Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 32233
“GONZALEZ ANGELA LUCIAC/ GALLARDO MARTA MARIELA Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”
Causa Nº MO-32233-2010 R.S. 79/2020
Con fecha 30 de Abril de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020 y 3 de la Res. 480/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "GONZALEZ ANGELA LUCIAC/ GALLARDO MARTA MARIELA Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", Causa Nº MO-32233-2010, habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro.2 Departamental a fs. 424/428 dictó sentencia haciendo lugar a la demanda promovida por Angela Lucia Gonzalez por si y en representación de su hijo menor de edad Mauro Francisco Cerbia Gonzalez contra Marta Mariela Gallardo y SMG Compañia Argentina de Seguros SA por daños y perjuicios, condenando a estos últimos a pagar la suma de $1.454.200, correspondiendo al menor la suma de $1.394.200 y a Angela Lucia Gonzalez $60.000 con más los intereses establecidos en el considerando XI de la aludida resolución. Asimismo impuso las costas a la demandada en su calidad de vencida y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
2. Contra tal forma de decidir se alzaron tanto la parte actora como la demandada y citada en garantía interponiendo los respectivos recursos de apelación los días 13/5/2019 y 14 del mismo mes y año; los mismos fueron concedidos libremente a fs. 429 y se los fundó con las expresiones de agravios cuyas referencias son 253500416015665858 y ref. 227300416015800900. Esta última recibió la réplica por parte de la parte actora según surge de fs. 441.-
También la Asesoría interviniente contestó el aludido traslado.
3. A fs. 443vta, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA", providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Se agravia la parte actora en relación a la cuantificación de los rubros indemnizatorios, como así también de la tasa de interés aplicada por la jueza y del límite de cobertura, procurando que se actualice la póliza.
Por su parte la demandada y citada en garantía se agravia de los elevados montos que la sentenciante ha cuantificado para los rubros incapacidad física, psicológica y para el daño moral.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae.-
Ahora, y comenzando el tránsito hacia el abordaje de los agravios debemos resaltar liminarmente que la Sr. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras).-
Con lo cual, y partiendo de la base de que ambas expresiones de agravios sortean (en líneas generales y sin perjuicio de lo que luego indicaré en relación a alguno de sus aspectos) las exigencias del art. 260 del CPCC, pasaré a ocuparme del tratamiento de las quejas, parcelando mi exposición para dotarla de la mayor claridad expositiva.-
a) Incapacidad física
La sentenciante cuantificó el rubro en $625.000, de lo que se quejan los apelantes. La parte actora para su elevación y la demandada y citada en garantía, claro está, para su reducción.-
Dicho esto, y comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
En lo que hace a la cuantificación cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Hasta el momento, el valor referencial utilizado era el de $15.000 (quince mil pesos) por cada punto de incapacidad.-
Con todo, ponderando la evolución y situación de la economía nacional desde que comenzamos a utilizar dicha pauta hasta este momento, como así también el contexto de los indicadores actuales e incluso el nuevo criterio que hemos de aplicar para el cómputo de los accesorios (conforme ya lo indicaré en el punto pertinente de este voto), hemos entendido que el valor referencial que corresponde empezar a utilizar es el de $25.000 (veinticinco mil pesos) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Ahora bien, lo primero que debería definirse es la entidad del menoscabo.-
Vayamos a la pericial médica (287/288vta.).-
No sin antes recordar, en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Allí el experto señala, previo referirse a las constancias médicas de autos, que "en base a la documentación obrante en autos, el examen clínico y los estudios médicos solicitados se determina que el actor presenta a raiz del accidente una incapacidad física parcial y permanente de 25% de la T.V. teniendo en cuenta la fractura de tibia y perone..."
Del contexto probatorio aportado, no encuentro mérito alguno para apartarme del dictamen pericial (art. 384 y 474 del C.P.C.C.).-
Sumemos a ello los testimonios adunados a fs. 199/200 y fs. 201/202 de la presente que vieron al menor renguear luego del hecho génesis de autos.-
Como así también la historia clínica adunadas a fs. 257/268, que la experta transcribe y referencia.-
Vemos, que las lesiones valoradas por la sentenciante encuentran su relación ya en lo actuado en la historia clínica aludida precedentemente, destacando la experta la verosimilitud del relato actoril y el nexo causal y entre las lesiones padecidas y el accidente base de autos.-
Sentado ello, debemos correlacionar lo que surge de dicha experticia, con las concretas circunstancias personales del actor (un menor de seis años de edad, cursando pre-escolar, quien vive con su madre y demás condiciones socio económicas que surgen de las piezas de fs. 13/15 de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos que corren por cuerda).-
Por lo expuesto, y a tenor de todo ello, tengo para mi que la suma fijada se perfila reducida, teniendo en cuenta la entidad del menoscabo y la incapacidad que le ha quedado instalada, de por vida, a un niño de muy escasa edad.-
Con esto quiero significar que las pautas de tarifación referencial antedichas aquí ameritan un ajuste, insisto, por el hecho de que el niño de autos va a padecer esta incapacidad durante toda su existencia.
De este modo, propondré la elevación de la suma fijada a la de $900.000 (novecientos mil pesos).-
b) Daño psíquico y su tratamiento
Se quejan los apelantes de la suma de $300.000 otorgada para el rubro y $19.200 para su tratamiento.-
Cabe entonces recordar que el daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral.-
Las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas otras).-
Su análisis se da en el contexto del llamado daño material, y no del daño moral, no implicando un tercer género, sino un desglose práctico que apunta a una mejor tarifación del daño derivado del hecho.-
Sentado ello, aquí tenemos una prueba pericial llevada a cabo que fue presentada mediante escrito electrónico el 6/8/2018, la cual analizaremos bajo el prisma de los arts. 384 y 474 del C.P.C.C.).-
Allí la experta, destacó que en base a la documentación obrante en autos, el examen clínico y los estudios médicos solicitados, se determina que el actor presenta a raíz del accidente una incapacidad psíquica de 20% de la T.V.
En este caso, tampoco encuentro mérito para apartarme del dictamen pericial (art. 474 del C.P.C.C.).-
Y la pericia referida también dictamina que la necesidad que el paciente pueda compensar efectos traumáticos y elaborarlos para que los daños no tengan mayores perjuicios futuros, por lo que se sugiere comenzar, a la brevedad, con tratamiento, que le brinde ayuda para aliviar los síntomas asociados a su estado, de una vez por semana, durante seis meses, evaluando su evolución periódicamente para determinar la continuidad del mismo si fuera necesario.
Así las cosas, conjugando la incapacidad y el cuadro informado, con las pautas de tarifación económicas antedichas, además de las circunstancias personales del actor que ya he referido y teniendo que la experta recomienda el tratamiento a fin de no agravar el cuadro, entiendo que se deberán receptar los agravios de la actora respecto del daño psicológico elevándose la suma a $375.000 y su tratamiento en $20.000 (art. 165 del C.P.C.C.).-
c) Daño moral
La Sra. Jueza de Grado ha acogido el rubro, cuantificándolo en la suma de $450.000 para el co actor, lo que ha sido objeto de cuestionamiento por parte de las quejosas.-
Por otro lado, en reiteradas ocasiones, hemos dicho que el rubro tiene carácter eminentemente resarcitorio para la víctima y no sancionatorio para el victimario (esta Sala en causa nro. 42.001 R.S. 364/01, 47.522 R.S. 447/03).-
Decíamos en la causa nro. 44.628 (R.S. 637/01) que si el dinero que se paga por el daño moral no tuviera carácter indemniz
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.