Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 1863
“ ARTIGUES ANGEL ANTONIOC/ BELLANI MATIAS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ”
Causa Nº MO-1863-2012 R.S.105/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 23 de Mayo de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "ARTIGUES ANGEL ANTONIOC/ BELLANI MATIAS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , Causa N º MO-1863-2012 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 Departamental a fs. 378/387 dictó sentencia haciendo lugar a la demanda que por daños y perjuicios promoviera el Sr. Angel Antonio Artigues contra el Sr. Matias Bellani condenando a este último a abonar al actor la suma de $755.780 con más los intereses determinados en el considerando VII de la aludida resolución, es decir, aplicar a la suma de condena un 6% anual desde la fecha del hecho hasta el dia de la sentencia; desde esa y hasta el efectivo pago aplicó la tasa pasiva del Bco. Provincia de Buenos Aires para sus plazos fijos digitales, a 30 días, y para los períodos en que no exista dicha tasa, en base a los intereses previstos por el art. 622 C.C., los que en el ámbito de esta jurisdicción son aquellos que paga el aludido banco en sus depósitos a 30 días vigente en los distintos periodos de aplicación -tasa pasiva-. Impuso las costas al demandado vencido e hizo extensiva la condena y las costas a la citada en garantia.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron con fecha 30/08/2018 la parte actora, la demandada y la citada en garantía interponiendo los respectivos recursos de apelación; los mismos fueron concedidos libremente a fs. 393 y se los fundó con las expresiones de agravios cuyas referencia son 238600416014668530 -parte actora- y 244600416014776841 -demandada y citada en garantia-.-
La primera expresión de agravios mereció la réplica ref.228800416014820017.-
3. A fs. 402vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
La parte actora centra sus agravios en la tasa de interés aplicada por el sentenciente de grado, mientras que la demandada y citada en garantía direcciona los mismos en los montos otorgados para los rubros daño psico-físico- incapacidad sobreviniente y daño moral.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
En primer lugar me abocaré al estudio de los agravios traídos por el demandado y citada en garantía para luego dar tratamientos a las quejas de la parte actora.
a) Es indispensable comenzar señalando que el actor al incoar la acción ha reclamado en conjunto la incapacidad física y el daño psicológico; y así ha sido respetado -metodológicamente- por la sentenciante procediendo a una cuantificación global de la inacapacidad psicofísica para el actor; sobre el punto no existen agravios que apunten a la discriminación (arts. 260, 266 y 272 del CPCC); y, en consecuencia, en tanto se trata de dos componentes del daño material, así lo evaluaremos nosotros -por razones prácticas y de congruencia- sin perjuicio de analizar -concretamente- la composición e incidencia de la eventual minusvalía.-
Hecha esta introducción, es tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Por otro lado, el daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral. Las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas otras).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva del punto de incapacidad en la suma de pesos 1.000; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Ahora bien, respecto a tal temática, posteriormente hemos elevado la tarifación del punto base de incapacidad siendo en la actualidad la suma de $ 15.000.-
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Es tiempo de pasar a referirme, ahora, a los elementos de prueba colectados.-
Memorando, antes, que en cuanto al valor probatorio de los dictamenes periciales, debo recordar que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y la misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Sobre este piso de marcha, continuemos.-
Y así diré que, en el punto, el dictamen pericial médico de fs. 312/319 es prueba fundamental (arts. 384 y 473 C.P.C.C.).-
El perito dictaminó que producto del accidente el actor sufrió lesiones graves que causaron secuelas de carácter parcial y permanentes.
Así determinó que el actor " sufrio cervicobraquialgia post traumática que ha dejado secuelas, por lo que debió usar un collar ortopedico, hacer kinesiologia y rehabilitación y tomar medicación analgésica, presenta cefaleas, mareos, vertigos, acúfenos, parestesis en manos, limitación de la movilidad y contractura de los mosculos cervicales, por lo que presenta una incapacidad parcial y permanente del 10% de la T.O. Deberá seguir con kinesiologia por 30 sesiones, a valores de $300 -la sesión para su no agravamiento. Ademas presenta una lumbalgia post traumática con limitación de la movilidad, contractura de los músculos lumbosacros, dolores radiculares perifericos deficitarios, con pérdida de la fuerza muscular, alteraciones en la sensibilidad en pierna izquierda y hiporeflexia aquiliana izquierda, por lo que presenta una incapacidad parcial y permanente del 10% T.O. Deberá seguir con Kinesiologia y rehabilitación por 30 sesiones para su no agravación. Presenta ademas una omalgia post traumatica izquierda con impotencia para la elevación del miembro superior izquierdo, dolor y tumefacción en la acromio clavicular izquierda, por posible lesión del manguito rotador, por lo que tiene una incapacidad parcial y permanente del 10% de la T.O. Deberá seguir con kinesiologia por 20 sesiones para su no agravamiento, en caso de agravarse el cuadro clínico se deberá hacer una "artroscopia quirúrgica del hombro izquierdo, para reparar el manguito rotador desgarrado"
Tales conclusiones arrimadas por el perito han sido fundamentadas con los estudios complementarios que se han realizado al actor.-
Y el pedido de explicaciones solicitado por la demandada y citada en garantía ha sido declarado negligente a fs. 355/356.-
Por su parte, el perito psiquiatra en su dictamen de fs. 248/250vta. concluyó que el actor es portador de un cuadro que se manifiesta bajo la forma clínica de un síndrome depresivo reactivo de grado moderado.
Los síntomas son explicados por el profesional, a saber "animo depresivo, ideas de desesperanza, de inutilidad, angustia, trastornos del sueño y de la memoria. Estos síntomas interfieren de manera significativa en su actividad social, laboral y familiar”.
Concluye que la minusvalía psíquica del actor en el 20%, correspondiendo 10% a su personalidad de base y un 10% al hecho de marras.
Asimismo recomendó tratamiento psicoterapéutico con una frecuencia de una sesión semanal durante 12 meses.
Por mi parte, no encuentro mérito para apartarme de las conclusiones de los expertos, pues están suficientemente fundadas, son claras, asertivas y categóricas, no existiendo en el expediente elemento probatorio objetivo que -apreciado a través del prisma de la sana crítica- indique algo diverso de lo opinado por el facultativo (arts. 384, 472 y 474 del C.P.C.C.).-
Dicho esto, en la faena de su cuantificación económica es necesario ponderar que el tema no puede observarse, solamente, desde la estrecha mirilla del eventual perjuicio económica sufrido hasta ese momento sino desde la más amplia visión del menoscabo físico instalado de manera permanente e irreversible (esta Sala en causa 7137 R.S. 204/15, entre tantas otras).
Sentado ello, teniendo en cuenta las características personales del actor (sexo masculino de 48 años de edad al momento del evento dañoso, vive con su madre en la casa de ella, remisero -tal surge del BLSG que en este acto tengo a la vista-) y las demás condiciones socioeconómicas que surgen del expediente sobre beneficio ya referenciado, las lesiones sufridas y la incapapacidad que le ha quedado por el daño físico y psíquico (37% T.O. residual), las repercusiones concretas que la misma le produce y conjugado ello con las aludidas pautas referenciales de tarifación económica, y teniendo en cuenta los límites de los agravios, soy de la idea que se deberá confirmar la sentencia recurrida en tales rubros, por cuanto la suma fijada en modo alguno se perfila excesiva.-
La Sra. Juez de Grado cuantificó el rubro en la suma de $200.000, monto este que fue atacado por la demandada y citada en garantía.-
Abordando el punto debo recordar que he sostenido reiteradamente antes de ahora, que si se hubieran acreditado que por la ocasión del hecho dañoso se le produjeron a la víctima lesiones físicas (aunque las mismas no hubieran dejado secuela –esta Sala en causa nro. 48.140 R.S. 410/04, entre otras-), el daño moral se tiene probado "re ipsa" al decir de Orgaz y que en atención a lo especificado precedentemente y las conclusiones periciales se tuvieron por demostradas las lesiones padecidas por la víctima por el hecho dañoso.-
En lo que hace al monto indemnizatorio fijado por tal concepto, cabe recordar que hemos dicho en esta misma Sala (ver entre otras voto de mi autoría: 43.370 R.S. 317/02) que el daño moral resulta de una lesión a los sentimientos, en el padecimiento y las angustias sufridas, molestias, amarguras, repercusión espiritual, producidos en los valores más íntimos de un ser humano; que, probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferida por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias del proceso- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; ésta Sala en causas 21.247, R.S. 128 del 3/8/88, idem causa 21.946, R.S. 192 del 9/8/88, causa 29.574, R.S. 45 del 9/3/93).-
Además, reiteradamente hemos venido señalando que daño psicológico y daño moral son partidas resarcitorias que responden a diversos conceptos, integrando el primero el "daño material" y el segundo el "daño moral", pudiendo bien existir un padecimiento espiritual -dolor- sin verificarse un daño material relacionado con la esfera psíquica del reclamante (causa nro. 44.116 R.S. 621/01, entre otras), distingos que (incluso) se trasladan al régimen probatorio por cuanto el daño psicológico requiere de prueba específica, mientras que el m
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