Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 38152
Causa Nº MO-38152-2012 R.S.257 /2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 12 de Noviembre de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "RUIZ ENRIQUE BENJAMIN C/ LA CABAÑA S.A. Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " , Causa N º MO-38152-2012 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 8 Departamental a fs. 327/335 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.-
De ello apelan la demandada y su aseguradora, los recursos se conceden libremente a fs. 344 y fs. 342 siendo fundados con las presentaciones electrónicas de fechas 23 de Mayo y 2 de Mayo, respectivamente, las cuales fueron replicadas con el escrito de fecha 7 de Junio de 2019.-
La demandada se queja de las sumas fijadas por incapacidad, gastos médicos y de tratamientos futuros, como así también por el daño moral; al par que la aseguradora sostiene que la sentencia fija montos mayores que los peticionados en el inicio del proceso, y además se queja del daño psíquico, moral y gastos.-
A los argumentos que cada una de ellas vierte, debo remitirme en honor a la brevedad.-
A fs. 353vta. se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
2. Antes de comenzar a dar respuesta a los agravios traídos he de efectuar algunas aclaraciones previas.-
La primera: el Sr. Juez de Grado ha aplicado, para dictar su sentencia, la normativa vigente al momento de suceder el hecho, y ello no llega cuestionado por ninguna de las partes; siendo ese, además, el temperamento que desde esta Sala hemos utilizado.-
La segunda: si bien escuetas, en líneas generales ambas expresiones de agravios contienen un mínimo de crítica, técnicamente computable, que por aplicación del criterio elástico que la Sala utiliza en estas cuestiones, amerita nuestro abordaje de las quejas.-
Sentado ello, y con tales aclaraciones, voy a abordar, primero, la queja de la citada en garantía, en la cual sostiene que la sentencia vulnera el principio de congruencia en relación a los montos.-
Al respecto, desde esta Sala se ha resuelto que " en lo que respecta al monto inicialmente reclamado o estimado la fórmula "o lo que en más o en menos resulte de la prueba de autos", en caso como el que nos ocupa es plenamente válida; refiriéndose al tema enseñan Morello-Sosa Berizonce ("Códigos Procesales..." T II-C, p g. 81) que "el monto de la demanda no actúa como tope indemnizatorio si lo pedido lo es con la salvedad LO QUE EN MAS O EN MENOS RESULTE DE LA PRUEBA o de la depreciación monetaria, no siendo por ello lesiva de garantías constitucionales la sentencia que sobre la base de tal reserva acuerda una suma mayor a la reclamada; en estos casos no se incurre en el vicio de "ultra petita"- Ocurre que mediante tal reserva se evita la plus petición inexcusable y -precisado el objeto- se deriva su cuantificación a las pruebas pertinentes "(causas 44304, R.S. 206/00; 44858, R.S. 442/02; 50491 R.S. 430/05, entre otras).-
Consecuentemente y siendo que en el escrito de demanda se reclamó la suma allí indicada, subordinada a lo que en mas o menos resulte de la prueba a producirse (ver fs. 25vta.) no hay infracción al principio de congruencia.-
Dicho esto, puedo seguir con los rubros.-
En el ámbito de la incapacidad, punto que cuestionan ambas apelantes, se ha fijado la suma de $150.000.-
Sentado ello, cabe recordar que los resarcimientos vinculados con la incapacidad encuentran su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente en lo que Eduardo Zannoni conceptualiza como la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (ver su obra, El daño en la responsabilidad civil, editorial Astrea, Bs. As. 2005, pg. 168). Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución física y/o psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).-
Pasando al a prueba producida, tenemos que aquí el rubro prospera en base a la incapacidad de carácter psíquico que, a decir del experto que ha intervenido en autos, padece el actor.-
En el caso, no se detectó incapacidad física relacionada con el evento (fs. 278/280), lo que ameritó el rechazo de este reclamo, cosa que no llega cuestionada.-
Sí ha prosperado, en cambio, el reclamo en su faceta psíquica.-
A fs. 293/6 tenemos una pericia efectuada por psicóloga, a cuyos términos cabe remitirse para su lectura extensiva, la cual nos informa un cuadro psicológico, vinculado causalmente con el evento, que interfiere en su vida social, laboral y personal en forma leve, hablando de una incapacidad, que considera consolidada y califica de parcial y permanente, del 10%; asimismo, se sugiere un tratamiento, para evitar el agravamiento del daño.-
Luego, a fs. 299/304 se le piden explicaciones a la perito, y esta las evacúa a fs. 311/312 vta., ratificando su dictamen, desestimando la existencia de concausalidad en la personalidad de base, ratificando el porcentual indicado y el baremo utilizado.-
A fs. 314/6 se le vuelven a solicitar explicaciones, las cuales son tenidas presentes a fs. 317.-
Sentado ello, cabe recordar que la fuerza probatoria del dictamen pericial es de meritación exclusiva del magistrado, y no lo obligan, “En dicho quehacer son soberanos los jueces de grado, pudiendo admitir o desechar de tales dictámenes lo que a su sano juicio correspondiere “ (Sup. Corte Bs.As. DJBA 119-433,457 y 513) “… pero cuando este es fundado y razonable en sus conclusiones debe acordársele valor probatorio…” ( Corte Sup.LL. 12-18 ) “ La sana crítica aconseja seguirlo cuando no se oponen a ello argumentos científicos o artísticos legalmente bien fundados“ (Corte Sup.,JA 44-398. Sup.Corte Bs.As. DJBA 122-73 y 85).-
Enseña Hernando Devis Echandía que el Juez es libre de valorar los informes periciales mediante las reglas de la sana crítica. Es decir que su ponderación debe ser guiada en sus conocimientos personales y en las normas generales de la experiencia (aut. cit. “Compendio de la Prueba Judicial”, tomo II, Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe, 1984, pg. 134). Empero, y como lo viene enarbolando pacíficamente el Superior provincial, más allá de que el juzgador no resulta compelido a aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, su apartamiento requiere que medien razones suficientes para ello. Sin que puedan considerarse tales las afirmaciones dogmáticas carentes de un adecuado sustento científico (arg. artículos 474 y concordantes del Código Procesal; conf. doctrina sentada por SCBA Acuerdos 55.892, 88635, 96.908, 45.797, 98.060, entre muchos otros; mi voto en la Sala II, causa 30.316 entre varios otros).-
Mediante la aplicación del criterio antes expuesto no encuentro razones objetivas y sólidas, que justifiquen el rechazo de las apuntadas conclusiones periciales; la pericia está fundada, sus conclusiones son razonables y emanan de profesional capacitado; y si bien las partes han formulado planteos a su respecto, lo cierto es que no hay elementos objetivos que conlleven la desestimación de aquellas conclusiones.-
Incluso, en sus agravios no se traen esos elementos; lo único que hace la demandada es remitirse a sus presentaciones anteriores (lo que infringe el art. 260 del CPCC).-
Por lo demás, la pericia es explícita en cuanto a las repercusiones en diversos aspectos de la vida del accionante que puede generar el padecimiento que le ha quedado instalado, sumado a ello que el resarcimiento en este rubro -como ya lo veremos- no se limita solo al aspecto laborativo y procede aun cuando el accionante haya seguido desarrollando tareas.-
Digo, finalmente, que la perito es clara también al calificar la incapacidad de permanente y al señalar que el tratamiento que sugiere lo es para evitar agravamientos, lo que diluye totalmente los argumentos de que se trataría de un daño reversible o de que existiría una doble indemnización.-
Ahora bien en las lides de la cuantificación dineraria, no debe perderse de vista que cuando se trata de indemnizar la incapacidad sobreviniente, el valor resarcible en sí mismo es la integridad física y/o psíquica genéricamente considerada. De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”.
Por otro lado-como lo viene sosteniendo consolidadamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para descartar la aplicación de fórmulas matemáticas para el cálculo de las indemnizaciones civiles en el ámbito laboral-el método de "tarifar" "...sólo atiende a la persona humana en su faz exclusivamente laboral y salarial..." (Fallos 310: 1591; 327: 3753, entre muchos otros).
Esta circunstancia, a mi juicio, también denota la inconveniencia de sujetarse a fórmulas para la cuantificación de la incapacidad. En tanto y en cuanto, deben mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo; sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. ( arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende, a mi parecer, deben descartarse la aplicación mecánica de fórmulas matemáticas o actuariales, tales como el denominado “calculo por punto de incapacidad”. Es decir, como lo sostiene ilustre doctrina y jurisprudencia, esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables tales como la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía confrontada en el contexto de las peculiaridades del sujeto damnificado (ver mis votos en esta Cám. civ. y com. Sala I, causa 56759; Sala II, causa 55.595, entre muchas otras; conf. López Meza, Marcelo-Trigo Represas, Félix “Tratado de la responsabilidad civil”, tomo 5, editorial La Ley, Bs. As. 2006, pg. 245, y la abundante jurisprudencia allí citada)
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más; a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
Por las razones expuestas, y conforme el art. 474 del CPCC, teniendo en cuenta las circunstancias personales del actor (50 años de edad al momento del hecho, sexo masculino, empleado) como así también las condiciones socio económicas que surgen de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos que corren por cuerda, y teniendo en cuenta la índole de la incapacidad informada, considero la suma fijada en este punto es acertada y acorde a la entidad del perjuicio, por lo que promoveré su confirmación.-
Prosigo ahora con el rubro gastos, que ambas apelantes cuestionan.-
En el fallo apelado se englobaron los gastos médicos ($3.500) y también el tratamiento psicológico futuro ($14.400).-
Desglosando ambos temas (por su diversa etiología), lo único que es cuestionado (concreta y razonadamente) es el primero de tales aspectos; sobre los gastos por tratamientos futuros, no veo crítica suficiente en las expresiones de agravios.-
Pasando al análisis del cuestionamiento en torno a los gastos médicos, este ítem resarcitorio encuentra apoyatura normativa en el artículo 1086 del Código Civil. Dicha norma expresamente alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia. Por ende es incuestionable su condición de daño patrimonial indirecto, por cuanto y en los términos del artículo 1078 del mentado Código, constituye un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.-
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, hay consenso jurisprudencial y doctrinario en cuanto a que la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos. Como así también que es un auténtico hecho notorio que las obras sociales no cubren habitualmente la totalidad de tales gastos. (conf. la Cám. civ. y com 2da. –sala 3era. de la Plata, Cám. civ. y com. de Morón, Sala I, causas 23.879- R.S.:65/90; 27710-R.S.:46/92,votos del Dr. Russo; Tanzi, Silvia Y. “Rubros de la cuenta indemnizatoria de los daños a las personas”, Hammurabi S.R.L., Bs. As. 2005, págs. 431/33) y el hecho de que la víctima se hubiera atendido en hospitales públicos no empece el progreso del rubro pues, como es de público y notorio conocimiento, aun atendido en lugares públicos, el paciente tiene a su cargo diversas erogaciones (traslado, medicamentos, etc.), que hacen -justamente- a la procedencia de este reclamo.-
En el caso, si bien es cierto que el rubro incapacidad física no prosperó, no menos cierto es que las lesiones físicas existieron (herida cortante en cuero cabelludo, ver fs. 148/150 y 278/vta.), aunque no hubieran dejado secuelas.-
Ello denota la procedencia del rubro gastos médicos.-
Por lo demás, y en cuanto al monto, entiendo que el fijado no se perfila excesivo, y poco hacen las apelantes (en concreto) para así demostrarlo.-
Consecuentemente, promoveré la confirmación del fallo en este aspecto.-
Me queda por abordar, finalmente, el daño moral.-
Aquí se ha fijado la suma de $67.200 y ambas apelantes lo cuestionan.-
El daño moral siempre agrede o lesiona un derecho de la personalidad, como la libertad individual, la salud, la integridad psicofísica, el estado espiritual. Su indemnización no se halla sujeta a parámetros objetivos porque la aflicción se produce en el ámbito espiritual de la víctima.-
Más que en cualquier otro rubro, el establecimiento de la cuantía del daño moral queda sujeta al prudente arbitrio judicial, porque se traduce en vivencias personales del afectado y en factores subjetivos que no hacen fácil la ponderación judicial del sufrimiento de la víctima.-
En este caso debe tenerse en cuenta el sufrimiento en el momento del accidente, su impacto en la esfera emocional (y psíquico), el dolor físico propio de las lesiones (aunque no hubieran dejado secuelas incapacitantes), las molestias inherentes a las curaciones y los eventuales menoscabos que subsisten aún después del tratamiento psíquico; lo cual debe conjugarse con las ya reseñadas circunstancias personales del actor.-
En tal sentido, entiendo que la antedicha suma monetaria no se perfila elevada, por lo que promoveré su confirmación.-
En suma, y por todo lo dicho, promoveré la confirmación del fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas a las recurrentes (art. 68 del CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A LA CUESTION PROPUESTA EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, más los que aquí añado y preciso.-
En tal sentido, he de recordar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular ; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Hasta el momento la base referencial que estábamos utilizando es la de $13.000 por punto de incapacidad; empero la evolución de las variables económicas del año próximo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.