Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 2939
Causa Nº MO-2939-2012 R.S.285/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 26 de Noviembre de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "LUNA LORENA LUJAN C/ TRANSPORTES LA PERLITA S.A. Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , Causa N º MO-2939-2012 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro.9 Departamental a fs. 199/205 vta. dictó sentencia haciendo lugar a la demanda promovida por Lorena Lujan Luna contra Transportes La Perlita S.A. y Metropol Sociedad de Seguros Mutuos condenando a estos últimos a abonar a la actora la suma de $319.000 con más los intereses allí establecidos.
Impuso las costas a los accionados vencidos y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
2. Contra tal forma de decidir se alzó el 4/4/2019 el apoderado de la demandada y citada en garantía interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido libremente a fs. 208 y se fundó con el escrito electrónico 242200416015755318, el que fuera replicado según surge de fs. 215.-
3. A fs. 216vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Los apelantes se disconforman con el pronunciamiento porque le atribuye la responsabilidad del ilícito a la parte demandada cuando -en su criterio- el reclamante no ha probado adecuadamente la ocurrencia de aquel. En este sentido y medularmente arguyen que, la única prueba en base a la que el decisorio adopta el temperamento cuestionado, resulta ser la testimonial de la que, insisten, de ningún modo puede extraerse la ocurrencia del evento. Por tal razón, enfatizan, la sentencia es arbitraria. Asimismo y de modo subsidiario cuestionan los montos otorgados para los distintos rubros indemnizatorios.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
A fin de dar respuesta a las diversas cuestiones que se han planteado, y para dotar a mi razonamiento de mayor claridad expositiva, iré fraccionando los distintos temas.-
Antes que nada debemos determinar si el caso debe juzgarse a la luz de las nuevas previsiones del CCyCN o en el contexto normativo vigente al momento de acaecer los hechos.-
Es del caso señalar que el art. 7 del nuevo Código determina (con una redacción que -en lo que interesa al presente- es casi idéntica a la del art. 3 del ordenamiento derogado) que “ a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo ”.-
La aplicación inmediata de la ley es el principio consagrado en la primera cláusula del artículo, en función del cual las leyes se aplican a las nuevas situaciones o relaciones jurídicas que se creen a partir de la vigencia de la ley y a las consecuencias que se produzcan en el futuro de relaciones o situaciones jurídicas ya existentes al momento de vigencia de la ley. Señalando la doctrina que en estos casos no hay retroactividad ya que la nueva ley solo afecta a las consecuencias que se produzcan en el futuro (cfe. FERREIRA RUBIO, Delia M., en AA.VV. Código Civil Comentado , BUERES, Alberto (dir.) –HIGHTON, Elena (coord), T 1, ps. 10/11).-
Ahora bien, a la luz de lo expuesto cabe determinar si casos como el presente deben resolverse con apoyatura en la normativa vigente al momento de la sentencia (art. 184 C. Com.) o si deviene de aplicación la nueva preceptiva del Código Civil y Comercial de la Nación.-
Con todo, desde que la determinación de cual es la preceptiva aplicable resulta esencial en la sentencia (arts. 171 Const. Pcial., 34, 163 CPCC) y en tal sentido la jurisdicción debe explicitar suficientemente los motivos y fundamentos de su decisión, es que juzgo imprescindible esta aclaración previa.-
Y ya dando una respuesta al tema, estimo que –para el juzgamiento de la responsabilidad- debemos apoyarnos en la normativa vigente al momento de acaecer los hechos (Cód. Civ., según ley 340 y sus modificatorias).-
Coincido, en tal sentido, con lo sostenido por autorizadísima doctrina; dijo la Dra. Kemmelmajer de Carlucci (integrante incluso de la Comisión Redactora del Proyecto que terminó sancionándose como nuevo ordenamiento) que “ si la Cámara revisa una sentencia relativa a un accidente de tránsito, aplica la ley vigente al momento de ese accidente; en agosto de 2015 la revisará conforme el artículo 1113 del Cód. Civil, no porque así resolvió el juez de primera instancia, sino porque la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento que la relación jurídica nació (o sea, el del accidente) ” (Kemmelmajer de Carlucci, Aída, El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme, LL 2015-B, 1146).-
Coincido totalmente con tal postulación, y con los demás conceptos delineados en dicho artículo: lo dirimente no es la normativa que haya aplicado el juez de primera instancia, sino la que corresponde aplicar de acuerdo al régimen vigente al momento de tener que dictar nuestra resolución.-
En otra obra de su autoría, y con cita de Roubier, la encumbrada jurista es categórica: la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes , Rubinzal Culzoni Editores, ps. 100/101), evocando múltiples precedentes judiciales en el mismo sentido.-
Es incluso, y como bien lo recuerda la autora, la posición que ha adoptado –en algún caso- la cimera jurisdicción local (Sup. Corte Bs. As., 2/3/2011, ca. C 107.423, publ. en Cuadernos de Doctrina Legal, nro. III, ps. 19 y sigtes.), donde el tribunal señalaba –memorando incluso sus precedentes anteriores- que “el art. 3 del Código Civil establece que las leyes valen a partir de su entrada en vigencia aún para las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir que consagra el principio de la aplicación inmediata de la legislación nueva que rige para los hechos que están en curso de desarrollo al tiempo de su sanción. Empero la misma no resulta aplicable respecto de hechos consumados con anterioridad a su vigencia ” (el resaltado me pertenece).-
Y aquí, insisto, se da esta circunstancia con lo cual, estimo que el juzgamiento de la responsabilidad deberá efectuarse con apoyatura en las normas del Código Civil vigente al momento de acaecer los hechos.-
Tesitura, incluso, que me parece la mas razonable y acorde al resguardo del derecho de defensa de las partes: es que si todo el procedimiento se llevó a cabo partiendo de la base de que los hechos estaban regidos por determinado ordenamiento, orientándose en tal sentido la actuación procedimental (esencialmente: alegación y prueba) el cambio del ordenamiento jurídico aplicable para decidir no es solo cuestión que incumba al ejercicio del iura novit curia (al momento de sentenciar) sino también a lo que pudieran haber actuado las partes a lo largo del trámite; luego, al entrar en juego un ordenamiento que no era el vigente en los albores del proceso, el surgimiento de nuevos argumentos y, especialmente, la posible relevancia de otros hechos y circunstancias fácticas (que difícilmente puedan ya acreditarse, pues la etapa de ofrecimiento ya habrá transcurrido) podrían llegar a menoscabar, en ciertos casos, el ejercicio de aquel derecho. Empero, como aquí eso no sucede (por las razones ya dadas), no caben mayores reflexiones sobre el particular.-
Zanjada tal cuestión, recordaré que esta Sala ha señalado (causa nro. 56.818, R.S. 334/09) que:
" el Código de Comercio se ocupa en el artículo 184 de la responsabilidad de los empresarios de transporte en caso de muerte o lesión de pasajero. La norma está literalmente referida al supuesto de accidentes ocurridos durante el transporte ferrocarril. Pero la doctrina y jurisprudencia ha extendido su ámbito de aplicación a los que ocurran en cualquier medio de transporte. Así, se ha decidido que los principios del art. 184 se aplican al transporte automotor de pasajeros, sobre todo cuando es realizado en forma de Empresa; a todos los servicios públicos de transporte, cualesquiera sean los vehículos utilizados, inclusive colectivos y taxímetros o automóviles de "remise". (CNFed. Sala 1ra., Civ. y Com. 18-9-70, J.A. 9-1971-164; S.C.J.B.A. 31-5-60; A.S. 1.960-IV-170; Cám 2da. C.C. La Plata Sala 3ra., 13-3-62; Cód. de Com. Comentado Juan Carlos Fernández Madrid T ° I).-
Es decir, el transportista asume una obligación fundamental de resultado; el desplazamiento o conducción del pasajero sano y salvo hasta el lugar de destino. La mentada obligación no expira con el cumplimiento del traslado del viajero sino también asume una obligación de seguridad y de vigilancia para que no sufra su integridad personal.Sin lugar a dudas estamos frente a una relación contractual (pasajero-empresa) y la ejecución debe de efectuarse de acuerdo a lo convenido, conduciéndose al pasajero al lugar de destino, por la ruta y en el tiempo establecido o el que resulte de las reglamentaciones.-
El citado artículo (184 del Código de Comercio) para la relación precedentemente indicada establece una responsabilidad objetiva, como una expresión del riesgo creado. En consecuencia, el pasajero debe probar el contrato de transporte y el daño sufrido pero no es necesario que pruebe la culpa del transportista, pues dicha norma presume la responsabilidad del mismo y por ende, incumbe al transportador la prueba de alguna causal eximente de responsabilidad (SCJBA 31-5-60; A.S. 1960-IV-1.970); ya que priva el principio de la inversión de la prueba. Tales causales son; la fuerza mayor, la culpa de la propia víctima o el hecho de un tercero por el que el transportista no es civilmente responsable.-
Ahora bien, no ha de perderse de vista que para aplicar la normativa en cuestión deben evidenciarse como ocurre en todo los casos en que deba juzgarse la responsabilidad civil, la existencia de los cuatro elementos del acto, precisa y supuestamente generador de responsabilidad a saber: 1) una transgresión legal; 2) su imputación al autor por un factor de atribución suficiente, ya sea subjetivo (dolo o culpa) u objetivo (riesgo, garantía); 3) un daño causado; y 4) la relación de causalidad entre el acto y éste último.-
Aplicando tales conceptos al caso concreto de autos correspondía al actor acreditar: 1) La transgresión legal en que basara su pretensión (...); y b) la relación causal entre el daño denunciado y tal accionar; mientras que a los demandados: 3) la inexistencia de tal transgresión legal (...) y la inexistencia de relación causal entre el daño y el resultado.Y que no se diga en este específico caso, que por estar ante un caso de factor de atribución objetivo de responsabilidad, el actor únicamente tiene que probar el contrato de transporte y el daño producido, pues sólo tendríamos en cuenta uno de los elementos del acto ilícito -factor de atribución-, sin reparar en que para que este genere responsabilidad deben evidenciarse los otros tres antes aludidos.-
Respecto al nexo causal y su prueba, este Tribunal ha dejado sentado (causas N° 44.571, R.S. 155/01; 45.291, R.S. 402/02) que la relación causal es un elemento del acto ilícito que vincula el daño directamente con el hecho o indirectamente con el elemento de imputación objetiva; el efecto dañoso es el que debería resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica según el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901 del C.:CA.); el daño debe haber sido causado por acción u omisión (arts. 1068, 1074, 1109, 1111, 1113, 1114 y ccdtes. del C.C.A.); siendo carga del actor acreditar la relación de causalidad entre el daño cuyo resarcimiento persigue y el hecho de la persona o de la cosa a los que atribuye su producción. Habrá que probar siquiera una conexión entre los factores eficientes del daño, ya sean personas o cosas, y el daño mismo, sea que este recaiga también directamente sobre personas o cosas; pues de otro modo bastará la afirmación de la victima, como si se presumiera la relación causal, para comprometer en el hecho a un tercero absolutamente ajeno al mismo. La prueba de esa conexión causal será bastante para que se tenga luego por presumida la adecuación eficiente y se considere a la persona o a la cosa como causantes del daño. Entiéndase bien, no debe considerarse que la relación causal resulta presumida en cualquier caso en que la victima atribuya el daño al hecho o a la cosa de otro, quedando ella eximida de probar el nexo de causalidad. Nada de eso. Probado el nexo causal por quien lo invoca, se presume que entre las diversas condiciones que concurrieron para producir ese resultado aquella ha sido su causa adecuada (ver esta Sala en causas N° 39.071, R.S. 15/02; 54.864, R.S. 311/08) ".-
Debo aquí detenerme para señalar que no caben mayores disquisiciones en cuanto a la aplicación, o no, al caso del art. 1736 del CCyCN; esto debe analizarse independientemente de lo dicho en cuanto a la preceptiva de fondo, por cuanto se trata de una norma de sustancia procesal -que disciplina lo atinente a la carga de la prueba- por lo que sería de aplicación inmediata a los procesos en trámite, salvo que violentara el derecho de defensa o se diera alguna situación excepcional que ameritara una solución diversa.-
Con todo, y a mi modo de ver, no caben mayores disquisiciones sobre el particular, en tanto el resultado que arrojaría la aplicación de la nueva normativa es exactamente el mismo que al que conduce la aplicación de la anterior (art. 375 CPCC): pesa sobre quien lo alega la demostración del nexo causal, no encontrándonos ante un supuesto de nexo causal imputado o presumido.-
Ahora bien.-
Examinaré la crítica vinculada con la pretensa equívoca atribución de responsabilidad y para ello debemos necesariamente acudir al plexo probatorio, dejando en claro -para ello- que " como regla el Juez tiene el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, SINO SELECCIONARLOS A FIN DE FUNDAR EL FALLO en lo mas fehaciente " (SCBA, DJBA t. 36, págs. 393 y 471 DJBA; SCJBA Agosto 4/53 "Emmi Antonio y otra c/ Carnevale Nicolás") y que según lo determina el artículo 384 del ritual habrán de apreciarse, conforme las reglas de la sana crítica, las que fueran esenciales y decisivas para el fallo de la causa.-
Recordemos, como ya hiciéramos mención, que a juicio de la empresa accionada y su aseguradora la prueba testimonial -en la que se ha sustentado la impugnada atribución- ha sido inadecuadamente valorada.
Empezando a dar respuesta a los quejosos es dable señalar que la sentenciante de grado no ha valorado la testimonial del sr. Rodriguez por ser acompañante en ese viaje de la actora (ver fs. 159/160) .
Sólo se ha tenido en cuanta las declaraciones efectuadas por el señor Salvatierra Mauricio Ruben.
Su testimonio obra a fs. 172/173vta. del cual se desprende que "no conozco a Luna Lorena Lujan... yo iba a comprarme una zapatillas en moreno... cuando a las tres cuadras sube al colectivo la chica con el marido o amigo, no se, cuando estabamos llegando al centro de moreno una o dos cuadras antes el colectivo tuvo una frenada así masomenos que se le cruzo un auto, la chica salio despedida y se dio la espalda con el frente del colectivo..." "era fines de marzo..." "la pareja de la chica y otro muchacho la asistieron... yo metido fui y mire si la chica estaba bien y le deje los datos al muchacho por las dudas si necesitaba algo..." " yo estaba en la parte de atras y tenia visión de todo...".-
No se aprecia elementos que habiliten a esterilizar su eficacia acreditativa pues se trata de testigo presencial del ilícito y sus testimonios no exhiben contradicción alguna (arg. artículos 384, 473 y concordantes del Código Procesal; conf. Devis Echandía, Hernando,“Compendio de la Prueba Judicial”, Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe.1984, Tomo II, pgs. 62 y 63).
Amén de que aquella se ve robustecida, al ser valorados de manera interrelacionada con otras pruebas colectadas en los actuados. Tal como ocurre con la constancias médicas, de la que surge que el reclamante fue atendido el día 31/03/2010 a las 18:09 con traumatismo de columna cervical... accidente automovilistico (colectivo)(ver fs. 135).
Frente a tal panorama fáctico -aunado a que los ahora quejosos en modo alguno transitaron el carril diseñado por el artículo 456 del Código Procesal ni aportaron ningún otro elemento de convicción en contrario- entiendo que la atribución de responsabilidad consagrada en el decisorio apelado resulta ajustada a derecho.-
a) Daño biológico
Las quejas que traen los recurrentes versan sobre el monto otorgado por la jueza para este rubro.
Recordemos que se ha cuantificado el mismo en la suma de $200.000.
Es dable señalar que el rubro daño biológico comprende -como bien lo señala la jueza de grado- tanto el daño físico como el psíquico.
Entonces ahora es dable señalar que esta especie indemnizatoria encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad.
Más específicamente en lo que Eduardo Zannoni conceptualiza como la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (ver su obra, El daño en la responsabilidad civil, editorial Astrea, Bs. As. 2005, pg. 168).-
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución física y/o psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).
En esta línea argumental, la sala que ahora integro tiene dicho también que la incapacidad física es la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.