Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 8193
Causa Nº MO-8193-2013 R.S.162 /2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 08 de Agosto de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Felipe Augusto Ferrari, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "LOPEZ GASPAR NICOLAS C/ STIGLICH VERONICA ELISA Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", Causa Nº MO-8193-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , manteniéndose dicha integración a los efectos del presente no obstante lo resuelto en el Acuerdo Extraordinario 822/18, teniendo en cuenta la fecha de sorteo del estudio de orden y votación en las presentes actuaciones, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra la sentencia dictada a fs. 345/353 por la Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 9 Departamental se alzaron tanto la parte actora el 21 de diciembre del 2018, como los demandados y citada en garantía, el 11 de febrero del 2019, interponiendo sendos recursos de apelación -en ambos casos vía electrónica-, presentado los recurrentes las pertinentes expresiones de agravios los días 21 de Diciembre de 2018 y 11 de Febrero de 2019, confiriéndose el pertinente traslado a fs. 368, mereciendo las replicada adunadas electrónicamente los días 18 y 22 de febrero del 2019.-
2. A fs. 370vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
a.- Agravios de la parte actora
El actor mediante su letrado apoderado cuestiona -en primer lugar- la cuantificación de los gastos médicos por considerarla reducida.-
En segundo término ataca la tasa de interés fijada por la Sra. Juez a quo , puntualmente en el plazo que va desde la fecha de producción del hecho hasta el dictado de la sentencia de primera instancia.-
b.- Agravios de la demandada y citada en garantía
En primer lugar se cuestiona las incapacidades física y psicológicas.-
Luego de ello, embisten contra gastos médicos y tratamientos futuros.-
Y por último critican la cuantificación del daño moral.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
Planteada así la cuestión hemos de abordar a continuación los cuestionamientos de los recurrentes, no sin antes dejar advertir que lo manifestado incialmente por el letrado apoderado de los demandados y citada en garantía en cuanto a la fundamentación de la sentencia atacada no resulta agravio alguno, en los términos del art. 260 (C.P.C.C.), dada su argumentación de modo genérico, sin detallar a qué apartado del decisorio hace referencia.-
Aclarado ello, comencemos con el tratamiento de las quejas (art. 266 in fine CPCC).-
a.- Daño biológico
El letrado apoderado de la parte demandada y citada en garantía cuestiona el rubro.-
Liminarmente el apelante ataca lo que considera un análisis conjunto de la incapacidades física y psicológicas en el fallo.-
En este sentido, estimo preciso recordar que nuestro ordenamiento legal consagra la posibilidad de daños de índole material o patrimonial, ya sea daño emergente (pérdida) o lucro cesante (ganancia dejada de percibir) y de daños de índole moral.-
Esta Sala ha dicho en la causa 25.123, R.S. 187/90, entre muchas otras: "...que se lo puede desglosar a fin de determinar con mayor precisión, cuáles son los detrimentos económicos y morales derivados de dicho daño..."; entendiendo entonces que el desglose no tiene entidad como para constituirlo en un "tertium genus", como hemos visto como construcción dogmática, sino pura y exclusivamente, para facilitar una más justa reparación del perjuicio realmente sufrido por la víctima, en observancia del principio de la reparación plena e integral, y que es legal y adecuado que se pueda pretender o desglosar los mismos.- También es dable poner de manifiesto, que a los fines del funcionamiento de la responsabilidad civil, entendida esta como "deber de reparar" (conf. Alterini, Atilio, "Responsabilidad civil, pág. 27/8, A. Perrot, Bs. As. 1970), debemos constatar si se han configurado los requisitos faltantes, esto es la producción efectiva del daño y el nexo causal (conf. arts. 902, 903, 904, 1067 y ccs. del Código Civil), y a tal respecto he de tratar cada componente del reclamo indemnizatorio por separado y de acuerdo a las quejas y agravios, a los efectos de un mejor orden y de acuerdo al principio de congruencia.-
Aclarado ello, observamos en el concreto caso de autos que, metodológicamente la Sra. Juez a quo agrupa el abordaje de ambas incapacidades bajo un mismo título, pero analiza cada uno de forma -claramente- diferenciada, concluyendo -lógicamente- en el cálculo residual de los porcentajes de las incapacidades.-
Tal cuestión -de formas- en verdad no genera agravio alguno al recurrente, dado que cada incapacidad tuvo su tratamiento diferenciado, y el cálculo residual es de lógica e indispensable realización.-
Zanjada tal cuestión continuo en el análisis del embate.-
Analicemos la incapacidad física.-
Comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la mencionada incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Dicho esto, analizaremos la pericia médica presentada en autos a fs. 297/302.-
Allí el experto señaló
*"Resulta de lo expuesto que el actor LOPEZ, GASPAR NICOLAS, a raíz del accidente ocurrido el día 12/10/2012, en base a mecánica accidental, examen clínico, estudios complementarios (RMN) y antecedentes hospitalarios acreditados en autos, presenta:
"Cervicalgia postraumática por mecanismo de aceleración-desaceleración (contractura muscular y rigidez con cambios degenerativos discales).-
"Impotencia funcional del hombro izquierdo postraumática, por contusión contra cuerpo duro".-
*" CORRESPONDE DETERMINAR INCAPACIDAD PERMANENTE DEL 18,1% DE lA TV" .-
*" 1. 10% Cervicalgia postraumática (según página 161 del Baremo de Altube
100% - 10% = 88% 90% Capacidad restante
1. 9% Impotencia funcional de hombro izquierdo (según página del Baremo de Altube Rinaldi para Fuero Civil) 90% x 9% = 8,1% 90 - 8,1 = 81,9% Capacidad restante".-
Vale destacar que la sentenciante, valorando las constancias de autos, consideró improcedente de incluir en este rubro la cervicalgia que presenta el actor, ya que la misma no fue diagnosticada ni en el Hospital San Bernardino de Siena ni por el médico policial.-
Tal decisión no llega cuestionada por la actora .-
Aclarado ello y teniendo en cuenta que el embate del apelante se direcciona directamente sobre la cuantificación de la incapacidad física a ello me avocaré a continuación.-
Al efecto cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente el valor referencial utilizado es el de $15. 000 (quince mil pesos) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Me detengo aquí, recogiendo los argumentos del recurrente para destacar que de la compulsa del sentencia cuestionada se advierte que, pese al cuestionamiento recursivo, la Sra. Jueza de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos -año 2012-, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras).-
Así más allá de la utilización metodológica del termino "daño biológico" precedentemente tratada, no se observa ni al analizar la atribución de responsabilidad ni en el tratamiento de los rubros resarcitorios, aplicación concreta de la nueva legislación.-
Lo cual comparto totalmente.-
Aclarado ello continúo.-
Atento a todo lo expuesto, y tal como vimos precedentemente, el perito informa y lo decidido por la magistrada de la instancia de origen en cuanto a la cervicalgia, que el actor ha padecido, a resultas del accidente de autos, una incapacidad física parcial y permanente del 9% T.O., aplicando la letra del art. 165 del C.P.C.C. considero que dicha parcela del menoscabo debe fijarse la suma de $130.000.-
Pasemos ahora al daño psicológico.-
El daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral.-
Las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas otras).-
Así las cosas, y computando los agravios del actor apelante, debemos recordar también que esta Sala ha señalado reiteradamente (causa Nº 35.396, Reg. Sent. 141/96, entre muchas otras) que no procede acumular montos resarcitorios por incapacidad permanente y por tratamientos futuros en orden a disminuir o concluir con dichas minusvalías pues se estaría otorgando una doble indemnización.-
Pero ello será así en tanto nos hallemos ante tratamientos curativos y no tratamientos que apunten a prevenir un eventual agravamiento del menoscabo permanente (ver esta Sala, por unanimidad, en causas 47.399 R.S. 7/04 y 49.570 R.S. 759/04).-
Analicemos a la luz de lo expuesto el caso de autos, y para ello debemos direccionarnos a la pericia psicológica de fs. 321/326.-
Allí la perito destacó:
“La incapacidad que se determine deberá ser irreversible y estar consolidada jurídicamente”.
La patología descripta se encuentra presente a pesar del tiempo transcurrido entre el evento de autos y la entrevista que se llevó a cabo. Se dan ambas condiciones irreversible o definitiva y Jurídicamente consolidada.
El D.S.M. V (Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos Mentales) incluye cuatro grupos de síntomas para el Diagnóstico de Trastorno por estrés post traumático: re-experimentación, hiperactivación, evitación y alteraciones negativas en las cogniciones y el estado de ánimo. El Sr. Lopez manifiesta en sus test y en la entrevista: temor y sensación de volver a vivir el hecho. Dicha percepción le produce no conciliar el sueño adecuadamente. Angustia por limitación en el desarrollo de sus tareas diarias (Re-experimentación). También se observa en su lenguaje paraverbal y en el desempeño en test, un estado de falta de motivación, inseguridad, ansiedad confirmado en sus dibujos y respuestas en test verbales. No conduce desde el hecho en a
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.