Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 31869
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el decisorio de fs. 284/285, en cuanto a la base arancelaria allí utilizada, dejándose sin efecto los emolumentos regulados en dicha oportunidad, debiendo en la instancia de origen proceder a una nueva regulación adoptando para ello el monto reclamado en la demanda. Asimismo, y atento a lo precedentemente expuesto, se deberá actuar en la instancia previa lo que fuera menester en relación a la cautelar decretada a fs. 286/287. Todo ello sin imponer costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC). Asimismo, se confirma el decisorio del 15 de mayo del 2019, en todo cuanto fue materia de agravios, con costas al recurrente (art. 68 del CPCC).-
“ TORRES RICARDO DAVID C/ ARAVENA PABLO ALEJANDRO Y OTRO/A S(N8)/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ”
Causa Nº MO-31869-2016 R.S.325/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 19 de Diciembre de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "TORRES RICARDO DAVID C/ ARAVENA PABLO ALEJANDRO Y OTRO/A S(N8)/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " , Causa N º MO-31869-2016 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Son ajustadas a derecho las resoluciones de fs. 284/285 y fs. 294?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra los decisorios de fs. 284/285 y 294, dictados por el Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo civil y Comercial N° 7 Departamental, se alzó la parte actora interponiendo sendos recursos de apelación, los que fueron concedidos en relación a fs. 288 y 296, siendo los mismos fundados mediante las pertinentes presentaciones electrónicas pertinentes, confiriéndose los respectivos traslados a fs.288 y electrónicamente el 13 de agosto del corriente año.-
A los términos de las fundamentaciones recursivas cabe remitirse brevitatis causae.-
2. A fs. 308vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Planteadas así las cuestiones a resolver, considero necesario efectuar una breve reseña del trámite de autos.-
A fs. 284/285 el magistrado de la instancia de origen reguló honoerarios a los profesionales intervinientes.-
De ello cabes destacar que el a quo en dicha oportunidad sostuvo que:
" ... corresponde dejar establecido que a los fines de la regulación de honorarios en este caso, en el que los trabajos se realizaron estando en vigor el decreto ley 8904/1977, habrán de utilizarse las pautas y la unidad arancelaria (ius) allí instituida, cuyo quantum el Tribunal fijó mediante el Acuerdo N° 3871, dictado el día 25 de octubre del corriente. (cfr. SCBA causa 73016 del 8/11/2017 Juba).
Por ello y teniendo en cuenta las condiciones personales (la edad de la accionante -25 años aproximadamente al momento del hecho), la ocupación (gendarme), el sueldo percibido (cfr. fs. 36) y principalmente las pericias de psicológica (180/183), y médico legal (fs. 144/150), la historia clínica acompañada, a los fines de la regulación de los emolumentos de los letrados y peritos intervinientes, fijo como base para la regulación de honorarios la suma de $5.128.733.- (SCJBA, Acuerdo 67.487, febrero 14 de 2001, DJJ 85, del 09/03/01).- "
Y posterior a ello procedió a fijar los respectivos emolumentos.-
La parte actora puntualmente cuestionó la base arancelaria fijada por el magistrado de la instancia de origen, por considerarla elevada.-
En este sentido debemos destacar que, de acuerdo con la doctrina sentada por la SCBA en "Morcillo", siendo aplicable -para determinar los estipendios- la preceptiva vigente al momento de llevarse a cabo los trabajos, vale recordar en este sentido que la pauta fundamental para la fijación de la base arancelaria, en asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria, es su cuantía (arts. 16 inc. a) y 23 del Dec. Ley 8904/77)
Aclarado ello, considero indispensable recordar -para abordar el tema- lo sostenido por esta alzada en la causa 58.683, R.S. 183/15.-
Allí destacamos que:
" en supuestos de demanda rechazada, es clara la normativa arancelaria (Dec. Ley 8904/77, art. 23 segundo párrafo) en cuanto a que debe tenerse como valor del pleito el importe de la misma, sin prever el aditamento de intereses .-
Esta Sala, en numerosos pronunciamientos, ha venido sosteniendo que la aplicación literal de la norma que -en caso de demanda rechazada- manda a computar el monto de la misma resultaríaírrita cuando se convalidaran situaciones en que el monto del reclamo fuera desmesurado en correspondencia con el daño real sufrido, quedando convalidadas situaciones -como la que la causa ofrece- frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada y fuera de toda correspondencia con las reparaciones fijadas por los tribunales tanto provinciales como nacionales (esta Sala en causas nro. 49.055, R.S. 154/03, 51.778, R.S. 428/05; causa 49.613, R.S. 577/06, entre muchas otras) .-
Cabe también recordar que la doctrina y praxis jurisprudencial mediante la cual se busca establecer el monto por el que hubiera prosperado eventualmente la acción, es operativa en aquellos casos en que el monto de la demanda fuera desmesurado (esta Sala en causa nro. 48.216 R.S. 47/06); ello, por cierto, en orden a fijar como base regulatoria un monto menor al de la demanda.-
Es claro -entonces- que dicha doctrina no puede utilizarse para fijar un monto mayor al reclamado, pues ello implicaría -además de desatender lo que la ley expresamente establece- aplicar equivocadamente la misma, para hipótesis diversas de aquellas en la cual se ha gestado.-
Bajo estas premisas y adentrándonos al caso concreto de autos, mal pudo la Sra. Juez a quo estipular una base regulatoria mayor a lo pedido en la demanda cuando dicho reclamo fue de $744.200.-
Tal antecedente resulta plenamente aplicable al caso de autos y en consecuencia resultando el monto calculado por el a quo, en relación a la base arancelaria, visiblemente superior al reclamado en autos por la parte actora, se deberá revocar el decisorio recurrido de fs. 284/285, en cuanto a la base arancelaria allí utilizada, dejándose sin efecto los emolumentos regulados en dicha oportunidad, debiendo en la instancia de origen proceder a una nueva regulación adoptando para ello el monto reclamado en la demanda. Asimismo, y atento a lo precedentemente expuesto se deberá actuar lo conducente en la instancia previas en relación a la cautelar decretada a fs. 286/287.-
Todo ello sin imponer costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).-
Sentado ello, continuemos ahora con el cuestionamiento del decisorio de fs. 294, por parte del accionante.-
Comencemos con la reseña del mismo.-
Allí el magistrado señaló que:
" Toda vez que el beneficio de litigar sin gastos iniciado según constancia de fs 26, carece de efecto retroactivo respecto de los gastos devengados con anterioridad a la promoción del mismo (Cfr.: C.S.J.N. del 23/6/91, en L.L. 1991-D-252; Díaz solimine, "Beneficio de Litigar sin Gastos", pag. 108 y sgtes.; Cám. Apel. Civil y Comercial Departamental, Sala I causa 41.044, r.i. 467/98 y causa 57.509 r.i. 174/09)".-
Ahora bien de la consulta de la MEV, observamos que en los autos "TORRES RICARDO DAVID C/ ARAVENA PABLO ALEJANDRO Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS", el 27 de Abril de 2018, se resolvió, " rechazar el pedido de beneficio de litigar sin gastos efectuado por Ricardo David Torres; b) imponer las costas a la peticionante ".-
En dicha ocasión el magistrado consideró que:
"En el caso de autos, el peticionante no acreditó la carencia de recursos a la que alude (nótese solo se produjo la prueba informativa con relación al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires (cfr. fs. 223/224), Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (v. fs. 196/198) y al Registro de la Propiedad Automotor (cfr. fs. 203), no dándose así cumplimiento con lo requerido por el art. 79 inc 2 del CPCC (nótese que a fs. 7 pto. III no se ofreció prueba testimonial). Ante tales circunstancias debe rechazarse la petición del beneficio de litigar sin gastos efectuada en autos".-
Luego de ello la parte actora, el 02/05/2019, se vuelve a presentar, destacando que:
"Atendiendo a la situación de crisis extraordinaria que se encuentra atravesando el Pais, del cual mi mandante es victima directa por ser un empleado de las fuerzas, percibiendo un sueldo que no le alcanza para cubrir sus necesidades mas basicas y las de su grupo familiar vengo a ampliar la prueba ofrecida oportunamente y requerir nuevamente la concesión del beneficio de litigar sin gastos en los términos del art. 82 del CPCC".-
Sentado ello y frente al cuadro de situación cabe en primer lugar recordar que si bien la resolución que recaiga en el beneficio provisional no causa estado, pudiendo el interesado frente a su denegatoria, ofrecer nuevas pruebas y solicitar una nueva resolución (cfr. art. 82 del C.P.C.C.), nos encontramos en el presente en una situación particular.-
El por qué de esta afirmación lo encontramos en la referenciada presentación del 2 de mayo del 2019.-
Allí vimos que la actora hace expresa referencia a una causal contemporánea a tal presentación.-
Así, independientemente que la resolución que desestimare el beneficio promovido oportunamente no cause estado, lo cierto es que aquí medió una concreta decisión desestimatoria del beneficio.-
Y, en este contexto, no podemos conceder efecto retroactivo a una circunstancia que el propio actor sitúa temporalmente en el año 2019.-
De hecho el planteo actoril resulta violatorio de la doctrina de los propios actos y del espíritu del legislador al redactar el art. 82 del C.P.C.C..-
Es que la eventual reproposición del beneficio no genera, desde mi punto de vista, que los efectos de la nueva petición deban retrotraerse al momento de la promoción del primer reclamo.-
En virtud de lo expuesto considero que se deberá confirmar el decisorio del 15 de mayo del 2019, en todo cuanto fue materia de agravios.-
Ello con costas al recurrente atento a su carácter de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA el decisorio de fs. 284/285, en cuanto a la base arancelaria allí utilizada, dejándose sin efecto los emolumentos regulados en dicha oportunidad, debiendo en la instancia de origen proceder a una nueva regulación adoptando para ello el monto reclamado en la demanda. Asimismo, y atento a lo precedentemente expuesto, se deberá actuar en la instancia previa lo que fuera menester en relación a la cautelar decretada a fs. 286/287. Todo ello sin imponer costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC). Asimismo, SE CONFIRMA el decisorio del 15 de mayo del 2019, en todo cuanto fue materia de agravios, con costas al recurrente (art. 68 del CPCC).-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia