Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 46458
“ RODRIGUEZ CLAUDIA CAMILA C/ GOMEZ MARCELO ADRIAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ”
Causa Nº MO-46458-2016 R.S.171/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 27 de Agosto de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Liliana Graciela Ludueña, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "RODRIGUEZ CLAUDIA CAMILA C/ GOMEZ MARCELO ADRIAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", Causa Nº MO-46458-2016, habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-LUDUEÑA, habiéndose dispuesto a fs. 315 la integración del Dr. Eugenio Alberto Rojas Molina atento a la disidencia allí manifestada, resolviéndose, plantear y votar las siguientes
resolviéndose plantear y votar la siguiente:
1. ¿Corresponde reanudar el llamamiento de autos para sentencia suspendido a fs.315?
2. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA PRIMERA CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, DIJO:
Habiendo quedado integrada la Sala conforme lo dispuesto a fs. 315 y consintiéndose dicha integración, quedan los autos en estado de volver al Acuerdo para dictar sentencia definitiva, sin necesidad de dictar un interlocutorio de reanudación y aguardar a que quede consentido, teniendo en cuenta el motivo por el cual el llamamiento fue suspendido, el hecho de que no se han incorporado al proceso nuevos elementos y en virtud de elementales razones de concentración y economía procesal.-
Por ello, propongo que se reanude el llamado de "autos para sentencia" suspendido y, en este mismo acto, se pronuncie la pertinente decisión.-
Consecuentemente, a la cuestión propuesta voto por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, y por idénticos fundamentos, los Sres. Jueces Dres. Ludueña y Rojas Molina adhieren votando en el mismo sentido.-
A LA SEGUNDA DE LAS CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, DIJO:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 9 Departamental a fs. 278/288 dictó sentencia haciendo lugar parcialmente a la demanda promovida por Rodriguez Claudia Camila contra Baldini Sandra Patricia, Gomez Marcelo Adrian y San Cristobal Sociedad Mutual De Seg Grales, esta última en la medida del seguro contratado. Condenando a la parte demandada a pagar a la actora la suma de pesos trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos con más el interés establecido en el Considerando Quinto, dentro de los diez días de quedar firme la sentencia y bajo apercibimiento de ejecución. Imponiendo las costas a los demandados que resultan vencidos y difiriendo la regulación de honorarios para el momento en que exista liquidación aprobada.-
2. Contra tal forma de decidir se alzan tanto la parte actora como la demandada y citada en garantía a fs. 290 (ratificada a fs. 297) y 289, respectivamente; recursos que fueron concedidos libremente a fs. 296.-
El recurso de la actora fue fundado con la expresión de agravios de fs. 304/310 y la de la citada en garantía con la expresión de agravios (electrónica) código de referencia 238700416015187604.-
Ninguna de ellas mereció réplica.-
3. A fs. 314vta. se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA", providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Mientras que la actora se queja del rechazo del rubro daño biológico y la incapacidad sobreviniente, del rechazo de la incapacidad psicológica, del inicio del cómputo de los intereses y el rubro gastos, la demandada y citada en garantía objetan lo decidido en cuanto al daño moral y los gastos, y también lo relativo al tratamiento psicoterapéutico. Finalmente ataca también la tasa de interés fijada.-
A los términos ambas fundamentaciones recursivas cabe remitirse en homenaje a la brevedad.-
En orden a la variedad de temas que se someten a nuestro conocimiento y decisión, iré fraccionando mi exposición a fin de dotarla de la mayor claridad.-
a) Daño biológico
Bajo este subtítulo la Sra. Juez de Grado aborda los daños físico y psicológico.-
Ambas cuestiones son materia de agravio por parte de la actora.-
Enfocándome en su planteamiento, me ocuparé de la primer cuestión que nos trae: la atinente a la vinculación causal de la fractura de tabique con el hecho dañoso.-
Diré al respecto que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Con todo, y para que ello sea así, el actor debe demostrar -pues es carga suya (art. 375 del CPCC)- el nexo de causalidad entre el daño por el cual está reclamando y el hecho del que se trate (esta Sala en causa nro. 27114 R.S. 222/91, entre otras).-
Así, incluso, en fallos recientes hemos descartado la inclusión de daños cuya vinculación causal con el hecho no aparecía suficientemente demostrada (causa MO-15323-2013 R.S. 62/19, voto de la Dra. Ludueña, al que adhiriera en su totalidad).-
Y ello viene al caso por cuanto el tema, tal lo dicho, versa sobre la existencia -o no- de nexo causal entre la aludida fractura de tabique y el hecho.-
Ahora bien, tenemos en el punto la pericia médica nos habla de la fractura del tabique (como consecuencia del hecho) -ver fs. 225vta./226-, antes de ello dejó el perito señalado que la actora "al momento del examen refiere haber sufrido como consecuencia del accidente, fractura del tabique nasal" (ver fs. 225vta.); y la historia clínica menciona un traumatismo en la cara (ver fs. 218) pero no dice absolutamente nada acerca de la existencia de esta fractura.-
Por lo demás, requerido el perito que se exprese sobre el particular (ver fs. 235/6), no lo hizo (ver fs. 269) y nadie insistió sobre el tema; aclaro, aquí, que no comparto el proveimiento de fs. 269, pero lo cierto es que ninguna de las partes actuó lo necesario para que el perito se expidiera y fue así como se llegó al llamamiento de autos para sentencia.-
Con lo cual, no existe ninguna constancia (objetiva) que denote la aludida vinculación causal, siendo el perito requerido a que fundamente su postura sobre el tema y no habiéndolo hecho; y esto no implica, como lo asevera la actora, que se esté sosteniendo la existencia de una autolesión, sino simplemente que no se ha demostrado esta conexión.-
Amén de ello, hay otra circunstancia a tener en cuenta, y que es fundamental.-
La actora, en sus agravios, solamente brega para que consideremos acreditada esta vinculación causal y habla de que se ha desatendido totalmente la pericia; pero sucede que la Sra. Juez de Grado no ha desatendido la pericia totalmente (como lo dice la apelante) y, lo fundamental, computó la existencia del perjuicio estético (del que nos habla el perito -ver fs. 227- al par que nos dice que la actora curó sin secuelas -ver fs. 226vta.-) a los efectos de la tarifación del daño moral (ver fs. 284 punto 3.1.4).-
Frente a ello, de la lectura de los agravios de la accionante no surge que -sobre esta cuestión tan trascendente en el contexto discursivo del fallo- haya dicho absolutamente nada; faltando entonces la crítica, concreta y razonada, que hubiera sido menester para el acogimiento del rubro (art. 260 del CPCC).-
En el punto, es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum, hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).-
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación de la quejosa -en el punto- no llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.-
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa, es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.-
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.), quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).-
Así entonces, para el progreso del rubro no era menester argumentar solo en lo atinente al nexo causal sino que lo principal era atacar esta cuestión (la de la consideración del menoscabo estético en el rubro mencionado), cosa que no se hace.-
Con lo cual, el recurso de la actora -en este aspecto- deviene desierto.-
Y también deviene desierto en su planteo en relación al menoscabo psíquico, porque -volviendo al contexto discursivo del fallo- este perjuicio no es desatendido, sino que se considera reversible el menoscabo psíquico y, por ello, se acuerdan gastos de tratamiento (ver fs. 283vta., punto 3.1.3 y 3.3 segunda parte).-
Pues bien, lo que -frente a ello- le correspondía a la actora es rebatir, concreta y razonadamente, este postulado basamental: el vinculado con la reversibilidad, o no, del cuadro.-
Cosa que, como surge de la lectura de sus agravios, ni siquiera intenta.-
De este modo, dicha parcela del recurso también deviene desierta.-
b) Daño moral
Esta parcela del fallo es atacada por la demandada y su garante.-
Dando aquí por reiteradas todas las consideraciones anteriormente efectuadas en cuanto a la solvencia esperable en las argumentaciones recursivas, vemos que las apelantes introducen su disconformismo en tres párrafos, que son copiados de la contestación de demanda (fs. 86vta./87 y 119vta./120) lo que implica ni mas ni menos que una remisión a escritos anteriores, vedada por el texto expreso de la norma (art. 260 del CPCC).-
De este modo, sin perjuicio de la singular composición de este rubro y de la mayor flexibilidad al momento de ponderar los recaudos de solvencia argumental, lo cierto es que las recurrentes vienen a cuestionar el fallo, pero -en concreto- no dicen nada.-
No hay una sola palabra en sus agravios con la cual -mas allá de las generalidades, recursos argumentales usuales o típicos y transcripciones jurisprudenciales- pretenda explicarnos, siquiera, por qué se considera excesivo, en el caso concreto, el monto fijado; ello mas aun frente al singular caso de autos, y la construcción argumental de la sentenciante (en virtud de la cual computó dentro del rubro, las derivaciones de la problemática estética que el accidente instaló en la accionante).-
Frente a lo dicho y dada la manifiesta insolvencia argumental, su recurso deviene -entonces- desierto en este aspecto.-
c) Gastos
La Sra. Juez de Grado englobó (en esta parcela) tanto los gastos pasados, como los futuros (por tratamiento psicológico) -ver fs. 285-, fijando la suma de $37.400 ($1.000 por gastos menores y $36.400 por gastos de tratamiento).-
Ambas partes objetan la suma aquí fijada.-
En cuanto al recurso de la demandada y citada en garantía, nuevamente aquí incurre en insolvencia argumental, trayendo solo unos párrafos genéricos, varios de los cuales incluso no son sino una copia de la contestación de demanda (39/vta., 120vta./121) que ni siquiera se detienen en los montos concretos que atacan, ni se hacen cargo, desde ya, de los argumentos expuestos por la sentenciante.-
En lo que hace al recurso de la actora (que solo viene a objetar los gastos menores) desde que existe en el punto un mínimo de crítica técnicamente computable, ingresaré en el análisis del asunto.-
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).-
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.-
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.-
Sobre este piso de marcha, teniendo en cuenta la índole de las lesiones de las que nos ha hablado el perito médico en su labor de fs. 225/230 (y que se han considerado causalmente vinculadas al hecho), como así también lo que surge de las constancias de la historia clínica (ver fs. 217/221), tengo para mi que el monto fijado en concepto de gastos ($1.000) resulta reducido, por lo que promoveré su elevación a la suma de $3.000 (tres mil pesos).-
d) Intereses
Ambas partes vienen a objetar lo resuelto en cuanto a los intereses.-
La actora cuestiona la
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