Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 9252
Causa Nº MO-9252-2013 R.S. 60/2020
Con fecha 16 de Abril de 2020, celebrando Acuerdo telemático -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020, las pautas dadas por la Res. 2135/18, la directiva de economización de los medios materiales contenida en la Res. 14/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "GONZALEZ MARIA SOL C/ COCO PEDRO RUBEN Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " , Causa N º MO-9252-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 Departamental, con fecha 6 de marzo de 2019 dictó sentencia haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron la actora y la citada en garantía, interponiendo los pertinentes recursos de apelación; recursos que fueron concedidos libremente.-
Llegados los autos a la Alzada, la actora fundó su recurso con la expresión de agravios de fecha 15 de Octubre de 2019, que no fue replicada.-
Mientras tanto, la citada en garantía hizo lo propio con la presentación electrónica de fecha 7 de Noviembre de 2019, replicada con el escrito de fecha 19 de Noviembre de 2019.-
3. A fs. 352vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
El recurso de la actora
Comienza quejándose la accionante de la suma fijada en concepto de incapacidad física, cuestionando la misma por baja; atacando también lo resuelto en cuanto al daño psíquico y a la suma fijada por daño moral.-
El recurso de la citada en garantía
Critica la recurrente la suma fijada en concepto de incapacidad psicofísica; también lo decidido en cuanto al daño estético, el monto fijado para el tratamiento psicológico, los gastos y el daño moral.-
Objeta, además, la tasa de interés fijada.-
A los términos de cada una de las fundamentaciones recursivas cabe remitirse brevitatis causae.-
De todo comienzo, debo señalar que -desde mi punto de vista- ambas expresiones de agravios satisfacen, en líneas generales y salvo lo que mas adelante indicaré, las exigencias del art. 260 del CPCC.-
Dicho esto, en orden a dar respuesta a los agravios, y como son varios los tópicos que se someten a nuestro conocimiento y decisión (art. 266 in fine CPCC), iré fraccionando mi razonamiento para dotarlo de toda la claridad expositiva que sea menester.-
a) Incapacidad física
Los $900.000 fijados en el punto merecieron el embate de ambas recurrentes.-
Dicho esto, y comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Dicho esto, y en lo que hace a la cuantificación cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Hasta el momento, el valor referencial utilizado era el de $15.000 (quince mil pesos) por cada punto de incapacidad.-
Con todo, ponderando la evolución y situación de la economía nacional desde que comenzamos a utilizar dicha pauta hasta este momento, como así también el contexto de los indicadores actuales e incluso el nuevo criterio que hemos de aplicar para el cómputo de los accesorios (conforme ya lo indicaré en el punto pertinente de este voto), hemos entendido que el valor referencial que corresponde empezar a utilizar es el de $25.000 (veinticinco mil pesos) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Ahora bien, para dar respuesta a los agravios, lo primero que debería definirse es la entidad del menoscabo.-
Aquí tenemos una pericia (fs. 190/2vta. y explicaciones de fs. 221/2) que emana de médico legista.
Allí, por las consideraciones que efectúa, el experto señala que la actora sufrió -como consecuencia del hecho- fractura platillo tibial rodilla izquierda, informando que la actora padece: fractura platillo tibial izquierdo con material de osteosínteses y cicatrices en rodilla y muslo izquierdo lo que le determina una incapacidad definitiva del 48,54% por aplicación de la capacidad restante desde que le asigna un 32 % por la fractura descripta, 14% por material de osteosintesis y 12% por las cicatrices que presenta.-
Respecto de esta labor, la citada en garantía pidió explicaciones, especialmente en cuanto al tenor de la lesión y el porcentual de incapacidad.-
Cuando el perito las evacúa (fs. 221/2), explica los fundamentos de su informe y las limitaciones que le han quedado a la accionante; a los términos de dicha presentación cabe remitirse.-
Ahora bien, llegado este punto, he de señalar que -a mi juicio- no lleva razón la actora cuando nos habla de una incapacidad que sería prácticamente total, porque no es ello lo que surge del dictamen; a todo evento, y si así lo consideraba, debió haber requerido al experto que se expidiera sobre el punto (art. 473 del CPCC).-
En cuanto a las quejas de la citada en garantía, vemos que transcribe en buena parte lo que ya expuso al solicitar explicaciones al perito y objeta sus conclusiones desde el punto de vista técnico.-
Por lo demás, la pericia es clara en cuanto a las limitaciones que presenta la actora en el miembro dañado.-
Pues bien, dicho esto, es momento de recordar, en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Dicho esto, tenemos que el dictamen emana de profesional competente, ha sido claro en cuanto al menoscabo sufrido e informa un porcentual de incapacidad que no resulta contradicho por ninguna constancia (objetiva) obrante en la causa, mas allá de la discrepancia subjetiva de las recurrentes.
No encuentro, entonces, mérito, razón ni fundamento para apartarme del mismo (arts. 384 y 474 del CPC).
Por lo demás, no debemos perder de vista que el experto introduce (dentro del porcentual de incapacidad informado) la cuestión estética (cicatrices), pero ello no debe considerarse aquí, ya que ha sido objeto de resarcimiento independiente, con lo cual el monto cuestionado ($900.000) debe considerarse como circunscripto al restante aspecto del menoscabo.-
Así las cosas, definida la entidad del menoscabo incapacitante, debemos conjugarla con las específicas circunstancias del caso; aquí la actora es una persona de sexo femenino, contaba con 20 años de edad al momento del hecho, y se desempeña como empleada; sus condiciones socio económicas surgen de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos que corren por cuerda (ver, especialmente, fs. 37/40).-
Por lo expuesto precedentemente, contextualizando todo ello con el porcentual de incapacidad referido y las pautas (referenciales) de tarifación económica que ya he enunciado, tengo para mi que la suma fijada no se perfila en modo alguno elevada sino que es algo reducida, por lo que promoveré su elevación a la de $ 1.100.000 (un millón cien mil pesos).-
b) Daño y tratamiento psicológico
Los $30.000 fijados en el fallo son atacados por ambas partes.-
La actora comienza objetando los postulados del fallo vinculados a la reversibilidad del cuadro.-
La sentencia así lo concluye, y no hace mas que seguir la clara postulación que ha efectuado la perito actuante en cuanto a que la incapacidad que informa es pasible de remoción mediante el tratamiento indicado (ver fs. 232vta.).-
Por lo demás, las objeciones que la actora formula, en sus agravios, no son de recibo.-
Efectuada tal apreciación profesional, la actora solicitó explicaciones al perito, insistiendo con la entidad del cuadro (ver fs. 240/vta.); pero sucede que el experto las replica, manteniéndose en su postura original (ver fs. 258/vta.).-
Llegado este punto, es tiempo de señalar que, desde mi punto de vista, la pericia está fundada, emana de profesional competente, es clara y asertiva; no existen elementos objetivos, en la causa, que denoten la existencia de un menoscabo psíquico instalado de manera permanente (arts. 384 y 474 del CPCC).-
Luego, son insuficientes las postulaciones (subjetivas) de la parte actora que así lo sostienen.-
Considero, entonces, que sus quejas en el punto no son de recibo.-
Queda por abordar, ahora, lo tocante al monto fijado para afrontrar el tratamiento sugerido por el experto, que es materia de cuestionamiento por ambas partes.-
El perito sugiere un tratamiento, de sesiones con frecuencia semanal, durante el lapso de un año, informando su costo (ver fs. 232vta.).-
Sentado ello, cabe señalar que para computar el monto y siendo tratamientos a desarrollar en el futuro, el valor a adoptar ha de ser (necesariamente) el mas cercano a la época del fallo, para lo cual ha de acudirse a las máximas de la experiencia (art. 384 CPCC).-
Aquí me detengo para dar respuesta a las quejas de la citada en garantía.-
Diré, a su respecto, que la cuestión de los intereses no es tema que deba abordarse al fijar el monto del resarcimiento, sino al tiempo de fijar los accesorios; por otro lado, la queja en la que hace alusión a lo que sostendría "gran parte de la jurisprudencia" no es de recibo, pues aquí se están mandando a resarcir gastos de tratamiento, en los términos del art. 1086 del Código Civil y no hay ninguna superposición de rubros.-
Por lo demás, la mención a su realización en hospitales públicos o entidades similares para nada se condice con el hecho de que, siendo un daño causado por el aquí demandado, sea el quien deba resarcirlo, sin trasladar su costo a los sistemas estatales.-
Desde esta perspectiva, no siendo atendibles los agravios de la citada en garantía y computando un valor de sesión -actual- que ronda los $1.000 en promedio, tengo para mi que el monto fijado se perfila reducido, por lo que promoveré su elevación a la de $52.000 (cincuenta y dos mil pesos) .-
c) Daño estético
La citada en garantía objeta esta parcela del fallo, pero lo hace de manera genérica y su discurso de limita, prácticamente, a transcribir sumarios jurisprudenciales.-
Este proceder,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.