Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 53036
"IANNI FLORENCIA ANABELA C/ WEINZIERL MAURICIO JAVIER Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa N º MO-53036-2016
R.S. 78/2020
Con fecha 30 de Abril de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "IANNI FLORENCIA ANABELA C/ WEINZIERL MAURICIO JAVIER Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ", Causa N º MO-53036-2016 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ra.: ¿Corresponde reanudar el llamamiento de autos suspendido y declarar desierto el recurso de la demandada y citada en garantía?
2ª ¿Es justa la sentencia apelada?
3da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: el Señor Juez Doctor JORDA, dijo:
Habiendo el perito actuante respondido las explicaciones que le fueron requeridas mediante el interlocutorio de fecha 19 de Diciembre de 2019 , en su escrito del 21 de Enero de 2020 y sin perjuicio del análisis que oportunamente se haga en cuanto a lo allí expresado por el médico actuante, entiendo que corresponde admitir el pedido de la actora, reanudar el llamamiento de "autos para sentencia" suspendido y pasar a decidir sin mas trámite.-
Por lo demás, y siendo que -convocadas al efecto- la demandada y citada en garantía no fundaron su recurso (ver providencia del 11 de Junio de 2019 y notificación del 21 de ese mes y año), el mismo ha de ser declarado desierto (arts. 260 y 261 del CPCC).-
Consecuentemente, a la primera cuestión propuesta voto por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión y por idénticos fundamentos el Sr. Juez Dr. Gallo adhiere votando en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION: el Señor Juez Doctor JORDA, dijo:
I. Apela la actora la sentencia dictada por la Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 9 Departamental con fecha 11 de Julio de 2018.-
El recurso se le concedió libremente y se fundó con la expresión de agravios, electrónica, de fecha 5 de Junio de 2019.-
La misma no fue replicada.-
También apelaron la parte demandada y citada en garantía, pero cuando fueron convocadas a expresar agravios no lo hicieron.-
A fs. 256vta. se llamó "autos para sentencia", el llamamiento fue suspendido con el interlocutorio referido en la cuestión anterior y reanudado en el presente, quedando las actuaciones en condiciones de dedicir.-
II. La sentencia en trance de revisión hace lugar a la demanda promovida por Ianni Florencia Anabela contra Weinzierl Mauricio Javier y Compañia De Seguros La Mercantil Andina S.A. , condenando a la parte demandada y citada en garantía a pagar al actor la suma de pesos cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos con más el interés establecido en el Considerando Quinto, dentro de los diez días de quedar firme la decisión y bajo apercibimiento de ejecución. Impuso las costas a los demandados que resultan vencidos, difiriendo la regulación de honorarios para el momento en que exista liquidación aprobada.
III. La actora se queja de la valoración que se ha hecho en el fallo de la prueba informativa y de la pericial médica, en cuanto a la conexión causal de las secuelas informadas por el experto respecto del hecho de autos, argumentando ampliamente en tal sentido.-
Posteriormente, objeta las sumas fijadas para los rubros daño biológico (comprensivo del padecimiento físico y del psíquico) y daño moral, reclamando su elevación.-
Argumenta de manera extensa en el punto y cuestiona, incluso, el modo en que se ha utilizado en el fallo apelado la fórmula matemática empleada para la cuantificación.-
Igualmente ataca la suma fijada para resarcir el daño extrapatrimonial y también la tasa de interés que manda a utilizarse en el fallo, reclamando que se fije la aplicación de la “Tasa Pasiva más alta -actualmente Plazo Fijo Digital a 30 días”, desde la fecha del evento dañoso -12/07/2016- hasta la fecha que quede firme la sentencia, y de ahí en adelante hasta el efectivo pago la “Tasa Activa -Para Restantes Operaciones en Pesos” que suministra la página www.scba.gov.ar.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.-
IV. Por una cuestión asociada al buen orden metodológico, me abocaré inicialmente a la queja sobre la vinculación causal entre los menoscabos informados por el perito y el hecho dañoso.-
Aquí tenemos una pericia médica (presentación del 8/4/2018) que, en base al examen de la actora, los estudios solicitados y las constancias de atención médica concomitantes al hecho, dice que la actora presenta una incapacidad del 28.53% de la T.V., teniendo en cuenta 4% por el compromiso cervical,10% por el compromiso Lumbar,6% por el compromiso del hombro derecho y 12% por el síndrome post-conmocional tardío con sintomatología subjetiva y alteraciones objetivables en los estudios médicos solicitados.
Respecto de esta labor, ambas partes pidieron explicaciones (presentaciones de fechas 16 y 17 de Abril de 2018), el perito presentó los escritos de fecha 3 de Mayo de 2018; posteriormente, y llegados los autos a esta Alzada, cuando le requerimos explicaciones (auto de fecha 19 de Diciembre de 2019), efectuó la presentación de fecha 21 de Enero de 2020, no formulando las solicitantes de las explicaciones ningún otro planteamiento.-
Pues bien, así posicionados y abordando los agravios de la actora, debemos focalizarnos en tres aspectos del dictamen: el compromiso lumbar, el compromiso del hombro derecho y el síndrome post conmocional.
En cuanto a los dos primeros, complementando el dictamen pericial tenemos que aparecen sendas menciones en la documentación médica concomitante al hecho (ver fs. 51).
Por lo demás, me aparto del análisis que efectúa la Sra. Juez de Grado en cuanto a la aludida constancia de fs. 51 (y la mención de Septiembre de 2016), porque allí lo único que se dice es que determinadas consecuencias "no terminarían de mejorar" haciendo referencia "principalmente" a algunos aspectos.
Entiendo que, por sobre tales indicaciones, prevalece el dictamen médico llevado a cabo en autos (arts. 384 y 474 del CPCC), en cuanto informa la existencia de la secuela (de carácter permanente) y se lo puede correlacionar con la ya aludida documentación médica.-
Es decir, según estas constancias, el accidente provocó determinadas lesiones (al momento del hecho) y el perito (con estudios complementarios) dictamina que sus repercusiones aun subsisten; por lo cual, entiendo, prevalece por sobre lo que pudiera haberse indicado en la prealudida constancia.-
Donde entiendo que la pericia no es lo suficientemente convincente es en cuanto al síndrome post conmocional; en tal sentido, no advierto ninguna correlación con la documentación médica existente ni ningún otro elemento que lo avale.-
Por lo demás, cuando le fueron requeridas explicaciones por esta Sala (tendiente a que evacuara, puntualmente, la encuesta de la demandada y su garante) el punto 2 se refería al síndrome post conmocional y el perito contesta algo que no tiene absolutamente nada que ver: " durante el examen semiológico de la expertisia se evaluaron todas las movilidades de los segmentos explorados constando obviamente el rango de movilidad de los mismos no siendo determinante en ocasiones el porcentaje de Los rangos de movilidad " (textual).
No veo, entonces, nada que corrobore, o apoye, las conclusiones del perito en este sentido, que -en el específico contexto de autos- no me parece en modo alguno convincente (arts. 384 y 474 del CPCC).
Consecuentemente, detraigo lo atinente al síndrome post conmocional.-
Entonces, la incapacidad que computaremos es del 18,78% en el aspecto físico (calculada residual), con mas el aspecto psicológico, con la incapacidad del 10% informada por la pericia de la especialidad (escrito del 19 de Abril de 2018), tema que no llega controvertido.-
En total, calculada residualmente, un 26,92%.-
Por lo demás, en cuanto a sus circunstancias personales, tenemos que la actora es de sexo femenino, casada, tenía 30 años al momento del hecho y sus condiciones socio económicas surgen -como lo indica la sentencia apelada- de las piezas de fs. 14, 15, 18/20 y 54 del beneficio de litigar sin gastos.-
Llega el momento de traducir esto a valores monetarios.-
Vengo afirmando que la indemnización por incapacidad sobreviniente, encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente, en la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (mi voto, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759).
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución físico-psíquico que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).
Ahora bien en las lides de su cuantificación dineraria del daño biológico es precisamente la referida integridad físico-psíquica genéricamente considerada. De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de abstractos e impersonales cálculos actuariales, efectuados en base a criterios de "ganancia futura frustrada" y "aptitud productiva".
Es menester enfatizar que si bien es cierto que el artículo 1746 del Código Civil y Comercial alude al empleo de un método matemático-actuarial de evaluación, también lo es, que en modo alguno de ello puede colegirse que el resultado dinerario que arroje aquel es de imperativo acatamiento para el juez.
Tengo para mí que los Codificadores sólo han establecido en el precitado artículo 1746 una serie de pautas orientativas, una suerte de parámetros referenciales; a los que el Juzgador debe ponderar dentro del universo de variables específicas y particulares, personales, sociales y económicas, a cuya consideración no puede renunciar. En este sentido bien nos dice precisamente uno de los autores de la Reforma, parafraseando la consolidada doctrina elaborada en el tópico por la Corte Suprema de Justicia, que para evaluar el resarcimiento no es necesario ceñirse a rígidos criterios matemáticos, sino "que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio judicial" (conf. Lorenzetti, Ricardo L., "Código Civil y Comercial….", Tomo VIII, Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe, 2015 pgs. 527 y ss.; en el mismo sentido ver Galdós, Jorge M, "Cuatro reglas sobre la cuantificación…", RCyS 2016-XII; mi voto en Sala III, causa 29.793, entre otras)
En consecuencia se debe considerar el resultado de la operatoria aritmética sólo como un elemento más a ponderar entre una multiplicidad de variables, en especial las referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía sufrida en concreto y en especial conexión con todas las peculiaridades del sujeto damnificado; circunstancias, todas ellas, que he enunciado precedentemente.
Luego, y conjugando todo lo expuesto, el porcentual de incapacidad que hemos concluido, con mas las circunstancias personales de la accionante, entiendo que la suma fijada se perfila reducida y por ello promoveré su elevación a la de $600.000 (seiscientos mil pesos).-
Analizaré seguidamente la queja vinculada con el importe fijado para el reclamo en concepto de daño moral (extrapatrimonial).
En novel artículo 1741 del Código Civil y Comercial consagra el derecho a reclamar por las consecuencias no patrimoniales, experimentadas a raíz de los hechos ilícitos. Concretamente la norma contempla el derecho a ser resarcido por la alteración o pérdida de la armonía vital del individuo, fruto del evento dañoso.
Por otra parte el daño extrapatrimonial se produce "in re ipsa", no requiere prueba. Por lo que va de suyo que si el sujeto pasivo del reclamo anhela neutralizar su resarcimiento, tiene la carga de demostrar cabalmente la existencia de una situación objetiva que lo excluya. (arg. artículo 1741 del Código Civil, su doc. y artículo 375 del Código Procesal).
En lo atinente a su cuantificación- que no tiene porque guardar proporcionalidad con los perjuicios materiales-se bien el Legislador reconoce que ella queda sujeta al arbitrio judicial, indica al sentenciante una pauta de valoración, volcada en la siguiente premisa: "el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas".
Desde la perspectiva expuesta, para fijar su cuantía habré de valorar las circunstancias mismas del hecho, la índole de las lesiones padecidas (que importaron las afectaciones ya descriptas) y los dolores residuales, con mas la incapacidad que le ha quedado.
Pienso, entonces, que la suma reconocida por este concepto es reducida; razón por la que postulo su elevación a la de $250.000 (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal).
Por últimos la demandante objetan la tasa de interés establecida en el decisorio de grado, con los alcances ya descriptos.
Anticipo que, a mi juicio, el agravio no amerita recibo.
A partir del voto emitido en la causa 68.355 de la Sala I de esta Excma. Cámara civil y Comercial la apreciación de la actual realidad económica, bajo el prisma del derecho constitucional a la reparación integral, me convencieron acerca de la pertinencia de aplicar la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus operaciones a 30 días. Dicho temperamento fue adoptado en consonancia con la doctrina acuñada en el tópico por la Suprema Corte de Justicia provincial (causa “Cabrera”, el 15 de junio de 2016, C. 119.176).
Empero la actual configuración del escenario ecónomico me ha llevado a evaluar la razonabilidad de las soluciones propiciadas en los términos aludidos. Ello, más allá, de que en mi opinión los pronunciamientos dictados por el Superior -causas 120.536 y 121.134- no traducen un prístino abandono de su criterio delineado en la materia referenciada.
En efecto, como lo he señalado en la causa 41.260 de esta Sala II, si a la cuantificación de los rubros resarcitorios, que ostentan el carácter de obligación de valor, se efectúa a valores actuales la aplicación de la tasa pasiva más alta, desde la fecha del acto ilícito, torna irrazonable el monto que se justiprecia. Duplicando, o incluso triplicando en muchos casos el monto de condena; al punto que los accesorios superan en demasía el importe del capital.
Ello obedece esencialmente al hecho de que la tasa pasiva bancaria contiene componentes, tales como la consideración de la pérdida del valor adquisitivo del dinero por el fenómeno inflacionario, los gastos operativos, y las exigencias del encaje bancario (ver, en este sentido, el voto del Ministro Soria en la causa B. 63.460).
Vengo sosteniendo que la funcionalidad de los intereses moratorios se encuentra circunscripta a la reparación del daño que sufre el acreedor, a raíz de no contar con el dinero desde el nacimiento del crédito; y no a enjugar la eventual pérdida de poder adquisitivo, a la que estaría expuesto el monto de la condena como consecuencia del proceso inflacionario (arg. artículos 622, 623 y concordantes del Codigo Civil; 7 y 10 de la ley 23.928, su doc.; miv votos, Sala II, causa 55546, Sala III, causa 41.190 entre muchos otros).
Así las cosas si la teleología de los intereses moratorios no es otra que resarcir la privación del uso del capital de condena fijado a valores actuales, aplicar la tasa pasiva más alta desde la fecha del hecho ilícito equivale a conceder un plus resarcitorio-una suerte de “sobre indemnización”- que a la postre no es otra cosa que consagrar una solución que colisiona con el principio de razonabilidad económica (arg. artículos del Código Civil y Comercial).
La realización del derecho a la reparación integral, de raigambre constitucional, debe lograrse por medios legítimos, adecuados y proporcionales; de modo que aquella no puede ser fruto de meros cálculos aritméticos, desvinculados de la realidad económica en la que se inserta su ejercicio (arg. artículos 17, 19, 28 y concordantes de la Constitución Nacional; conf. doctrina sentada por la CSJN, Fallos 313:896; 327:508, entre otros).
En la especie, la aplicación de la tasa pasiva más alta-al momento la denominada BIP- conlleva prácticamente duplicar el capital de mentas (ver “cálculos de intereses en línea”, www.scba.gov.ar ).
Va de suyo, conforme a las directrices conceptuales esbozadas anteriormente, que dicho resultado deviene desproporcionado, prescindente de la realidad económica y conculcatorio de la proscripción del enriquecimiento sin causa (arg. artículos 953, 1071 y concordantes del Código Civil; 726, 9, 10 del capítulo 3 del Título Preliminar del Código Civil y Comercial, su doc.). En consecuencia he de propiciar la desestimación de esta queja.
V. Por las razones, tanto fácticas como jurídicas, explicitadas a lo largo del presente voto he de proponer la modificación del decisorio apelado, elevando los montos fijados por incapacidad y daño moral a los antes propuestos.-
Voto, en consecuencia,
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO DIJO
Adhiero al voto que antecede por sus mismos fundamentos, con mas la aclaración que aquí efectúo.-
En lo tocante a los montos fijados por incapacidad, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcen
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