Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 12053
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara desierto el recurso de apelación de la parte actora como así también el de la demandada y citada en garantía en cuanto al monto otorgado por el daño psicológico, confirmandose la sentencia apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravios.-
Costas de Alzada, en el orden causado (arts. 68 y 71 del C.P.C.C.)
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.-
“ HOULMAN FEDERICO MATIAS C/ ROVELLI RAUL EDUARDO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ”
Causa Nº MO-12053-2013 R.S.72/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 30 de Abril de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "HOULMAN FEDERICO MATIAS C/ ROVELLI RAUL EDUARDO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , Causa N º MO-12053-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , manteniéndose dicha integración a los efectos del presente no obstante lo resuelto en el Acuerdo Extraordinario 822/18, teniendo en cuenta la fecha de sorteo del estudio de orden y votación en las presentes actuaciones, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 7 Departamental a fs. 497/512 resolvió admitir la demanda incoada por Federico Matías Houlman contra Rodriguo Raul Eduardo Rovelli y Beatriz Moras Caballero, condenando a estos últimos hagan integro pago de la suma de pesos doscientos veintiún mil trescientos setenta y seis con 54/100 con más los intereses determinados en el considerando sexto de la aludida resolución, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía Provincia Seguros S.A.. Impuso las costas a los accionados y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad. También rechazó la actualización monetaria peticionada por la parte actora.
2. Contra tal forma de decidir se alzaron tanto la parte actora como la demandada y citada en garantía quienes interpusieron recursos de apelación (ver escritos ref. 248600436014477466 y 227000436014483002); los mismos fueron concedidos libremente a fs. 513 y fs. 514 respectivamente y se los fundó con las expresiones de agravios ref. 228100416014712512 y ref. 236400416014757331.-
Ellas fueron replicadas oportunamente (ver fs. 525).-
3. A fs. 526vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
La parte actora centra sus quejas en el rechazo del rubro daño físico y peticiona medida para mejor proveer en relación se designe nuevo perito médico a los fines de realizar informe pericial médico.-
Por su parte la demandada y citada en garantía se agravian respecto a la cuantificación para los rubros daño psicológico y daño moral, pretendiendo su reducción.-
A los términos de ambas fundamentaciones recursivas cabe remitirse brevitatis causae .-
a) Los agravios de la parte actora.
En primer lugar me abocaré al tratamiento de los agravios del actor y luego pasaré a analizar los de la demandada y citada en garantía.-
Entonces, lo primero que debo decir respecto del escrito de agravios del actor que esta Sala en reiteradas oportunidades ha sostenido que las consideraciones de las medidas probatorias que el Tribunal estime pertinentes en los términos de los arts. 36 y ccdtes. del ritual, quedan sujetas a sus facultades ordenatorias e instructorias cuando tenga el expediente a estudio para dictar sentencia, no siendo factible que -en los términos del artículo citado- las partes soliciten o sugieran al Tribunal la producción de prueba (esta sala en causa MO 58282 R.S. 43/11 S 22-3-2011).-
Por ello, la solicitud efectuada respecto a designar un perito médico no puede tener favorable acogida; salvo, claro está, que el tribunal considerara necesario acudir a esta medida, a tenor de lo que -en sus agravios- pudiera argumentar el recurrente.-
Ahora bien, respecto de la solvencia argumental de las quejas, es menester efectuar algunas consideraciones mas.-
Al respecto, esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum , hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).-
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación del quejoso en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.-
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa , es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.-
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.) , quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).-
En este sentido solo basta con leer el escrito de fundamentación para ver que el recurrente solo reedita cuestiones que ya han sido planteadas en primera instancia.-
No hay una critica concreta y razonada de la sentencia en crisis, sino más bien un relato de los hechos acontecidos en auto respecto a la pericia médica llevada a cabo en estos obrados; con su discrepancia subjetiva de criterio en relación a lo sostenido por el experto.-
Y sólo a los efectos de dar respuesta a la parte actora, debo señalar que la disconformidad que se trae a esta Alzada, debió ser planteada -adecuadamente- en la audiencia llevada a cabo el día 27/03/2018 donde -observación del video mediante- se puede advertir claramente que, por un lado, el perito ha contestado y explicado cada uno de los puntos traído por la parte actora y, por el otro, vemos una posición poco contundente por parte de la letrada que asiste por la parte actora al indagar al perito acerca de si revisó -o no- el tobillo izquierdo; eje fundamental del agravio hoy en estudio. Solo ataca que la pericia no fue estructurada dentro de los parámetros estatuidos de cómo fundamentar la misma, y solicita su nulidad.-
En este sentido, si la génesis del rechazo del rubro ha sido porque el perito medico no evaluó el tobillo izquierdo y por lo tanto no otorgó incapacidad sobreviniente, la actora pudo -y debió- intensificar su indagación en tal sentido al momento de esa audiencia; en definitiva era una sola pregunta y muy concreta: si había revisado uno, u otro, tobillo.-
Cosa que, quien hoy recurre, no hizo en su momento.-
Nada de ello -insisto- ocurrió en la audiencia que es acompañada en formato CD; con lo cual no puede venirse con la cuestión en la Alzada (a modo de agravio) si ello no fue planteado debidamente, cuando se podía -y debía- hacerlo.-
Por lo demás, y retomando lo dicho al principio, semejante omisión de ninguna manera autoriza reabrir un procedimiento probatorio en la Alzada.-
Luego, no habiéndose satisfecho -siquiera mínimamente- la carga del art. 260 del CPCC, deberá declararse desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.-
b) Los agravios de la demandada y citada en garantía
Dos son los rubros atacados por esta parte; el daño psíquico y el daño moral, pretendiendo la reducción de los montos otorgados para cada uno de ellos.-
Bifurcaré mi argumentación a fin de dotarla de mayor claridad.-
Daño Psicológico
El Sr. juez de grado justipreció este rubro en la suma de $179.486,54 y brindó múltiples razones en tal sentido (ver fs. 506/508vta.).-
Frente a ello, lo único que hace la apelante es transcribir un fallo jurisprudencial, sostener que la suma es desproporcionada, hablar -un poco- de la pericia y solicitar la reducción de la suma fijada.-
Pues bien, reeditando todo lo ya dicho en cuanto a las exigencias de solvencia argumental de las expresiones de agravios es, a mi modo de ver, claro que la argumentación aludida de ninguna manera llega a abastecerlas.-
Es que la apelante, frente a la entidad de los fundamentos del fallo, debió hacer algo mas que afirmar la sola desproporción o elevación del monto; debió argumentar -concreta y razonadamente- en pos de demostrar la excesividad de la suma fijada o la irrazonabilidad del resultado arrojado por la metodología empleada, de acuerdo con las concretas -y específicas- variables tenidas en cuenta, y la entidad de los fundamentos (fácticos y jurídicos) que abastecen el fallo.-
Luego, y no habiéndolo hecho así, el recurso deviene irremediablemente insuficiente.-
Por ello, promoveré aquí también la deserción recursiva.-
Daño moral
El Sr. Juez de Grado cuantificó el rubro en la suma de $35.890.-
Para precisar la conceptualización del daño moral, como vengo sosteniendo, estimo acertado subrayar que el eje en torno al que gira esta especie de reclamo, es el criterio de la alteración o pérdida de “la armonía vital del individuo” (arg. artículos 1078 del Código Civil, su doc., mis votos, Sala I causa 57.175 , Sala II, causas 57.288, 50.951, entre otros)
Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial de la víctima, a raíz del evento dañoso. Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que “...no cabe limitarlo al tradicional pretium doloris, sino que se extiende a todas las posibilidades-frustradas, por lógica, a raíz de la lesión-que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida (Ac. 78.851, entre otros).-
En síntesis lo que se trata de resarcir con este ítem, es el detrimento que se opera en la vida que llevaba la persona, antes de la ocurrencia del accidente. Sin que existan reglas fijas para su cuantificación dineraria aunque atendiendo esencialmente a que con su reparación debe procurarse el otorgamiento de satisfacciones sustitutivas al damnificado (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil, SCBA, Acuerdos 42.303, 51.179,78.282, entre muchos otros (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil).
Así las cosas si mi propuesta es compartida se deberá declarar desierto el recurso de apelación de la parte actora y también el de la demandada y citada en garantía en lo atinente al daño psicológico, confirmando la sentencia apelada en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.-
Las costas de Alzada serán soportadas en el orden causado (art. 68 y 71 del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE DECLARA DESIERTO el recurso de apelación de la parte actora como así también el de la demandada y citada en garantía en cuanto al monto otorgado por el daño psicológico, CONFIRMANDOSE la sentencia apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravios.-
Costas de Alzada, en el orden causado (arts. 68 y 71 del C.P.C.C.)
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE .-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia