Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 32317
Causa Nº MO-32317-2015 R.S. 46/2020
Con fecha 7 de Abril de 2020, celebrando Acuerdo telemático -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020 y 7 de la Res. 14/2020, las pautas dadas por la Res. 2135/18, la directiva de economización de los medios materiales contenida en la Res. 14/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados "RAMIREZ SUSANA MARCELA C/ RUS HUGO OMAR Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " , Causa N º MO-32317-2015 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ra.: ¿Es justa la apelada sentencia de fs. 286/291?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION : el Señor Juez Doctor JORDA , dijo:
I. Apelan la sentencia de autos la parte demandada y la citada en garantía, quienes formulan sus agravios a través de la presentación electrónica referenciada en la providencia simple de fs. 306.
II. La sentencia en trance de revisión hace lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Susana Marcela Ramírez contra Hugo Omar Rus y Eleonora Alejandra Oderiz y, en consecuencia, condena a los últimos nombrados a abonarle a la primera la suma de $ 236.585, con más intereses calculados según una tasa del 6 % desde la fecha del evento dañoso-04/09/2015- hasta la fecha de la sentencia; y de allí en adelante y hasta el efectivo pago según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus depósitos a 30 días. Asimismo hace extensiva la condena a Metropol Compañía Argentina de Seguros S.A. y les impone las costas del juicio.
III. Los apelantes se disconforman con el pronunciamiento de grado, por cuanto aquel endilga responsabilidad a los accionados. En tal sentido, como piso de marcha de esta queja, aluden medularmente a que con la prueba producida queda a la luz que fue la conducta de la actora quien desencadenó el accidente.
Seguidamente objetan el importe fallado en concepto de daño físico al que tachan de excesivo. En tal sentido arguyen que la cervicalgia dictaminada por el perito no tiene relación de causalidad con el ilícito y que la demandante no ha aportado elemento de prueba atendible que permita presumir que las secuelas realmente son incapacitantes. Asimismo impugnan la procedencia del daño psicológico, predicando para ello, que si el experto recomienda la realización de un tratamiento es porque considera que éste es suficiente para amparar el estado emocional detectado. De modo subsidiario cuestionan la cuantía fallada para el daño aludido. También se quejan del importe justipreciado en concepto de daño moral; del que afirman que es elevado porque no guarda relación con el daño físico probado. En lo atinente al rubro gastos de farmacia y asistencia, sostienen igualmente su carácter desproporcionado para lo que argumentan que se ha omitido considerar que la reclamante se atendió en hospitales públicos. Por último se agravian de la admisión de la indemnización en concepto de daño material, por cuanto estiman que no se encuentra demostrada la existencia de aquel detrimento.
IV. Por razones asociadas al buen orden metodológico, me abocaré inicialmente a examinar el agravio vinculado con la atribución de la responsabilidad.
En materia de responsabilidad derivada de la intervención de cosas riesgosas, el Código Civil y Comercial no ha innovado respecto a la solución que consagraba el Digesto antecedente. Ello en tanto y en cuanto también recepta la denominada teoría del riesgo creado, al prescribir una responsabilidad objetiva en orden a la que toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas; debiendo aquella, para eximirse de tal responsabilidad, acreditar la concurrencia de una causa ajena en la producción del ilícito. Esto es el hecho de la víctima, de un tercero por el cual no debe responder o el caso fortuito o fuerza mayor (arg. artículos 1721, 1722, 1731, 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial, su doc; mi voto Sala III, causa 29.793 entre otros).
En la especie la parte demandada, en su responde y luego de reconocer la existencia del accidente, afirma que fue la motocicleta de la demandante quien lo embistió y, por ende, pesa sobre ella una presunción de responsabilidad en los términos de la ley 11.430 (ver escrito de contestación de demanda, 66/76, punto V).
Empero, más allá de apuntar que la ley 11.430 no se encontraba vigente al momento de la ocurrencia del ilícito, lo cierto es que la parte demandada no ha dado cabal cumplimiento, siquiera tibiamente, con la precitada carga procesal de demostrar con suficiencia la configuración de la pretensa culpa de la parte actora. Tal conclusión queda nítidamente en evidencia, si se repara en la declaración de negligencia probatoria decretada a fs. 280/280 vta.
Por el contrario y a mayor abundamiento se impone poner de relieve que de la prueba testimonial producida-que no fuera objetada por los apelantes en los términos del artículo 456 del ordenamiento adjetivo-surge que fue el vehículo de la demandada quien embiste de frente a la moto en el lateral izquierdo (arg. artículos 384 y concordantes del Código Procesal; ver testimoniales de Jésica Lorena Gómez y de Jonathan David Moreno, fs. 190 y 191, respectivamente).
Así las cosas el panorama fáctico demostrado por la actora, unido a la orfandad probatoria en que han incurrido las recurrentes, sella la suerte adversa de esta faceta del recurso (arg. artículos 375 y concordantes del Código Procesal; del Código Civil y Comercial, su doc.).
Examinaré seguidamente la queja relativa al monto justipreciado en concepto de incapacidad sobreviniente.
A partir del análisis de lo normado por los artículos 1737, 1738 y 1740 del Código Civil y Comercial puede sostenerse que la indemnización por incapacidad sobreviniente encuentra su justificación en el daño en el interés, jurídicamente protegido, que tiene como objeto a la persona y tiene como télesis enjugar la repercusión disvaliosa que aquel provoca en la integridad personal y en la salud psicofísica de la víctima.
Es decir que esta clase de resarcimiento se dirige a la reparación de la disminución física y/o psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).
En el orden físico la pericia médica -estudio científico de indubitable trascendencia para la ilustración del juez en la materia aunque no vinculante- establece que la demandante experimentó a raíz del accidente que protagonizara cervicalgia con contractura muscular dolorosa, pérdida de lordosis y reducción del rango de movilidad de la columna . Asimismo especifica que dichas afecciones se traducen en una incapacidad de tipo parcial y permanente; la que porcentualiza en un 6 % de la T.V. (arg. artículos 474 y concordantes del Código Procesal; ver pericia de medicina legal, fs.233/236).
Enseña Hernando Devis Echandía que el Juez es libre de valorar los informes periciales mediante las reglas de la sana crítica. Es decir que su ponderación debe ser guiada en sus conocimientos personales y en las normas generales de la experiencia (aut. ci. “Compendio de la Prueba Judicial”, tomo II, Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe, 1984, pg. 134).
Mediante la aplicación del criterio antes expuesto, no encuentro razones objetivas y sólidas que justifiquen un rechazo de las apuntadas conclusiones periciales en lo atinente a la lesiones.
Aquel ha sido desarrollado en base al método lógico deductivo, aplicado a partir del análisis de las constancias médicas adunadas a los actuados, el examen físico y los estudios complementarios. ( arg. artículos 384 y 474 del Código Procesal; conf. SCBA Acuerdos 41.770, 55.555, 71.889 entre otros).
Por otra parte-como hecho corroborante de la tesis ensayada-no puede soslayarse la consideración de las constancias médicas obrantes a fs. 187/190 y a fs. 217/221 y cuya autenticidad no ha sido objetada por la demandada, en los términos del artículo 401 del Código Procesal.
Específicamente, atendiendo al agravio formulado por los recurrentes, no puede dejar de apuntarse que la cervicalgia dictaminada encuentra concordancia con lo diagnosticado por el Hospital “Dr. Oscar Alende”. Puntualmente en dicho nosocomio, en donde se atiende la reclamante el mismo día del accidente (4/09/2015), se constata la existencia de un traumatismo cervical que provoca rectificación; prescribiéndose el uso de collar cervical (arg. artículos 375, 384 y concordantes del Código Procesal; ver historia clínica 27.344.382, fs. 217/219).
La circunstancia apuntada, por otra parte, es igualmente subrayada por el perito médico legista Cozzi quien, al responder el pedido de explicaciones solicitado por la parte accionada, alude a que la atención médica primaria apontoca sus conclusiones periciales (ver presentación de fs. 250/250 vta.).
Lo expuesto, como se dijo, aventa toda pretensión de restarle en este aspecto valor convictivo al estudio pericial de mentas (arg. artículos 474 y concordantes del Código Procesal).
Ahora bien en las lides de la cuantificación dineraria de la incapacidad sobreviniente, como también vengo afirmando, el valor resarcible en si mismo es la integridad física genéricamente considerada.
De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”. Las indemnizaciones tabuladas son, por esencia, propia del ámbito del derecho laboral y, por ende, exclusivamente focalizadas en la capacidad de trabajar de la víctima. Tal característica deja, por si misma, su ontológica inaplicabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil. Esto en tanto y en cuanto, en tal esfera, debe mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo. Sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. (arg. artículos 1740 y concordantes del Código Civil y Comercial; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Es menester enfatizar que si bien es cierto que el artículo 1746 del Código Civil y Comercial alude al empleo de un método matemático-actuarial de evaluación, también lo es, que en modo alguno de ello puede colegirse que el resultado dinerario que arroje aquel es de imperativo acatamiento para el juez.
Tengo para mí que los Codificadores sólo han establecido en el precitado artículo 1746 una serie de pautas orientativas, una suerte de parámetros referenciales; a los que el Juzgador debe ponderar dentro del universo de variables específicas y particulares, personales, sociales y económicas, a cuya consideración no puede renunciar. En este sentido bien nos dice precisamente uno de los autores de la Reforma, parafraseando la consolidada doctrina elaborada en el tópico por la Corte Suprema de Justicia, que para evaluar el resarcimiento no es necesario ceñirse a rígidos criterios matemáticos, sino “que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio judicial” (conf. Lorenzetti, Ricardo L., “Código Civil y Comercial…”, Tomo VIII, Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe, 2015 pgs. 527 y ss.; en el mismo sentido ver Galdós, Jorge M, “Cuatro reglas sobre la cuantificación…”, RCyS 2016-XII)
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
En concordancia con la tesis sostenida se hace trascendente enfatizar que el resarcimiento de los daños, está intensamente signado por el particularismo. De modo que no puede pretenderse identificar una suerte de consistencia entre los diferentes casos. La traducción en numerario de los perjuicios variará en función de las peculiaridades que presente cada ilícito y cada damnificado. Pretender homogeneidad resarcitoria y, simultáneamente, predicar la inaplicabilidad de los métodos actuariales para la cuantificación (que, como se dijo, tienden a establecer uniformidad) resulta manifiestamente contradictorio (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Por ende se impone subrayar, en sintonía con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aun cuando el porcentaje de incapacidad es un factor relevante que debe valorarse adecuadamente a efectos de fijar las sumas indemnizatorias, existen otros que también tienen decisiva incidencia; los que deben apreciarse interrelacionadamente y con el prisma de la razonabilidad económica (conf. doctrina sentada, en autos “Cannao, Néstor Fabián c/ Congeladores Patagónicos S.A.” del 11 de junio de 2019)
En la especie está probado que la accionante contaba a la fecha del accidente con 44 años de edad, que es de estado civil casada, que trabaja como cooperativista, que tiene estudio secundarios completos y que vive en la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires (arg. artículos 375, 384 y concordantes; expediente acollarado de beneficio de litigar sin gastos 40.826, y pericial médica legista, fs. 233 ).
La valoración de dichas circunstancias personales, de los detrimentos físicos que sufre (que conllevan limitación de movilidad a nivel de la columna vertebral) y del monto fijado para el salario mínimo, vital y móvil me convencen que el importe justipreciado es razonable(arg. artículos 1738 y concordantes del Código Civil y Comercial, 165, 375, 384 y concordantes del Código Procesal ; ver RESOL-2019-2-APN-CNEPYSMVYM).
Por tal razón, a mi juicio y en los términos del artículo 165 del Código Procesal, he de propiciar su confirmación.
Analizaré, seguidamente, los agravios vinculados con la procedencia y la entidad dineraria asignada al rubro daño psicológico.
El daño psicológico está representado por las alteraciones, experimentadas en la personalidad de la víctima, usualmente exteriorizadas en diversa sintomatología tales como depresiones, fobias o cualquier otra afectación que dificulta la interacción de la persona en su medio social; resultando requisito indispensable para su configuración el carácter irreversible de las secuelas de tal orden (arg. artículos 1738, 1746 y concordantes del Código Civil y Comercial, su doc; conf. mi voto en la Sala I de esta Cámara, causa 4092/10 entre otros antecedentes).
El perito médico legista Cozzi dictamina que la reclamante exhibe un trastorno de estrés postraumático de índole leve, que cualifica como parcial y permanente y que porcentualiza en un 4 % (ver pericia médica, fs. 233/236).
Asimismo en la oportunidad de responder al pedido de explicaciones cursado por la parte demandada a fs. 245/247, precisa que la especialidad en medicina legal tiene en su currícula entrenamiento en psiquiatría-aclarando que obviamente no el mismo que un experto en el área (psiquiatra y psicólogo)-y que arribó a su conclusión diagnóstica en base a la entrevista personal (ver respuesta pedido de explicaciones, fs. 250/250 vta.).
Más allá de mi criterio negativo en cuanto a la viabilidad de demostrar la existencia del daño psicológico en base a la opinión de un médico legista lo cierto es que, aún por vía de hipótesis soslayando dicha objeción, no puede asignársele fuerza probatoria a un dictamen elaborado exclusivamente en base a la entrevista personal con el peritado (arg. artículos 474 y concordantes del Código Procesal: mi voto en Sala II, causa 15.955, entre otras).
Es que la detección del desmedro de orden psicológico impone la materialización de diversos tests que resultan ser los científicamente aceptados como idóneos para ello. Por ende, tal como ocurre en autos, resulta endeble-y por ende inatendible- afirmar la existencia de un daño psicológico sobre la exclusiva anamnesis; máxime cuando aquella no es realizada por un experto en la materia (arg. artículos 457, 474 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Va de suyo entonces que la actora no ha logrado demostrar con la indispensable suficiencia la existencia del daño psicológico que afirma haber sufrido. Dicha circunstancia, a tenor del parámetro decisorio consagrado por el artículo 375 del Código Procesal, desemboca en la imposibilidad de su admisión. Consecuentemente, a mi juicio, este agravio de las accionadas amerita ser receptado positivamente.
Como se reseñara, también se encuentra impugnado el importe fijado para el reclamo por daño moral.
El artículo 1741 del Código Civil y Comercial consagra el derecho a reclamar por las consecuencias no patrimoniales, experimentadas a raíz de los hechos ilícitos. Concretamente la norma contempla el derecho a ser resarcido por la alteración o pérdida de la armonía vital del individuo, fruto del evento dañoso.
Por otra parte el daño extrapatrimonial se produce in re ipsa , no requiere prueba.
Por lo que va de suyo que si el sujeto pasivo del reclamo anhela neutralizar su resarcimiento, tiene la carga de demostrar cabalmente la existencia de una situación objetiva que lo excluya. (arg. artículo 1741 del Código Civil, su doc. y artículo 375 del Código Procesal).
En lo atinente a su cuantificación- que no tiene porque guardar proporcionalidad con los perjuicios materiales-se bien el Legislador reconoce que ella queda sujeta al arbitrio judicial, indica al sentenciante una pauta de valoración, volcada en la siguiente premisa: " el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas".
A partir de la consideración de la edad de la víctima al momento del hecho –44 años- el contexto socioeconómico en el que se desarrolla su existencia (del que ya he hecho mérito), la clase de padecimientos físicos sufridos , el tratamiento médico que se le ha prescripto (que ha incluido uso de collar cervical) y la ausencia de detrimentos psicológicos, considero que la cifra justipreciada es adecuada (arg. artículos 1741 y concordantes del Código Civil y Comercial, 165, 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal, ver informes remitidos por el Hospital “Dr. Oscar Alende”, fs. 217/221 y pericial médica de fs. 233/236).
Por tal motivo igualmente propicio el rechazo de esta queja, traída por la demandadas y la aseguradora.
También han cuestionado las apelantes la suma fijada en concepto de gastos de farmacia, asistencia médica y traslados.
Este ítem resarcitorio encuentra expresa apoyatura normativa en el artículo 1746 del Código Civil y Comercial. Dicha norma expresamente consagra una presunción respecto a la necesidad que tiene la víctima de efectuar esos gastos, supeditando su cuantía a una pauta de “razonabilidad”. Exigencia ésta que requiere considerar los gastos de mentas, en relación de necesariedad con los padecimientos físicos que se han experimentado.
De este modo-del
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.