicialmente- se sostuvo vinculada con el hecho dañoso.-
Pero, a tenor de lo ya dicho, esta última circunstancia no empece la resarcibilidad del menoscabo espiritual que, lógicamente, puede generar el hecho de haber protagonizado un accidente de tránsito como el de autos.-
Aunque, paralelamente, la falta de secuelas permanentes necesariamente ha de incidir en la fijación de la cuantía de este rubro.-
Consecuentemente, teniéndose presente el carácter reparatorio -y no represivo- que tiene este componente del derecho de daños, y de acuerdo con la totalidad de los elementos que hemos analizado, las características del hecho y las lesiones padecidas por la víctima (aunque no hubieran dejado secuelas de carácter permanente), condiciones personales del actor y las demás circunstancias que surgen de los autos, encuentro que la suma establecida aparece sensiblemente elevada y, por ello, promoveré su reducción a la de $100.000 (cien mil pesos).-
v) En cuanto al tratamiento kinésico, y los agravios de la actora, teniendo en cuenta lo ya dicho en relación al dictamen pericial médico llevado a cabo en autos, es claro que -por las mismas razones (es decir, falta de prueba)- el agravio no puede prosperar; luego, y en ausencia de cuestionamiento de la citada en garantía acerca de la procedencia del rubro, no queda mas que confirmar el fallo apelado en este aspecto.-
vi) Finalmente, abordamos el agravios de la citada en garantía tocante a la tasa de interés.-
El fallo aplicó la tasa pasiva mas alta, y la recurrente peticiona se aplique la tasa fijada por la Suprema Corte en "Nidera".-
Se hace menester precisar que la aplicación de dicha especie de tasa (la tasa pasiva más alta) en modo alguno puede reputarse como un modo de actualizar el capital del resarcimiento dispuesto. Ello, en tanto y en cuanto, la funcionalidad de los intereses moratorios se encuentra circunscripta a la reparación del daño que sufre el acreedor, a raíz de no contar con el dinero desde el nacimiento del crédito. Y no a enjugar la eventual pérdida de poder adquisitivo, a la que estaría expuesto el monto de la condena como consecuencia del proceso inflacionario (arg. artículos 622, 623 y concordantes del Codigo Civil; 7 y 10 de la ley 23.928, su doc.).
A lo expuesto debo añadir que la Suprema Corte de Justicia ha dictado dos pronunciamientos-causas 120.536 y 121.536-con un criterio que podría ser considerado divergente al referenciada (precisamente tal es la inteligencia de las quejosas).
Empero, en mi criterio, no se advierte que tal doctrina sea aplicable a la especie. Esto porque además de que el Superior bonaerense no dice, de ningún modo que abdica de su postura anterior, se trata de dos fallos aislados, que abordan cuestiones inherentes a la responsabilidad del estado (que se rige por sus propios principios y reglas).
Por lo demás la compulsa de datos oficial (Sistema JUBA), a la fecha, no informa la existencia de ningún pronunciamiento emanado del Superior provincial que permite avalar la existencia de un cambio de criterio en el tópico (conf. mi voto en la Sala II, causa 10.461, entre otros análogos). Por el contrario el tiempo transcurrido desde el dictado de tales fallos, correlacionado con este hecho, permite ya sostener con certidumbre que la doctrina se ha mantenido incolúmne y que aquellos pronunciamientos fueron aislados y circunscriptos a causas con peculiaridades diferentes a la ventilada en autos.
Promoveré, por ello, el rechazo del agravio.-
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.