Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 2238
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y citada en garantía respecto del prorrateo establecido por el art. 730 del CCCN con relación a los honorarios que se regularán al mediador si correspondiere, confirmandose la misma en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravios.-
Costas de Alzada, en el orden causado, atento como se ha resuelto la cuestión a decidir y el éxito solo parcial del recurso (arts. 68 segunda parte y 71 del C.P.C.C.).
Causa Nº MO-2238-2014 R.S.207 /2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 01 de Octubre de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "COLINO NICOLAS HORACIO C/ CABRERA MARIA ANGELA Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", Causa Nº MO-2238-2014 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 Departamental a fs. 510/512 vta. resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la ley 13.951 y sus decretos reglamentarios. Asimismo rechazó el pedido de prorrateo de los honorarios correspondientes a la mediadora en base a lo normado por el art. 730 del CCCN e impuso las costas a la vencida.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó la demandada y citada en garantía interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación y se fundó con el memorial del 25/09/2018, replicado por la mediadora el 4 de octubre de aquel 2018.-
3. A fs. 531, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Dos son las quejas traídas a esta Alzada por parte de la demandada y citada en garantía. Una se direcciona hacia la imposición de las costas y otra al prorrateo estatuido por el art. 730 del código de fondo que la sentenciante desestimó.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
En primer término cabe aclarar que sólo el criterio de elasticidad tantas veces utilizado por este Tribunal para apreciar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley adjetiva (art. 260) en la faena de sustentar el recurso de apelación de que se trate, es el que nos autoriza a desechar la aplicación de la sanción contenida en el art. 261 del mismo cuerpo normativo y a ingresar al análisis del fondo de la cuestión sub discussio, pues mínimamente el libelo presentado por la demandada y citada en garantia cumple con dichos requisitos.-
Ahora bien.
Con relación a la imposición de las costas desde esta Sala Segunda venimos sosteniendo en numerosas causas que: " La Suprema Corte de Justicia Provincial siguiendo el pensamiento chiovendano consagra la teoría objetiva de la condena en costas, atribuyendo a estas el carácter de una indemnización debida a quien se ha visto obligado a litigar, para obtener el reconocimiento de su pretensión jurídica (Chiovenda, La condena en costas, Madrid, 1928, p. 232; La Ley v. 66, p 202).-
En otras palabras, las costas son las erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso, para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden siendo principio general en la materia que el objetivamente derrotado debe resarcir íntegramente las mismas al vencedor (Podetti, Tratado de los actos procesales, p. 111, nº 30).-
Este principio general prescinde de toda idea subjetiva de buena o mala fe, la condena en costas al vencido es la regla, pues quien hace necesaria la intervención del Tribunal por su conducta debe cargar con los gastos efectuados por quien ha debido iniciar una demanda justa, o defenderse de una injusta, para obtener el reconocimiento de su derecho.-
Por su parte, la facultad judicial para eximir de costas al vencido reviste carácter excepcional y no está condicionada por la temeridad, mala fe o culpa del litigante, sino inspirada en razones de equidad ajustables a cada caso... " (esta Sala en Causa nº 27.140, R.S. 219/92, sent. del 29-11-1992, entre muchas otras).-
Entonces, conforme lo dispuesto por el principio objetivo de la derrota referido “ ut supra ”, concretamente establecido por los arts. 68, primer párrafo, y 69, primer párrafo, del C.P.C.C. y de acuerdo a la forma en que se ha resuelto la cuestión sobre la inconstitucionalidad de la ley de mediación, corresponde confirmar la imposición de costas al recurrente vencido.-
A mas de lo expuesto el quejoso con su planteo debe hacerse cargo de haber puesto en funcionamiento el sistema judicial para abordar una petición que, según se ha resuelto, resultaba inatendible (esta Sala en causa MO 10154 RSI-78-15).-
Y agrego que esta Sala desde hace ya varios años se ha manifestado en relación al planteo de inconstitucionalidad de la ley de mediación, rechazándose el mismo y es por ello que no encuadra en un caso novedoso o dudoso.-
No obstante ello, y ya abocándome al agravio relativo a la prorroga contenida en el art. 730 del CCCN, la suerte ha de ser otra.
En efecto.-
Considero necesario comenzar recordando lo sostenido por esta sala en la causa 51.324, R.S.85/18, donde se abordó el análisis del prorrateo dispuesto por el art. 505 del C.C. y su sucesor, 730 del C.C.Y.C.N.-
En tal oportunidad se he señalado:
" Adentrándonos propiamente a los agravios que hacen referencia a la incorporación en el prorrateo de los letrados de los codemandados y citada en garantía que no fueron condenado en costas, debemos puntualizar qué es lo que la norma nos dice al respecto.-
Aquella hace alusión de los efectos de la obligación al acreedor, brindándole herramientas para obtener el cumplimiento de la misma (incs. a), b) y c)) como también sienta un límite para el pago de las costas.
Nos dice el articulo en cuestión que "Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas".-
Este último párrafo apuntó a la disminución de los costos judiciales.-
La Corte Suprema de la Nación en reiteradas oportunidades ha sostenido que "el espíritu de la ley 24.432 es propender una disminución general del costo de los procesos judiciales, moderando prudentemente los niveles de retribución tanto de los letrados como de los restantes auxiliares. Es decir, se procura reforzar el acceso al servicio de justicia por parte de la población, mediante la modificación de normas que facilitan, en algunos casos, excesos manifiestos en los montos de los honorarios que se regulan a los profesionales que intervienen en el proceso judicial".
"...la ley en examen no conculca ese derecho, desde que no evidencia un fin persecutorio o discriminatorio sino que, por el contrario, otorga el mismo tratamiento a todos los profesionales que asisten a la parte no condenada en costas, sea esta actora o demandada, trabajador o empresario, con el objetivo de disminuir los gastos procesales" (CSJN, 5/5/09,"Abdurraman Martin c/ transporte Línea 104 SA", LL 2009C620).-
Por cierto, no está en nosotros entrar a analizar la idoneidad del medio elegido para lograr el fin buscado, a poco que se advierte que -con la solución de la norma- no se disminuyen los costos del proceso, sino que se opera en el plano de la distribución de los mismos.-
Ahora bien, como quiera que sea, lo cierto es que aquí no se planteó -en tiempo propio- la inconstitucionalidad de dicha preceptiva y, entonces, no nos queda mas que aplicarla.-
El articulado hace referencia a las costas judiciales "incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados".
Al respecto se viene diciendo que a los efectos de establecer el prorrateo que dispone el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 505 del anterior Código Civil), la condena en costas comprende todos los gastos causados y ocasionados por la sustanciación del proceso, quedando incluidos, por ende, tanto los honorarios de los abogados -a excepción de los correspondientes a los profesionales que hubieran representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas-, peritos y auxiliares y sus respectivos aportes, como así también la tasa de justicia y contribución de la ley 8455 (Cám.2da.Civ.Com.Sala 2 La Plata causa 118963 204 fallo del 08/09/2016).-
Es ello justamente lo que surge del texto de la norma.-
Sigamos.-
"Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentajes, el juez debe proceder a prorratear...". Ese porcentaje es del 25% como ya se expuso anteriormente.-
Y sólo excluye "a los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas"
En sintonía con ello debemos decir que donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos hacerlo.
Me explico.-
Es que el art. 730 establece un límite para la responsabilidad patrimonial del condenado en costas y solo excluye los honorarios de su propio letrado.-
Entonces, ingresan en el prorrateo todos los otros honorarios, incluidos los de los litisconsortes (cfe. SCBA, 22/10/2003, Ac. 75597, "Ghibaudi").-
Eso es lo que la ley dispone, y -compartamos o no su solución, nos parezca o no adecuada- a ello debemos atenernos; salvo tempestivo planteo de inconstitucionalidad que, insisto, habiendo podido introducirse aquí en tiempo propio, no lo fue por quien se encontraba legitimado a hacerlo" .-
Asimismo al decidir en la causa 57.769, R.S. 325/2015, hemos expresado " Ahora bien, debo dejar sentado que no comparto la manera en que la sentenciante ha aplicado la normativo del art. 505 del código de fondo pues se confeccionó una sumatoria de rubros, dejando de lado el impuesto en cuestión, y no se realizó el prorrateo allí establecido (el cual, por cierto, implicaba el reparto proporcional de la suma a distribuir)".-
Sentado ello queda claro -entonces- que la norma en cuestión sólo se refiere a la responsabilidad del condenado en costas y no al monto de las regulaciones.-
Agregando que, una vez regulados los honorarios (y revisados, en su caso, por la Alzada), debería, en caso de corresponder, efectuarse el pertinente prorrateo (en la instancia previa) en orden a determinar los alcances del deber de responder del condenado en costas por aplicación de la regla legal antes aludida.-
Con lo cual, no cabe aquí formular disquisiciones en tal sentido.-
Amén de lo cual, los honorarios del mediador entran, indudablemente, en el concepto de "costas" procesales.-
Adviértase, en este sentido, que si lo sustrayéramos de tal ámbito, no habría razón, ni fundamento, para que el condenado en costas debiera hacerse cargo de dichos emolumentos.-
De este modo, estimo que si los honorarios del mediador ingresan en la condena en costas (cfe. art. 31 Dec. 43/2019) la aplicación del aludido art. 730 (en relación a la limitación de la responsabilidad del condenado en costas) es ineludible.-
Por todo ello soy de la idea que se deberán receptar los agravios traídos por la quejosa en tal sentido y modificar la resolución apelada en tal sentido, debiéndose efectuar en caso de corresponder el prorrateo aludido por el art. 730 CCCN respecto de los emolumentos que se regularan al mediador.
Si mi propuesta es compartida se deberá hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y citada en garantía respecto del prorrateo establecido por el art. 730 del CCCN con relación a los honorarios que se regularan al mediador si correspondiere, confirmándose la misma en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravios.-
Las costas de Alzada será soportadas en el orden causado, atento como se ha resuelto la cuestión a decidir y el éxito solo parcial del recurso (art. 68 segunda parte y 71 del C.P.C.C.).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la demandada y citada en garantía respecto del prorrateo establecido por el art. 730 del CCCN con relación a los honorarios que se regularán al mediador si correspondiere, CONFIRMANDOSE la misma en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravios.-
Costas de Alzada, en el orden causado, atento como se ha resuelto la cuestión a decidir y el éxito solo parcial del recurso (arts. 68 segunda parte y 71 del C.P.C.C.).
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
si////
////gue una firma.-
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia