Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 3064
"LEDESMA BLANCA VIDELA C/ TRANSPORTES AUTOMOTORES DE PASAJEROS SIGLO VEINTIUNO S.A Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)"
CAUSA MO-3064-2015 R.S. 08 /2020
/// la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Febrero de dos mil veinte, reunidos en la Sala II del Tribunal, los señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, doctores Roberto Camilo Jordá y José Luís Gallo, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "LEDESMA BLANCA VIDELA C/ TRANSPORTES AUTOMOTORES DE PASAJEROS SIGLO VEINTIUNO S.A Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)"MO 3064 2015 y habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Const. de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial), resultó que debía observarse el siguiente orden; Dres. JORDA - GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es justa la sentencia apelada de fs. 676/683?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA DIJO:
Contra la sentencia definitiva de fs. 676/683 apelan la demandada a fs. 687, la citada en garantía a fs. 688 con fecha 4-3-19 y la actora a fs. 688 con fecha 7-3-19. Expresan agravios la actora a fs. 705, la demandada a fs. 706 y la citada en garantía a fs. 709.
El fallo de primera instancia hace lugar a la demanda de daños y perjuicios por la suma de $ 880.000 iniciada por la Sra. Blanca Videla LEDESMA contra Transportes Automotores de Pasajeros Siglo XXI S.A. y Edgardo Raúl FELDER, haciendo extensiva la condena a Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros.-
A) La demandada se queja por la errónea atribución de responsabilidad; el excesivo importe fijado por incapacidad sobreviniente y tratamientos futuros; rechazo del daño psicológico o en subsidio su morigeración; reducción del monto por daño moral, elevado monto para paliar los gastos médicos y de farmacia y la tasa de interés.-
B) La actora se agravia por considerar bajos los montos fijados por la incapacidad física y psicológica, el daño moral y tratamientos futuros.-
C) La citada en garantía cuestiona por exagerado el monto de la indemnización para resarcir el daño físico y psíquico; el daño moral y los gastos médicos.-
Comenzaré con el estudio de las quejas de la demandada vinculadas con la atribución de responsabilidad.-
1. La demandada siembra un manto de dudas acerca de la mecánica del accidente, sobre las lesiones sufridas y las declaraciones de los testigos propuestos por la actora.-
A fs. 445 del libro de guardia, fecha 15-7-14, mismo día del accidente, se lee “ paciente femenino de 67 años de edad que es traída por ambulancia con tabla rígida y collar cervical posterior a accidente de tránsito….sin pérdida de la consciencia…”
A 662 los testigos Nuñez y Anderi declaran que la Sra. Ledesma se dirigía al Hospital Posadas cuando fue atropellada por el colectivo de la demandada porque ellos también iban al hospital, el primero llevando a su hijo, ambos coinciden en la narración del siniestro y en que el colectivero bajo del vehículo y cargaron a la actora para llevarla al hospital. Los croquis elaborados en el Juzgado de fs. 659 y 660 por Nuñez y Anderi coinciden en la ubicación de la actora, del colectivo y de la colisión.-
Los testigos no fueron objetados en su idoneidad por la demandada, en la etapa procesal oportuna, por lo tanto al no ejercitar ese derecho en la instancia correspondiente (art. 456 del CPCC) no puede, en principio hacerlo en la alzada.-
Por lo tanto, apreciando los testimonios, conforme las reglas de la sana crítica con más los informes del Hospital Posadas labrado el mismo día del infortunio en conjunto con los demás elementos de prueba aportados al expediente (art. 384 del CPCC) tengo por probado el accidente tal como lo relata la actora.-
Por ello debe rechazarse la queja de la demandada.-
Transportes Automotores y la Citada en Garantía realizan un cuestionamiento respecto del monto de $ 285.000.- y los fundamentos dados al rubro daño físico y tratamiento, tasado en $ 20.000.- considerando que la incapacidad de la actora no puede exceder del 10%.-
La actora, en sentido contrario, refuta los montos por incapacidad y tratamiento, por bajos.-
Abordando la cuestión, es dable señalar que esta especie indemnizatoria encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad.-
Más específicamente en lo que Eduardo Zannoni conceptualiza como la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (ver su obra, El daño en la responsabilidad civil, editorial Astrea, Bs. As. 2005, pg. 168).-
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución física y/o psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).-
Sobre esta plataforma conceptual, vayamos a las pruebas rendidas.-
A fs. 443 en la historia clínica labrada el 15-7-14, mismo día del accidente, se lee “ se colocó tabla rigida y collar de philadelfia …” “…pupilas isotónicas reactivas sin signo neurológico, abdomen blando no doloroso, refiere dolor dorsolumbar, dolor e impotencia funcional de pierna y articulación coxo-femoral derecha y cervicalgia“
En la causa penal N° 10-00-027175-14 (labrada como consecuencia del hecho) a fs 2 la Sra. Ledesma denuncia, el día 19-7-14, el accidente.-
A fs. 16 la actora es examinada por el cuerpo médico de Morón “…presenta collar cervical, hematoma de 6 cm. en brazo derecho, cuyo mecanismo de producción es compatible con el golpe o choque de la superficie corporal con o contra elemento duro romo. Con una data aproximada por sus características clínicas de una semana de evolución que salvo complicaciones reviste la característica de leve…”
A fs. 478/80 el experto Dr. Demkiw después de revisar a la accionante y analizar los exámenes complementarios RX cráneo, RX columna cervical, Rx columna lumbar, Rx hombro izquierdo, Rx cadera izquierda, Ecografía hombro izquierdo, Electromiograma de cuatro miembros y Electroencefalograma llega a la conclusión que es poseedora de una incapacidad del 19%, 10% por el compromiso cervical y 10% por el compromiso lumbar; también menciona que "se podría inferir" (textual) que la actora ha sufrido secuelas en hombro izquierdo y TEC asociado a síndrome post conmocional tardío, refiriendo una incapacidad que se ponderarían en un 7% y 15% respectivamente.-
A fs. 519/520 la actora le solicita al experto que explicite “ si la incapacidad que la actora padece en su hombro izquierdo es definitiva, es decir, si es parcial y permanente “ “ si la incapacidad que a la actora le genera el síndrome post-conmocional es definitiva, es decir, si es parcial y permanente “ “ cantidad de sesiones de fisiokinesiología “ “ Costo promedio de cada una de las sesiones“
Esta requisitoria es respondida a fs. 548 dándole el carácter de definitiva a las dolencias y recomendando 30 sesiones de kinesiología para cada sector de la columna y del hombro izquierdo afectado.-
La demandada, en la etapa procesal oportuna no realizo cuestionamientos al dictamen pericial, por lo que resulta extemporánea e improcedente la discrepancia ante el tribunal de segundo grado (art. 473 del CPCC).-
Por otro lado, vemos que la sentencia solamente computa el 19% de incapacidad (ver fs. 684vta.); la actora en sus agravios plantea este tema, en relación a la inclusión del restante porcentaje; con todo, entiendo que no le asiste razón en este aspecto de sus quejas por cuanto el perito, al referirnos este menoscabo, solo habla en potencial y no encuentro ningún correlato concomitante al hecho que permita considerar, a ciencia cierta, que estos daños se encuentran vinculados causalmente con el hecho (arts. 375, 384 y 474 del CPCC).-
Por todo ello, teniendo en cuenta el porcentual de incapacidad referido, como así también las circunstancias personales de la actora (67 años al momento del accidente, la convivencia con su pareja en una casa humilde, que era vendedora de ropa) y las circunstancias socio económicas que surgen de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos que corren por cuerda (fs. 12, 14/6, 25, 26 y 35) entiendo que el monto fijado no se perfila ni excesivo, ni tampoco reducido, por lo que considero que deben ser rechazadas las quejas de todos los apelantes y confirmarse el resolutorio de primera instancia.-
En cuanto a los gastos por tratamientos, el experto ha recomendado 30 sesiones, a fin de evitar agravamientos; consecuentemente, teniendo en cuenta el costo que según las máximas de la experiencia, art. 384 CPCC (esta Sala en causa nro. 33709 R.S. 43/19), debemos computar en tal sentido y la cantidad de sesiones aconsejadas, entiendo que la suma que aquí se ha fijado es prudente, razonable y equitativa, por lo que -en los términos del art. 165 del CPCC- promoveré su confirmación.-
La demandada y citada en garantía protestan por estimar elevado el monto para resarcir este daño y considerar extenso el tratamiento recomendado.-
La actora, mientras tanto, se queja del monto fijado.-
Antes de comenzar mi análisis, he de señalar que tanto la parte actora a fs. 161 vta. la citada en garantía a fs. 119 vta. como la demandada a fs. 153 solicitan que un médico legista realice la pericia psicológica.-
Quiero poner en claro mi rotunda oposición a que un médico legista realice el diagnóstico psíquico. La únicas personas que pueden garantizar una experticia clara y precisa son los psicólogos/as y/o psiquiatras que poseen la solvencia, conocimientos y especialización adecuada, debidamente habilitados y registrados en el listado de la Excma. Cámara.-
Ahora bien, sucede que ninguna de las partes ha traído agravios sobre este tema, con lo cual el punto queda exento de nuestras posibilidades revisoras (arts. 260, 266 y 272 del CPCC); aun así, quería dejar explicitada mi total discrepancia con este proceder.-
Hecha esta aclaración, vemos que la pericia nos informa un menoscabo incapacitante del 20% (estrés post traumático) aconsejando la realización de un tratamiento con frecuencia bisemanales por un año, a $400 la sesión (ver fs. 480).-
De este modo, conjugando lo así informado con las circunstancias personales de la accionante a las que ya he hecho referencia, entiendo que la suma fijada en concepto de incapacidad, no se perfila ni elevada ni tampoco reducida.-
Por lo demás, computando la cantidad de sesiones aconsejadas, y el costo del tratamiento indicado (el cual es acorde con los valores que manejamos desde este tribunal, según las máximas de la experiencia), entiendo que también corresponde confirmar la suma fijada en concepto de gastos de tratamiento futuro.-
La Sra. Jueza estima este rubro en $ 300.000.-
La actora manifiesta que la agravia “…el injustificadamente bajo monto fallado en este rubro…”
La demandada y citada en garantía “…que se reduzca considerablemente la suma del rubro mencionado, habida cuenta de la inexistencia de pruebas acerca de cómo se han visto afectadas las circunstancias sociales, económicas y familiares…”.-
El daño moral se caracteriza como la lesión sufrida en los derechos extrapatrimoniales, el dolor, la angustia, agravio a las afecciones legitimas. La indemnización del daño moral tiene carácter principalmente resarcitorio y su cuantificación queda librada al criterios de prudencia y razonabilidad.-
Por lo tanto evaluando las características de las lesiones sufridas, los tratamientos suministrados, la edad de la actora, 67 años al momento del accidente, la convivencia con su pareja en una casa humilde, que era vendedora de ropa. – beneficio de litigar sin gastos, fs. 14, 15 y 16, propongo reducir la suma indemnizatoria a $ 150.000 ( arts. 1078 del C. Civil y 165 del CPCC).-
Por lo tanto corresponde receptar la queja de la demandada y citada en garantía.-
La suma fijada para este rubro fue de $ 5000.-
La demandada pone en duda este rubro porque argumenta que la actora fue atendida en nosocomios públicos, siendo dicha atención gratuita.-
Este ítem resarcitorio encuentra apoyatura normativa en el artículo 1086 del Código Civil. Dicha norma expresamente alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia. Por ende es incuestionable su condición de daño patrimonial indirecto, por cuanto y en los términos del artículo 1078 del mentado Código, constituye un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.-
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, hay consenso jurisprudencial y doctrinario en cuanto a que la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos. Asimismo es un auténtico hecho notorio que la circunstancia que la damnificada se atienda en nosocomios públicos, en modo alguno esteriliza la pertinencia del reclamo; por cuanto variadas practicas y la obtención de muchos medicamentos, no son suministrados gratuitamente. Razón por la que sus costos, deben ser solventados por el paciente. (conf. la Cám. civ. y com 2da. –sala 3era. de la Plata, Cám. civ. y com. de Morón, Sala I, causas 23.879- R.S.:65/90; 27710-R.S.:46/92,votos del Dr. Russo; Tanzi, Silvia Y. “Rubros de la cuenta indemnizatoria de los daños a las personas”, Hammurabi S.R.L., Bs. As. 2005, págs. 431/33).
Por lo dicho debe ser rechazado el agravio y confirmarse este aspecto de la sentencia.-
La accionada critica la tasa de interés, la tasa pasiva mas alta, solicitando se revierta esta decisión y se opte por una tasa de interés pura del 6%.-
La aplicación de esta tasa, en modo alguno puede reputarse como un modo de actualizar el capital de resarcimiento dispuesto. Ello en tanto y en cuanto, la funcionalidad de los intereses moratorios se encuentra circunsripta a la reparación del daño que sufre el acreedor, a raíz de no contar con el dinero desde el nacimiento del crédito. Y no a enjugar la eventual pérdida de poder adquisitivo, a la que estaría expuesto el monto de la condena cómo consecuencia del proceso inflacionario ( arts.622,623 del C. Civil ).-
A lo expuesto debo añadir que la S.C. Justicia ha dictado dos pronunciamientos 120.536 y 121.536 ,que para mi óptica no se advierte que tal doctrina sea aplicable a la especial. Esto porque se trata de dos fallos aislados, que abordan cuestiones inherentes a la responsabilidad del estado (que se rige por sus propios principios y reglas ).-
Por ello es que el agravio debe ser desestimado.-
Por lo expuesto y de compartirse mi criterio considero que debe modificarse la sentencia apelada, reduciéndose el monto fijado en concepto de daño moral a la suma de $150.000 (ciento cincuenta mil pesos), confirmándola en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio.-
Costas de Alzada, en un 60% a la actora y en un 40% a la demandada y citada en garantía, atento el resultado propuesto para los recursos (art. 68 y 71 del CPCC).-
Voto, en consecuencia,
PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA
A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO
Planteada como viene la cuestión y con relación al votante del colega que me precede, debo decir que adhiero a la propuesta que formula el mismo, sin perjuicio de las aclaraciones que paso a efectuar.-
Partiendo de la base de que las expresiones de agravios satisfacen –en líneas generales- las exigencias del art. 260 del CPCC, y adhiriendo a la confirmación de la decisión adoptada en relación a la responsabilidad por el hecho, considero necesario recordar -en cuanto a los daños- que, en lo tocante al monto fijado por incapacidad, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular ; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Hasta el momento la base referencial que estábamos utilizando es la de $13.000 por punto de incapacidad; empero la evolución de las variables económicas del año próximo pasado (desde que comenzáramos a utiliz
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