Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 25821
Causa Nº MO-25821-2012 R.S. 159/2018
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 06 de Agosto de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "SANCHEZ ROSALIA ELIZABETH C/ TRANSPORTES LA PERLITA S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)" , Causa N º MO-25821-2012 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , manteniéndose dicha integración a los efectos del presente no obstante lo resuelto en el Acuerdo Extraordinario 822/18, teniendo en cuenta la fecha de sorteo del estudio de orden y votación en las presentes actuaciones, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 12 Departamental a fs. 396/407vta. dictó sentencia en la cual resolvió: 1°) hacer lugar a la demanda que por daños y perjuicios promoviera la Sra. Rosalia Elizabeth Sanchez contra Transportes La Perlita S.A; 2°) Condenar a ésta última a abonar a la actora la suma total de pesos quinientos veinte mil ($ 520.000), con más los intereses determinados en el considerando VI de dicha resolución, en el plazo de diez días de quedar firme o ejecutoriada la sentencia, bajo apercibimiento de ejecución; 3°) imponer las costas a la demandada en su calidad de vencida; 4°) diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad legal; 5°) hacer extensiva la condena y las costas a Metropol Sociedad de Seguros Mutuos (art. 118 de la ley 17418) dentro de los límites de la póliza contratada que amparaba al vehículo perteneciente a la empresa demandada.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron a fs. 418, 412 y 411 la actora, la demandada y la citada en garantía respectivamente; los mismos fueron concedidos libremente a fs. 423 y 413 se los fundó con las expresiones de agravios de fs. 429/430 (actora), 432/6 (demandada) y 437/441 (citada en garantía) que no fueron objeto de réplica.-
3. A fs. 444vta, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , llamamiento suspendido a fs. 445/vta. y reanudado a fs. 479, providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Mientras que la actora se agravia de la suma fijada por incapacidad, la demandada y su garante -en escritos de idéntico tenor- objetan la atribución de responsabilidad, las sumas fijadas en concepto de incapacidad y daño moral, y la tasa de interés.-
A los términos de cada una de las expresiones de agravios cabe remitirse en homenaje a la brevedad.-
En orden a dar respuesta a la cuestión planteada y dada la multiplicidad de temas traídos en las expresiones de agravios, iré fraccionando mi exposición para dotarla de la mayor claridad expositiva.-
a) La atribución de responsabilidad
Estimo que, en el punto, el recurso de la demandada y citada en garantía se perfila notoriamente insuficiente.-
Para fundar tal aserto es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum , hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).-
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación de las quejosas en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.-
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa , es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.-
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.) , quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).-
En este sentido vemos que, en lo que hace al tema, los argumentos traídos en el punto 2.1 son meras generalidades, que en modo alguno se intentan conectar con el caso específico.-
Por lo demás, en cuanto a la apreciación de la prueba testimonial solamente se traen fallos jurisprudenciales y ninguna referencia puntual al plexo probatorio de este expediente.-
Al respecto, esta Sala ha venido resaltando -a lo largo del tiempo- que las citas jurisprudenciales no tienen el valor de agravio si no se las relaciona concretamente con el caso en examen y con los fundamentos de la sentencia (causa N° 50.500, R.S. 670/04, 55.604 R.S. 378/08).-
En tal contexto, las apelantes debieron -en forma concreta y razonada- demostrar por qué el fallo, en cuanto se apoyó en la declaración testimonial, no se ajusta a derecho (art. 260 del CPCC) y para ello, obviamente, era necesario explicitar y poner de manifiesto razones suficientes que llevaran a descreerle al testigo.-
No lo hacen.-
Solo traen dos fallos que hablan de testigo único, y sostienen que el testigo no prestó declaración en sede penal, sin advertir que en el caso nadie habló de la existencia o tramitación de actuaciones en ese fuero.-
Amén de lo cual, dejan irrebatido el postulado de la sentencia que, para tener por acreditado el hecho y el contrato de transporte, pondera el hecho de contar la actora con el boleto respectivo; tema acerca del cual las quejosas no dicen absolutamente nada.-
Luego, no habiéndose satisfecho -siquiera mínimamente- la carga del art. 260 del CPCC, deberá declararse desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada y su garante en cuanto a la atribución de responsabilidad.-
b) Incapacidad psicofísica
Todos los apelantes objetan el rubro.-
Para abordar el recurso, lo primero a tener en cuenta es que la peticionante, al incoar su pretensión, ha reclamado en conjunto la incapacidad física y la psíquica (ver fs. 21/22); y así ha sido receptado -metodológicamente- por la sentenciante procediendo a una cuantificación global de la incapacidad psicofísica, abordando también en este tópico los gastos de tratamiento; sobre el punto no existen agravios que apunten a la discriminación (arts. 260, 266,y 272 del CPCC); y, en consecuencia, en tanto se trata de dos componentes del daño material, así lo evaluaremos nosotros -por razones prácticas y de congruencia- sin perjuicio de analizar -concretamente- la composición e incidencia de la eventual minusvalía (esta Sala en causa nro. 8147 R.S. 166/15, entre otras).-
Aclarado esto, y comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
En cuanto al menoscabo psíquico, es del caso recordar que el daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral y que las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas otras).-
Por cierto, quien alega que como consecuencia de un hecho ha sufrido determinado daño tiene la carga de demostrarlo (art. 375 del CPCC).-
Ahora bien, entre los cuestionamientos que trae la demandada y su garante, formulaba varios vinculados con la eficacia probatoria de los dictámenes efectuados por los Dres. Herszhorn y Gatto.-
Para abordar dichos planteamientos, hemos dictado la medida de fs. 445/vta., requiriendo a los peritos que evacuaran, correctamente, las explicaciones que les habían sido requeridas.-
¿Por qué lo hicimos?
Pues sencillamente porque ambos no habían contestado, como debían, los pedidos de explicaciones que se les habían efectuado en la instancia previa (fs. 286/7 y 302/3).-
Adviértase que -en ambos casos- el cuestionario era claro y preciso, por lo cual las preguntas debían haber sido respondidas del mismo modo.-
De allí que, con nuestra medida, procuramos encarrilar tal situación.-
Ninguno de ellos lo hizo en el tiempo que se les fijó, por lo cual primero se les libró nueva cédula (ver fs. 447) y luego se los intimó (ver fs. 452) en este último caso, bajo apercibimiento de remoción, pérdida de honorarios y responsabilidad por los daños causados.-
Desoyendo tanto la primera orden, como la nueva notificación y finalmente la intimación.-
No la evacuaron ni dijeron absolutamente nada.-
A resultas de ello, es que a fs. 453/4 tuvimos que dictar una medida a fin de que, por intermedio de la Asesoría Pericial, se evacuara la requisitoria allí indicada (vinculada con la determinación de cuales eran los menoscabos psicofísicos derivados del hecho aquí analizado).-
Los peritos médico y psicólogo se expidieron, mediante los escritos electrónicos códigos de referencia 242800416015433729 y 248700416014448549 respectivamente.-
El primero de ellos, bien fundado y apoyándose en todas las constancias obrantes en el expediente, habla de ciertos padecimientos físicos, pero aclara que las lesiones evidenciadas no pueden ser relacionadas con el motivo de litis, ya que pueden tener otros diversos orígenes o causas (microtraumatismos repetitivos, congénitas, posturales, etc) las cuales no pueden descartarse teniendo en cuenta el desconocimiento de los antecedentes de la actora previos al siniestro denunciado y al tiempo que trascurrió entre el mismo y la pericia médico legal efectuada. Asimismo destaca que no se hallaron en el expediente constancias de atención médica de control o seguimiento en el tiempo que sean posteriores al hecho denunciado relacionadas con las dolencias referidas.-
Indica también que lo evidenciado en el examen físico de la actora a nivel de hombro derecho, rodilla derecha y tobillo izquierdo, y lo observado en los estudios complementarios que se efectuaron de estos segmentos corporales tampoco puede ser relacionado con los hechos denunciados en autos. Teniendo en consideración, en primer término, que no se hallan constancias médicas en el expediente que acrediten algún tipo de lesión correspondiente a dichos segmentos al momento de producido el siniestro, así como tampoco un seguimiento o consultas posteriores por la mismas causas o dolencias, máxime, teniendo en cuenta el tiempo trascurrido desde el accidente hasta la realización de la pericia médica.-
Su conclusión es contundente: no puede determinarse incapacidad física de la actora que esté relacionada con el hecho denunciado en autos.-
El segundo señala, también muy fundadamente, que: -la examinada no padece sintomatología reactiva al suceso de Litis; - la examinada no padece daño psíquico ligado al suceso vial que se investiga en el presente expediente; - la examinada no requiere de tratamiento psicológico por razones que se desprendan de los incidentes de la presente causa.-
Frente a estos dictámenes, la parte actora efectuó la presentación electrónica código de referencia 237500416015514455.-
Allí la reclamante opta, voluntariamente, por no requerir explicaciones, habla de la discrepancia de los profesionales de la Asesoría Pericial respecto de los restantes peritos actuantes y pide la actuación de nuevos expertos.-
En este punto, es necesario remarcar que, si se llegó a la intervención de profesionales de la Asesoría Pericial, fue justamente porque los peritos designados en autos (y que habían dictaminado importantes porcentajes de incapacidad) fueron remisos a responder las explicaciones que, desde el Tribunal, les habíamos exigido (art. 473 del CPCC).-
Mas aún, se les confirieron varias oportunidades, y nunca contestaron; por lo demás, la actora tampoco hizo nada frente a esta situación.-
Fue entonces que resultó menester acudir a profesionales de la Asesoría Pericial, con competencia en el punto, cuyo dictamen es claro, asertivo y fundado.-
Por lo demás, y en lo que hace a la pericia médica, bien la actora podría haberle requerido explicaciones; pero, en lugar de hacerlo, opta por "impugnarlo" lo cual contribuye en muy poco para zanjar la cuestión que aquí se ha planteado.-
Amén de lo cual, el perito es claro -y su dictamen razonable- en cuanto a la imposibilidad de conectar causalmente el suceso de autos con los daños que advierte, dando las razones de tal parecer.-
Ciertamente, la acreditación del nexo causal era carga de la actora (art. 375 del CPCC) quien, además de focalizarse en la documentación médica (la cual, en verdad, es ciertamente escasa), pudo haber arrimado al proceso otros elementos de convicción que contribuyeran a reforzar dicha documentación, para dejar adecuadamente demostrada esta vinculación causal.-
No lo hizo.-
Reflexiono que, si sufrió padecimientos del tenor de lo relatado en su demanda era posible aportar otros elementos probatorios (concretamente, estoy hablando de testigos) que pudieran habernos ilustrado acerca del estado anterior, y posterior, al hecho.-
De esta manera se podría haber complementado la, muy escueta, documentación médica con la que se constaba.-
Tengo para mi que no es del todo verosímil que, frente a la entidad de los padecimientos denunciados en la demanda, y referenciados por los primeros peritos actuantes, sea tan escasa la documentación de atenciones médicas ulteriores al evento; circunstancia que -en el específico contexto probatorio de autos al que vengo haciendo referencia- opera, indiciariamente, en contra de la postura actoril (art. 163 inc. 5 CPCC).-
Luego, y por todo lo que llevo dicho, teniendo en cuenta el resultado que han arrojado los dictámenes periciales dispuestos por esta Alzada, como así también la competencia de los peritos y los fundamentos que brindan para emitir su opinión, entiendo que debemos ceñirnos a dichos dictámenes (arts. 384 y 474 del CPCC).-
De este modo, informando el perito médico que no encuentra nexo causal entre la
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