Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 13365
“ BRITO DEL PINO ALBERTO DAMIAN C/ GUZMAN ADRIANA VILMA Y OTROS S(N0)/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ”
Causa Nº MO-13365-2016 R.S.157/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 06 de Agosto de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "BRITO DEL PINO ALBERTO DAMIAN C/ GUZMAN ADRIANA VILMA Y OTROS S(N0)/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , Causa N º MO-13365-2016 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , manteniéndose dicha integración a los efectos del presente no obstante lo resuelto en el Acuerdo Extraordinario 822/18, teniendo en cuenta la fecha de sorteo del estudio de orden y votación en las presentes actuaciones, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 7 departamental admitió la demanda incoada por Alberto Damián Brito del Pino contra la Sra. Adriana Vilma Guzmán y la Sra. María Florencia Segovia, condenando a la Sra. Adriana Vilma Guzmán y la Sra. María Florencia Segovia hagan íntegro pago de la suma de pesos un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos cincuenta con ochenta y siete centavos ($1.465.950,87.-), con más los intereses determinados en el considerando sexto de la aludida resolución. Decidió imponer a la accionada las costas de la presente litis e hizo extensiva la condena a la citada en garantía, ‘Provincia Seguros SA’, en los términos del art.118 de la ley 17.418. Asimismo rechazó el pedido de actualización monetaria y pluspetición efectuados por la actora y citada en garantía y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
2. Contra tal forma de decidir se alzaron tanto la parte actora como la demandada y citada en garantía interponiendo los respectivos recursos de apelación; los mismos fueron concedidos libremente a fs. 340 y fs. 341 y se fundó con las expresiones de agravios cuyas referencias son 244200416015125398 y referencia 235500416016015190057 las que fueron replicadas también electrónicamente.-
3. A fs. 354 y vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
La parte actora solo direcciona sus quejas hacia los intereses aplicados por el sentenciante de grado, peticionando que los mismos sean modificados aplicándose la tasa Bip.-
A su turno la demandada y citada en garantía se agravian también de la tasa de intereses y de la cuantificación de los rubros indemnizatorios.-
Ambos apelantes esgrimen en sus expresiones de agravios una serie de argumentos que en homenaje a la brevedad me remito.-
Para dar un orden de estudio al presente, debemos en primer lugar abocarnos a los rubros indeminizatorios atacados para luego introducirnos a la tasa de interés recurrida.-
Rubros indemnizatorios
Examinaré primero la queja asociada con la pertinencia y la cuantía del rubro incapacidad sobreviniente.
A partir del análisis de lo normado por los artículos 1737, 1738 y 1740 del Código Civil y Comercial puede sostenerse que la indemnización por incapacidad sobreviniente encuentra su justificación en el daño en el interés, jurídicamente protegido, que tiene como objeto a la persona y tiene como télesis enjugar la repercusión disvaliosa que aquel provoca en la integridad personal y en la salud psicofísica de la víctima.
El perito médico legista dictaminó que el accionante sufrió, con causa eficiente en el accidente que protagonizara, cervicalgia por mecanismo de aceleración-desaceleración (contractura muscular y rigidez con cambio degenrativo discales; esguince de rodilla derecha postraumetica por contusión contra cuerpo duro (lesión de ligamento cruzado anterior con hipotrofia cuadricipital e hidrartrosis) y presenta un cuadro de desarrollo psicopatológico post traumatico (moderado) del 15%.-
Asimismo el auxiliar de justicia determinó una incapacidad parcial y permanente del 35.09% de la TV, que porcentualiza-aplicación del método de la capacidad restante (ver pericial médica de fs. 249/255 y explicaciones de fs. 266 y vta.).
Dichas conclusiones guardan consistencia con la copia de la historia clínica remitida por el Hospital Interzonal de Agudos Güemes, donde se le brindó la atención médica primaria al accionante, en la que se aprecia que aquel ingresó el día 22 de diciembre de 2015 con lesión ligamentaria en rodilla derecha. Asimismo se le ordenan inmovilizar largo rodilla ballenado por 45 días y tomar analgésicos (arg. artículos 384 y concordantes del Código Procesal, su doc.; ver copias historia clínica de fs. 126 y fs. 127).-
Así las cosas una valoración sistemática de los elementos probatorios indicados, unido a la ausencia de producción de prueba descalificante por parte de la parte demandada y citada en garantia, permite sostener que el accidente de mentas produjo en el accionante una incapacidad física sobreviniente de tipo parcial y permanente (arg. artículos 1740 y concordantes del Código Civil y Comercial; 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal).-
Ahora bien en las lides de su cuantificación dineraria el valor resarcible es precisamente la referida integridad físico-psíquica genéricamente considerada. De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de abstractos e impersonales cálculos actuariales, efectuados en base a criterios de “ganancia futura frustrada” y “aptitud productiva”.
Es menester enfatizar que si bien es cierto que el artículo 1746 del Código Civil y Comercial alude al empleo de un método matemático-actuarial de evaluación, también lo es, que en modo alguno de ello puede colegirse que el resultado dinerario que arroje aquel es de imperativo acatamiento para el juez.
Tengo para mí que los Codificadores sólo han establecido en el precitado artículo 1746 una serie de pautas orientativas, una suerte de parámetros referenciales; a los que el Juzgador debe ponderar dentro del universo de variables específicas y particulares, personales, sociales y económicas, a cuya consideración no puede renunciar. En este sentido bien nos dice precisamente uno de los autores de la Reforma, parafraseando la consolidada doctrina elaborada en el tópico por la Corte Suprema de Justicia, que para evaluar el resarcimiento no es necesario ceñirse a rígidos criterios matemáticos, sino “que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio judicial” (conf. Lorenzetti, Ricardo L., “Código Civil y Comercial….”, Tomo VIII, Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe, 2015 pgs. 527 y ss.; en el mismo sentido ver Galdós, Jorge M, “Cuatro reglas sobre la cuantificación…”, RCyS 2016-XII).-
En consecuencia consideraré el resultado de la operatoria aritmética efectuada en la sentencia recurrida; pero sólo como un elemento más a ponderar entre una multiplicidad de variables, en especial las referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía sufrida en concreto y en especial conexión con todas las peculiaridades del sujeto damnificado.-
En la especie está probado que el accionante contaba con 22 años de edad, que trabaja como cobrador de créditos diarios (ver fs. 168 y vta.), vive en la casa de su madre solo y que carece de bienes de fortuna (arg. artículos 375, 384 y concordantes del Código Procesal).-
La consideración interrelacionada de las citadas circunstancias personales y socioeconómicas que caracterizan su entramado vital y de la especie de lesiones que ha experimentado me generan convicción respecto a la irrazonabilidad del monto fijado en la instancia de origen (arg. artículos 1738 y concordantes del CCy C, su doc.; artículos 384, 474 y concordantes del Código Procesal). Por este motivo he de proponer la reducción del importe justipreciado en las sentencia, para el rubro en examen, a la suma de $500.000 (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal).-
Analizaré seguidamente la queja vinculada con el importe fijado para el reclamo en concepto de daño extrapatrimonial.-
En novel artículo 1741 del Código Civil y Comercial consagra el derecho a reclamar por las consecuencias no patrimoniales, experimentadas a raíz de los hechos ilícitos. Concretamente la norma contempla el derecho a ser resarcido por la alteración o pérdida de la armonía vital del individuo, fruto del evento dañoso.
Por otra parte el daño extrapatrimonial se produce “ in re ipsa ”, no requiere prueba.
Por lo que va de suyo que si el sujeto pasivo del reclamo anhela neutralizar su resarcimiento, tiene la carga de demostrar cabalmente la existencia de una situación objetiva que lo excluya. (arg. artículo 1741 del Código Civil, su doc. y artículo 375 del Código Procesal).
En lo atinente a su cuantificación -que no tiene porque guardar proporcionalidad con los perjuicios materiales- si bien el Legislador reconoce que ella queda sujeta al arbitrio judicial, indica al sentenciante una pauta de valoración, volcada en la siguiente premisa: "el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas".
Desde la perspectiva expuesta, para fijar su cuantía habré de valorar la índole de las lesiones padecidas, los tratamientos que aquellas exigieron, las limitaciones funcionales a nivel de la rodilla derecha, y los dolores residuales (arg. artículos 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal; ver pericial médica de fs. 249/255 y copia historia clínica de fs. 126/127).
Pienso, entonces, que la suma reconocida por este concepto no resulta desproporcionada ni excesiva; razón por la que postulo su confirmación (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal).
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).-
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.-
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.-
Por lo demás, es necesario tener en cuenta que todo lo dicho recibe, ahora, apoyo normativo puntual en lo establecido por el art. 1746 del CCyCN.-
Sobre este piso de marcha, teniendo en cuenta la índole de las lesiones de las que nos ha hablado el perito médico, como así también lo que surge de las constancias de la historia clínica y documentación médica ya referenciadas, tengo para mi que la suma reclamada liminarmente se perfila totalmente abultada e irrazonable, debiéndose receptar el rubro en la suma de $4000, perfilándose dicho monto -desde mi punto de vista- acorde a los daños sufridos (art. 165 del CPCC).-
Como ya se ha expresado en los párrafos que anteceden, el daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral. Las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, pues toda disminución de la integridad física humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible -el suscripto en causa 28511, R.S. 89/1992, entre muchas otras-.-
Y ello fue determinado por el examen de psicodiagnostico que el perito trae en la pericia de fs. 246/255.-
El experto concluyó que el actor presenta un 15% y recomendo un tratamiento psicoterapéutico por el período de 1 año con frecuancia de 2 veces por semana teniendo un costo de $400. -
Así las cosas, y a tenor del valor de la sesión que -según las máximas de la experiencia (art. 384 del CPCC)- podemos estimar prudencialmente a la fecha -de acuerdo con lo normado por el art. 165 del CPCC- en la suma de $ 500, entiendo que la suma fijada se perfila ajustada a derecho, proponiendo -entonces su confirmación-.
Para este rubro el sentenciente de grado ponderó la suma de $30.000; monto éste apelado por la demandada y citada en grantia para su reducción.-
Ahora bien.
De la experticia antes mencionada obtengo que el perito médico refiere la necesidad de realizar tratamiento de kinesiología para la columna cervical y rodilla derecha que padece el actor a fin de no agravar el cuadro. El mismo debería ser al menos de 20 sesiones por región a un valor de cada sesión aproximadamente de 500 pesos (ver fs. 153 vta).-
Aquí me detengo y estimo que el monto de cada sesión deberá confirmarse por cuanto según las máximas de las experiencias refieren que cada sesión oscilan en los $500 (esta sala en causa mo32594 R.S. 28/19).-
Por todo ello estimo que se deben rechazar el reclamo de la demandada y citada en garantía y confirmar la resolución en tal sentido.
Aquí ambas partes se disconforman de la resolución adoptada por el juez "a quo" en cuanto a las tasas que indica (fs. 333vta./334).-
La actora pretende la aplicación de la tasa BIP mientras que la demandada y citada en garantia exigen que sea la tasa pasiva.-
Cabe entonces recordar que la sala que ahora integro en sentencia del 2 de Junio de 2015, causa C2-51607, autos “Paez Hugo Luis y otra c/ D.U.V.I, SA S/daños y perjuicios” hizo aplicación de tal tasa BIP.-
Dijimos allí que " invariablemente (causas 48.351, R.S. 879/04; 56.021, R.S. 59/09; 49.026, R.S. 179/09; 56.448, R.S. 317/09, 47.889 R.S. 214/12; entre otras), desde este Tribunal se ha venido aplicando la tasa pasiva, en sintonía con reiterados precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (originariamente, Ac. 43.858, "Zgonc Daniel R y otro v Asociación Atlética Villa Gesell" fallo del 21/5/91 y posteriores en el mismo sentido, incluso luego de abandonado el régimen de convertibilidad, causa L. 77248, "Talavera, Severiano contra Digital S.RL.. y otros. Daños yperjuicios", fallo del 20 de Agosto de 2003; y en las mas recientes Ac. C 101.774 "Ponce"; L 94.446, "Ginossi"; 49.439 "Cardozo"; 68.681 "Mena de Benitez"; L 80.710, "Morinigo" del 9 de Mayo de 2012, entre infinidad de otras), desechando expresamente –de este modo- la aplicación de la tasa activa (causa nro. 45.638 R.S. 195/12).-
Es del caso, incluso, tener en cuenta que la Suprema Corte descarta la aplicación de la tasa activa argumentando que la misma incluye incluye componentes que en nada se compadecen con los intereses que debe afrontar el incumplidor moroso.-
Juzgo atendible el planteamiento que apunta a que dispongamos la aplicación de la tasa pasiva digital (BIP).-
La jurisprudencia provincial, en algunos casos, ha admitido la aplicación de esa tasa (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ª, 9/9/2014, "Avila, Rosa A. c/ Transportes 25 de Mayo SRL y ot. s/ ds. y ps.; C. Civ. y Com. Junin, 4/11/2014 "Remy Juan Domingoc/ Viora Orlando S/Daños Y Perj").-
Incluso, y esto es fundamental para que opine como lo hago, recurridas que fueron sentencias en las cuales se había ordenado su aplicación, la casación local rechazó el recurso no considerando violentada su doctrina (SCBA, 11/3/2015, “Zoccaro, Tomas Alberto c/ Provincia ART s/ daños y perjuicios", 06/05/2015, "Tarelli, Walter Santos contra Ministerio de Seguridad. Enfermedad Profesional" y, de la misma fecha, "Marmol, Mabel Susana contra Dirección General de Cultura y Educación. Enfermedad Profesional").-
La doctrina, a su turno, si bien en materia laboral y criticando la no aplicación de la tasa activa, ha sostenido que de aplicarse la tasa pasiva, la que corresponde es la tasa pasiva digital (véase Klun, Adolfo - Klun, Rodolfo L., Juicio crítico acerca de las tasas de interés aplicadas a los litigios laborales en la provincia de Buenos Aires, en LLBA 2015 (mayo), 368).-
En este contexto, es necesario recordar que el art. 622 del Código Civil establece que "el deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar". De tal suerte, y en casos como el presente, al no haber intereses convencionalmente fijados por las partes, ni tampoco una tasa indicada por la ley, será resorte del órgano jurisdiccional la determinación de la tasa de interés a aplicar en orden a conjugar la reparación del llamado "daño moratorio".-
Y en tal faena, computando las circunstancias económicas actuales (de público y notorio conocimiento) entiendo que –hoy en día- la tasa que mejor se acomoda a la reparación efectiva del daño moratorio, dentro de los límites antes enunciados en cuanto al tipo de tasa a utilizar, es la tasa pasiva informada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para plazo fijo digital a 30 días.-
Para explicarme, debemos acudir a las mencionadas tasas, que pueden consultarse en http:// www.bancoprovincia.com.ar/Content/docs/tasas_frecuentes.pdf.-
Tenemos que, para el año 2008, la tasa pasiva (depósitos a plazo fijo a 30 días) fue del 6,5% anual, que se mantuvo hasta el 2/8/2013, cuando se elevó al 9%, hasta el 19/12/2013, en que se elevó al 10%, a 10,5% el 16/1/2014 y a 11% desde el 28/1/2014.-
Mientras tanto, la tasa para plazo fijo digital a 30 días, comienza en 2008 al 12%; para principios de 2012 se encontraba al 15,5%, llegando a fines de 201
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.