Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 9571
“ RAMIREZ NORMA PATRICIA C/ ARCORTI NESTOR EDUARDO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ”
Causa Nº MO-9571-2015 R.S. 47/2020
Con fecha 7 de Abril de 2020, celebrando Acuerdo telemático -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020 y 7 de la Res. 14/2020, las pautas dadas por la Res. 2135/18, la directiva de economización de los medios materiales contenida en la Res. 14/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "RAMIREZ NORMA PATRICIA C/ ARCORTI NESTOR EDUARDO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " , Causa N º MO-9571-2015 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental a fs. 574/582vta. dictó sentencia haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.-
2. Contra tal forma de decidir se alza la citada en garantía, interponiendo recurso de apelación; recurso que fue concedido, libremente, a fs. 583 y fundado, ya con el expediente en esta Sala, con la expresión de agravios presentada electrónicamente con fecha 18 de Junio de 2019, replicada con el escrito de fs. 607/9.-
3. A fs. 611vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , llamamiento que luego fue suspendido (ver fs. 616) y reanudado a fs. 651, providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Comienza atacando la recurrente lo decidido en cuanto a la incapacidad sobreviniente, señalando que de la pericia no surgen impedimentos o secuelas concretas que ameriten el porcentaje de incapacidad allí establecido.-
Dice que el perito dictaminó que la incapacidad era transitoria y que en ningún momento determina en qué consiste el alto porcentaje de incapacidad que le otorga.-
Argumenta en este sentido, y dice que los gastos que la Sra. Juez de Grado otorga para este rubro se encuentran dentro de los generales que indemniza en el punto e.-
Luego se queja de lo decidido en cuanto al daño psicológico, afirmando que no se determina en qué consiste el daño padecido y afirma que el mismo es reversible.-
También objeta los gastos de farmacia; dice que la jurisprudencia citada no es aplicable y profundiza en cuanto al cuestionamiento traído; dice que el rubro se fundamenta en una manifestación unilateral del accionante que el juez toma, prescindiendo de la prueba.-
Finalmente, ataca la tasa de interés fijada, reclamando que se establezca la del 6% hasta la fecha del pronunciamiento de esta Cámara.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
De todo comienzo, debo señalar que -desde mi punto de vista- la expresión de agravios en líneas generales (y salvo lo que señalará en cuanto a ciertos aspectos de la misma) satisface, algo ajustadamente, las exigencias del art. 260 del CPCC; ello así, y con el criterio elástico que cabe adoptar para el juzgamiento de tales recaudos, he de ingresar al fondo del asunto.-
En orden a dar respuesta a los agravios, y como son varios los tópicos que se someten a nuestro conocimiento y decisión (art. 266 in fine CPCC), iré fraccionando mi razonamiento para dotarlo de toda la claridad expositiva que sea menester.-
Ello no sin señalar que, tal como lo ha indicado la Sra. Juez de Grado (y no ha sido objeto de cuestionamiento alguno), el presente caso ha de resolverse de conformidad con la preceptiva vigente al momento de acontecer los hechos (art. 7 CCyCN, y su doctrina).-
a) Incapacidad física
Comenzando a abordar el punto, es tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Es momento de recordar, en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Ahora bien, lo primero que debería definirse es la entidad del menoscabo, en atención a los agravios traídos.-
Aquí, según sostiene la recurrente, la incapacidad informada no sería permanente, el perito no determina en qué consiste el alto porcentaje de incapacidad que otorga y fueron desestimadas sus impugnaciones al dictamen.-
Ingresando al tema, tenemos a fs. 426/9 una pericia, llevada a cabo por médico legista.-
El profesional nos habla de una fractura de tibia y peroné expuesta en pierna izquierda, y limitación funcional del tobillo izquierdo.-
Menciona una incapacidad parcial y permanente del 20%; asimismo, en el dictamen el experto indica las dificultades que presenta la actora a la marcha y las limitaciones en el tobillo izquierdo; describe, además, un importante edema en este tobillo.-
A los términos de la pericia cabe remitirse para una lectura extensiva.-
Ahora bien, frente a este dictamen, tenemos que quien hoy recurre efectuó la presentación de fs. 436/vta., que consiste en una impugnación al dictamen.-
En este contexto, es del caso recordar que -según lo hemos señalado en la causa 54.710 R.S. 120/16- " en nuestro sistema procesal no existe la "impugnación" del informe pericial; ante la presentación del mismo la única vía que tiene el justiciable es el "pedido de explicaciones" quedando en manos del juez, sustanciado el mismo, la ampliación de la pericia o la facción de una nueva -art. 473 del C.P.C.C.- (esta Sala en causa nro. 45.050 R.S. 479/01).-
Decía, asimismo, a través de un voto de mi autoría que "es precisamente a través del pedido de explicaciones dinamizado de acuerdo a la norma citada y con todas las garantías del debido proceso que la actora debió disconformarse con la pericial; incluso si las explicaciones no eran válidas el hoy apelante pudo pedir e incluso el Juez originario aplicar de oficio la última parte de la norma citada ordenando una nueva pericia" (causa nro. 35.425 R.S. 466/02).-
Es que al no dinamizar (habiendo podido hacerlo) el pedido de explicaciones, emanando la misma de profesional idóneo, quien ha dado los fundamentos de su opinión (se compartan o no por la apelante), no existe en autos parámetro alguno para apartarnos de la pericia practicada o para hacerle perder virtualidad a la misma (esta Sala en causa nro. 24.349 R.S. 291/13).-
Reflexiono, al respecto, que frente a presentaciones como las que efectuaron aquí las apelantes a fs. (...) lo único que se incorpora al expediente es su discrepancia subjetiva de criterio respecto de lo expuesto por el perito en su dictamen; nótese, que en el ámbito provincial ni siquiera existe la figura del consultor técnico (como sí existe a nivel nacional), con lo cual por mas que se diga que se consultó a un experto (ver fs. ...) dicho experto ni siquiera aparece suscribiendo la presentación respectiva, por lo que no se puede saber -a ciencia cierta- si ello es veraz o no, o si las postulaciones de carácter técnico que efectúan las quejosas tienen algún basamento científico.-
En cambio, con el condigno pedido de explicaciones bien se podía requerir del perito actuante -designado justamente para aportar al proceso ciencia extrajurídica (art. 457 CPCC)- que aclarara todo cuanto las quejosas estimaran menester; e incluso, si el perito no lo hacía debidamente, hasta llegarse a la facción de un nuevo dictamen, si su respuestas no eran -a juicio del magistrado- satisfactorias.-
En este sentido, cuando se trata de este tipo de procesos, donde la pericia se lleva a cabo por un único experto y donde contar con determinados datos emergentes de ciencias extrajurídicas es indispensable para fallar, estimo que -salvo casos excepcionales- presentaciones como las aludidas precedentemente poco y nada contribuyen en la procura del hallazgo de la verdad jurídica objetiva y para el dictado de una sentencia razonablemente fundada.-
Luego, si son las propias quejosas quienes optaron (libremente) por transitar un sendero no previsto procesalmente y que escasa virtualidad práctica tendría, en lugar de activar los mecanismo que la ley sí contempla, no pueden venir a la Alzada a reeditar todas las cuestiones que, en realidad, debían haber planteado en la instancia previa y por la vía y forma correspondiente ".-
Aquí sucede justamente eso: en lugar de pedirle explicaciones al perito, se optó por "impugnar" el dictamen, obteniendo el proveimiento de fs. 438 (donde se la tuvo presente para el momento de sentenciar).-
Ahora, sucede que al momento de valorar la pericia, tenemos que el dictamen emana de un profesional competente, está fundado, apoyado en estudios complementarios, es asertivo y, fundamentalmente, no surge de la causa (y ni siquiera la apelante ha tratado de indicarlo) la existencia de elementos (objetivos) que contradigan lo que emerge de las ya recordadas conclusiones periciales (arts. 384 y 474 del CPCC).-
Por lo tanto, y desde mi punto de vista, no debemos apartarnos de las mismas.-
Con lo cual, tenemos que el perito nos habla de un porcentual de incapacidad, y que nos dice que es de carácter permanente; por lo demás, tampoco nos dice que el tratamiento del que habla vaya a hacerla disminuir o desaparecer (esta es una de las cuestiones que, si hubiera pedido explicaciones, la recurrente podría haber solicitado al perito que aclarara).-
Sentado ello, entiendo que no existe ninguna razón para apartarnos del dictamen.-
Y, en cuanto a la tarifación en sí misma del rubro, no veo que en los agravios se diga absolutamente nada, mas allá del solitario pedido de que se reduzca el monto; con lo cual, no cabe profundizar en el asunto, porque aquí no hay siquiera un mínimo de crítica (art. 260 del CPCC).-
Digo, finalmente, que no se observa superposición alguna en cuanto al tratamiento abordado en este rubro (kinesiológico) y los gastos de farmacia que se mandan a resarcir en el punto e) desde que atienden a cuestiones diversas (tratamiento futuro en un caso, gastos de atención ya efectuados en el otro).-
Consecuentemente, en el punto, los agravios no merecen acogida.-
b) Daño psicológico
Este aspecto del fallo también agravia a la quejosa.-
Cabe entonces memorar que el daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral. Las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, pues toda disminución de la integridad física humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible -esta Sala en causa 28511, R.S. 89/1992, entre muchas otras-.
Aquí tenemos una pericia (fs. 257/260) emanada de perito psicóloga (que es la competente para analizar estas cuestiones), en la cual se refiere la pérdida de equilibro psíquico que presenta la actora, mencionando una depresión neurótica reactiva grado II, refiriendo una incapacidad del 10%; es cierto que la perito sugiere también un tratamiento, aunque no indica cuál sería su resultado.-
Llegado este punto, y dando por reiteradas todas las consideraciones efectuadas anteriormente en cuanto a la valoración de los dictámenes periciales, se observa que -aquí también- la quejosa viene a introducir cuestiones vinculadas con el dictamen pericial, sin haber solicitado en la instancia previa las condignas explicaciones.-
Dice, ahora, que la pericia determina que el daño es reversible, cuando ello no surge claro de la lectura de la misma.-
Ello, desde mi punto de vista, debió ser materia del pertinente interrogatorio al perito (incluso para que, en la instancia previa, se pudiera discutir debidamente el tema) y no se lo hizo.-
Por lo demás, la pericia emana de un profesional competente en la materia, es clara y asertiva, explicita los fundamentos de sus conclusiones y, al igual que lo que acontecía en relación al aspecto físico del menoscabo, aquí no hay ninguna prueba (objetiva) que contradiga el dictamen (arts. 384 y 474 del CPCC).-
Consecuentemente, entiendo que este cuestionamiento tampoco es de recibo y habrá de desestimárselo, confirmando la sentencia en cuanto reconoció pleno valor probatorio a la pericia.-
Luego, y siendo que en lo que hace a la tarifación económica en sí misma de estos daños, tampoco existe crítica alguna (art. 260 del CPCC), habrá de confirmarse este aspecto del fallo.-
c) Gastos
También ataca la aseguradora esta parcela del decisorio.-
Es necesario recordar, entonces, que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, pero ese concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces, sino que encuentra su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba y en la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas, tratamientos aconsejados, y todo ello sí debe ser probado y no puede derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares.-
Importante resulta mencionar, dado el tenor de los agravios vertidos por el apelante que reiteradamente esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente. El resarcimiento debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe -S.C.B.A., Ac.y Sent., Tº 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.-No debe olvidarse que el art. 1.086 del Código Civil establece que la indemnización consistirá en el pago de todos los gastos de la curación y convalecencia del ofendido..." (conf. Causa de esta Sala Nº 21.203, R.S. 134/88, Nº 41.649, R.S. 607/99, entre otras).-
También es menester referir que ha dicho esta Sala, con anterioridad, que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no esté demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., Tº 117, pág. 127- (conf. Causas de esta Sala Nº 20.745, R.S. 63/88; Nº 24.973 R.S. 165/90; Nº 41.649, R.S. 607/99).-
En el caso concreto de autos vienen probadas las lesiones sufridas por la actora como consecuencia del evento de autos como así también su atención médica, conforme incluso las historias clínicas de fs. 270/294.-
Por lo demás, el perito médico ha dicho que el monto denunciado para los gastos es acorde a la patología sufrida (ver fs. 428vta.).-
Frente a tal cuadro de situación, los $5.000
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.