Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 33976
"DIGON MAURO JESUS EZEQUIEL Y OTRO/A C/ BERNATENE MARIEL Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa Nº MO-33976-2014
R.S. 62/2020
Con fecha 16 de Abril de 2020, celebrando Acuerdo telemático -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020, las pautas dadas por la Res. 2135/18, la directiva de economización de los medios materiales contenida en la Res. 14/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "DIGON MAURO JESUS EZEQUIEL Y OTRO/A C/ BERNATENE MARIEL Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , Causa Nº MO-33976-2014 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ra.: ¿Es justa la apelada sentencia de fs. 351/363?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: el Señor Juez Doctor JORDA, dijo:
I .Apelan la parte actora y la parte demandada, la primera formula sus agravios a través de la presentación electrónica referenciada en la providencia de fs. 457. Por su parte la contraria lo hace por medio de la presentación, de igual índole, aludida a fs. 458.
II. La sentencia en trance de revisión hace lugar a la demanda promovida por Mauro Jesús Ezequiel Digón y Lía Angélica Moreno contra Mariel Bernatene y, en consecuencia, condena a ésta última a abonarle a los primeros la suma total de $946.000. Asimismo le impone las costas del juicio y hace extensiva la condena a Orbis CIA Argentina de Seguros S.A.
III. El demandante Digón objeta la suma fijada en concepto de incapacidad sobreviniente por estimarla insuficiente. En este sentido arguye que aquella no se condice con la magnitud de los padecimientos, tanto físicos como psicológicos, que ha sufrido y que, en su inteligencia, surgen de los peritajes realizados.
Por su parte la coactora Lía Moreno se queja de que se haya desestimado su reclamo en concepto de incapacidad sobreviniente, manifestando al respecto que el decisorio se ha apartado inexplicablemente del dictamen pericial médico. También la nombrada cuestiona-por juzgarlo exiguo-el importe fallado para el reclamo por gastos médicos. Así argumenta que, si bien no se han adjuntado comprobantes, la naturaleza de los padecimientos que sufrió justifica la fijación de un importe mayor. Por igual motivo-insuficiencia-critica el importe establecido en concepto de daño moral. Por último, ambos accionantes, se agravian de la especie establecida en el pronunciamiento y pretenden la fijación de la tasa pasiva más alta, desde la fecha del accidente y hasta el efectivo pago.
A su turno la parte demandada y la citada en garantía discrepan con la atribución de responsabilidad efectuada en la sentencia de grado. Al respecto arguyen, en lo sustancial, que la sentencia ha dado mayor crédito a uno de los testimonios ofrecidos por los actores, descartando injustificadamente a otros que, según entienden, son más idóneos y demuestran la existencia del eximente de responsabilidad que han alegado. En subsidio, se quejan del monto fallado para el demandante Digón, en concepto de incapacidad sobreviniente. Para ello manifiestan que se ha omitido considerar que el reclamante ha continuado trabajando, con posterioridad a la ocurrencia del ilícito. En lo atinente a la incapacidad de índole psicológica, alegan que no se ha considerado la existencia de una personalidad de base que tiene incidencia en el cuadro que se ha constatado; por lo que el porcentaje de minoración dictaminado-como el monto fijado en consecuencia- resultan desacertados. Por último, también tachan de desproporcionada la suma fijada en concepto de daño moral. En tal sentido, como sustrato de su queja, expresan que no guarda proporcionalidad con la entidad del daño psicofísico sufrido.
IV. Por una cuestión asociada al buen orden metodológico, me abocaré inicialmente a la queja sobre la asignación de responsabilidad efectuada, como ya se señalara, por la parte demandada y la citada en garantía.
Como bien se ha sostenido en el decisorio apelado, y lo viene sentenciando consolidadamente el Superior provincial, cuando se trata de una colisión entre dos rodados que intervienen activamente, la teoría del riesgo creado regula la atribución de la responsabilidad civil del dueño o guardián de las cosas. (conf. SCBA Ac. 33.155, Ac. 35.531, Ac. 36.432, Ac. 38.271, Ac. 38.641, entre muchos otros).
De este modo, quien acciona en los términos del mentado artículo 1113 del Código Civil, sólo debe probar el daño, el riesgo de la cosa y el carácter de dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del menoscabo cuyo resarcimiento se persigue. Mientras que el demandado, a fin de enervar tal pretensión, debe demostrar que la propia víctima o un tercero por quien no se encuentra compelido a responder, interrumpió total o parcialmente la insoslayable vinculación causal que debe existir entre el evento y daño (conf. doctrina sentada por la CSJN, Fallos 326:1299, SCBA Acuerdos 40.577, 65.924, 97.835, mi voto en la Sala II, causa 57.604, entre varios otros).
El examen del plexo probatorio, contrariamente a lo pretendido por la parte demandada, no devela la configuración de ninguna de las apuntadas eximentes de ley (arg. artículos 1113, segundo párrafo, del Código Civil; 384 y concordantes del Código Procesal).
En efecto. La accionada y la aseguradora alegan, como eximente de responsabilidad, que “Al llegar al cruce con la calle Buen Viaje…disminuyó la velocidad y continuó circulando porque el semáforo le habilitaba el paso. Cuando el Ford Ka estaba terminado de cruzar la intersección mencionada, surgió desde la derecha, por la calle Buen Viaje, una motocicleta cuyo conductor violó la luz roja e intentó adelantarse al paso del automóvil. Sin embargo erró el cálculo y embistió al Ford…” (ver escritos de fs. 105/114 y de fs. 125/127).
La sentencia de primera instancia determina la inexactitud de dicho relato, en base a la ponderación del testimonio de Ricardo Fabián Yañez producido en el expediente penal.
El nombrado presenció el accidente y, medularmente, afirma que la motocicleta que conducía el demandante Digón tenía el semáforo que le habilitaba el paso y que fue el vehículo de la accionada-que se desplazaba a alta velocidad- quien ignoró la luz roja (ver expediente penal 14893/14, por cuerda, acta de fs. 36/36 vta.).
La existencia en los actuados de otro testimonio-el del testigo Luciano Agustín Roa que acompañaba en el vehículo a la demandada y del que se desprende que aquella circulaba despacio y que tenía el semáforo en verde- no logra conmover el temperamento adoptado (ver acta de fs. 180/181)
Es que la conclusión acuñada en el pronunciamiento no sólo se ha apoyado en los dichos del mencionado testigo Yañez, sino que lo ha correlacionado con otras circunstancias relevantes, tales como la calidad de embistente asignada por el perito ingeniero mecánico al vehículo de la demanda en el dictamen de fs. 264/266.
De esta manera se advierte como la eficacia del testimonio, alegado por los quejosos, queda diluida en el entramado probatorio referenciado.
A lo que, cabe añadir, que aquel ostenta en si una tibia fuerza demostrativa; en tanto y en cuanto la apuntada circunstancia de que el deponente Roa haya sido acompañante en el accidente y tenga una relación de amistad con la hermana de la demandada, habilita razonablemente a presumir una suerte de espíritu de solidaridad que repercute disvaliosamente, como se dijo, en la fuerza convictiva de sus dichos (arg. artículos 384, 456 y concordantes del Código Procesal; su doc.).
A esta altura se impone precisar, atendiendo al contenido de los agravios esbozados, el valor probatorio que cabe atribuirle a las constancias existentes en un expediente penal ofrecido como prueba en un proceso civil.
Tal como lo explica Jorge Galdós si existe un ofrecimiento bilateral las constancias tendrán pleno valor probatorio; mientras que en los demás casos- vrg. ofrecimiento unilateral de un litigante, ausencia de control en el proceso penal, falta de ratificación, etc.– tienen el valor probatorio que resulta de la aplicación de los medios de prueba civiles, análogos a los penales, de conformidad a las reglas de la sana crítica(ver su trabajo, “El valor probatorio del expediente penal en sede civil”, L.L. 1993-B-1019).
Una postura restrictiva, que circunscriba la eficacia de las constancias obrantes en el expediente penal a las hipótesis de ofrecimiento recíproco, se aprecia como excesivamente ritualista y, por ende, en colisión con el mandato constitucional de la Tutela Judicial Efectiva (arg. artículo 15 del Constitución provincial).
En la especie la causa penal I.P.P. 14.893-donde reitero obra el testimonio del testigo Yañez adoptado por la sentencia para descartar la configuración de la eximente alegada-fue ofrecida sólo por los demandantes.
Empero su consideración correlacionada con otros elementos probatorios, a luz de las máximas de la experiencia, habilita innegablemente a atribuirle la trascendencia probatoria asignada en el decisorio en recurso (arg. artículos, 384 y concordantes del Código Procesal, su doc.)
En orden a las consideraciones realizadas, en mi criterio, este agravio no amerita ser receptado positivamente.
Dilucidada entonces la cuestión atinente a la responsabilidad, me abocaré a examinar los agravios referidos a la cuantía de los rubros fijados en favor del coactor Digón.
La sentencia de grado fijó la suma de $400.000 en concepto de la incapacidad física sobreviniente. Tal importe, como se reseñó, se encuentra objetado tanto por elevado como por insuficiente.
Vengo afirmando que la indemnización por incapacidad sobreviniente, encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente, en la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (mi voto, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759).
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución físico-psíquico que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).
La pericia médica establece que a raíz del evento dañoso ventilado en autos el reclamante padece-aplicación del sistema de la capacidad restante mediante- una incapacidad, de tipo parcial y permanente, de un 28 % de la T.V. La que se discrimina de la siguiente manera: 20% por la fractura de fémur izquierdo con colocación de material de osteosíntesis y 10 % por la presencia de cicatrices en miembro inferior izquierdo (arg. artículos 474 y concordantes del Código Procesal; ver experticia médica, fs. 404/407 y respuesta pedido de explicaciones, presentación electrónica proveída a fs. 416).
Dichas afecciones encuentra medular correlato en las constancias obrantes en la historia clínica labrada en el Hospital Posadas-glosadas como fs. 285/-299 en el que, vale enfatizar, fue atendido el demandante el mismo día de ocurrencia del accidente (18/04/14).
A su vez en la I.P.P. 14893/14 acollarada, obra copia de la historia clínica remitida por el Hospital Militar Central en la que también se advierte que el nombrado fue atendido por fractura del fémur izquierdo, afección que motivó su reducción con colocación de material de osteosíntesis (ver fs. 31/35).
Enseña Hernando Devis Echandía que el Juez es libre de valorar los informes periciales mediante las reglas de la sana crítica. Es decir que su ponderación debe ser guiada en sus conocimientos personales y en las normas generales de la experiencia (aut. cit. “Compendio de la Prueba Judicial”, tomo II, Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe, 1984, pg. 134).
Mediante la aplicación del criterio antes expuesto, no encuentro razones objetivas y sólidas que justifiquen un rechazo de las apuntadas conclusiones periciales. Aquellas ha sido desarrollado en base al método lógico deductivo, con aplicación de las técnicas científicas generalmente aceptadas, como idóneas para un correcto esclarecimiento y consecuente determinación de las afecciones sufridas por el accionante como así también las consecuencias de las mismas ( arg. artículos 384 y 474 del Código Procesal; conf. SCBA Acuerdos 41.770, 55.555, 71.889 entre otros).
A lo que cabe adunar, a mérito de los agravios traídos por la parte demandada, que el hecho (no demostrado por cierto) de la eventual continuidad laboral del demandante, no empece la procedencia del rubro. Pues, amén de que se dispone el resarcimiento de una minoración de naturaleza parcial, aquel tiene como objetivo reparar la pérdida de aptitud física genérica, que tiene su génesis en el accidente (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil, su doc.)
Ahora bien y ya en las lides de la cuantificación dineraria, como también vengo afirmando, cuando se trata de indemnizar la incapacidad sobreviniente, el valor resarcible en si mismo es la integridad física y/o psíquica genéricamente considerada.
De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”. Las indemnizaciones tabuladas, son por esencia propia del ámbito del derecho laboral y, por ende, exclusivamente focalizadas en la capacidad de trabajar de la víctima. Tal característica deja, por si misma, su ontológica inaplicabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil. Esto en tanto y en cuanto, en tal esfera, debe mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo. Sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. ( arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
Con tales directrices de análisis la correlación de las lesiones físicas sufridas, con sus circunstancias personales acreditadas -21 años al momento del hecho, estado civil soltero, instruido, de profesión empleado y vive en la ciudad de Hurlingham- y con el monto del salario mínimo vital y móvil fijado por la resolución del CNESMVM 6/19 me convencen que la suma justipreciada en la sentencia recurrida, resulta escasa.
Por tal razón he de propiciar su elevación a la suma de $ 650.000 (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil, 165 del Código Procesal, ver pericial médica, fs. 404/407; H.C. del Hospital Posadas, fs. 285/299 e HC del Hospital Militar, I.P.P., por cuerda, fs. 31/35) ).
El monto justipreciado -para el mismo codemandante Digón- en concepto de daño psicológico también se encuentra impugnado por alto y por bajo.
El daño psicológico está representado por las alteraciones, experimentadas en la personalidad de la víctima, usualmente exteriorizadas en diversa sintomatología tales como depresiones, fobias o cualquier otra afectación que dificulta la interacción de la persona en su medio social; resultando requisito indispensable para su configuración el carácter irreversible de las secuelas de tal orden (arg. 1068 del Código Civil, su doc, conf. mi voto en la Sala I de esta Cámara, causa 4092/10 entre otros antecedentes).
En la especie la perito psicóloga Paolucci dictamina que Digón experimenta un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado depresivo. También especifica que su estructura psíquica es un predisponente para el cuadro descripto, pero que la sintomatología señalada ha hecho su aparición como consecuencia del accidente. Asimismo precisa que la secuela es permanente y que desencadena una minoración psicológica, que porcentualiza en un 20 % (ver pericial de psicología de fs. 342/252 y respuesta pedido de explicaciones, fs. 380/382).
Ahora bien en lo que atañe específicamente a su cuantía, la ponderación del cuadro dictaminado, las circunstancias personales ya referenciadas y la existencia de una personalidad de base , que actúa como predisponente, me convencen acerca de la razonabilidad del importe fijado. Por tal motivo he de propiciar su confirmación (artículos 165 y concordantes del Código Procesal).
La parte demandada y la aseguradora discrepan, como igualmente se reseñara, con el monto justipreciado en concepto de daño moral para el coactor Digón.
Para precisar la conceptualización del daño moral, como vengo sosteniendo, estimo acertado subrayar que el eje en torno al que gira esta especie de reclamo, es el criterio de la alteración o pérdida de “la armonía vital del individuo” (arg. artículos 1078 del Código Civil, su doc., mis votos, Sala I causa 57.175 , Sala II, causas 57.288, 50.951, entre otros)
Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial de la víctima, a raíz del evento dañoso.
Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que “...no cabe limitarlo al tradicional pretium doloris, sino que se extiende a todas las posibilidades-frustradas, por lógica, a raíz de la lesión-que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida ( Ac. 78.851, entre otros).
En síntesis lo que se trata de resarcir con este ítem, es el detrimento que se opera en la vida que llevaba la persona, antes de la ocurrencia del accidente, apuntando a la concesión de satisfacciones sustitutivas (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil).
La sentencia de grado fijo las suma $300.000.
Según las pautas a la que me he referido, la razonable cuantificación monetaria del rubro en examen, demanda la ponderación genérica del contexto vital de la víctima como las demás circunstancias del caso.
Por el contrario, su expresión dineraria no tiene porque guardar una aritmética relación con la extensión, o las particularidades, que tenga el daño físico. Tal solución obedece a la evidente diferente teleología que tiene cada uno de estos rubros (conf. doctrina sentada por la SCBA C. 55.728, Cám. civ. y com. Departamental, Sala II, causa 43.263).
En tal sentido, y de modo específico, la consideración de: la edad del accionante al momento del hecho ilícito -21 años de edad- del contexto socieconómico en el que se desenvuelve su existencia, del tipo de lesiones sufridas (afectación de un miembro inferior) y de los tratamientos que se le han prescripto (que han incluido una intervención quirúrgica), me convencen de que el importe fijado es adecuado (arg. artículos 1078 y concordantes del Código Civil; 165, 384 y concordantes del Código Procesal, ver pericial médica de fs. 404/407 ; historia clínicas de fs. 282/299 e I.P.P., por cuerda, historia clínica de fs. 31/34). Por este motivo propongo la desestimación de la queja abordada.
Me abocaré seguidamente al examen de los agravios plantead
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