Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 31377
Causa Nº MO-31377-2013 R.S.3 /2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 07 de Febrero de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "MUÑOZ CAMPOS CECILIA DEL CARMEN C/ LUCCHETTA DAMIAN LUIS, TCHINTCHINIAN ALICIA Y SEGUROS SURA SA S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " , Causa N º MO-31377-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO
1. A fs. 397/406 (aclarada a fs. 407) el Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 8 de este Departamento Judicial, dictó sentencia haciendo lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron a fs. 408 y fs. 413/4 la parte actora y la demandada y citada en garantía interponiendo los respectivos recursos de apelación; los mismos fueron concedidos libremente a fs. 415 y se fundaron con las expresiones de agravios electrónicas cuyos códigos de referencia son 242600416014394806 -de fecha 3/9/2018- y 241400416014468254 -del 19/9/2018-, replicadas con los escritos electrónicos código de referencia 221100416014523002 y 247500416014545568 respectivamente.-
3. A fs. 347vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
La parte actora se agravia de los montos otorgados por el sentenciante con relación a los rubros indemnizatorios, objetando las sumas fijadas en concepto de incapacidad física, psíquica, gastos y daño moral.-
Por otra parte, la demandada y citada en garantía se quejan de lo resuelto en cuanto a los mismos rubros, atacando también la tasa de interés fijada.-
A los términos de cada una de las fundamentaciones recursivas cabe remitirse brevitatis causae .-
Dejando señalado que, desde mi punto de vista y en líneas generales ambas expresiones de agravios sortean la valla del art. 260 del CPCC, he de pasar al análisis de las quejas traídas (arts. 260, 266 y 272 del CPCC).-
Ello no sin destacar, antes que nada, que siguiendo el mismo criterio que esta Sala ha adoptado, el fallo en crisis opera en base a la normativa vigente al momento de acaecer el hecho, sin que exista agravio en tal sentido de las partes.-
Ahora, y zanjada esta cuestión, es momento de abocarme a los agravios relativos a los montos fijados por el juez de grado para los distintos rubros indemnizatorios.-
a) Incapacidad Sobreviniente .
El "a quo" fijó para esta parcela la suma de $260.000.-
Dicho esto, y comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
En lo que hace a la cuantificación cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente, el valor referencial utilizado es el de $15.000 (quince mil pesos) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Ahora bien, lo primero que debería definirse es la entidad del menoscabo.-
En el caso, tenemos que la actora -al entablar su demanda- relató una serie de perjuicios físicos y postuló que, en base a los mismos, se había originado una incapacidad sobreviniente (ver fs. 100vta./105vta.).-
Veamos, entonces, qué se hizo para acreditar lo dicho.-
A este respecto se ha producido prueba pericial médica.-
Es entonces momento de recordar, en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Así tenemos una pericia que fue llevada a cabo por perito médico legista (fs. 307/310); a los términos del dictamen, cabe remitirse.-
La experta nos habla de una incapacidad parcial y permanente del 34,91%, proveniente de rigidez en el hombro, luxación o esguince de rodilla y cervicobraquialgia; calculando el porcentual siguiendo el método de la capacidad restante.-
A su respecto, la demandada y su garante efectuaron la presentación de fs. 326/328; siéndole requeridas las explicaciones del caso a la perito mediante la providencia de fs. 347, evacuándolas con su presentación de fs. 352/vta., respecto de la cual la demandada y citada en garantía efectuaron la presentación de fs. 359/360.-
Ahora bien: la demandada y citada en garantía insisten en sus objeciones respecto del dictamen.-
Pero lo cierto es que, en autos, no existe ninguna constancia (objetiva) que lo contradiga; ello mas allá de la discrepancia (subjetiva) mantenida por las quejosas, desde su primera presentación y reiterada luego hasta el momento de expresar agravios.-
Antes bien, lo que surge del dictamen es reforzado por los dichos del testigo Romero (compañero de trabajo del hijo de la actora) quien relata que luego del hecho, unos 10 días después, vio a la actora muy dolorida, en cama, con dolores en las rodillas, cuello ortopédico, muy decaída y que, hasta el momento de la declaración del testigo, proseguía con dolores fuertes en la rodilla y el hombro (fs. 261/vta.).-
Por lo demás, tenemos a fs. 226/239 la Historia Clínica de la reclamante, labrada por la Clínica Modelo de Morón, la que da cuenta de los tratamientos y atenciones que recibió al tiempo de acontecer los hechos.-
Así entonces, la labor pericial emana de una profesional idónea en la materia; aparece clara, asertiva y concluyente, sin que existan en la causa elementos de convicción (objetivos) que nos lleven a apartarnos de sus conclusiones (arts. 384 y 474 del CPCC).-
Lejos está, en este contexto, de haber resultado el accidente una cuestión nimia o de escasas repercusiones, como lo sostienen la demandada y su garante al agraviarse del fallo.-
De este modo, conjugando la entidad del menoscabo con las circunstancias personales de la actora (sexo femenino, 60 años de edad al momento del hecho, de la condición socio económica que surge de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos -fs. 20/2, 39/41 y 58/vta.-), aplicando las pautas de tarifación referencial anteriormente enunciadas -en su correlato con la entidad del menoscabo incapacitante, valorando su repercusión concreta, no abstracta- entiendo que la suma fijada se perfila reducida y, por ello, promoveré su elevación a la de $420.000 (pesos cuatroscientos veinte mil) .-
b) Daño psíquico y su tratamiento
Ambas partes se quejan del monto otorgado por el juez para este rubro ($85.000).-
En primer lugar diré que el daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral.-
Las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, pues toda disminución de la integridad física humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible -esta Sala en causa 28511, R.S. 89/1992, entre muchas otras-.-
Pero, obviamente, para determinar la resarcibilidad del daño, el mismo debe quedar cabalmente acreditado (art. 375 del CPCC).-
La prueba eficiente, en el punto, es la pericial (art. 457 del CPCC).-
El experto en su pericia de fs. 364/6 concluye que la actora presenta síndrome postraumático con síntomas depresivos, lo que -según señala- corresponde a un cuadro de neurosis depresiva leve, que le provoca una incapacidad del 15% de la cual un 10% es atribuible al accidente y el resto a su personalidad de base, sugiere la realización de un tratamiento de un año, con una sesión semanal.-
A su respecto, tenemos explicaciones, requeridas a fs. 370/vta. y 372/3, cuyas respuestas lucen agregadas a fs. 378/380 y 386/7; efectuando incluso la citada en garantía la presentación de fs. 389/390vta.-
Por mi parte, y luego de la lectura del dictamen, advierto que el mismo emana de un especialista, quien da los fundamentos de su opinión, sin que exista en la causa ningún elemento de convicción que, con idoneidad, rebata las consideraciones del experto en la materia (arts. 384 y 474 del CPCC).-
Ahora bien, lo primero que deberíamos definir es si la incapacidad informada es de carácter permanente o puede llegar a desaparecer.-
A fs. 366 el perito ha sido claro en el sentido de que el tratamiento puede influir sobre los síntomas padecidos, reforzando los mecanismos de autosuficiencia y de reafirmación del funcionamiento yoico, señalando que " es de esperar así una recuperación del cuadro depresivo que puede mejorar con tratamiento psiquiátrico ".-
Con todo, mas adelante -a fs. 380- el perito parece señalar algo distinto, cuando habla de que el tratamiento es "para que el cuadro no se profundice ".-
Pero ocurre que, cuando evacúa las explicaciones de la actora (fs. 386/387), defiende su postura inicial y habla de la fisiología reparatoria del psiquismo, señalando que la actora " posee recursos para el afrontamiento de las mismas, pudiendo protegerse de manera adecuada y adaptativa a la realidad, instrumentando estrategias defensivas eficaces, con éxito que le permiten sobrellevar las dificultades que se le presentan, con el tratamiento indicado ".-
Con lo cual, y en esta peculiar situación (con vaivenes en la opinión pericial), considero que debemos atenernos a la postura inicial (que incluso fue la última que el perito defendió) y no a la sostenida en unas explicaciones de las que -luego- se desdijo, teniendo -de este modo- por reversible el cuadro mediante la realización del tratamiento (fs. 384 y 474 del CPCC).-
De tal suerte, no cabe mandar a resarcir la incapacidad permanente, sino solo circunscribirse a los gastos de tratamiento (esta Sala en causa nro. 53.494 R.S. 97/07, entre otras).-
Sobre este piso de marcha, teniendo en consideración las características del tratamiento aconsejado, como así también el costo medio de la sesión (que -a la fecha, dado que son tratamientos futuros, cfe. esta Sala en causa nro. 7656 R.S. 251/15- podríamos considerar -según las máximas de la experiencia- en un promedio de $500) entiendo que la suma fijada se perfila sustancialmente elevada, por lo que promoveré su reducción a la de $25.000 (veinticinco mil pesos) .-
c) Gastos
Ambas partes objetan los $4000 fijados por el Sr. Juez de Grado.-
Abordando el punto debo recordar que los gastos por tratamientos médicos, farmacéuticos, traslados y erogaciones análogas, deben ser reparados aun sin haberse demostrado documentadamente su existencia; pero ese concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces, sino que encuentra su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba, y en la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas y carácter de ellas, y todo ello sí debe ser probado, no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares.-
Es menester referir que ha dicho esta Sala, con anterioridad, que corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no esté demostrado cabalmente su importe -S.C.B.A., T 117, pág. 127- (Conf. Causas de esta Sala Nº 20.745, R.S. 63/88; Nº 24.973 R.S. 165/90; Nº 41.649, R.S. 607/99).-
También se ha sustentado que cuando se pretende un mayor resarcimiento que el prudente, deben aportarse las pruebas necesarias que justifiqu
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