Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 16237
Causa Nº MO-16237-2015 R.S. 57/2020
Con fecha 14 de Abril de 2020, celebrando Acuerdo telemático -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020, las pautas dadas por la Res. 2135/18, la directiva de economización de los medios materiales contenida en la Res. 14/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "LUNA JOSE LUIS C/ D ELIA LEANDRO ALESIS Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " , Causa N º MO-16237-2015 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
1ra.: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 430/443?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
Contra la sentencia definitiva de fs. 430/443 apela la parte actora mediante presentación electrónica del día 16/9/2019 y la parte demandada con fecha 1/10/2019, corrido traslado, son contestados por la actora el día22/10/2019 y por la demandada el día 22/10/2019.-
El fallo hace lugar a la demanda de daños y perjuicios iniciado por el Sr. José Luís LUNA contra Leandro Alesis D ’ELIA por la suma de $ 470.000 .- haciendo extensiva la condena a Aseguradora Total Motovehicular S.A., dentro de los límites de la póliza.-
A) El actor se agravia del fallo por considerar bajos los montos fijados para indemnizar: 1) incapacidad física; 2) incapacidad psicológica; 3 ) tratamiento psicológico; 4) daño moral; 5) gastos médicos, 6) por circunscribir el monto de la condena respecto de la aseguradora, a los límites de la póliza.-
B) A su turno la demandada se agravia por: 1) Por la aceptación y en su caso por la excesiva cuantía del daño físico; 2) acogimiento del daño psíquico y tratamiento y en caso de corresponder su excesivo monto; 3) acogimiento del daño moral y caso contrario su excesivo monto ; 4 ) aplicación de la tasa pasiva BIP; 5) subsidiariamente plantea agravio a la inoponibilidad del límite de cobertura.-
A) Comenzaré con las quejas de la demandada respecto a la inexistencia de daño físico.-
En su demanda, el actor, a fs. 28 manifiesta que a raíz del accidente fue trasladado al Policlínico Central San Justo. A fs. 145 se encuentra adjunto el informe del Policlínico San Justo, de fecha 8-9-14 –día del accidente- de la atención del actor por “ politraumatismo, TEc s/ pérdida de conocimiento; Glasgow 15/15; RX cráneo; Rx cervica; Rx hombro, collar ortopédico tipo Schanz, antibióticos; sutura y se recomienda control por consultorio externo…” . A fs. 15 y 16 obran dos informe Del departamento de emergencias del Policlínico San Justo, firmados por los Dres. Na Na Kim y Rosales donde recetan analgésicos.-
A fs. 366/374 la perita médica Dra. Condoreano informa haber examinado al actor, en sus CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES detalla con suma precisión y exaustivo detalle las lesiones del Sr. Luna. Aclara a fs. 371 vta. que el actor al momento de la entrevista tenía 32 años “… sin antecedentes de consultas por patología columnaria ni hombro. Tampoco se encuentra en el grupo etario para considerar cambios degenerativos o imágenes compatibles con los mismos en los estudios complementarios. Por lo que no hay patologías a tener en cuenta como concausalidades al momento de determinar la incapacidad…” .-
Otorga por la tanto una incapacidad parcial y permanente del 14,9% (por cervicalgia bilateral, lumbalgia bilateral, hombro derecho con secuelas de esguince, dolor e impotencia funcional).-
A fs. 390/392 la demandada, después de cuestionar cada una de las incapacidades, y de explicitar que las causas de las patologías son ajenas al accidente solicita explicaciones sobre “…cuál ha sido el fundamento técnico-médico para la descripción de las patologías que surgen del informe ahora observado y la asignación de los grados de incapacidad determinados...” .-
La experta a fs. 399 no responde esta requisitoria pero aclara un error de evaluación en la incapacidad del hombro derecho en lugar de 5,14 % es 5,41%, llevando la incapacidad total al 15,17%.-
Vengo afirmando que la indemnización por incapacidad sobreviniente tiene como teleología la reparación de la disminución física y/o psíquica y/o estética que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y reestablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros mis votos, Sala I causa 56.759, Sala II, causa 57.713, entre muchos otros) encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente en lo que Eduardo Zannoni conceptualiza como la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (ver su obra, El daño en la responsabilidad civil, editorial Astrea, Bs. As. 2005, pg. 168, mi voto, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759).
Por lo tanto, valorando el contenido de la pericia, los principios científicos en que se funda, las observaciones realizadas, la aplicación de las reglas de la sana crítica a sus conclusiones y fundamentos (art. 474 del CPCC) tengo por cierta la incapacidad determinada por la experta.-
Por ello considero que debe rechazarse el agravio de la demandada.-
La demandada entiende y pone énfasis en ello, “…que la sintomatología supuestamente padecida por el actor no reune los criterios necesarios para la conformación de un cuadro de trastorno por estrés postraumático“
Analizaremos la pericia psicológica.-
A fs. 355/362 la Lic. Muñoz presenta su informe, explica las técnicas que se le administran al Sr. Luna: Test Gestáltico Visomotor de Lauretta Bender; Test Proyectivos Gráficos; Test H.T.P.;Test Proyectivo Verbal; Test de Dibujo de Persona bajo la lluvia; Cuestionario Desiderativo de Bernstein y Test de colores Luscher.
La experta en sus Conclusiones Inter-Test consigna que el actor evidencia “…indicadores de defensa maníaca, hipermotividad y vulnerabilidad psíquica. Se evidenian rasgos fóbicos convergentes en las figuras humanas y sus equivalentes en otros elementos que indican aislamiento, evitación de contacto social…”
A fs. 359 agrega que “el Sr. Luna presenta una estructura neurótica con vulnerabilidad psíquica, rasgos regresivos e infantilismo…”, como corolario de sus estudios sobre el actor llega a la conclusion que presenta daño psíquico un cuadro de ansiedad fóbica de tipo: Postraumatico Stress disorder de tipo moderado , estimando una incapacidad parcial y permanente del 20%. –
A fs. 421vta. el Juzgado declara negligente a la demandada respecto del pedido de explicaciones al informe psicológico.-
El juez no se encuentra obligado a seguir inexorablemente la opinión técnica del experto, como tampoco ignorarla arbitrariamente, pero sí valorarla teniendo en cuenta los principios científicos en que se funda, las observaciones o impugnaciones que se hagan al dictamen, el contenido de los demás elementos de convicción que surjan de la acusa y sobre todo la aplicación de las reglas de la sana crítica y de la experiencia.-
Dicho esto, entiendo que una pericia realizada cuatro años después del accidente, con una patología de base bien explicitada por la experta, me llevan a la convicción que el porcentaje de incapacidad es excesivo (art. 474 del CPCC).-
Por ello corresponde hacer lugar a la queja de la demandada.-
La experta a fs. 361, recomienda para que la incapacidad no se agrave, tratamiento psicológico no menor a un año, una sesión por semana.-
La demandada lo considera injustificado ya que el actor no padece patología relacionada con el evento de autos.-
Tengo dicho que en materia de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima y, dentro de tal orden de ideas, los desembolsos necesarios para la rehabilitación terapéutica resultan consecuencias del hecho dañoso y son imputables al responsable del mismo a tenor de lo dispuesto por el art. 901 y siguientes del Código Civil. Acreditada la necesidad del tratamiento, carece de significación el resultado que pudiera arrojar el mismo porque éste obviamente opera para el futuro pero no borra la incapacidad existente hasta entonces, también imputable al responsable del ilícito.-
Por lo tanto considero que el agravio de la accionada debe ser rechazado.-
La demandada estima excesiva la suma determinada para paliar el daño moral y el actor insuficiente.
En su caracterización como lesión sufrida en los derechos extrapatrimoniales, la disminución de la capacidad laborativa del actor a corta edad, el dolor por las lesiones sufridas, la angustia de ignorar si se iba a restablecer en plenitud o no.-
Provocando en el lesionado situaciones y vivencias negativas, todo ello completa un cuadro de inquietud espiritual que debe ser reparado (art. 1078 del C. Civil).-
Por lo dicho estimo que resulta justo el importe determinado en primera instancia, debiendo ser rechazado el agravio de las partes.-
La demandada se queja por la aplicación de la tasa de interés pasiva BIP del Banco de la Pcia. De Buenos Aires.-
Apela la citada en garantía y, frente a la decisión de aplicar la tasa pasiva digital, reclama la aplicación de la tasa pasiva simple.
Siendo ese su único cuestionamiento, quedan así delimitados los límites de nuestra intervención y posibilidades revisoras (arts. 260, 266 y 272 CPCC).
Sentado ello cabe señalar que, aun luego de dictados los fallos “Vera” y “Nidera”, en un supuesto en el cual la Cámara había fijado la tasa pasiva común y la actora pretendía la utilización de la tasa activa, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se inclinó por la aplicación de la tasa pasiva mas alta (Sup. Corte Bs. As., 4/9/2019, “ARNAU PERLA LILIANA C/ VOLKSWAGEN DE ARGENTINA S.A Y OTRO/A S/ RESOLUCION DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS”) señalando que “ este Superior Tribunal ha ratificado la aplicación de la tasa pasiva, precisando que los intereses deben calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (conf. arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.; conf. causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016 -conf. art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812-) ”
Consecuentemente, y por tales razones, no corresponde –desde mi punto de vista- admitir los agravios traídos.
A) 1) Incapacidad física
El actor se queja del escaso monto otorgado en concepto de daño físico, para ello recrea, en su agravio, la experticia médica y los testimonios.
La decisión al respecto va a involucrar tanto la queja del actor por baja, como la de la demandada por alta.-
En materia de indemnización por incapacidad física, derivada de las lesiones sufridas, es sabido que la suma que se le asigna tiene sólo un valor referencial dado que deben merituarse el grado de las lesiones sufridas, su repercusión efectiva en la vida activa del damnificado, tomando en cuenta sus circunstancias personales, socioeconómicas, edad, estado civil, cargas de familia y no ceñirse estrictamente a tabulaciones matemáticas elaboradas en muchos casos para el fuero laboral (arts. 1068, 1069, 1086 del C. Civil).-
Por todo lo explicitado, considero que debe confirmarse la suma determinada por la a-quo, y rechazarse los agravios de las partes ( art.165 del CPCC).-.-
Igual que en el daño físico, las partes pugnan, una la actora porque estima baja la indemnización y la otra, la demandada porque la considera excesiva.-
Para no repetirme, me remito a lo argumentado en la oportunidad de evaluar el daño físico y sus implicancias monetarias.
Por lo tanto considero acertada la suma estimada por la Sra. Jueza para resarcir el daño psicológico y el tratamiento respectivo (art. 165 del CPCC).-
El Sr. Luna se queja del monto exiguo fijado para responder a los gastos médicos.-
Este ítem resarcitorio encuentra apoyatura normativa en el artículo 1086 del Código Civil. Dicha norma expresamente alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia. Por ende es incuestionable su condición de daño patrimonial indirecto, por cuanto y en los términos del artículo 1078 del mentado Código, constituye un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, hay consenso jurisprudencial y doctrinario en cuanto a que la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos. Asimismo es un auténtico hecho notorio que la circunstancia que la damnificada se atienda en nosocomios públicos, en modo alguno esteriliza la pertinencia del reclamo; por cuanto variadas practicas y la obtención de muchos medicamentos, no son suministrados gratuitamente. Razón por la que sus costos, deben ser solventados por el paciente. (conf. la Cám. civ. y com 2da. –sala 3era. de la Plata, Cám. civ. y com. de Morón, Sala I, causas 23.879- R.S.:65/90; 27710-R.S.:46/92,votos del Dr. Russo).-
Por lo expuesto considero ajustado a derecho, incrementar la suma para responder a los gastos médicos a la suma de $ 6000 (pesos seis mil).-
El actor repudia que el fallo de primera instancia haya extendido la condena a los límites de $ 125.000.- importe a pagar, conforme la póliza N° 122664, de fecha de emisión 30-12-2013; Condiciones Particulares , acápite A) 1 ) ”… Daños corporales a personas no transportadas. $ 500.000.- por acontecimiento, no correspondiendo una indemnización mayor de $ 125.000..- por persona afectada. “ – ver fs. 87 vta.-
Porque, argumenta, las limitaciones pactadas por las partes, citada en garantía y el asegurado, no son oponibles a la víctima, tercero en el contrato de seguro.-
Ese argumentado había sido utilizado, por el actor, en la oportunidad del traslado de la contestación de demanda de la aseguradora –ver fs. 105 punto 7) MANIFIESTA RESPECTO LIMITES DE COBERTURA-.-
En el expediente “CANDIA, Jonatan Humberto c/ ANGULO Altamirano s/ Ds. Y Pj" de fecha 27-03-2918, que menciona el actor, en esa oportunidad discrepe con mi colega preopinante Dr. Rojas Molina, oponiéndome a la extensión de la obligación que le cabe a la citada en garantía, con argumentos que no vale la pena reproducir.-
Después de analizar concienzudamente el devenir y el desarollo del proceso económico de este país en los últimos años y teniendo muy en cuenta los destructivos efectos del proceso inflacionario, sobre todo en el rubro automotor en general, que incrementan el valor de las unidades – motos, autos, etc. - mes a mes, mientras la cláusula limitativa de cobertura del seguro de riesgo se mantiene pétrea, en valores desactualizados, haciendo recaer ese atraso exclusivamente en la víctima, he tomado la decisión de rever esa primera postura.-
La aplicación literal de la cláusula de limitación del riesgo contenida en la póliza resultaría frustratoria de la finalidad económica-social del seguro obligatorio; dejando al firmante del seguro desprotegido por una cobertura proporcionalmente inferior en relación con la magnitud del daño. Esta situación repercute en la víctima, frente a quien se respondería en inferior proporción, frustando su naturaleza indemnizatoria.-
La Sup. Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en los autos “ Martinez, Emir c/Boito, Alfredo A, s/ Ds. y Pj. (causa 119.088) ha señalado que
“… Es que el art. 68 de la ley 24.449, al imponer el equeisito del seguro obligatorio, no pretende otra cosa que proteger- con carácter de orden público – a la víctimas de accidents de tránsito y asegurar su reparación, poseyendo un verdadero fundamente tuitivo, de seguridad social…”.-
“… Así el seguro obligatorio – que no se agota en la relación jurídica que vincula al asegurado con el asegurador – también obedece a una necesidad y función socializadora y colectivizadora de los riesgos, atenta primordialmente ala protección de la víctima a través de la efectiva reparación de sus daños; de modo que una razonable aplicación de las cláusulas del contrato ponderadas a la luz de la tutela reglamentaria de la Superintenedencia de Seguros de la Nación y del principio de reparación integral de los damnificados, debe llevar a extender la garantía contratada incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitive, sustituyendo dicho componente en su valor histórico y sin perjuicio del mayor valor pactado por encima de dicho mínimo obligatorio y las demás prestaciones o riesgos convencionalmente comprometidos por la aseguradora. “ ( conf. arts. 1,14,17,19,28,31,33,75,inc. Const. Nac., 68 y cocns.ley 24.449; -3,37 , etc. ) .-
En definitiva -y siguiendo ese criterio- considero que el límite de cobertura de $ 125.000.- es en la actualidad irrisorio y que la revisión del contrato originario debe extender el seguro contratado incorporando la cobertura básica vigente, -conforme la Superintendencia de Seguros de la nación de $ 1.000.0000.- resolución 1162/2918 - al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva del 20-5-19.-
Por lo expresado debe hacerse lugar al agravio de la parte actora.-
Por lo expuesto y de compartirse mi criterio considero que debe revocarse parcialmente la sentencia elevándose el monto de la misma a la suma de $ 471.000 (pesos cuatrocientos setenta y un mil ) y fijar cómo límite del seguro la suma de $ 1.000.000 (pesos un millón). Costas de la Alzada a la accionada vencida ( art. 68 del CPCC).-
Voto, en consecuencia, PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA.-
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO DIJO
Adhiero al voto que antecede por sus mismos fundamentos, con mas la aclaración que aquí efectúo.-
En lo tocante al fijado por incapacidad, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.