Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 60290
Causa Nº MO-60290-2016 R.S.151/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 18 de Julio de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y José Eduardo Russo, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "LOPEZ LUIS ALBERTO Y OTRO/A C/ DE SANCTIS FELIPE CESAR Y OTROS S(N5)/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " , Causa N º MO-60290-2016 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-RUSSO , habiéndose dispuesto a fs. 338 la integración del Dr. Eugenio Alberto Rojas Molina atento a la disidencia allí manifestada, resolviéndose, plantear y votar las siguientes:
1. ¿Corresponde reanudar el llamamiento de autos para sentencia suspendido a fs. 338?
2. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA PRIMERA CUESTION: el señor juez doctor GALLO, dijo:
Habiendo quedado integrada la Sala conforme lo dispuesto a fs. 338 y consintiéndose dicha integración, quedan los autos en estado de volver al Acuerdo para dictar sentencia definitiva, sin necesidad de dictar un interlocutorio de reanudación y aguardar a que quede consentido, teniendo en cuenta el motivo por el cual el llamamiento fue suspendido, el hecho de que no se han incorporado al proceso nuevos elementos y en virtud de elementales razones de concentración y economía procesal.-
Por ello, propongo que se reanude el llamado de "autos para sentencia" suspendido y, en este mismo acto, se pronuncie la pertinente decisión.-
Consecuentemente, a la cuestión propuesta voto por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, y por idénticos fundamentos, los Sres. Jueces Dres. RUSSO y ROJAS MOLINA adhieren votando en el mismo sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra la sentencia dictada a fs. 309/324 por el Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 7 Departamental, la cual hizo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen, se alzaron tanto la parte actora como la citada en garantía interponiendo sendos recursos de apelación vía electrónica, siendo los mismos concedidos libremente a fs. 327. Llegadas las actuaciones a esta alzada los recurrentes presentan vía electrónica las respectivas expresiones de agravios, la actora lo hizo con el escrito código de referencia 255800416014896856 y la citada en garantía con el escrito código de referencia 227200436015023243; solo esta última mereció réplica (escrito electrónico código de referencia 235200416015053067).-
3. A fs. 337vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
La citada en garantía objeta el análisis probatorio vinculado con las incapacidades y los montos fijados en este sentido, peticionando asimismo que se revoque la parte resolutiva de la sentencia, solicitando que la Cámara determine que el monto que deberá abonar la aseguradora lo será en la medida del contrato asegurativo.-
Mientras tanto, la actora se queja respecto de la tasa de interés fijada.-
A los términos de sendas fundamentaciones recursivas cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.-
Planteadas así las cuestiones a resolver he de abordar -a continuación- el análisis de las mismas.-
Previamente, es necesario destacar que ambas expresiones de agravios sortean -desde mi punto de vista- la valla del art. 260 del CPCC, conteniendo suficiente crítica del fallo como para provocar la apertura de la instancia de revisión.-
Paso, entonces, a analizar los agravios traídos.-
a) La cuantía del resarcimiento. El monto de las incapacidades
En un cuestionamiento general hacia cómo el fallo encaró el tema, la citada en garantía objeta los montos respectivos.-
Considero que aquí es conveniente circunscribir bien el alcance de las quejas: la aseguradora cuestiona el análisis de la vinculación causal, pero sus consideraciones se enfocan solo al aspecto físico del menoscabo, no diciendo nada en cuanto al psíquico (que el Sr. Juez de Grado también abordó en el mismo rubro).-
Por lo demás, sus quejas se circunscriben solo a este aspecto y no a alguno de los otros rubros resarcitorios también analizados en el fallo.-
Así delimitado el asunto, tenemos que el rubro en cuestión ha prosperado por la suma de $1.149.670,63 para el co actor Lopez y $1.173.504,04 para el co actor Caballero.-
Comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. CCyCN).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
En este último sentido -y dada la situación suscitada en autos- es bueno recordar que en la causa 54.710 (R.S. 120/16) se decía que
" en nuestro sistema procesal no existe la "impugnación" del informe pericial; ante la presentación del mismo la única vía que tiene el justiciable es el "pedido de explicaciones" quedando en manos del juez, sustanciado el mismo, la ampliación de la pericia o la facción de una nueva -art. 473 del C.P.C.C.- (esta Sala en causa nro. 45.050 R.S. 479/01).-
Decía, asimismo, a través de un voto de mi autoría que "es precisamente a través del pedido de explicaciones dinamizado de acuerdo a la norma citada y con todas las garantías del debido proceso que la actora debió disconformarse con la pericial; incluso si las explicaciones no eran válidas el hoy apelante pudo pedir e incluso el Juez originario aplicar de oficio la última parte de la norma citada ordenando una nueva pericia" (causa nro. 35.425 R.S. 466/02).-
Es que al no dinamizar (habiendo podido hacerlo) el pedido de explicaciones, emanando la misma de profesional idóneo, quien ha dado los fundamentos de su opinión (se compartan o no por la apelante), no existe en autos parámetro alguno para apartarnos de la pericia practicada o para hacerle perder virtualidad a la misma (esta Sala en causa nro. 24.349 R.S. 291/13).-
Reflexiono, al respecto, que frente a presentaciones como las que efectuaron aquí las apelantes a fs. (...) lo único que se incorpora al expediente es su discrepancia subjetiva de criterio respecto de lo expuesto por el perito en su dictamen; nótese, que en el ámbito provincial ni siquiera existe la figura del consultor técnico (como sí existe a nivel nacional), con lo cual por mas que se diga que se consultó a un experto (...) dicho experto ni siquiera aparece suscribiendo la presentación respectiva, por lo que no se puede saber -a ciencia cierta- si ello es veraz o no, o si las postulaciones de carácter técnico que efectúan las quejosas tienen algún basamento científico.-
En cambio, con el condigno pedido de explicaciones bien se podía requerir del perito actuante -designado justamente para aportar al proceso ciencia extrajurídica (art. 457 CPCC)- que aclarara todo cuanto las quejosas estimaran menester; e incluso, si el perito no lo hacía debidamente, hasta llegarse a la facción de un nuevo dictamen, si su respuestas no eran -a juicio del magistrado- satisfactorias.-
En este sentido, cuando se trata de este tipo de procesos, donde la pericia se lleva a cabo por un único experto y donde contar con determinados datos emergentes de ciencias extrajurídicas es indispensable para fallar, estimo que -salvo casos excepcionales- presentaciones como las aludidas precedentemente poco y nada contribuyen en la procura del hallazgo de la verdad jurídica objetiva y para el dictado de una sentencia razonablemente fundada.-
Luego, si son las propias quejosas quienes optaron (libremente) por transitar un sendero no previsto procesalmente y que escasa virtualidad práctica tendría, en lugar de activar los mecanismo que la ley sí contempla, no pueden venir a la Alzada a reeditar todas las cuestiones que, en realidad, debían haber planteado en la instancia previa y por la vía y forma correspondiente ".-
Dicho esto, tenemos que la pericia médica (escrito código de referencia 231400436014276032) ha informado que el Sr. Lopez, presenta: Lumbalgia y síndrome meniscal rodilla izquierda y que el Sr. Caballero presenta: cervicalgia, esguince medial de rodilla izquierda y plástica de ligamento cruzado anterior y esguince medial de rodilla derecha. Informa para el primero una incapacidad parcial y permanente del 19,01% y para el segundo del 40,78% efectuando el desglose de como llega a estos guarismos.-
Para así opinar, el experto se apoya en las constancias de atención concomitantes al hecho (historias clínicas) y en los examenes complementarios a los que hace alusión en su labor.-
Pues bien, frente a dicho dictamen, la hoy recurrente efectúa la presentación código de referencia 241700436014295318 de la cual surge clara su discrepancia con la opinión pericial; pero ocurre que, como bien lo señala el perito al momento de replicar esa petición (escrito código de referencia 223900436014303520) mas allá de la discrepancia no se pide explicación concreta alguna .-
Paralelamente vemos que, ya en la Alzada, la citada en garantía -al momento de los agravios- sí introduce una serie de interrogantes; pero mas a los fines retóricos que con el objeto de que fueran efectivamente evacuados por el profesional.-
Ahora bien, analizada esta situación, entiendo que -a la luz de los precedentes ya evocados- no existen en el caso elementos de convicción (objetivos) que nos lleven a apartarnos de las conclusiones del perito: las mismas emanan de profesional competente, se apoyan en estudios complementarios y aluden a las constancias médicas contemporáneas al hecho (arts. 384 y 474 del CPCC).-
A todo evento, la aseguradora pudo introducir el condigno pedido de explicaciones (como debía) para que el perito aclarara cuanto fuera necesario.-
Incluso, por tal vía y si las explicaciones no hubieran sido satisfactorias, se podía llegar a la facción de un nuevo dictamen.-
De hecho, incluso vemos que una vez rendidas las explicaciones (escrito código de referencia 223900436014303520) la aseguradora no formuló ningún tipo de planteamiento, ni insistió sobre el particular.-
Con lo cual, desde mi punto de vista, es tardío su intento (en la Alzada) de que nos apartemos del dictamen, cuando no existen elementos de prueba (objetivos, insisto) que así lo ameriten.-
Por lo demás, y para terminar de circunscribir el menoscabo psicofísico, tenemos que en cuanto al co actor Lopez, la pericial específica (emanada de perito psicóloga), nos habla de una incapacidad -parcial y permanente- del 20% derivada de un desarrollo psíquico post traumático moderado (ver escrito código de referencia 230200436014247501); respecto de esta faceta del menoscabo, la citada en garantía no trae ningún planteamiento concreto en sus agravios.-
Con lo cual, tenemos que la incapacidad que el fallo termina computando respecto del co actor Lopez es del 35,20% (ver fs. 318), siguiendo el método de la capacidad restante; y respecto del co actor Caballero, la del 40,78% (ver fs. 319vta.).-
En cuanto a las circunstancias personales de los actores, Lopez tenía al momento del hecho 30 años de edad, se desempeñaba como operaro y sus condiciones socio económicas son las que emergen de las constancias de fs. 180/2, 184/6, 191/5, 245/286 y declaraciones testimoniales ratificatorias plasmadas a fs. 302; mientras tanto, Caballero tenía 36 años de edad, también trabajaba como operario y sus condiciones socio económicas igualmente emergen de las constancias referenciadas.-
Dicho esto, y sobre este piso de marcha queda por aludir -ahora- a la tarifación del perjuicio.-
Al efecto cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente el valor referencial utilizado es el de $15.000 (quince mil pesos) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas va
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.