Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 34750
Causa Nº MO-34750-2014 R.S.123/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 27 de Junio de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "TORRES BERCELIO Y OTRO/A C/ PIZARRO JOSE AMERICO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", Causa Nº MO-34750-2014 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
1. ¿Es arreglada a derecho la resolución de fs. 85/86?
2. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada de fs. 438/456?
A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PROPUESTAS EL SR. JUEZ DR. GALLO dijo
I. Contra el decisorio dictado a fs. 85/86 por el Sr. Juez Titular del Juzgado en lo Civil y Comercial nro. 7 departamental, se alzó a fs. 162 la letrada apoderada de la demandada y citada en garantía, interponiendo recurso de apelación, concediéndose el mismo a fs. 163 en relación y con efecto diferido, es así que arribadas las presentes actuaciones a esta alzada se presenta el 5 de noviembre del 2018, el respectivo memorial, a cuya lectura me remito brevitatis causae , del que se confirió traslado a fs. 469.-
Considero necesario para introducirnos en el tema convocante, efectuar una breve reseña de las constancias de autos, exclusivamente en lo que se refiere al tema a decidir.-
Tal como se destaca en el decisorio cuestionado, a fs. 48/50 la jurisdicción hace saber a la parte actora -al haberse solo ha acreditado la personería invocada por el coactor Bercelio Torres- que previo a todo trámite debería acreditar en autos la personería invocada respecto del Sr. Fredy Javier Torres .-
Es así, que mediante el escrito adunado a fs. 52, el Dr. Cristian Ampugnani acompaña a fs. 51/vta el poder que le confiriera Fredy Javier Torres.-
Teniendo la jurisdicción a fs. 53 por cumplido con lo requerido.-
Luego de ello, la demandada y la citada en garantía al contestar la demanda a fs. 57//67 y entre otras cuestiones opuso al progreso de la pretensión incoada por el coactor Fredy Javier Torres Rodríguez la excepción de "falta de personería" contemplada en el artículo 345 inciso 2 del C.P.C.C.. -
En dicha ocasión, la letrada apoderada de los excepcionantes destaca que "... se menciona como adunado y se ha agregado una copia de poder general judicial otorgado por el Sr. BERCELIO TORRES, mas no figura ni se ha adunado mandato alguno correspondiente al Sr. Fredy Javier Torres quien tampoco signa el escrito de demanda. Por ende, solicito se proceda conforme lo dispone el art. 352 del mismo cuerpo legal" .-
Ante lo cual, a fs. 75 el jurisdicción confiere traslado de dicho planteo.-
A fs. 83/84 se la parte actora contesta dicha excepción destacando que " ha acreditado correctamente la personería invocada respecto del Sr. Fredy Javier Torres Rodriguez acompañando copia del poder general judicial otorgado por el mismo, mediante escrito presentado en el expediente, con cargo de fecha 25/06/15.-
Sin perjuicio de lo expuesto, adjuntamos nuevamente en este acto copia del poder en cuestión.-
Conforme lo expuesto precedentemente, no puede pretender la accionada que prospere la excepción interpuesta ya que deviene inoficiosa".-
A fs. 85/86 se dicta el decisorio hoy cuestionado mediante el cual se desestima la excepción de falta de personería opuesta par la citada en garantía e impone a ésta las costas de la incidencia.-
Generando tal decisión el embate hoy tratado en lo que respecta a la imposición de costas.-
La recurrente destaca que la parte actora -al responder al planteo- en ningún momento sostuvo haber agregado copia del poder judicial en cuestión a las copias de traslados y por ende contrariamente a lo que entiende el juzgador, fue esa omisión la que dio lugar a la excepción.-
Teniendo en cuento lo expuesto debo advertir que las cédulas de traslado de demanda obrantes a fs.69/73, rezan en cuanto a las copias que se adunan a las mismas que: "se acompaña escrito "promueve demanda por Daños y Perjuicios" y documental" .-
Finalizada así la reseña del trámite de autos cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia Provincial siguiendo el pensamiento chiovendano consagra la teoría objetiva de la condena en costas, atribuyendo a estas el carácter de una indemnización debida a quien se ha visto obligado a litigar, para obtener el reconocimiento de su pretensión jurídica (Chiovenda, La condena en costas, Madrid, 1928, p. 232; La Ley v. 66, p 202).-
En otras palabras, las costas son las erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso, para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden siendo principio general en la materia que el objetivamente derrotado debe resarcir íntegramente las mismas al vencedor (Podetti, Tratado de los actos procesales, p. 111, nº 30).-
Este principio general prescinde de toda idea subjetiva de buena o mala fe, la condena en costas al vencido es la regla, pues quien hace necesaria la intervención del Tribunal por su conducta debe cargar con los gastos efectuados por quien ha debido iniciar una demanda justa, o defenderse de una injusta, para obtener el reconocimiento de su derecho.-
Por su parte, la facultad judicial para eximir de costas al vencido reviste carácter excepcional y no está condicionada por la temeridad, mala fe o culpa del litigante, sino inspirada en razones de equidad ajustables a cada caso..." (esta Sala en Causa nº 27.140, R.S. 219/92, sent. del 29-11-1992, entre muchas otras).-
He querido delimitar, hasta aquí, cual resulta ser el fundamento que preside la norma contenida por el artículo 68 del ritual. También creo procedente dejar sentado que el juez podrá eximir total o parcialmente de la imposición de costas al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello. Empero el criterio que ha de primar en tal sentido, por ser una excepción a la regla, es restrictivo (Morello, Sosa, Berizonce. Códigos ... T II B, pags. 52, 70 y sig. con jurisprudencia allí citada).-
Realizadas estas precisiones, que resultan idóneas para delimitar el marco en el cual habé de argumentar, entiendo oportuno volver sobre el caso concreto.-
Teniendo en cuenta las constancias precedentemente reseñadas entiendo que las costas fueron impuestas erróneamente a la aseguradora excepcionante.-
Es que, desde mi punto de vista, existían razones bastantes como para eximirla de las mismas.-
Ello así por no existir elemento alguno que acredite que -en las copias de traslado que se adjuntaran a las cédulas libradas- se hubiera agregado copia del poder conferido por el Sr. Fredy Javier Torres Rodriguez, el cual -como sabemos- fue integrado al proceso con posterioridad al escrito demanda, y a requerimiento del magistrado de la instancia de origen.-
De este modo, y en base a tales elementos, era (objetivamente) razonable la oposición de la excepción; y si en el expediente se habían añadido elementos que no fueron remitidos junto con la cédula (o, al menos, ello no consta en la misma), tal aporte (tardío) y el consecuente rechazo de la excepción, no puede conllevar la imposición de costas a quien, lógicamente, opuso la defensa que correspondía.-
En virtud de lo expuesto considero que se deberá modificar el decisorio cuestionado en cuanto a las costas debiéndose imponer las mismas en el orden causado, quedando las costas de Alzada por este recurso impuestas a la parte actora (art. 68 del CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar por
LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor Jorda, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PROPUESTAS EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra la sentencia dictada a fs. 438/456 por el Sr. Juez titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°7 Departamental se alzaron, mediante sus respectivos letrados apoderados, tanto la parte actora como la demandada y citada en garantia, interponiendo -vía electrónica- sendos recursos de apelación los días 28 y 31 de agosto del 2018 respectivamente, siendo los que fueron concedidos libremente a fs. 457 y 460 y se fundaran con las expresiones de agravios presentadas vía electrónica los días 16 de octubre y del 5 de noviembre del 2018, de las cuales se confirió el respectivo traslado a fs. 469, mereciendo la réplica presentada el 12 de noviembre.-
3. A fs. 471 vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
IIa.- Agravios de la parte actora
Comienza su embate cuestionando la cuantificación del daño físico y psicológico, componentes del, metodológicamente, llamado daño biológico.-
Luego de ello, embistió contra el monto fijado en concepto de gastos por tratamiento, pidiendo que se eleve el mismo.-
Posteriormente, critica el monto fijado en concepto de daño moral por también considerarlo reducido.-
Concluyendo su embate agraviándose del rechazo del rubro privación de uso.-
IIb.-agravios de la demandada y citada en garantía
Dichas apelantes comienzan su ataque, cuestionando la recepción y cuantificación de la incapacidad física y psicológica. Peticionando -en este punto- se produzca prueba en esta alzada.-
Luego de ello, embiste contra el monto fijado en concepto de daño moral, cuestionando -luego de ello- la suma fijada en concepto de gastos.-
Y concluyen su embate atacando la tasa de interés fijada por el a quo.-
A los términos de cada una de tales fundamentaciones recursivas cabe remitirse brevitatis causae .-
Dicho todo esto, y comenzando el tránsito hacia el abordaje de los agravios debemos resaltar liminarmente que el Sr. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras), con lo cual nada cabe objetar ni decir al respecto.-
He de focalizarme, entonces, en los agravios.-
La atenta lectura de las expresiones traídas por los recurrentes nos convocan -en primer lugar- a analizar la suficiencia recursiva de las mismas.-
Esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio "tantum devolutum quantum apellatum", hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94)".-
En virtud de lo precedentemente expuesto, corresponde analizar el concreto caso de autos.-
Comencemos con la expresión de agravios de la parte actora.-
De la atenta lectura de la misma observamos que el letrado apoderado de los accionantes al pretender cuestionar la cuantificación del "daño biológico", el daño moral como así también al embestir contra el rechazo del rubro privación de uso, no cumple con la manda del art. 260 del C.P.C.C., en cuanto a la critica concreta y razonada que dicha norma requiere al cuestionar una decisión jurisdiccional.-
Observamos que, el recurrente en dichos embates se limita a transitar sobre afirmaciones genéricas, adunando escasos conceptos propios atinentes a la cuestión, sin que ellos pueden computarse como agravios, ni logran enervar la decisión jurisdiccional.-
Vemos -en el caso puntual del daño biológico- que debido a su trascendencia en cuanto a la significativa cuantificación y a la relevancia en sí, requería un cuestionamiento fundado basado en concretas referencias en las características de autos y a la prueba producida en los mismos, pero ello, como lo destacáramos no ocurrió.-
Y como lo destacáramos la misma falencia se potenció al cuestionar el daño moral y la privación de uso.-
Observamos así, que el recurrente no ha expresado idóneamente agravios en relación a la resolución apelada, quedando -de esta manera- irrebatidos los argumentos expuestos por el sentenciante entiendo que corresponde dinamizar la sanción prevista en el art. 261 del C.P.C.C. -art. 260 del C.P.C.C.-.-
Veamos -ahora- el embate de la demandada y citada en garantía, en lo que respecta a la crítica del daño moral y gastos de medicina.-
Se vislumbra en ambos casos, que la recurrente aduna en la expresión de agravios escuetos argumentos concretos en relación al concreto caso de autos, transitando la apelante en dicha presentación sobre argumentos genéricos, lejanos ellos de configurar la crítica y concreta y razonada, como vimos requerida por el art. 260 del C.P.C.C.-
La escueta crítica no logra enervar, por las falencias mencionadas, lo decidido por el sentenciante correspondiendo dinamizar -en este caso también- la sanción prevista en el art. 261 del C.P.C.C. -art. 260 del C.P.C.C.-
Por lo expuesto, propongo que se declaren desierto ambos recursos de apelación deducidos en los aspectos preindicados.-
El sentenciante fija un monto cuantificatorio que comprende tanto la incapacidad física como al daño psicológico, estableciendo para el actor Bercelio Torres la suma de $786.000 y $960.000 para Fredy Javier Torres Rodriguez.-
Ante la deserción postulada precedentemente, debemos en consecuencia analizar -en el presente punto- únicamente el cuestionamiento de la demandada y la citada en garantía que sí sortea la valla del art. 260 del CPCC.-
Comencemos analizando la incapacidad física.-
Es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo mi
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